El debate territorial que está teniendo lugar en España a raíz de la aprobación por varias comunidades autónomas de sus Estatutos está inhibiendo otro debate que debiera ocurrir en nuestro país sobre la creciente polarización social que apenas está teniendo visibilidad mediática y política. Durante estos últimos años estamos experimentando un gran crecimiento de las […]
El debate territorial que está teniendo lugar en España a raíz de la aprobación por varias comunidades autónomas de sus Estatutos está inhibiendo otro debate que debiera ocurrir en nuestro país sobre la creciente polarización social que apenas está teniendo visibilidad mediática y política. Durante estos últimos años estamos experimentando un gran crecimiento de las rentas del capital y un estancamiento (cuando no declive) de las rentas del trabajo.
Según un reciente estudio realizado por el catedrático de Economía Juan Torres, el beneficio neto de las compañías no financieras españolas aumentó en el año 2005 nada menos que el 26,2%, y el de los grandes que cotizan en Bolsa y que se incluyen en el Ibex 35 fue de un enorme 44%. Dentro de ellas, las empresas energéticas Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico fueron las que ampliaron más sus beneficios durante aquel año. Otro grupo empresarial que alcanzó también beneficios exorbitantes fue la banca. Según la Asociación Española de la Banca, los beneficios de la banca alcanzaron un crecimiento promedio del 58,82% respecto al año 2004, beneficios que fueron semejantes a los obtenidos por las cinco empresas de construcción más importantes en el país. La lista de empresas con beneficios exorbitantes es enorme. Antena 3 incrementó sus beneficios el 100%; Iberia, el 96%; el Grupo Santander, el 72,5%; Telefónica, el 40%; el BBVA, el 30%; Repsol, el 29,2%, y así un largo etcétera. Como consecuencia, las rentas del capital se están incrementando con millones y millones de euros. Sólo las compañías energéticas citadas anteriormente ingresaron 5.582 millones de euros más en el año 2005 que en el año 2004; las constructoras, 2.183 millones de euros más que en el año anterior; las empresas del Ibex 35, 37.500 millones de más, y la lista podría continuar más y más.
Este crecimiento de los beneficios empresariales es una de las causas de que el número de personas que ganan más de un millón de euros al año haya crecido en España, que es hoy uno de los 10 países del mundo con más millonarios. Lo mismo ocurre en cuanto a multimillonarios, es decir, personas que ganan al año más de 24 millones de euros. Según el Informe sobre la riqueza mundial, preparado por el Banco de Inversiones Merrill Lynch y la consultora Cap Gemini, hay en España 1.500 españoles que ganan más de 24 millones de euros al año, aun cuando, según la Agencia Tributaria Española, sólo 65 ciudadanos declaran tal nivel de renta. Según la mencionada Agencia Tributaria, el fraude fiscal alcanza el 10% del PIB y se concentra en los grupos más pudientes de la población. La expresión popular de que «los ricos no pagan impuestos» se corresponde a la realidad. Además de este fraude, hay gran cantidad de desgravaciones fiscales que benefician primordialmente a las rentas superiores y que equivalen a subsidios públicos puesto que las personas que no gozan de tales privilegios fiscales ven aumentar sus impuestos para cubrir el vacío fiscal creado por aquellas desgravaciones.
Este espectacular crecimiento de las rentas del capital y de las rentas superiores contrasta con el escaso crecimiento de las rentas del trabajo. El salario promedio en el año 2005 tenía la misma capacidad adquisitiva que en 1997 y había crecido sólo el 0,4% en 10 años. España es también uno de los países de la Europa de los Quince con mayor índice de pobreza (el 18% de la población). Uno de los factores que han contribuido a esta polarización en la distribución de la renta en España han sido las reformas fiscales realizadas en los años noventa por el Gobierno conservador del PP con el apoyo de las derechas catalanas, CiU, reformas que beneficiaron enormemente a las rentas superiores del país. Según un trabajo del catedrático de Análisis Económico Zenón Jiménez Ridruejo (escrito con el profesor Julio López Díaz), como consecuencia de tales reformas se produjo un notable crecimiento de las rentas de la decila superior de contribuyentes, pasando éstas de tener el 30,59% de la renta en 1996 al 34,52% en 2002, mientras que las seis decilas inferiores (es decir, el 60% de los contribuyentes) vieron un marcado descenso de sus rentas. La última decila de contribuyentes (es decir, los más pobres) pasaron de tener el 1,58% de la renta en el año 1996 al 0,57% en el año 2002. Puesto que Cataluña tenía un porcentaje mayor de personas que el resto de España en la decila superior, la derecha catalana, que apoyó tal reforma fiscal, la presentó como beneficiosa para Cataluña, ignorando sin embargo que para el 60% de contribuyentes catalanes (pertenecientes a las clases medias y populares) tales reformas significaron una disminución de su renta.
Esta situación preocupante explica la creciente protesta social a principios de esta década, que se tradujo en una demanda -explícita en el programa electoral del Gobierno socialista- de corregir aquella reforma fiscal gravando las rentas del capital con la misma intensidad que las rentas del trabajo, promesa que no ha sido respetada en la reforma fiscal propuesta por el equipo económico del Gobierno socialista y aprobada por las Cortes con el apoyo de la derecha catalana, CiU, que de nuevo favorece a las rentas de capital. Sería de desear que en política fiscal el Gobierno español cambiara de aliados, reafirmando su compromiso electoral de converger con el gasto público social por habitante de los países de la Europa de los Quince. Este déficit social en escuelas, en formación profesional, en seguridad laboral (que permitiría una mayor flexibilidad) y en programas de cohesión social es lo que explica la escasa eficiencia y competitividad española. La experiencia de países de clara tradición socialdemócrata como Suecia muestra que la eficiencia económica de un país no depende sólo de la inversión en investigación y desarrollo, sino también de la seguridad, calidad de vida y cohesión social del país.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra.
Su página web: www.vnavarro.org