Cuando me propusieron escribir esta columna acerca de cómo entendía que podrían ser las relaciones entre el gobierno y los banqueros de este país durante la próxima legislatura, lo primero que hice fue plantearme qué pensaría yo de ser Emilio Botín o Francisco González después de la victoria electoral del PSOE. La respuesta que me […]
Cuando me propusieron escribir esta columna acerca de cómo entendía que podrían ser las relaciones entre el gobierno y los banqueros de este país durante la próxima legislatura, lo primero que hice fue plantearme qué pensaría yo de ser Emilio Botín o Francisco González después de la victoria electoral del PSOE.
La respuesta que me vino a la mente después de pensarlo un poco llegó, a su vez, en forma de preguntas: ¿y qué más me daba a mí, como hipotético banquero, quién hubiera ganado las elecciones? ¿Qué diferencias había entre los programas de uno y otro partido con aspiraciones reales a la victoria que pudieran afectar a mi negocio?
Al margen de afinidades personales e ideológicas y lazos de vieja cuna que tradicionalmente unen a derecha y banca, nada hay en el programa económico del PSOE que pudiera haber hecho incomodarse a los principales nombres de nuestro sistema bancario tras la victoria electoral de aquél. De hecho, ninguno de los grandes banqueros del país se manifestaron a favor de uno u otro partido de forma previa a las elecciones y ninguno mostró su contrariedad tras conocerse el resultado. Al contrario, alguno de ellos incluso alabó la capacidad del ministro Solbes para gestionar la crisis en la que acabamos de entrar y cuya gravedad ese mismo ministro ha ido tratando de minimizar continuamente.
La razón es más que evidente: el sistema bancario de este país se encuentra prácticamente a salvo de cualquier tipo de intervención gubernamental porque su negocio no es ni controlado ni supervisado por el gobierno sino que dicha tarea corresponde al Banco de España. Y, en este sentido, no debe olvidarse que esta institución es, desde 1994, una entidad independiente que no atiende a directrices del gobierno para el desarrollo de su actividad sino que regula y supervisa el conjunto del sistema financiero en función de sus propios criterios y normas. Es frente la misma, por lo tanto, ante quienes los banqueros demandan medidas de desregulación, solicitan un mayor grado de autocontrol o, en última instancia, tienen que justificar sus actuaciones.
Bien es cierto que cualquier gobierno en cualquier momento podría revertir las reglas del juego y, aún manteniendo la independencia del Banco de España, vaciar a éste de contenidos y proceder a intervenir sobre el sistema financiero para que éste dejara de ser ese «agujero negro» del capitalismo en el que se ha convertido y se pusiera al servicio de las necesidades de los ciudadanos.
Pero, sinceramente, no creo que Botín o González estén removiéndose en sus asientos pensando que el gobierno de Zapatero será quien acometa ese cambio. De hecho, yo, de ser ellos, no lo estaría haciendo porque, probablemente, mis relaciones con su gobierno en poco o en nada diferirían de las que tendría con el gobierno del Partido Popular. Bueno, sí, tal vez en el talante; pero eso, como todo el mundo sabe, no es motivo para que aquéllos ganen menos dinero.
Alberto Montero ([email protected]) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga. Puedes leer otros escritos suyos en su blog La Otra Economía.