La ola de júbilo y satisfacción que trae la adjudicación de algún mega-evento deportivo (olimpiadas y mundiales) tanto a la población como a las autoridades de una ciudad deja poco espacio para el análisis crítico de las consecuencias perversas que estos acontecimientos pueden traer a la vida de un urbe. Efectivamente, la realización de alguna […]
La ola de júbilo y satisfacción que trae la adjudicación de algún mega-evento deportivo (olimpiadas y mundiales) tanto a la población como a las autoridades de una ciudad deja poco espacio para el análisis crítico de las consecuencias perversas que estos acontecimientos pueden traer a la vida de un urbe. Efectivamente, la realización de alguna de estas actividades se asocia sólo a beneficios, los que se multiplicarían en el caso de coincidencia, con una diferencia relativamente pequeña de tiempo, de los dos eventos más importantes: las olimpiadas y el mundial de fútbol. Tal es el caso de Brasil y en particular de Rio de Janeiro.
Es innegable el lado positivo que estas cumbres deportivas traen para el bien común de una ciudad. Sea por la inversión en infraestructura, la visibilidad turística, la atracción de capitales o el gasto público que concentran. Ahora bien, ¿en qué medida lo que se presenta como un beneficio de todos esconde la articulación de intereses y concepciones de ciudades de limitado alcance público?
Hace algunas semanas atrás, se publicó un interesante reportaje en el semanario brasileño Caros Amigos, titulado «Copa y Olimpiadas: lo que realmente está en juego» ( link ). En ese texto se denunciaba el «lado b» de la realización de estos mega-eventos: obras que se aprueban sin licitación, enormes cantidades de recursos públicos traspasados de manera poco transparente a unos pocos grupos económicos (en su mayoría los que participaron del financiamiento del lobby para la adjudicación de los eventos), aprobación de leyes que permiten el sobreendeudamiento presupuestario de ciudades y municipios – para viabilizar los dos puntos anteriores – , comprometiéndose a largo plazo el estado financiero del sector público.
Lo que permite que los fenómenos anteriores ocurran es la flexibilización de las normas y legislaciones que rigen el funcionamiento de una ciudad. Los planos reguladores de las ciudades sedes se transforman en letra muerta o en una referencia que queda entre paréntesis frente a la facticidad arrolladora que estos acontecimientos abren para la realización de obras e inversiones. Este cuadro no sería el mismo si no contara con una aguda ausencia de debate público sobre los proyectos y negociaciones envueltos, los que en buena parte se deciden a espaldas de la ciudadanía.
Lo que podría ser la oportunidad para repensar una ciudad contando con la participación democrática de todos los actores que le dan vida termina convirtiéndose, más bien, en el escenario favorable para que una serie de intereses particulares impongan su visión de ciudad, la que está moldeada por la ganancia (también privada) que estos eventos pueden ofrecer. Esto bien se demuestra con el actual comportamiento del mercado inmobiliario, el que ha entrado en una fase de especulación galopante, inflando los precios y llevando a que el arriendo del metro cuadrado para oficinas en Rio de Janeiro sea más caro que en Nueva York (link).
Inseparable de lo anterior es la amenaza de desalojo que se ha ceñido sobre un gran número de familias pobres en las diferentes ciudades sedes, notablemente en Rio de Janeiro. Tal como lo ha denunciado la relatora especial de la ONU para el derecho a la vivienda adecuada, Raquel Rolnik ( link ), escudándose en la realización de la Copa y de las Olimpiadas, las autoridades esperan aplicar una serie de remociones y reasentamientos forzados de comunidades pobres, violando uno de los derechos más básicos del ser humano, con el agravante de la falta de información para las familias afectadas, su exclusión de las definiciones (y, por ende, de la discusión de posibles alternativas) y con el pago de compensaciones consideradas insuficientes por los moradores.
Brasil no necesita ir muy atrás en el tiempo para estar alerta respecto de lo que puede ocurrir, la reciente realización del Mundial en Sudáfrica puede ser un buen parámetro. La FIFA y las grandes empresas facturaron millonarias sumas de dineros, en cambio el Estado sudafricano llegó a niveles de endeudamiento escandalosos. La fórmula es simple: ganancias privadas y deudas públicas. Es más, Brasil no necesita ir muy lejos pues tiene su propio ejemplo con la realización de los Juegos Panamericanos (2007), cuyo presupuesto inicial era de 400 millones de Reales que terminaron convirtiéndose en 4 billones de gasto público, la multiplicación de denuncias por corrupción y por lucros desmedidos explican buena parte de este desfase.
Para Carlos Vainer ( link ), urbanista del IPPUR de la UFRJ, l os mega-eventos tal cual son implementados hoy están asociados a la particular forma en que se organiza el sistema urbano, el que transforma a las ciudades en ciudades-empresas que están en una permanente búsqueda por capitales y en que las reglas de organización del espacio urbanos se subordinan a la lógica del mercado. En este escenario ocurre lo que este investigador denomina como «democracia directa del capital», en la que las decisiones se toman sin intermediación entre el capital privado y el poder público. De esta manera, según sus palabras:
«El mega-evento es la realización más pura y absoluta de eso, basta ir atrás de todas las leyes específicas: la FIFA no paga impuestos, los hoteles para la Copa y Olimpiadas no van a pagar IPTU [Impuesto Territorial], todas las reglas del derecho de construir, del uso del suelo, incluso en términos fiscales, todas las reglas se suspenden. El presidente Lula incluso fue a la presentación de la candidatura de Rio y dijo que se comprometía a cubrir cualquier perjuicio, o sea, dio un cheque en blanco para las instituciones privadas. Nadie eligió al Comité Olímpico Brasileño, es una institución privada, y ella manda sobre la ciudad».
Hace algunos años atrás Naomi Klein publicó un libro titulado La Doctrina del Shock, en él describía lo que entendía como el «capitalismo del desastre», es decir, un sistema que para imponer sus medidas impopulares necesitaba de la existencia de un trauma social que inmovilizase a la sociedad civil (como un Golpe de Estado). El capitalismo de los mega-eventos deportivos tiene en común con esta doctrina la necesidad de excepcionalidad para imponerse. Sin embargo, existe una gran diferencia. Por más excepcional que sea la situación, los instrumentos democráticos con los que los ciudadanos cuentan no están anulados. Por el contrario, poseen un amplio margen para reaccionar y para ejercer la crítica y así lo están haciendo una serie de organizaciones populares.
Bien se podría decir, para resumir esta discusión, que el problema no es que los mega-eventos deportivos sean un gran negocio, sino que potencialmente pueden ser grandes negocios corruptos, no obstante el tema es un poco más complejo. Lo que está en juego es la capacidad de una de las democracias más elogiadas de la región para lidiar con estos acontecimientos de manera tal que la propia democracia salga fortalecida y no viciada o subordinada y de que el derecho a la ciudad se consolide y no sea secuestrado por intereses privados. En este marco, la crítica es el primer paso en esa dirección.
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