Entre proceso y transición

En el principio fue el grito, nos ha advertido el sociólogo John Holloway. Con ello recuerdo que el proceso bolivariano, que incluye la elección en 1998 de Hugo Chávez, es uno que tiene profundas raíces desde abajo y cuya compleja composición y trayectoria conformó una de sus manifestaciones más contundentes: el 27F, o el «suceso» conocido como el Caracazo. También nos recuerda que «el proceso» es anterior al fenómeno chavista. El 27F como acontecimiento interrumpió el imperativo normativo reinante hasta aquel entonces y se sirvió para abrir un horizonte a un sinnúmero de interpretaciones, de verdades, en donde lo Uno se hizo Múltiple, en donde el Pueblo dejó de ser Pueblo para ser «los todos juntos». «Entonces empezó a bajar gente, durante toda la noche. Bajó y bajó por el cerro pero por manadas, y eso que eran niños, ancianos, hombres y mujeres de todas clases y edades, hombres y mujeres […] Eran todos juntos. Ahí no había nadie. Pero eso era la gente» recuerda un testigo del Caracazo. Y así se generó un evento o suceso, un acontecimiento, el 27F, que apareció «…asumiendo formas novedosas – señala Reinaldo Iturriza -, modificando extraordinariamente el contexto político, provocando un replanteamiento de las condiciones en que habrán de tener lugar las futuras contiendas» Y añade Iturriza citando a Foucault: «Hablamos del 27F como suceso: «una relación que se invierte, un poder confiscado, un vocabulario retomado y que se vuelve contra sus utilizadores, una dominación que se debilita, se distiende, se envenena a sí misma, algo distinto que aparece en escena (Véase a Reinaldo Iturriza, 27 de febrero de 1989: interpretaciones y estrategias, 2006)». Sin pretender identificar inicios, principios o motivos originales y una lógica lineal del tiempo, realmente queremos identificar la producción de una subjetividad que entra en escena y que tuvo la capacidad de alterar la normatividad vigente en aquél momento. Insiste Reinaldo Iturriza, en su análisis sobre los significados de aquel acontecimiento, en que el 27F pudo haber suspendido la Ley, al menos momentáneamente, dejando al estado desnudo: es ahí en donde se enfrenta y emerge la contradicción entre la multitud y la razón de estado; donde no reina el desorden sino que sale a la superficie la evidente diferencia en la naturaleza tanto de uno como del otro.

La elección del pasado 7 de octubre, y sus diversas interpretaciones y las proposiciones éticas de hacia dónde debe dirigirse la llamada revolución bolivariana obliga a pensar «el proceso» más allá del fenómeno Chávez y nos hace retroceder un poco en el tiempo. La ruptura que propuso el Caracazo, la elección de Chávez en 1998, la refundación jurídica del país mediante una nueva constitución y el contra-golpe de la multitud venezolana en abril de 2002 van dando cuenta de esa subjetividad política aún en formación. «La politización del pueblo -desde ese comienzo en que una sociedad con un enorme grado de analfabetismo fue capaz de discutir, enmendar y aprobar una nueva Constitución- se tradujo en la capacidad de exigir derechos (Juan Carlos Monedero, Publico.es, 8 de octubre de 2012)». Ciertamente una subjetividad, aunque con sus límites y contradicciones, propia de la multitud, de los todos juntos, que habían echado mano para constituirse como «sujetos de derechos» los mismos que una vez fueron los excluidos.

Elecciones de 2012

«Escuchando al candidato Capriles durante la campaña, uno podría imaginar, de no conocer al personaje, que estaba ante un genuino representante de la izquierda. Chávez, en cualquier caso, había logrado que la cuestión social volviera a estar en la agenda política venezolana (Juan Carlos Monedero, Publico.es, 8 de octubre de 2012)» Lo importante con el «personaje» (porque es creado, actuado) de Capriles es que probablemente da cuenta de una subjetividad política aún en formación en Venezuela al éste asumir una postura de centro-izquierda con miras de ampliar sus posibilidades de aceptación popular. También podría sugerir una recomposición a la estructura de clases en dicho país. Y una subjetividad que sigue en desarrollo y que no favorece a la extrema derecha. Ya se había visto en el referéndum de 2007 donde Chávez pierde las enmiendas constitucionales de corte socialistas por un estrecho margen. Durante esa campaña anti-reforma, la derecha la asumió en parte como una defensa a la constitución de 1999; es decir la asume, incluso dentro de su narración de derecha, como la legítima constitución venezolana que había que defender. En tal referéndum, aunque no triunfó la propuesta socialista para reformar la constitución, dio cuenta de que la mitad del electorado había abrazado la «idea» socialista en un país (como en el resto del continente) donde se había demonizado no hace mucho tiempo atrás tal idea. Sin embargo, el proceso bolivariano no puede depender más de la mediocre derecha en el país y de sus fallidos intentos en producir un proyecto alternativo que rete al chavismo. A la derecha la sigue afectando, además de sus divisiones, su no-proyecto, su vaciado empeño anti-chavista que la coloca en una posición de indefensión a la hora de mostrar cuál es el proyecto que propone en contraste con el chavista. Pero hay que tener en cuenta que tal mediocridad no garantiza su no acceso al poder estatal en venideras campañas electorales o en un escenario post-Chávez. Igualmente se avecinan elecciones legislativas y de las gobernaciones en las entidades federales, donde el panorama aún es más complejo y en donde probablemente Chávez tenga que asumir un rol protagónico para hacerse de la mayoría en los estados y sus legislaturas.

En resumidas cuentas, como bien señala Guillermo Almeyra (La Jornada, 7 de octubre de 2012), las propuestas eleccionarias se reducían a dos proyectos de país que «…para ambos la diferencia residía sólo en el mayor o menor peso del Estado capitalista en el mercado capitalista, ya que uno plantea mantener el actual capitalismo de Estado petróleo-dependiente y el otro un libre mercado y la privatización del petróleo, o sea plena libertad de acción para el capital financiero internacional». Por ello, las voces desde las izquierdas para una profundización del proceso sobrarán. Pero cabe preguntarse, ¿en qué consiste esa profundización? Vale considerar, en este sentido, pensar el proceso, re-pensarlo en miras de re-potenciar lo ya alcanzado y el aún-por-hacerse como parte del mismo. Podríamos proponer dos maneras de pensarlo. Por un lado, entender el proceso como una consolidación del estado benefactor, de los poderes públicos como medios y fines en sí mismos; es decir perpetuar el capitalismo de estado y el liberalismo político. O, por otro lado, entender al proceso como transición. Transición en el balance de poder, en el efectivo traspaso o redistribución de poder a la comunidad y a los trabajadores. En ese sentido, el ejercicio estatal para implementar políticas de redistribución económica resulta necesario pero insuficiente.

Entre el proceso y la transición

La proposición ambigua entre proceso y transición cumple con el siguiente propósito: como único aspiramos a una superación de las relaciones sociales propias de la propiedad privada, siendo la subjetividad consumista la hegemónica en nuestros tiempos, es mediante el ejercicio empírico y participativo del movimiento real. Es decir, solamente la puesta en circulación de ciertas prácticas-saberes sociales que revaloricen las relaciones de propiedad y de participación política de los todos juntos, desde abajo, nos pueden disparar a concretar quizás un proyecto que supere la forma-valor, la forma-estado, la forma-jurídica y al estado-nación, todas ellas grandes polarizadores y productoras de alteridad durante la modernidad, y se concretice una nueva subjetividad política; que algunos llamaríamos comunista. Por ello se hace necesaria la urgente re-potenciación del proceso-transición que lleve a «…la autorganización popular y la independencia política de los trabajadores […] (Guillermo Almeyra, La Jornada, 7 de octubre de 2012)». Mayor importancia cobra, en este sentido, el desarrollo de la Ley de Comunas en la reformulación de la democracia a una post-liberal. Señala Marta Harnecker, sobre el desarrollo de las Comunas y su apuesta por generar una nueva subjetividad política, que no se «…trata sólo de otorgar un contenido social a la democracia, de resolver problemas sociales del pueblo: alimentación, salud, educación, etcétera, sino -como decía Alfredo Maneiro- de transformar la forma misma de la democracia creando espacios que permitan que las personas, al luchar por el cambio de las circunstancias, se vayan transformando a sí mismas (Marta Harnecker, De los consejos comunales a las comunas, 2009)».

Similar lectura llevarán otros procesos latinoamericanos. Observa Raúl Zibechi: «Los procesos de cambio han llegado a una suerte de meseta, mientras las derechas avanzan, en casi todas partes (La Jornada, 5 de octubre de 2012)». Y me parece que este es uno de los problemas centrales en la actual América donde se ha intentado en la pasada década fundar un tipo de gobernanza entre movimientos sociales, izquierdas oficiales y estado. La pregunta que surge inmediatamente: ¿cómo permanecer fiel al acontecimiento socio-político de los todos juntos que en un momento dado pudo interrumpir el imperativo normativo de la subjetividad capitalista? Similar pregunta ha levantado el filósofo esloveno Slavoj Zizek ante los incipientes movimientos sociales que se han levantado en el último año a nivel global señalando que tras la acción es necesario el detenerse a pensar antes de pretender la continuidad del evento. Es decir, el pensar en este caso supone introducir una diferencia, a la vez que se pretende la repetición o reproducción del evento, que aliente un nuevo actuar, fiel e infiel al mismo tiempo, al evento político en cuestión. En similar modo se expresaba Laura Mintegi, la candidata a Lehendakari de la agrupación independentista vasca Bildu ante la situación política en su país y las consultas a las bases independentistas para fomentar un proyecto alternativo. En fin, la elección venezolana pone sobre el tapete nuevamente el batirnos entre: a) el riesgo siempre latente de perpetuar la forma-estado y la forma-jurídica (propias de la modernidad burguesa y formas siempre excluyentes y simplificadoras de los todos juntos); y b) nuevos (y a veces no tan nuevos) modos y saberes de regulación social, mediante la confluencia de los todos juntos, que en definitiva nos impulsen a un escenario post-liberal y post-capitalista.

*César J. Pérez Lizasuain ha sido profesor de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez, Puerto Rico; y de Ciencias Políticas en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Aguadilla. Actualmente es estudiante en el Programa de Doctorado en Sociología Jurídica Renato Treves adscrito a la Universidad de Milán, Italia.

Fuente: http://www.claridadpuertorico.com/content.html?news=C77250569022077AD5ECE5B07FE54AE2