La ejecución, el 18 de abril, del director y del subdirector de una cárcel en la frontera de Venezuela con Colombia, se perfila como un nuevo ataque de los paramilitares colombianos. De ser cierto, marcaría un incremento en la descarada intervención de la ultraderecha colombiana en la política interna venezolana, sumándose este crimen a los […]
La ejecución, el 18 de abril, del director y del subdirector de una cárcel en la frontera de Venezuela con Colombia, se perfila como un nuevo ataque de los paramilitares colombianos.
De ser cierto, marcaría un incremento en la descarada intervención de la ultraderecha colombiana en la política interna venezolana, sumándose este crimen a los ya numerosos intentos de desestabilización contra la revolución bolivariana.
El miércoles 18 de abril, en una camioneta abandonada en un camino rural, cerca de San Cristóbal (la quinta ciudad en importancia de Venezuela), en el Estado (el equivalente a las autonomías) Táchira, fronterizo con Colombia, aparecían, con varios tiros en la nuca, los cuerpos de Eleazar Rivero y de Raúl Cuevas, director y subdirector respectivamente, del Centro Penitenciario de Occidente. Un típico asesinato de sicarios.
Pese al elevadísimo nivel de violencia de las cárceles venezolanas, en los que los frecuentes enfrentamientos entre bandas dejan un reguero de heridos, el cuerpo de funcionarios de prisiones no había sufrido tal ataque frontal desde hacia 25 años.
El hecho de que el penal, también conocido como Cárcel de Santa Ana, sea considerado uno de los penales más tranquilos del país, hace poco creíble la tesis del ajuste de cuentas entre bandas. Pese al sigilo de la investigación policial, los datos señalan directamente a los grupos paramilitares colombianos, tal como lo reflejaba el diario venezolano El Universal el 21 de abril.
El Estado Táchira está totalmente infiltrado por los grupos paramilitares y del narcotráfico colombiano, según llevan meses denunciando numerosas organizaciones campesinas y populares venezolanas, que sufren sus ataques. En el Centro Penitenciario de Occidente, del que eran directivos los dos asesinados, hace justo un año, el 19 de abril de 2006, eran asesinados 10 paramilitares en un confuso accidente, de nuevo según informa la prensa.
Y es que son numerosos los presos de estos grupos, encarcelados por secuestros, asesinatos por encargo, cobro de protección y tráfico de drogas, en dicha cárcel. La decisión del los directivos de la cárcel de combatir, con traslados de sus jefes, el poder de los paramilitares en el penal, podría ser uno de los detonantes de su ejecución. Por lo pronto, la respuesta gubernamental ha sido la militarización del penal.
Estos asesinatos suponen un salto cualitativo muy importante de los «paras» en la desestabilización del proceso revolucionario, al enfrentarse directamente y frontalmente con el Estado venezolano. En el actual y nada tranquilo contexto político, el hecho puede tener una gran trascendencia al incrementar la sensación de desorden e inseguridad, atizada por una prensa amarillista. A lo que ayudan los estallidos de pequeñas bombas caseras, como la explosión, el 17 de abril, de un explosivo que dejo dos heridos en la sede de la Asamblea Legislativa del Estado Miranda.
Las cárceles son uno de los puntos débiles por los que el gobierno chavista recibe constantes críticas internacionales y denuncias por parte de la oposición de ser incapaz de resolver los problemas de fondo del país.
Y justo cuando quedan días para iniciarse una espectacular reforma penitenciaria, preparada durante dos años, para humanizar y reconstruir casi de raíz las cárceles venezolanas, los asesinatos del director y subdirector parecen atacar a la línea de flotación de este cambio. Es vox populi que el mundo penitenciario venezolano, como el del resto de América Latina, es un inestable polvorín.
Todo ello en medio de una tremenda campaña de la oposición, tanto mediática (gran parte de los medios es furibundamente antichavista) como bajo la forma de partidos políticos, contra el presidente Chávez, en torno a la denuncia de falta de respeto a los derechos humanos y de falta de libertades. Campaña con un cercano cenit: el 27 de mayo, cuando termina la licencia para emitir en abierto de RCTV, una de las cadenas de televisión más furibundamente progolpista. Canal televisivo al que el gobierno anunció su no renovación de la concesión para emitir en el espectro radioeléctrico (seguirá emitiendo por cable y satélite, pero sin tantos ingresos publicitarios) por no cumplir con la ley y que se presenta como víctima de un ataque contra la libertad de expresión.
Mientras en Colombia, la necesidad de desviar la atención de sus escándalos internos, precisamente por sus lazos con los paramilitares, la parapolítica, puede empujar al presidente Uribe a medidas desesperadas.
Sirva de conclusión, este extracto de un artículo de la prensa española, en su edición digital, del 20 de abril 2007:
«El presidente Uribe ha manifestado que no podía ocultar su preocupación por «el propósito político de dañar al crédito del Gobierno colombiano para bloquear la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos y la ayuda a Colombia».»
Y casualmente, el nuevo embajador norteamericano en Colombia, Brownfield, tenía como anterior destino a: ¡Venezuela¡. Tremendas coincidencias.