Desde que el Presidente Hugo Chávez, llegó en el año 1999 a la presidencia de la República, mediante elecciones limpias y democráticas. La derecha venezolana espero un tiempo prudencial creyendo que este nuevo presidente sería otro más a las ordenes de sus intereses, pero una vez que el presidente asentado en el gobierno con un […]
Desde que el Presidente Hugo Chávez, llegó en el año 1999 a la presidencia de la República, mediante elecciones limpias y democráticas. La derecha venezolana espero un tiempo prudencial creyendo que este nuevo presidente sería otro más a las ordenes de sus intereses, pero una vez que el presidente asentado en el gobierno con un apoyo popular diferente a los anteriores enjuague eleccionarios de la IV República, donde se repartía el gobierno a gusto y sabor de las clases dominantes y entreguista del país. Esa burguesía retrograda venezolana, cuando vio que Chávez no era uno más a quien se le podía utilizar en beneficio de sus intereses, inició la confrontación.
Según lo comentó públicamente en varias oportunidades el Presidente Chávez, hubo un tiempo de coqueteo de parte del imperio norteamericano y todos sus satélites del norte, luego comenzaron a adular al presidente aprovechándose de los infiltrados que al principio cercaban a Chávez y que para bien del proceso venezolano, se dieron cuenta que su trabajo sería inútil para sus aviesas intenciones y se fueron, pues el nuevo destino de Venezuela estaba sellado con la posición firme de Chávez de ir al proceso constituyente y al mismo tiempo insistir en el anhelo truncado del libertador Simón Bolívar, luchar decididamente junto a su pueblo por la nueva independencia de todo coloniaje extranjero.
Ese fue su «delito» de Chávez y de cualquier otro presidente u organizaciones o movimientos, que ose rebelarse contra el poder imperial y sus clases dominantes.
A partir de ahí EE.UU. como amo de las burguesías nativas, comenzó a desplegar todo su aparato de inteligencia y poder económico, para desestabilizar al gobierno venezolano llegando al golpe fascista del año 2002, luego el sabotaje económico con el paro petrolero y la conjura internacional de todos sus medios de comunicación con el objeto de criminalizar ante el mundo a Chávez y tratar de justificar su intervencionismo solapado y que lo sigue haciendo hasta el presente ante el rechazo firme y contundente de las mayorías del pueblo venezolano.
La burguesía venezolana incapaz y servil a intereses externos, como amplificador dócil del imperio, se dedica todo el tiempo a denigrar, insultar por todos y cada uno de sus medios de comunicación, oral y escritos, inclusive mentándole a su señora madre del Presidente, y acusándolo sin prueba alguna, de nexos terroristas, de apoyar bases guerrilleras en su territorio y por si eso fuera poco es muy frecuente que lo acusen de mafioso, de dilapidar fondos públicos, de dictador, de exportar uranio a Irán, etc., etc., etc. y no pasa nada, y cuando existe algún reclamo de parte de los agredidos, inmediatamente salta toda la sinfónica internacional gritando en coro general toda la derecha internacional, que en Venezuela no existe «libertad de expresión» y que » Chávez es un tirano» y » que es un peligro en el continente» y por supuesto para los EE.UU. y muchos incautos de creen ese cuento, incluido los países del «primer mundo».
Este modo de hacer política de la burguesía venezolana es similar al que usan las burguesías de otros países donde se están desarrollando procesos de recuperación de la dignidad nacional, su arremetida nada tiene que ver con el sagrado derecho de opinión, sino que raya en el delito. Como sostenemos líneas arriba es toda una conjura internacional a la cabeza de los EE.UU. contra todo aquel que se atreva a no someterse a sus designios imperiales.
Se conoce que en estos días, la justicia venezolana por fin parece tomará cartas en el asunto como es de su competencia hacer respetar la ley, y ha convocado a los estrados judiciales a eternos difamadores a que prueben sus aseveraciones. En casi todas las leyes del mundo se sostiene, que: «todo ciudadano es responsable de responder por sus actos», así de simple es la cosa. Quien acusa sin pruebas debe responder ante la justicia y no invocar su «libertad de expresión», pues por encima de ese derecho de denigrar esta el derecho a la verdad.
Lo que reclaman los patrones de los medios de comunicación de la SIP, sobre el derecho de la libre expresión y opinión, es pretender confundir estos sagrados principios con los delitos de la libre difamación como práctica cotidiana de los dueños de medios de comunicación mundial, es tiempo de acabar con la impunidad de quienes se creen dueños de la verdad.
Ojalá que en Venezuela y en cualquier otro país, todo aquel que difame a cualquier persona, empezando desde el Presidente hasta cualquier ciudadano común, no le salga gratis denigrar, sino que le cueste todo el peso de las leyes.
* José Justiniano Lijerón es ex Dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB)
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