Crece la demanda al FMI para que no imponga austeridad como respuesta a la crisis de la covid-19 y, en cambio, aborde opciones existentes con menos impacto social.
NUEVA YORK/SUSSEX, Reino Unido, 16 oct 2020 (IPS) – Los ministros de finanzas y los gobernadores de los bancos centrales del mundo se dan cita virtualmente desde el 12 de octubre en las Reuniones Anuales 2020 del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y deciden el destino del mundo.
La reunión de este año, que culminó el domingo 18, es particularmente importante, dado que el mundo se enfrenta a una crisis sin precedentes. Los gobiernos están teniendo serias dificultades para financiar la emergencia de salud y el apoyo socioeconómico urgente para hacer frente a la pandemia de covid-19.
Si bien estos gastos a corto plazo son siendo necesarios, los países necesitan más que unidades de cuidados intensivos, respiradores, tests y apoyo de emergencia. Los gobiernos deben seguir invirtiendo en el largo plazo en salud pública, protección social universal, actividades generadoras de empleo y otros objetivos de desarrollo sostenible.
El déficit de financiación sigue siendo enorme. Sin embargo, la capacidad presupuestaria o el espacio fiscal es más limitado que antes de la covid, ya que el gasto de emergencia durante la pandémica ha dejado a los gobiernos con niveles más altos de deuda y déficit fiscal.
Muchos países recibieron apoyo de los Instrumentos de Financiamiento Rápido del FMI y otros arreglos crediticios, u obtuvieron préstamos adicionales para hacer frente a la emergencia de covid, lo que los dejó más endeudados.
Pero ahora el FMI y los líderes financieros mundiales están hablando de una consolidación fiscal o recortes de austeridad «necesarios» después de la pandemia.
Los recortes de austeridad reducen la actividad económica y empeoran las condiciones de vida. La pandemia ha revelado el débil estado de los sistemas de salud pública, generalmente sobrecargados, con fondos insuficientes y falta de personal debido a las políticas de austeridad y las privatizaciones anteriores.
Durante la última década, la mayoría de países ha implementado políticas de austeridad, resultando en impactos sociales negativos.
La gente ha sufrido reformas de seguridad social inadecuadas que redujeron los beneficios que tanto costaron ganar; recortes salariales y despidos de profesores, personal sanitario y otros funcionarios públicos; reducciones a las subvenciones; reformas de flexibilización laboral que empeoraron las condiciones laborales; privatización de servicios públicos; y la focalización y reducción de las prestaciones de protección social, cuando el mundo debería estar haciendo lo contrario, extender pisos de protección social.
Más de 500 organizaciones y académicos de todo el mundo han firmado una declaración solicitando al FMI que ponga fin a la austeridad.
«El FMI ya ha comenzado a comprometer a varios países en nuevos programas de préstamos a largo plazo condicionados por políticas de austeridad», dice la declaración.
“Y una cantidad significativa de los paquetes de financiamiento de emergencia covid del FMI contienen lenguaje que promueve la consolidación fiscal en la fase de recuperación… En lugar de recortes de austeridad, es fundamental crear un espacio fiscal y dar a los gobiernos el tiempo, la flexibilidad y el apoyo para lograr una recuperación sostenible, inclusiva y justa», añade.
La población de muchos países está sufriendo innecesariamente. Sufrieron reformas y recortes de austeridad antes de la covid; se han visto gravemente afectados durante la pandemia; y, si los ministros de finanzas acuerdan recortes de austeridad, sufrirán en el futuro las fuertes reducciones del gasto público.
En las décadas de 1980 y 1990, el ajuste estructural y la austeridad se convirtieron en condiciones para América Latina y África Subsahariana. ¿El resultado? Entre 1980 y 2000, América Latina había sufrido dos décadas de estancamiento económico. En África subsahariana, el ingreso por persona cayó un 15 por ciento.
Tanto la pobreza como la desigualdad han aumentado durante la pandemia. Los países ahora deben evitar los recortes de austeridad a toda costa y, en cambio, impulsar el gasto social. Un regreso a la “normalidad” (precovid) no es la solución, a muchos les negó una vida digna.
Es necesario incrementar el gasto público y generar empleo. Esto es factible. Hay alternativas.
Hay al menos ocho opciones que los gobiernos pueden considerar para aumentar los presupuestos públicos, en lugar de austeridad.
En primer lugar, aumentar los ingresos fiscales, en particular, dados los crecientes niveles de desigualdad, incrementar la tributación progresiva sobre la renta y la riqueza, la tributación corporativa, incluidos los impuestos al sector financiero, que en gran medida permanece sin tributar.
En segundo lugar, aumentar la cobertura y los ingresos de la seguridad social llevando a los trabajadores de la economía informal al sector formal, pagando así las cotizaciones a la seguridad social y, sobre todo, no recortando las cotizaciones de los empleadores a la seguridad social como a veces se sugiere, ya que esto haría que la seguridad social fuera insostenible.
En tercer lugar, combatir los flujos financieros ilícitos. Se pierden importantes fondos públicos a causa de actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. La reducción de estos flujos dará como resultado un aumento significativo de los fondos públicos disponibles.
Cuarto, si los gobiernos necesitan considerar la reasignación del gasto público, los recortes de austeridad en los sectores sociales deben evitarse a toda costa. En cambio, debe centrarse en reemplazar altos costos con bajo impacto social, como el gasto en defensa. Por ejemplo, Tailandia ha recortado con éxito el gasto militar para invertir en salud pública.
Quinto, adoptar marcos macroeconómicos más acomodaticios, con cierta tolerancia a la inflación y los déficits fiscales. Estas opciones podrían estar respaldadas por medidas internacionales:
En sexto lugar, el FMI debería explorar reducciones en la deuda estatal. Dados los altos niveles de deuda actuales, es importante promover la condonación/alivio de la deuda, o al menos la moratoria de la deuda y su posterior reestructuración.
Séptimo, aumentos de la ayuda al desarrollo y transferencias, como el Fondo Global para Pisos de Protección Social.
Octavo, la emisión de derechos especiales de giro en las instituciones financieras internacionales o, alternativamente, la emisión de dinero fiduciario a los países en desarrollo a través de un consorcio multilateral de las Naciones Unidas para proporcionar liquidez y prevenir una depresión global.
Estas opciones son demasiado importantes para la vida de las personas como para decidirlas a puerta cerrada: deben debatirse abiertamente en un diálogo nacional, con todas las partes interesadas pertinentes, incluidos sindicatos, empleadores, gobiernos y organizaciones civiles.
La austeridad puede y debe evitarse, es factible incrementar el gasto social y el empleo. Los gobiernos no deben aceptar recortes de austeridad perjudiciales.
En lugar de realizar recortes a presupuestos que ya se han reducido al mínimo, los países pueden evitarlo y tener presupuestos significativamente mayores para financiar actividades económicas generadoras de empleo, y ofrecer salud y prosperidad a todos los ciudadanos.
Isabel Ortiz es directora del Programa de Justicia Social Global de la Iniciativa para el Diálogo Político en la Universidad de Columbia, en Estados Unidos. Antes fue directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de Unicef, así como funcionaria de alto nivel en las Naciones Unidas y el Banco Asiático de Desarrollo.
Sir Richard Jolly KCMG es un destacado economista del desarrollo que fue nombrado uno de los cincuenta pensadores clave a nivel mundial en este campo de la economía. También es profesor honorario e investigador asociado del Instituto de Estudios del Desarrollo (IDS) de la Universidad de Sussex, en Reino Unido, y fue subsecretario general de la ONU.
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