La nueva violación militar de la soberanía e integridad territorial del Ecuador por parte de Washington, vía su títere militar Álvaro Uribe, exige una respuesta eficiente al gobierno de Bogotá. Esa respuesta eficiente solo puede darse de dos formas: la ruptura de las relaciones diplomáticas o el reconocimiento en bloque del status de fuerza beligerante […]
La nueva violación militar de la soberanía e integridad territorial del Ecuador por parte de Washington, vía su títere militar Álvaro Uribe, exige una respuesta eficiente al gobierno de Bogotá. Esa respuesta eficiente solo puede darse de dos formas: la ruptura de las relaciones diplomáticas o el reconocimiento en bloque del status de fuerza beligerante a las guerrillas de Colombia.
No se trataría de una respuesta extremista sino de una medida de prevención, para conservar la paz de los países latinoamericanos. La secuencia de violaciones a las soberanías de Ecuador y Venezuela, mediante incursiones militares aéreas y terrestres, secuestros de personas y, ahora, bombardeos y ataques de artillería, no es más que el componente militar del proyecto de Washington, de destruir a los gobiernos progresistas de la Patria Grande.
En este plan de ataque militar, las dos puntas de lanza son, como explicamos en nuestro último artículo, «Brasil, Argentina y Venezuela constituyen un Bloque Regional de Poder Militar» (aporrea, 27.2.08), Colombia y la naciente Cuarta Flota de la Marina de Guerra del Imperio. Este proyecto de Bush y su títere Uribe avanza como un cáncer y es vital para el futuro de América Latina que los países latinoamericanos, no sólo los limítrofes con Colombia, ponen un «hasta acá» a Uribe. Si los gobiernos latinoamericanos no le aumentan el costo político, económico y diplomático de esta política al gobierno de la oligarquía colombiana, ponen en peligro su propia subsistencia política.
La oligarquía colombiano y sus patrocinadores en Washington, que durante doscientos años nunca han hecho concesiones a las fuerzas populares, no quieren negociar la paz con justicia social en Colombia. No la quisieron cuando asesinaron a Eliécer Gaitán, cuando asesinaron a más de dos mil cuadros de la Unión Patriótica, cuando asesinaron a decenas de miles de colombianos con sus fuerzas paramilitares y no la quisieron el día de ayer, cuando asesinaron, guiados por los militares del Pentágono, al líder guerrillero Raúl Reyes; sabiendo que este asesinato cerraría definitivamente el momento de distensión hacia la paz, que se había logrado con la liberación unilateral de los rehenes de las FARC.
La decisión imperial-oligárquica, de no negociar con las FARC, sino procurar su destrucción física o rendición incondicional, pone a éstas en una situación extremadamente difícil. Para romper el aislamiento político que Washington ha logrado, es necesario actuar mediante negociaciones sobre los rehenes y, posteriormente, una paz con justicia. Pero todo paso político de este tipo acerca su destrucción militar, porque cada contacto con el exterior para generar la liberación de los rehenes, proporciona a Washington la inteligencia necesaria, para destruir las columnas y la infraestructura guerrillera.
En ese sentido, las prolongadas negociaciones en San Vicente del Caguán fueron una gigantesca trampa de inteligencia, porque proporcionaron a los gringos las huellas dactilares, los retratos fotográficos, la identidad de importantes cuadros que salieron del anonimato de la selva, la identificación de los celulares, relaciones de Internet y la estructura de comunicación de la guerrilla, e, inclusive, en algunos casos, el perfil de ADN.
Y lo mismo es válido para las negociaciones de liberación de los rehenes. Es correcto decir, que la muerte de Raúl Reyes y de la columna guerrilla es el precio militar, que se pagó por la liberación de los rehenes. La inteligencia electrónica del Pentágono es tan avanzada hoy día, que ni el constante cambio de teléfonos celulares protege el anonimato, porque ha logrado desarrollar una tecnología que identifica el perfil de voz de una persona entre miles de llamadas celulares en cuestión de segundos. De la misma manera, la inteligencia satelital y de aviones espías —como aquellos que están estacionados en la base militar de Manta, Ecuador, cerca del Putumayo— es tan sofisticada que es imposible pasar las coordenadas de la extracción de rehenes al gobierno venezolano, sin dejar una infinidad de huellas informáticas para el Comando Sur.
Este es el precio que pagan las FARC por emprender la vía política de resolución del conflicto. Pero, si tratan de evitar ese alto costo militar, evitando la esfera de las negociaciones internacionales, se aíslan más todavía en lo político. Y aislarse en la política significa emprender el camino de la derrota.
Ante este dilema, los gobiernos latinoamericanos tienen solo dos vías para parar la expansión de la estrategia militar de Washington en América Latina. Aislar diplomáticamente a Bogotá, o conceder en bloque a las guerrillas colombianas el status de fuerza beligerante. Esta es la única posibilidad de defender sus intereses y los de las fuerzas democráticas-populares de América Latina frente al eje monroeista de Washington-Bogotá.