La inconformidad social crece en España. A las movilizaciones realizadas el pasado miércoles en Madrid por mineros del norte del país y su entorno social de apoyo, en desacuerdo por los recortes ordenados en esa industria por el gobierno español, se han sumado, durante tres jornadas consecutivas, protestas realizadas por empleados públicos y por ciudadanos […]
La inconformidad social crece en España. A las movilizaciones realizadas el pasado miércoles en Madrid por mineros del norte del país y su entorno social de apoyo, en desacuerdo por los recortes ordenados en esa industria por el gobierno español, se han sumado, durante tres jornadas consecutivas, protestas realizadas por empleados públicos y por ciudadanos en general en contra de las alzas impositivas y los recortes presupuestarios avalados por el régimen del Partido Popular. Ayer, en Granada, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, tuvo que anticipar la cancelación de un congreso local del PP ante los amagos de nuevas expresiones de inconformidad en contra de ese partido.
El denominador común de estas movilizaciones es el repudio social a las desastrosas políticas de ajuste
llevadas a cabo por el gobierno de Mariano Rajoy, cuya aplicación se ha traducido, sobre todo en las semanas recientes, en liquidación de derechos sociales y laborales; en ensañamiento fiscal contra los pobres y las clases medias; en una ofensiva gubernamental contra las actividades productivas -es decir, contra el factor que genera riqueza en una economía-, y en el encumbramiento de los intereses de un puñado de grandes accionistas y especuladores.
Dicho rumbo, que se desprende de la aplicación del dogma neoliberal que ha causado graves daños en países latinoamericanos como el nuestro, tiene actualmente en España unos de sus focos de tensión social más acabados, particularmente por el grado de insensibilidad que ha mostrado el grupo gobernante de la nación europea: desde el anuncio del mandatario de que habrá ajustes cada viernes
, hasta el que se jodan
expresado por la legisladora del PP Andrea Fabra ante la aprobación de recortes en los subsidios al desempleo, Rajoy y los suyos han dado muestras sobradas de su disposición a gobernar para los mercados, no para los ciudadanos, y han privado a la sociedad española de un horizonte inmediato distinto al deterioro de sus derechos y su calidad de vida, así como de cauces institucionales para encaminar su descontento generalizado.
En México, por desgracia, la situación no es muy distinta a la que se vive en el país ibérico: las movilizaciones de protesta protagonizadas por un sector amplio de la población en repudio a la candidatura de Enrique Peña Nieto, en conjunto con expresiones organizativas de la sociedad civil, como la que se llevó a cabo en San Salvador Atenco contra la imposición
del priísta, no sólo son muestras de inconformidad social hacia lo que se percibe como un intento de subvertir la voluntad ciudadana e imponer, desde el poder mediático y empresarial, a un aspirante presidencial; son, también, manifestaciones de rechazo a un ejercicio del poder oligárquico, autoritario y volcado al saqueo de los bienes nacionales que ha dominado el país desde hace casi tres décadas, y cuya continuidad ha sido delineada por el propio político mexiquense, con la enumeración de las reformas estructurales
que piensa enviar al Congreso de la Unión en caso de que se concrete su arribo a Los Pinos.
En suma, los desastrosos saldos sociales que arroja el modelo neoliberal donde quiera que es aplicado son componente ineludible del descontento que recorre países como el nuestro y como España; una causa principal del crecimiento de la pobreza y del ahondamiento de la desigualdad, un elemento que incide directamente en la proliferación de expresiones delictivas y de violencia descontrolada y un factor que impulsa el reclamo de la ciudadanía por hacer valer el precepto de que las autoridades deben representar el mandato de la voluntad general, no los intereses de unos cuantos.
Fuente original: http://www.jornada.unam.mx/2012/07/15/opinion/002a1edi