¿Es el antiimperialismo compatible con la inversión extranjera?

Traducción: S. Seguí

Introducción

Durante los últimos cuarenta años, muchos regímenes «socialistas» y nacionalistas intentaron combinar la inversión publica con la inversión privada, incluyendo en ésta la inversión extranjera. En un primer momento, se intentó limitar el alcance de la inversión extranjera a sectores muy concretos y en algunos casos enmarcarla en un periodo limitado, utilizando para ello fórmulas de extinción paulatina (fade-out) que garantizasen que, con el tiempo, la participación extranjera sería adquirida por el sector público.

En la ultima década de los regímenes «socialistas»(antes de su caída en los años 80) las elites gobernantes ampliaron el radio de acción del capital privado y extranjero, y, en algunos casos llegaron a firmar acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que aceleraron el proceso. Con el colapso de los regímenes «socialistas» en la ex Unión Soviética y la Europa Oriental, y la adopción de políticas pro capitalismo, las elites dominantes y el capital extranjero procedieron al pillaje del sector publico en un grado nunca visto. El capital extranjero y la oligarquía local recién surgida enloquecieron, se apropiaron y desmantelaron los bienes públicos, tomaron por asalto la Hacienda publica, se hicieron con los recursos naturales, los servicios públicos, los medios de comunicación y los recursos energéticos. Con ello se produjo un rápido e inaudito empobrecimiento de la gran mayoría de la población trabajadora, la destrucción el poder adquisitivo de los salarios (se acabó con los servicios gratuitos de salud, educación, cultura y otras prestaciones sociales) y el crecimiento de una monstruosa desigualdad socio-económica entre el escaso de 1% de multimillonarios y el empobrecido 80% más bajo de la población. Se produjeron también inmensas migraciones hacia el exterior, corrupción en una escala nunca antes vista en su historia moderna, poderosos y criminales movimiento de mafias organizadas que traficaron con cientos de miles de mujeres y jóvenes (esclavas sexuales para los burdeles internacionales), tráfico de estupefacientes y venta de ilícita de armas.

En América Latina, Asia y, en menor grado, África se produjeron remates similares de los bienes públicos, acompañados de una corrupción a gran escala y en muchos casos de la perdida del control de los Estados sobre sus economías, lo que dio como resultado el estancamiento económico y unas desigualdades sociales sin precedentes.

A finales de los noventa, algunos gobiernos socialistas y nacionalistas se percataron de las desastrosas consecuencias políticas y socioeconómicas de la rápida y masiva conversión al capitalismo y la falta de regulación de la invasión del capital extranjero en los países ex «socialistas» y ex nacionalistas, por lo que no se lanzaron al abismo del «mercado libre» capitalista. En el seno de dichos países se produjeron importantes debates acerca del papel del capital extranjero, en los que participaron sus gobernantes y una amplia capa de intelectuales, trabajadores y activistas políticos. Un grupo, autodenominado «socialistas de mercado», proponía la utilización de capital extranjero, en mayor o menor grado, mientras que otro, conocido calificado de «marxista ortodoxo», poniendo como ejemplo la debacle en la ex Unión Soviética, rechazaba cualquier apertura a gran escala y a largo plazo.

El debate continúa, y en él los temas varían en función de las nuevas circunstancias y contextos. Los «socialistas de mercado» hacen hincapié en una nueva dimensión, la «globalización», la cual, afirman, «exige» una capacidad de respuesta rápida a las «señales del mercado» (competitividad) a través de los lazos con el capital extranjero.

Por el contrario, los marxistas «ortodoxos» rechazan la inversión extranjera y señalan el creciente peligro que representan los nexos entre ésta y el «militarismo imperialista», citando para ello la guerra de Estados Unidos en los Balcanes, la invasión encabezada por ese mismo país contra Yugoslavia, Irak, Afganistán y Haití, al igual que la financiación y apoyo político del gobierno de EE UU al golpe de estado contra la Republica Bolivariana de Venezuela y las abiertas amenazas contra los pueblos de Irán, Siria y Cuba. Por razones de seguridad nacional, los marxistas ortodoxos piensan que seria conveniente no ofrecer posibilidades de apertura al capital extranjero.

Los «socialistas de mercado» han sido incapaces de aportar argumentos contrarios al hecho innegable de la agresión imperialista; su único argumento consiste en la posibilidad de separar el papel del capital extranjero del comportamiento e intereses del belicista Estado imperialista, un argumento que puede tener cierta base en determinadas circunstancias. No obstante, los argumentos económicos de los «socialistas de mercado» siguen teniendo todavía un peso importante y han tenido una influencia considerable en las políticas de Estado, lo que ha conducido a una adaptación gradual de algunos de ellos por los marxistas ortodoxos.

En los siguientes apartados del presente artículo señalaremos los argumentos presentados por los «socialistas de mercado», los neoliberales y otros partidarios del capital extranjero. A continuación, aportaremos una critica desde un punto de vista marxista no ortodoxo. Y, por último, concluiremos especificando algunas alternativas a la dependencia del capital extranjero, al menos en términos de cualquier papel determinante de éste en la economía, y un debate de los fundamentos políticos que sustentan las posiciones antiimperialistas.

Argumentos en favor de la inversión extranjera

Los siete argumentos más comunes en favor del capital extranjero suelen ser los siguientes:

1.- Hay escasez de capitales, por lo tanto es preciso atraer capitales extranjeros para desarrollar la economía y promover los préstamos extranjeros;

2.- El país necesita el capital extranjero como una fuente de «know-how« en materia de gestión empresarial y técnicas de comercialización, a fin de asegurar los mercados de exportación y las ventajas competitivas;

3.- La inversión extranjera proporciona tecnología avanzada que permite modernizar la economía y promover la productividad y por ende la competitividad;

4.- El capital extranjero incrementa la competitividad de los productores locales, desplazando del mercado las empresas ineficientes, a la vez que alienta a las empresas locales a mejorar su eficiencia;

5.- El capital extranjero hace bajar los precios, y ampliar y mejorar los servicios al consumidor;

6.- El capital extranjero incrementa la competitividad en los mercados mundiales, fomenta las exportaciones y asegura la participación en los mercados internacionales;

7.- El capital extranjero paga mejores salarios, proporciona mejores condiciones de trabajo y paga mas impuestos que los productores locales.

Entre los que fomentan la inversión extranjera hay algunas diferencias, entre otras las relativas a los siguientes puntos:

1.- Si deben extenderse o no al capital extranjero las mismas condiciones que a las empresas locales, o si deberían existir impuestos diferenciales, restricciones en las áreas de inversión (ciertas áreas de inversión llamadas áreas estratégicas, como la energía, que en opinión de algunos economistas deberían seguir siendo propiedad del Estado). En el caso de las zonas que procesan bienes destinados a la exportación, los que abogan por la inversión extranjera recomiendan menores impuestos, alquileres más bajos y normas laborales más permisivas, a fin de favorecer la inversión extranjera.

2.- Si las empresas de capital extranjero deben producir solo para el mercado de exportación o también para el mercado local (zonas de comercio de exportación);

3.- Si debe obligarse al capital extranjero a reinvertir un porcentaje de sus ganancias en la economía nacional o si, por el contrario, se le permite repatriar todos sus beneficios;

4.- Si debe obligarse a las empresas de propiedad extranjera a invertir sumas sustanciales de sus ingresos para actualizarlas y para modernizar su producción;

5.- Si las compañías extranjeras pueden ser propietarias mayoritarias, minoritarias o absolutas de una empresa. Existirían diferencias similares en relación con los derechos de gestión entre los propietarios extranjeros y los nacionales.

6.- La forma que deben adoptar los incentivos a las compañías extranjeras: reducciones fiscales, concesiones de tierras, inversión en infraestructura por parte del Estado, formación de los trabajadores a cargo del Estado, etc.

7.- Si la duración de la propiedad extranjera, en particular en materia de minerales y derechos del subsuelo, debería ser a perpetuidad, o si debería alquilarse por periodos ampliables más o menos largos; si los contratos debieran incluir cláusulas de renovación y opciones, sanciones por incumplimiento, etc.

En otras palabras, entre los que abogan por la inversión extranjera hay gran variedad de posturas en relación con el ámbito y el alcance de las concesiones que acompañan a la promoción del capital extranjero. Durante la década de 1980, la tendencia general de los gobiernos fue la de ampliar las concesiones a los inversores extranjeros. A partir de 1990, a medida que las normativas publicas se suavizaron marcadamente, las normas que rigen la entrada y la operación del capital extranjero se han suavizado también.

Como resultado, el debate actual sobre la inversión extranjera gira en general en torno a cuántos y qué tipos de incentivos ofrecer al capital extranjero, sin preguntarse si el capital extranjero no provoca más problemas de desarrollo que los que pretende ayudar a resolver.

Argumentos contra la inversión extranjera.

La decisión de abrir un país a la inversión extranjera plantea profundos interrogantes en los ámbitos político, económico, social y cultural, que van mas allá del cálculo de los costes y beneficios a corto plazo que puedan acarrear a una empresa o incluso a un sector económico.

En la mayoría de los casos, una «apertura» inicial comporta invasiones subsiguientes, a gran escala y largo plazo, que producen toda una serie de resultados imprevistos, pero previsibles.

En primer lugar, y ante todo, la propiedad extranjera de industrias y recursos estratégicos produce una pérdida para el Estado de poder de decisión a la hora de tomar decisiones en materia de inversión, precios, producción y crecimiento económico futuro. Los propietarios extranjeros deciden cuál de las empresas de su imperio comercial se ampliará, cuál se estancará y cuál irá a la quiebra, dependiendo de los costes laborales, los impuestos, el transporte y las redes de comunicaciones. Los nuevos dueños deciden si las inversiones se hacen dentro de la empresa o en la empresa madre. La inversión extranjera, especialmente los grandes copropietarios de empresas estratégicas, ponen en grave peligro la soberanía nacional y convierten a los regímenes políticos en simples testaferros de los dueños extranjeros. Sin duda, el acuerdo prioritario entre los inversores extranjeros y los gobiernos es sobre el establecimiento de las normas aplicables a cada caso, pero éstas siempre estarán subordinadas a la buena voluntad y la capacidad de llevarlas a la práctica, y condicionadas por éstas; así como también a los buenos deseos de los inversores de cumplir las normas. No obstante, la experiencia muestra que en la mayor parte de los países del Tercer Mundo, los acuerdos iniciales de privatización están llenos de elementos de corrupción, y la subsiguiente presencia de empresas extranjeras de gran envergadura conduce fácilmente a influir en los administradores y reguladores a aplicar una versión laxa de los contratos.

La inversión extranjera aporta el capital inicial, pero a largo plazo conduce a un gran flujo de salida de beneficios, dirigidos a su casa matriz, que contribuye a la descapitalización de la economía y a problemas de la balanza de pagos. Poner las empresas del Estado en manos de la inversión extranjera (o de los oligarcas locales) conduce a la reducción de los ingresos del Estado, un mayor desempleo y, en algunos casos, el cierre de plantas industriales en regiones en las que la tasa de beneficio de la compañía se halla por debajo de la esperada.

Los resultados de la «racionalización» y la «reestructuración» del capital extranjero pueden incrementar los beneficios empresariales, pero pueden también producir un efecto negativo multiplicador en los sectores primario y terciario. Por ejemplo, una empresa multinacional puede clausurar una línea de ferrocarril, además de retirar la maquina que la sirve y el taller que le da mantenimiento porque la tasa de beneficio es solo del 2%, a fin de incrementar sus ingresos totales hasta 15%. Este cierre empresarial, sin embargo, puede hacer que en la región afectada la producción comercial, industrial y agrícola se reduzca en un 25%; se incremente en un 20% del número de las empresas locales que se ven empujadas al cierre; y se produzca un 15% de incremento en los índices de desempleo. La ganancia neta de la empresa transnacional produce pérdidas en términos absolutos tanto para la región como para su fuerza laboral.

La inversión extranjera conduce a una producción desequilibrada y, sobretodo, a una producción sobreespecializada; en particular a la expansión de unos productos altamente volátiles a expensas de una economía diversificada de amplia producción y base comercial. Muchos de los inversores extranjeros buscan conseguir altos beneficios invirtiendo en productos de exportación, tales como el petróleo, la soja, el hierro o el cobre, que complementan sus necesidades nacionales o las de las economías industrializadas en general. El resultado neto es una economía de rápido crecimiento y también rápido final, en la que unas altas exportaciones unidas a altos ingresos producen altos ingresos e importaciones para el país, antes de registrar drásticas caídas en la demanda de productos básicos que conduce a importantes déficit comerciales, grandes reducciones del gasto, incremento del desempleo e incremento de la deuda.

La empresa extranjera se asegura el disfrute de reducciones duraderas de impuestos y de inversiones a gran escala en infraestructura por parte del sector publico (transporte y comunicaciones), como condiciones para su inversión. En otras palabras, el Estado pierde los ingresos y reparte socialmente los costes para el provecho del capital extranjero. Además, a través de sus manipulaciones de precios y su «contabilidad imaginativa» el capital extranjero se beneficia de una evasión de impuestos a gran escala. El resultado neto es que los pagos por impuestos del capital extranjero no compensan las subvenciones que debe hacer el Estado para atraer y mantener a los inversores extranjeros.

En muchos casos el capital extranjero no crea nuevas empresas ni amplía los mercados: en la actualidad, compra empresas locales, en muchos casos empresas beneficiarias, a «precios políticos» mediante licitaciones manipuladas. En algunos casos, compra el monopolio estatal de las comunicaciones, o empresas estatales de petróleo, y lo convierte en un monopolio privado, imponiendo así precios monopolísticos sin los obstáculos que supone la rendición pública de cuentas o las necesidades sociales. Además, el capital extranjero no suele aportar ningún tipo de «capital nuevo»: solicitan préstamos a los bancos locales -compuestos por el ahorro nacional–, convierten títulos de deuda devaluados para comprar empresas a precios nominales, y reciben prestamos de las instituciones internacionales de financiación internacional con el respaldo del Estado.

El capital extranjero tiende a crear «enclaves empresariales» que importan tecnología (a cambio de las consiguientes regalías) y que están unidos a la producción y a redes de distribución exteriores, por lo que tienen un impacto mínimo sobre la economía local. Hay numerosos ejemplos: el más conocido son las conocidas plantas ensambladoras en las que la manufactura y la distribución se realizan en otro lugar, por otras subsidiarias de la compañía transnacional, y cuya única contribución a la economía local es el pago de unos salarios de subsistencia. Los exportadores de materias primas extraen hierro, cobre y soja que son enviados para ser procesados en el exterior en otro país que recibe el valor agregado y el empleo. Los exportadores de materias primas emplean pocos trabajadores, los países se convierten en «monocultivadores» y sus economías están sujetas a cambios volátiles en sus ingresos básicos. La dependencia de los ingresos que proporcionan unas pocas exportaciones o una sola fuente de exportación (como, por ejemplo, el petróleo) o de las remesas provenientes del extranjero no constituye realmente una política económica.

La inversión extranjera ha capturado el importante sector bancario, determinando con ellos las políticas estatales de crédito y de intereses, y, aún más importante, decidiendo qué sectores y qué empresas reciben créditos, y a qué tasas de interés. La propiedad extranjera de los bancos conduce a la concesión de prestamos en condiciones privilegiadas a empresas de propietarios extranjeros («las que inspiran más confianza»), a aquellas cuyos ingresos provienen del extranjero en monedas fuertes (compañías exportadoras de productos agrícolas), excluyendo sistemáticamente a las pequeñas empresas y los pequeños agricultores y productores del campo, que producen para el mercado local y emplean la mayor parte de la fuerza laboral. Éstos se ven obligados a depender de prestamistas usureros o a desviar el capital de la producción a la especulación.

Además, dada la preferencia del capital extranjero por la industrias extractivas, su influencia entre las elites gobernantes locales y su respaldo por los grandes prestatarios internacionales, los inversores extranjeros están a la vanguardia de la devastación del medio ambiente. Los magnates madereros y los exportadores de soja están destrozando la selva húmeda amazónica. Las compañías petroleras devastan el agua y la tierra en Nigeria y en las riberas del mar Caspio. El incremento en los ingresos del Estado federal raras veces se utiliza para compensar la destrucción de la agricultura local y la economía pesquera. En cambio, los ingresos estatales suelen ser reciclados hacia la construcción de carreteras y puertos, para comunicar a los depredadores del medio ambiente con los mercados exteriores.

La inversión extranjera juega un papel muy importante en el Tercer Mundo y en los países ex comunistas, en gran parte debido a las políticas de liberalización impuestas o promovidas por los inversores internacionales. Como parte del proceso de liberalización, se levantaron las normativas y los aranceles restrictivos que afectaban a las propiedades extranjeras, pero también para permitir la masiva entrada de alimentos subsidiados y productos industriales baratos. Los dudosos beneficios que los inversores extranjeros pudieran proporcionar quedan más que compensados por las perdidas en la agricultura y la producción manufacturera locales, y la pérdida de puestos de trabajo debido a las importaciones baratas. Asimismo, la «competencia» extranjera entre las grandes transnacionales establecidas en el país y las de reciente creación es tan sesgada que muy pocas de estas últimas logran sobrevivir. El resultado neto no es el incremento de la competitividad de las empresas locales, sino su salida del mercado, o su la venta a las grandes compañías. Cuando los propietarios extranjeros deslocalizan sus plantas a los países ex comunistas y del Tercer Mundo, el traslado está condicionado al mantenimiento de los bajos niveles salariales y de beneficios sociales. Cuando las demandas laborales se acentúan y las «vacaciones» fiscales terminan, el capital se deslocaliza a una área más barata.

La influencia política de los inversores extranjeros se incrementa a medida que crece su presencia en el mercado local, su control de sectores de la economía y el surgimiento de lideres políticos entrenados por Occidente para promover la «libre empresa». Otro aspecto significativo es que las empresas pertenecientes a propietarios extranjeros emplean ejecutivos, gerentes, abogados, publicistas y economistas estrechamente vinculados con las elites políticas, y que con frecuencia pasan a ocupar posiciones claves del mundo político (presidentes de los bancos centrales, ministros de economía y finanzas) e implementan las políticas macroeconómicas y aplican las directrices neoliberales, que maximizan los beneficios de los inversores extranjeros a expensas de la fuerza de trabajo local y del erario publico.

Es también importante el papel de liderazgo que desempeñan las empresas de propiedad extranjera en la banca, la industria y las asociaciones de negocios, influenciándolos para asegurarse políticas favorables a sus intereses.

Por último, las empresas de propiedad extranjera logran alcanzar el control de las empresas «nacionales», bien sea a través de su adquisición, de «contratos de gestión» o de subcontratos a empresas satélites de tamaño medio que pasan a depender de las «centrales» de propiedad extranjera, y que suelen verse forzadas a apoyar las políticas de éstas. Las empresas de propiedad extranjera, especialmente las transnacionales estadounidenses, frecuentemente actúan como correas de transmisión de las políticas del Estado imperial. Lo consiguen desinvirtiendo en los países que se hallan en la lista negra del Departamento de Estado de EE UU y trasladando sus instalaciones productivas a países políticamente favorables a EE UU. Las transnacionales estadounidenses proporcionan cobertura y falsa identidad a agentes de inteligencia, transmiten informes económicos a la CIA y se niegan a suministrar repuestos a países en conflicto con EE UU. Los bancos americanos facilitan la fuga de capitales, la evasión fiscal y el lavado de dinero a las élites pudientes y, con ello, debilita a los adversarios y los competidores de EE UU, reduciendo la producción o los servicios de países en conflicto con el Estado imperial.

Aunque con poca frecuencia, algunas «corporaciones marginales» o incluso subsidiarias de corporaciones mayores no siguen la línea del Estado imperial, sea porque los beneficios son demasiado lucrativos como para desperdiciarlos, o porque las presiones competitivas de otras transnacionales son intensas, o bien porque los incentivos a largo plazo que ofrece el Estado-objetivo compensan los riesgos que genera una posición de antagonismo con los poderes decisorios imperiales.

Las empresas de capital extranjero, al menos en sus inicios, están regentadas por expatriados, por lo general en las posiciones más decisorias. Se suelen contratar ejecutivos «nacionales» para (1) establecer nexos con el Gobierno local, (2) ocuparse de las relaciones laborales, (3) gestionar la evasión de impuestos o garantizar la exoneración de su pago, y (4) hacer campañas de relaciones publicas y de opinión política.

Contrariamente a «las expectativas» o a la propaganda de los ideólogos neoliberales, las compañías de propiedad extranjera usualmente no transfieren investigación y desarrollo tecnológico (I&D) a los países del Tercer Mundo. Mas del 80% del I&D de dichas empresas lo realiza la casa matriz del Estado imperial. Lo que en ocasiones se transfiere son los resultados de la I&D, a un precio y unas condiciones fijas, con pagos de regalías durante un largo período de tiempo. De hecho, los inversores extranjeros frecuentemente hacen sociedad con unidades productivas locales, las despojan de sus activos, se apoderan de su clientela, su mercado y sus redes de distribución, y entonces o bien cierran la empresa o la funden a un conglomerado de empresas de propiedad extranjera, con el resultado en despidos masivos, reducción de los servicios y altos costes para los consumidores.

En resumen, la inversión extranjera tiene desventajas estratégicas, pone en peligro la independencia nacional y la soberanía popular, y compromete gravemente la capacidad del Estado para representar a sus ciudadanos, especialmente a la clase trabajadora y al campesinado. Igualmente importante es el hecho de que la inversión extranjera tiene mecanismos incorporados que contribuyen a una baja tasa de reinversión, a una descapitalización de la economía, y a la generación de problemas en la balanza de pagos.

La inversión extranjera incrementa las desigualdades y polariza la estructura social, como resultado de las bajas tasas de impuesto, las altas tasas de beneficio y el punto de vista del Estado, siempre favorable al inversor extranjero. Los «beneficios residuales» para el «país receptor» se suelen concentrar en manos de los «facilitadores políticos» locales, gerentes altos y medios, y subcontratistas y distribuidores. Es evidente que, a gran escala y a largo plazo, la inversión extranjera fomenta los objetivos del Estado imperialista, simboliza e impulsa el imperialismo, y es uno de sus principales motores económicos.

Alternativas a la inversión extranjera

En su sentido más amplio, la inversión extranjera es incompatible con toda noción de políticas antiimperialistas. Lo que no equivale a decir que no pueda ser de utilidad en circunstancias limitadas (en tiempo y lugar) y bajo condiciones políticas específicas, bajo normativas específicas, administradas por un grupo selecto de supervisores.

A pesar de las abrumadoras limitaciones históricas y empíricas y los impactos negativos de la inversión extranjera, sus partidarios recurren al argumento de que «no hay alternativas». Sostienen que sin inversión extranjera no puede haber desarrollo, ni acceso a mercados, ni progreso tecnológico, ni progreso alguno.

Nosotros, por contra, sostenemos que hay argumentos empíricos e históricos muy sólidos que permiten afirmar que hay recursos financieros y económicos sustanciales que están disponibles para los regímenes populares, que son más eficientes a la hora de producir crecimiento positivo, y que no tienen ninguno de los negativos resultados y repercusiones sociales y políticas de la inversión extranjera.

Alternativas a la inversión extranjera

La reinversión en la economía nacional de los beneficios provenientes de las industrias de exportación lucrativas y de las empresas nacionales estratégicas, mediante la propiedad pública de dichas industrias. Los beneficios que el capital extranjero transferiría al extranjero se canalizan hacia la economía nacional para ampliar la producción local, producir un efecto multiplicador y aumentar la demanda local de consumo, en un círculo virtuoso.
El control del comercio exterior aumentaría la disponibilidad de divisas al evitar su exportación a otros países. Permitiría también asignar divisas convertibles a las empresas prioritarias que aumenten la producción local, el empleo y el consumo popular.
La inversión de los fondos de pensiones en actividades productivas y de distribución, en vez de mantenerlos inmovilizados en bancos privados o fondos fiduciarios.
La creación de bancos de desarrollo para canalizar las remesas de los trabajadores emigrantes hacia actividades productivas y creadoras de empleo. En muchos países, las remesas de los emigrantes, fuente principal de moneda fuerte, se utilizan para el consumo local de las familias y para actividades económicas marginales. El estado neoliberal utiliza las divisas para parar la deuda exterior.
La moratoria de los pagos de la deuda. Se trataría de investigar si los préstamos anteriores se realizaron legalmente, si dieron lugar a una actividad productiva o si, por el contrario, financiaron prácticas corruptas y aplicaciones improductivas (gastos militares). Debería establecerse con claridad si se ha pagado ya el principal de la deuda original y si los préstamos fueron solicitados por empresas privadas, en cuyo caso los pagos de deuda deberían cancelarse o remitir su exigencia a los prestatarios originales para su reembolso. El Estado no debería aceptar la socialización de pérdidas fruto de créditos incobrables realizados por empresas privadas, de su mala gestión o de cálculos erróneos en su decisiones de inversión; tampoco debería aceptar las decisiones de alto riesgo tomadas a la ligera por las instituciones acreedoras. Los anteriores prestamistas y prestatarios deberían asumir los riesgos de beneficios y pérdidas, en vez de ser transferir al pueblo el pago de préstamos de los cuales no se le consultó, ni se utilizaron en su beneficio.
La recuperación de fondos públicos robados y de toda propiedad ilícitamente privatizada por anteriores gobiernos. Las cuentas abiertas en bancos del extranjero para albergar transferencias ilícitas, en particular las realizadas por las élites empresariales y políticas deberían confiscarse, como parte de una comisión anticorrupción dirigida por juristas independientes especializados en finanzas públicas y por representantes independientes de las organizaciones de masas. Las empresas privatizadas en condiciones dudosas deberían ser nacionalizadas de nuevo.
La recuperación de los impuestos no pagados, especialmente los derivados de la evasión fiscal realizada por empresas transnacionales y empresas internacionales. Los infractores deberían ser objeto de investigación y procesamiento, y llegado el caso de penas en firme. El Estado debería exigir la recuperación completa de los impuestos no devengados o en su defecto el embargo de activos físicos y líquidos de las empresas extranjeras infractoras. El Estado podría exigir la inspección pública de los libros de contabilidad de las empresas transnacionales, con el fin de impedir prácticas comunes como la manipulación de precios dentro de la misma empresa, como medio de rebajar artificial e ilegalmente los ingresos y los beneficios, y así evadir el pago de los impuestos correspondientes.
Los impuestos sobre la tierra escalonados y la expropiación de las tierras subutilizadas o mantenidas con fines especulativos pueden proporcionar tierra para una reforma agraria y la construcción de vivienda pública de renta baja. Esto aumentará la productividad agrícola y la producción de alimentos para el consumo local y la exportación. Las grandes propiedades agrarias y las plantaciones que ocupen ilegalmente tierras públicas deberían expropiarse sin compensación. Las compensaciones en el caso de propiedades expropiadas deberían pagarse en obligaciones a largo plazo, basadas en el valor declarado con anterioridad a efectos de impuestos (o en el valor de mercado, si los dueños de la propiedad están dispuestos a pagar los impuestos atrasados, calculados sobre la diferencia entre el valor declarado y el de mercado.)
Las sociedades o las inversiones en el extranjero llevadas a cabo por empresas públicas deberían ser liquidadas y los ingresos obtenidos reinvertirse en la modernización de industrias productivas nacionales de infraestructura y transformación. El exceso de reservas de divisas debería reducirse y utilizarse en la diversificación de la economía. Las reservas deberían estar compuestas de diversas monedas y no deberían depositarse en los bancos extranjeros, donde un adversario imperial pudiera bloquearlas. Mantener una moneda «devaluada» debido a la «reputación» del pasado o a causa de los «vínculos neocoloniales» es no sólo una mala política sino también una economía inadecuada.
La maximización del empleo de la fuerza de trabajo subutilizada, que llega en ocasiones hasta a un 80% de la mano de obra, utilizándola en los proyectos de infraestructuras de gran envergadura puede compensar la «escasez de capitales» y convertirse en una fuente para la acumulación de capital inicial. Del mismo modo, los trabajadores y los profesionales bien formados y expertos subutilizados pueden aportar innovaciones e innovaciones organizativas, que pueden aumentar la producción total y la productividad.

Un examen exhaustivo de la economía social de la mayor parte de los países pondría de manifiesto que hay múltiples fuentes nacionales de capital, sin necesidad de recurrir al capital extranjero. Estas fuentes tienen todas las ventajas de aumentar los índices de inversión de capital, y ninguna de las incertidumbres políticas, vulnerabilidades económicas y desigualdades sociales asociadas con el capital extranjero.

Un caso límite: la inversión extranjera como último recurso

Supongamos que un país del Tercer Mundo recibe pocas remesas del exterior; tiene fondos de pensiones de escasa importancia, o no tiene; cuenta con una administración fiscal honesta, pero con pocas fuentes imponibles; etc.; pero, en cambio, dispone de recursos valiosos que requieren altas inversiones iniciales de capital y nuevas tecnologías. Obviamente, es preciso disponer de financiación o capacidad técnica exteriores. En este caso, la cuestión es: ¿cómo serán los contratos a corto plazo y los contratos estratégicos óptimos, a fin de minimizar los efectos negativos, enumerados anteriormente?

El planteamiento óptimo consiste en desglosar el «paquete extranjero de inversiones» a fin de minimizar la propiedad extranjera directa y, a largo plazo, el control de la gestión. Para maximizar la propiedad estratégica y el control nacionales es preferible firmar contratos de gestión de corta duración, que incluyan la formación de los reemplazos nacionales en un plazo fijo, y hacerlo, de preferencia con países cuyos Estados tengan menos tendencia a entrometerse en los asuntos internos. Del mismo modo, en los casos en que la asistencia técnica sea necesaria, a falta de conocimientos técnicos de procesos específicos, es preferible contratar a consejeros técnicos para trabajar en equipo con especialistas locales, mientras éstos obtienen la capacidad técnica que les permita hacerse cargo en el futuro. Si se recurre a empresas transnacionales extranjeras para construir instalaciones productivas locales, debería hacerse mediante «contratos llave en mano», en los que se estipule el porcentaje de beneficio que se garantiza a la empresa transnacional durante un período determinado, tras el cual la propiedad pasará a ser propiedad nacional. Los contratos específicos con límites temporales permiten que el país maximice el empleo de profesionales, administradores y expertos nacionales. El número creciente de especialistas de alto nivel disponibles en el mercado global, proporciona una variedad de opciones y prácticamente elimina la dependencia de un solo país y evita ciertamente la dependencia de la inversión extranjera, con la pérdida, a largo plazo, de la propiedad, el control y la planificación estratégica de inversiones.

Para limitar la dependencia del capital extranjero, es esencial que el país invierta en la formación, la investigación y el desarrollo profesional y técnico, que pueden adquirirse mediante estudios selectivos en otros países o atrayendo a especialistas del extranjero.

Ventajas del control público a cargo de los trabajadores (CPT)

El sistema de control público a cargo de los trabajadores (CPT) ofrece una serie de ventajas sobre el de empresas transnacionales de propiedad extranjera, en la prosecución de una estrategia de desarrollo.

Evasión fiscal e ingresos fiscales

Las sociedades multinacionales son maestras en el arte de la evasión de impuestos y de la corrupción de los órganos reguladores locales. El sistema CPT, basado en la transparencia de los libros de contabilidad y en auditorías independientes puede minimizar la evasión fiscal, incrementar los ingresos fiscales, y conseguir balanzas fiscales saneadas y bajos niveles de corrupción.

Inversión social en lugar de expatriación de beneficios y sueldos privilegiados

En la estrategia de las empresas transnacionales, los beneficios se suelen invertir en el extranjero, y se transforman en salarios y primas y exorbitantes en los niveles superiores de dirección. Con arreglo al sistema CPT, los beneficios se reinvierten en la ampliación de la producción local, en programas de desarrollo social y en la mejora de las condiciones de trabajo.

Alta reinversión social en lugar de fuga de capitales

El modelo de las empresas transnacionales está basado en la volatilidad del capital, entendiendo como tal la fuga de capitales, que conduce a una gran inestabilidad y a altas fluctuaciones de inversión en los ingresos estatales. El CPT permite unas tasas mayores y más regulares de reinversión, y una mayor estabilidad en el empleo, la inversión y los ingresos públicos.

Inversión a largo plazo en I&D en lugar de inversión especulativa

Una de las demandas básicas de las empresas transnacionales es la desregulación de los mercados financieros, con el fin de permitir la rápida transformación del capital fijo en «inversiones líquidas». Esto conduce al crecimiento de las inversiones especulativas, lo que ha causado frecuentes y graves crisis en el mundo capitalista. Bajo el modelo CPT las transacciones financieras altamente reguladas minimizan el flujo de capitales hacia actividades especulativas y maximiza la financiación de la innovación, la investigación y el desarrollo de productos.

Bienestar social en lugar de bienestar capitalista

Según el modelo de las empresas transnacionales, el Estado proporciona grandes subvenciones a los inversores extranjeros, mediante exoneraciones fiscales, concesiones gratuitas de terrenos, desarrollo de infraestructuras a cargo del Estado, préstamos con tipos de interés reducidos y desregulación del trabajo y de las leyes ambientales. El modelo CPT socializa tanto los costes como los beneficios, proporcionando servicios sanitarios gratuitos, empleo garantizado, pensiones suficientes y fijas, cuidados infantiles, condiciones seguras de trabajo, vacaciones adecuadas y formación permanente para poner al día las cualificaciones y la productividad, a fin de aumentar el tiempo de ocio y el estudio.

Capital fijo y fuerza de trabajo móvil en lugar de capital móvil y fuerza de trabajo fija

En las empresas transnacionales, el capital se «deslocaliza» con el fin de maximizar los beneficios, conseguir impuestos más bajos, socavar las condiciones de trabajo, y evitar las normativas en materia de sanidad y pensiones. Con el modelo CPT, el capital se fija a una localización concreta y la fuerza de trabajo recibe formación y mejora su movilidad para conseguir ascender a niveles más altos de empleo, asunción de funciones de dirección, y a la formación laboral a lo largo de toda la vida. Bajo el CPT no hay ningún tipo de subcontrata, externalización o contratos temporales de trabajo. Este modelo aprovecha una mano de obra experta y estable que aplica sus conocimientos y experiencia para mejorar la producción, sin la desorganización frecuente causada por la rotación constante de trabajadores.

Problemas potenciales en el sistema CPT

Hay varios problemas que pueden surgir en el CPT, entre otros:

Adoptar decisiones que favorezcan un mayor consumo en detrimento de la inversión productiva;
La burocratización de la organización;
La indisciplina laboral (retrasos, absentismo, etc.), que perjudica la producción y la innovación
La pérdida de competitividad debida a la protección de Estado
Un nivel de impuestos estatales excesivo o insuficiente
Desigualdades intersectoriales debidas a diferencias en las tasas de productividad o en los precios
Énfasis excesivo en los beneficios sociales, en detrimento del consumo individual
Marginación de las cuestiones de género, raza y medio ambiente.

El modelo CPT, para ser efectivo, requiere que sus líderes y partidarios populares tengan una «visión holística a largo plazo» del proceso de desarrollo, a fin de equilibrar las demandas de consumo inmediato con la inversión en la producción a medio y largo plazo. Inevitable, especialmente en la fase inicial del modelo, puede esperarse una fuerte presión con el fin de diferenciarse por lo que se refiere a los planteamientos capitalistas del pasado, que aplazaban la satisfacción de las demandas populares a fin de «aumentar el pastel». El nuevo régimen tendrá que ajustarse a esta demanda política, proporcionando en un primer momento programas sociales de impacto significativo, como la atención médica y la enseñanza superior gratuitas, la reducción de los alquileres y la condonación de deudas, a fin de adquirir la confianza de las clases trabajadoras y demostrar que el nuevo régimen representa una ruptura con el pasado. Los programas sociales de impacto también asegurarán la lealtad de las clases populares y les proporcionarán un motivo para la defensa del régimen, un problema importante dado la hostilidad probable de los poderes imperiales y de la clase dirigente local.

El nuevo modelo debe protegerse contra las tendencias burocratizantes mediante la delegación de poderes, la experiencia diferenciada y el prestigio de sus líderes. Los mecanismos formales, entre otros las asambleas populares en el lugar de trabajo y en los barrios, el acceso popular a los medios de comunicación de masas, el referéndum sobre decisiones socioeconómicas estratégicas y, sobre todo, una clase trabajadora políticamente educada que participe en el debate público, son los mejores antídotos al burocratismo incipiente.

La indisciplina laboral no «debería» ocurrir en el sistema CPT, pero ocurrirá: algunos trabajadores intentarán disminuir su trabajo oficial para realizar trabajo «en negro»; otros se aprovecharán de un régimen permisivo o de la falta aparente de sanciones, y aumentarán su absentismo o sus bajas por enfermedad; otros pueden acostumbrarse a llegar al trabajo con retraso, o a no llevar a cabo adecuadamente sus tareas, y descuidar el control de calidad. Todos los trabajadores deben recibir una educación social sobre sus derechos y sus responsabilidades, complementada por sanciones, entre otras la pérdida de salarios, beneficios sociales y eventualmente el despido sin sueldo, en el caso de infractores permanentes. Durante cierto tiempo, deberá seguir poniéndose en práctica una combinación de recompensas y sanciones, porque de lo contrario, la mayor parte de los trabajadores tendrían cargas adicionales a causa de una minoría de insolidarios.

Mientras la economía CPT funcione en un mercado capitalista mundial, las empresas deberán combinar unas relaciones sociales de producción humanas con la mejora de la competitividad. Todo sistema CPT, sea cual sea su tamaño, su base de recursos, su proximidad a los centros imperiales, y su nivel y diversidad de la producción, necesita invertir en I+D, fomentar innovaciones en los sectores farmacéutico, tecnológico, y de productos de calidad, y poder así obtener productos comerciales a precios competitivos. Debería haber una producción especializada en países con dotaciones favorables por su situación, y sus bases de recursos o sus cualificaciones. Los aumentos de productividad deberían reducir las horas de trabajo y los años de trabajo, ampliar el tiempo destinado a actividades de descanso y recreó, proporcionar oportunidades para seguir una formación permanente, así como disponer de tiempo libre de calidad para las relaciones y las amistades personales y familiares. Sin las innovaciones y la competitividad constantes, las pérdidas de mercado obstaculizarán seriamente el crecimiento de unas relaciones sociales humanas.

La socialización de la producción no cambiará automáticamente las desigualdades en las relaciones de género y raza, y entre los trabajadores y los profesionales. Una «revolución cultural», basada en iniciativas legales, educativas y gubernamentales será necesaria para comenzar el proceso de eliminación del racismo y del sexismo institucionales y de comportamiento en todas las esferas de la producción, el consumo y las representaciones culturales. Los representantes directos de las organizaciones de clase raciales y feministas deben estar presentes en las posiciones clave. Igualmente la socialización de la producción requiere la presencia directa de representantes de organizaciones ambientales de masa para minimizar exceso de la explotación de recursos no renovables, contaminación ambiental, abuso químico de agricultura.

Por último, el sistema CPT se enfrenta al problema de las desigualdades generadas por los diversos niveles de productividad, producción de valor, y demanda del mercado, que producen desigualdades entre las fábricas, los sectores y los regímenes. El control descentralizado acentuará las ventajas de alguno y la desventaja de otras, lo que reproducirá las desigualdades de clase y regionales. Un sistema de impuestos y salarios progresivos y de subvenciones sociales, así una inversión cada vez mayor en la modernización de las industrias y las regiones menos desarrolladas puede reducir las desigualdades.

Conclusión

La evidencia histórica y empírica demuestra que las desventajas políticas, económicas y sociales de la inversión extranjera exceden de lejos cualquier beneficio a corto plazo que puedan percibir sus defensores. La investigación ha demostrado que la mayor parte de las economías poseen los recursos financieros y de capitales, y la capacidad humana y productiva poco utilizada para emprender un desarrollo adecuado sin los altos costes políticos que la inversión extranjera genera. Un modelo alternativo, el CPT, proporciona numerosas ventajas respecto a la dependencia del capital internacional financiero y de inversión. Mientras que la inversión extranjera tiene un papel general negativo, el modelo CPT no excluye totalmente la inversión extranjera en determinadas circunstancias, limitadas en tiempo y lugar, a fin de llevar a cabo un desarrollo endógeno. Una estrategia dirigida a aprovechar la ayuda internacional, para complementar el crecimiento endógeno pone de relieve contratos específicos con una variedad de proveedores, particularmente con aquéllos no ligados al Estado imperial.

Aunque el modelo CPT proporciona un planteamiento alternativo que maximiza los intereses nacionales y de la clase obrera, tiene desventajas potenciales y contradicciones internas que exigen un estudio y una ponderación detenidos, así como el debate político y constantes reformas. No obstante, el modelo proporciona la vía más segura y más directa para el desarrollo de la democracia, la justicia social y la independencia nacional. El éxito del modelo CPT, su introducción y su continuidad no dependen simplemente de su viabilidad socioeconómica sino de la seguridad nacional y de las políticas e instituciones culturales.

Mayo de 2005