El espectro de una acción armada para derrocar al presidente Nicolás Maduro sobrevuela Venezuela, en la forma de una sublevación militar animada por Washington, de un atentado que siembre el caos, o incluso de un ataque de fuerzas extranjeras. Un artículo en «The New York Times» reveló reuniones de militares disidentes venezolanos con diplomáticos de […]
Washington aceptó escucharlos, pero con desconfianza, y sus analistas no percibieron certeza en los planes de los rebeldes, por lo que descartaron involucrarse o proporcionar ayuda. El alzamiento entonces se frustró, el gobierno detuvo a uniformados bajo sospecha y así redujo a la mitad la hipotética fuerza rebelde de unos 300 oficiales.
Esa es la nuez de un extenso relato que publicó The New York Times el pasado 8 de setiembre y que de nuevo atrajo la atención de la prensa del hemisferio hacia las espadas que penden sobre el presidente Maduro.
El gobierno venezolano tomó la nota del rotativo estadounidense como evidencia de las acciones de Washington en su contra: «A confesión de partes, relevo de pruebas. ¡Cuántas veces no ha denunciado el presidente Nicolás Maduro la acción injerencista, brutal, criminal, de los factores imperiales en contra de Venezuela! Lo dice el New York Times», declaró el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez.
«Denunciamos ante el mundo los planes de intervención y apoyo a conspiraciones militares del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. En los propios medios estadounidenses salen a la luz nuevas y groseras evidencias», dijo por su parte el canciller Jorge Arreaza.
Reuniones de funcionarios estadounidenses con militares conspiradores repiten un guion conocido en la historia de América Latina, y en el caso de Venezuela amplían un panorama de disidencia militar y búsqueda de deponer al presidente mediante acciones armadas, según ha denunciado el propio gobierno.
El alto mando militar procura mineralizar el apoyo al gobierno con llamados y compromisos públicos de lealtad por parte de toda la oficialidad y una clara política de ascensos y promociones -oficiales activos y retirados manejan recursos y empresas del Estado- de los más leales. Para la oposición política los amagos rebeldes detectados por el gobierno y la detención de oficiales muestran el descontento dentro de las fuerzas armadas.
Golpes frustrados
El pasado marzo fueron detenidos nueve oficiales y se les inició juicio por los presuntos delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión. Estarían comprometidos en un golpista Movimiento de Transición a la Dignidad del Pueblo, según versiones recogidas por la prensa local y redes sociales.
Hubo escasa información y publicidad sobre las detenciones, a pesar de un dato relevante: varios de los detenidos comandaban batallones del Ejército con importante poder de fuego. La sublevación que encabezó en febrero de 1992 el ya fallecido Hugo Chávez (1999-2013) la ejecutaron batallones del Ejército dirigidos por cinco teniente-coroneles. Comandantes en ese decisivo nivel de mando de tropas también abortaron el golpe de dos días contra Chávez en abril de 2002. Los actuales dirigentes venezolanos conocen muy bien la importancia de desmontar cualquier disidencia en ese nivel castrense.
Es así como entre los detenidos en marzo figuraron los teniente-coroneles Iver Chaparro, del batallón de tanques en la ciudadela militar de Caracas; Henry Medina, del batallón de apoyo logístico en la frontera suroeste con Colombia; Deivis Marrero y Victoriano Soto, comandantes de batallones clave para el combate en el centro-norte del país.
También en marzo fue detenido y permanece tras las rejas el mayor general (general de tres estrellas) retirado Miguel Rodríguez Torres, acusado de complotar contra el gobierno. Fue jefe de la policía política (Sebin) con Chávez, ministro del Interior en el primer año de Maduro (2013), y tras su retiro dirigía una pequeña formación política opositora, llamada Movimiento Desafío de Todos.
El pasado 20 de mayo se efectuaron elecciones presidenciales para el sexenio 2019-2025, adelantadas con respecto a la tradición de que se efectuasen en diciembre. Fueron boicoteadas por la mayoría de los partidos de oposición, cuyo registro oficial ha sido cancelado. Hubo una abstención récord, de más del 50 por ciento, en los comicios presidenciales. Alrededor de esa fecha, y con la expectativa del rechazo implícito en la elevada abstención, conversaciones de pasillo en algunas formaciones políticas sostuvieron que se produciría un alzamiento militar, el cual nunca sucedió. Sin embargo, la oportunidad calza con las fechas señaladas en el artículo de The New York Times que da cuenta de tres rondas de reuniones o entrevistas de algún jefe militar o sus representantes con diplomáticos estadounidenses en Europa, en los meses finales de 2017 y primeros de 2018.
La agencia de información financiera Bloomberg produjo una nota con base en informantes bajo condición de anonimato según la cual en mayo fueron «detenidos secretamente» varias decenas de oficiales acusados de preparar un golpe ese mes.
El reporte del Times neoyorquino también se basa en un general que habló con la condición de mantenerse en el anonimato. Formaría parte del círculo de poder cívico-militar en Caracas y, por añadidura, se encuentra en la lista de unos 70 funcionarios y empresarios venezolanos que han sido sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Atentado con dron
El 4 de agosto, frente a una parada militar en el centro de Caracas presidida por Maduro, estalló un artefacto identificado como uno de los dos drones con explosivos lanzados desde las cercanías por algunos civiles, ejecutores materiales de un complot criminal, según investigaciones del gobierno y de la Fiscalía General. Dos parlamentarios opositores fueron implicados: el joven diputado Juan Requesens, quien según sus familiares y copartidarios habría sido detenido y luego torturado, y Julio Borges, ex presidente de la Asamblea Nacional (el parlamento venezolano que el gobierno no reconoce), autoexiliado en Bogotá. Ambos pertenecen al partido centrista Primero Justicia.
En cuestión de horas Maduro acusó al entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos de facilitar la organización del crimen, y a exiliados venezolanos cobijados por Washington y Bogotá de aportar finanzas y materiales para el atentado, que dejó a varios cadetes heridos y mostró en unos segundos de televisión una estampida de guardias nacionales y civiles huyendo ante la explosión del dron en el aire.
Inmediatamente no se responsabilizó a militares como organizadores o cómplices del atentado, pero en los días siguientes se detuvo a los generales de la Guardia Nacional (fuerza militar con funciones de policía) Alejandro Pérez Gámez, jefe de los servicios de mantenimiento del orden interno, y Héctor Hernández, jefe del comando antidrogas, así como al coronel Pedro Zambrano, este último por segunda vez este año. Todos fueron pasados a tribunales militares sin que se conozcan detalles sobre los cargos en su contra.
Descontento y lealtad
En las fuerzas armadas «se expresa el mismo descontento que hay en las familias venezolanas», ha sostenido el mayor general retirado Clíver Alcalá, cercano compañero de Chávez, apartado del poder bajo la administración de Maduro. «La institución está tan deteriorada que no tiene capacidad operativa para emprender ninguna misión. Hay casi 2 mil generales, más generales que coroneles. La pirámide está invertida. Y todo el mundo desconfía de todo el mundo», según Alcalá.
El descontento militar por los bajos sueldos o la mengua de sus funciones y privilegios fue alimento para sublevaciones a lo largo del siglo XX latinoamericano. En Venezuela, que vive la mayor hiperinflación conocida en el hemisferio, se produce desde el pasado 20 de agosto un sacudón económico con resultados todavía muy inciertos: devaluación de 96 por ciento de la moneda, fuertes alzas de precios, escasez de productos y servicios esenciales, más impuestos, multiplicación por 35 del salario mínimo y aplanamiento salarial: se acorta la diferencia entre lo que ganará un maestro de escuela y un rector universitario, el director de un hospital y un enfermero, un teniente y un general…
El general en jefe Vladimir Padrino, ministro de Defensa y cabeza de los militares que dirigen las principales empresas del Estado, ha requerido de todos sus subordinados lealtad y confianza en el nuevo programa económico de Maduro. Ya hace meses, los miles de oficiales firmaron un compromiso público reiterando su lealtad al presidente y comandante en jefe de las fuerzas armadas. La lealtad es una consigna que se repite en todas las actividades castrenses y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela.
Otro componente en este juego de poder son los mecanismos de control derivados de una zonificación en regiones militares, acompañada de una integración de esfuerzos en una sola fuerza armada con cinco componentes: Ejército, Marina, Aviación, Guardia Nacional y Milicia, esta última integrada principalmente por personas de más de 40 años. Detractores del gobierno sostienen que en todo el cuerpo castrense actúan agentes de inteligencia cubanos que trabajan para información y asesoría del «alto mando político-militar de la revolución», una instancia a veces referida por el presidente Maduro.
Una radio, por favor
El New York Times refirió que los militares rebeldes no solicitaron armas o combatientes a Washington, sino «equipos de radio encriptados, pues necesitaban comunicarse de manera segura». La negativa estadounidense desmoronó el complot, según el rotativo. El dato ilustra el grado de control y el riesgo de delaciones ante una eventual acción subversiva, pero es desestimado por expertos como Rocío San Miguel, presidenta de la crítica organización no gubernamental Control Ciudadano, para quien «creer que un golpe de Estado en Venezuela depende de la entrega de radios cifradas por parte de Estados Unidos es un chiste, por decir lo menos».
El «detalle» nutrió también la posición editorial de The New York Times tras la amplia difusión de su informe acerca de las reuniones golpistas: Estados Unidos «no debería estar en el negocio del golpe», escribió el rotativo: «Es un alivio saber que la administración de Trump decidió no ayudar a los líderes rebeldes en Venezuela (…) pero es preocupante pensar que el presidente Trump y sus asesores hicieron el llamado correcto por la razón equivocada: falta de confianza en los conspiradores para tener éxito en una operación arriesgada, en lugar de una preocupación de principios sobre la intervención».
Sube el tono
Diosdado Cabello, capitán retirado, considerado por medios de prensa como «número 2» en la estructura de poder en Venezuela y referente del «ala militar del chavismo», fue repentinamente esta semana blanco de ataques por parte de Nikki Haley, embajadora de Estados Unidos en la Onu. Haley acusó a Cabello de «ladrón» y «narcotraficante», y afirmó que «Cabello estuvo involucrado directamente en el tráfico de drogas, con envíos de estupefacientes de Venezuela a República Dominicana y de ahí a Europa. Utilizó sus contactos en el gobierno para informarse de otros narcos, robar sus drogas y eliminar la competencia».
El senador republicano Marco Rubio, considerado un influyente consejero de Trump en asuntos de Cuba y Venezuela, ha pedido acciones armadas para derrocar a Maduro, y ha replanteado la posibilidad de una intervención estadounidense. Ya en febrero afirmaba que «el mundo apoyará a los militares de Venezuela si deciden restaurar la democracia»; en julio expuso que «siempre he apostado a una salida pacífica y no militar para Venezuela, pero las circunstancias han cambiado. Les dije a mis colegas que Trump no avisará si decide actuar contra Nicolás Maduro», y más recientemente aseveró que «el régimen de Maduro se ha convertido en una amenaza a la seguridad de la región e incluso de Estados Unidos». La «amenaza a la seguridad estadounidense» ha sido una especie de mantra para justificar intervenciones en contra de gobiernos caídos en desgracia a ojos de Washington.
Durante décadas, la posibilidad de un conflicto armado entre Colombia y Venezuela fue una hipótesis de estudio en academias militares de ambos países. Por ello destaca que esta semana Iván Duque, el nuevo presidente colombiano, acérrimo crítico de Maduro y quien en noviembre recibirá la visita de Trump, dijese que aunque Venezuela es «una dictadura deleznable», en su criterio «Estados Unidos es el primero en entender que una intervención militar de carácter unilateral no es el camino» para encarar el tema venezolano.
Entretanto, el buque-hospital Comfort, de la Armada estadounidense, con un personal de salud de hasta mil efectivos, navega rumbo a las costas colombianas para, según se informó oficialmente, auxiliar en la atención a los migrantes venezolanos en Colombia…