Jesse Cachón, el Ministro del Interior y Justicia de la República bolivariana, ha convocado a diversos sectores de la sociedad a realizar un amplio y constructivo debate de análisis cuyo resultado final debe ser la articulación de un nuevo Modelo Policial que coincida con los principios y fundamentos del nuevo Estado revolucionario, defensor de los […]
Jesse Cachón, el Ministro del Interior y Justicia de la República bolivariana, ha convocado a diversos sectores de la sociedad a realizar un amplio y constructivo debate de análisis cuyo resultado final debe ser la articulación de un nuevo Modelo Policial que coincida con los principios y fundamentos del nuevo Estado revolucionario, defensor de los derechos sociales, económicos, políticos, humanos, culturales de los ciudadanos que habitan esta nación.
Para los revolucionarios este no es un tema secundario ni ajeno. La estructura policial del Estado es trascendental, vistos los problemas de inseguridad y la protección de los derechos humanos esenciales de las personas más débiles de la sociedad, que son los trabajadores, los campesinos, los desempleados, las mujeres del pueblo, los jóvenes, los ancianos, los niños y los emigrantes, especialmente colombianos.
Opinar sobre este tema parece incomodo, presenta inconvenientes políticos e incluso es mal visto en diversos medios académicos y políticos. Hay una gran reticencia cuando se trata de abordar el análisis de la institución policial.
Sin embargo, hay que replantear dichas actitudes y prevenciones y aceptar que este es un problema que debe asumir francamente la revolución bolivariana como uno de sus más importantes desafíos. Se impone un profundo debate dadas las difíciles condiciones en que trascurre la función policial del Estado a raíz de la manipulación escuálida con el fenómeno de la delincuencia que involucra en muchos casos a integrantes de los cuerpos policiales, en franca descomposición.
El problema de la delincuencia, la desviación de las tareas de control de la inseguridad por muchos malos elementos de los cuerpos judiciales, la inseguridad y la construcción de un nuevo orden popular y democrático no son extraños al ideal bolivariano ni socialista. La revolución bolivariana tiene su propia concepción de la seguridad, el orden y la convivencia que debe hacerse prevalecer en la gestión del gobierno en sus distintos niveles. No podemos permitir que esta problemática sea cínicamente manipulada por los grupos escuálidos para desprestigiar y sabotear el proceso de cambio hacia el Socialismo del siglo XXI.
Cuba es un gran ejemplo del orden y seguridad ciudadana para todos los ciudadanos de un Estado, en el que debemos aprender bastante.
Dado que son escasas las ocasiones que este espinoso tema se pone a la consideración de todos para su análisis con seriedad y detenimiento, la estrategia planteada por el Ministro del Interior es una magnifica oportunidad para que diversos actores de la vida popular expresen sus opiniones y hagan sus propuestas concretas para dar forma, en el menor tiempo posible, a un nuevo Modelo Policial bolivariano que asuma rápidamente toda la problemática de la seguridad ciudadana.
Visto el esquema propuesto para el debate y la participación ciudadana y con el ánimo de hacer más constructivo este proceso, resulta importante, inicialmente, plantearse las siguientes cuestiones:
¿Qué debería entenderse por seguridad popular y bolivariana? ¿Cuáles son sus dimensiones teóricas, filosóficas, políticas y revolucionarias? ¿Cuáles sus fundamentos y principios esenciales? ¿Qué papel cabe a las organizaciones populares y revolucionarias en la conformación de una nueva estructura policial? ¿Son pertinentes los modelos policiales con que operan los estados capitalistas desarrollados y los de las democracias coloniales? ¿A qué se refiere el actual contexto venezolano que debe servir de marco al nuevo modelo policial?
¿Cuál debe ser el contenido del nuevo marco jurídico e institucional que permita a los cuerpos policiales operar como un eficiente servicio público, orientado por los principios de permanencia, eficiencia, extensión, democracia y participación, control de desempeño y evaluación de acuerdo con procesos y estándares definidos en función de las necesidades nacionales, estatales y municipales?
¿Los principios de participación, imparcialidad, transparencia y corresponsabilidad, son suficientes para que la metodología del debate propuesta permita los mejores criterios y elementos de la reforma y el modelo policial que se busca?
¿Podrá satisfacer el ideal bolivariano y del socialismo del siglo XXI, un modelo policial entendido como un servicio público de carácter general, permanente, eficiente, extenso, democrático y participativo, que apunte hacia un control de su desempeño y evaluación conforme a estándares definidos dentro del marco de la constitución de la República y los tratados y principios internacionales sobre la protección de los derechos humanos?
¿En qué términos se entiende el uso de la violencia por parte de las instituciones públicas? ¿Cuáles son las dimensiones del fenómeno de la corrupción policial? ¿Cuál debería ser un adecuado paradigma organizacional y gerencial del nuevo modelo policial? ¿A qué se refiere la eficiencia de la gestión policial? ¿En que marco debe darse la rendición de cuentas de los órganos policiales? ¿Qué se entiende por victimas y que involucra su atención integral? ¿Cómo debe quedar conformada la estructura y las competencias policiales del nuevo modelo?.
Vista más en detalle la ruta para la reforma propuesta a la nación por el Ministro Cachón, surgen otros interrogantes no menos importantes. Me refiero a lo siguiente:
¿En el plano del diagnóstico institucional son suficientes los rastreos policiales, del pensum de las academias de policía y de la auto percepción sobre la función policial? ¿No debería este diagnostico institucional abarcar elementos históricos y comparativos? ¿En el diagnostico nacional sobre seguridad, delincuencia y percepciones sobre el desempeño policial, son adecuados y confiables los mecanismos sugeridos tales como la realización de una encuesta nacional de victimización y la identificación de los temas recurrentes y fundamentales en cuanto al desempeño policial; o como el simple inventario jurídico normativo consistente en una revisión de la legislación vigente en materia de policía, en el ámbito nacional, regional y municipal así como de las jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia y otras instancias judiciales?
¿Cuales son los términos de tiempo y espacio para el trámite de las recomendaciones para la transición y que comprenden un conjunto de sugerencias a los poderes nacionales, con miras a resolver problemas graves e inmediatos relacionados con la efectividad en el servicio policial; el control de la gestión policial; las violaciones a los Derechos Humanos; y la formación policial?.
Los anteriores son un conjunto de preguntas formuladas con el único propósito de enriquecer el debate abierto por el Ministro Jesse Cachón para lograr un nuevo Modelo Policial Bolivariano, que personalmente creo si es posible construir entre todos y todas los venezolanos.
Para finalizar estas primeras consideraciones sobre este interesante proceso solo me queda plantear las siguientes preguntas:
¿Son suficientes los Foros regionales y los Talleres sectoriales como escenarios de participación efectiva de la ciudadanía en este foro sobre la reforma policial? ¿No resulta conveniente generar nuevos espacios del debate y la intervención ciudadana?.
El debate abierto era necesario y oportuno. Necesario porque el nuevo Estado que lidera y gestiona el presidente Chávez requiere de una nueva estructura policial moderna, democrática, popular y revolucionaria. Y oportuno porque la corrupción, la inseguridad y el crecimiento de la delincuencia golpean los objetivos centrales del proceso revolucionario bolivariano.
En próximos artículos abordaremos otros temas de este complejo asunto que nos incumbe a todo. Estoy convencido de que un Nuevo Modelo Policial Bolivariano si es posible y tan importante propósito debemos todos contribuir.