Creado en la época del canciller Bismarck, el sistema de seguro social de Alemania es el más antiguo del orbe. Como en el resto del mundo, el cambio demográfico y el aumento en la expectativa de vida han impuesto límites presupuestales para su financiamiento. En ese país se está ensayando una solución diferente a la del conservadurismo estadunidense.
El sistema de seguridad social en Alemania, como el de cualquier país, reproduce el tipo de sociedad en la que los ciudadanos viven y, también, a la que aspiran. Siendo uno de los más generosos y el más antiguo, el seguro social está enraizado en la cultura teutona, al evocar las legislaciones sociales que Otto von Bismarck propuso a finales del siglo xix.
Desafortunadamente, los números del presupuesto son implacables, resultan de las decisiones públicas e imponen límites a las aspiraciones sociales de bienestar. Con diferentes énfasis, prácticamente todos los actores políticos en Alemania reconocen que el llamado estado de bienestar europeo está generando un estado de malestar. Es un consenso que se generaliza en Europa. Así se reconoció en el Consejo Europeo de Gotemburgo de 2002, que propuso la «modernización con objetivos sociales y financieramente sustentable».
Los desacuerdos emergen de las estrategias. La vía estadunidense de privatización generalizada de los fondos de pensiones que promueve el presidente Bush es un caso en cuestión. Por otro lado, en una revisión de las acciones de su gobierno en el reciente Foro Económico Mundial de Davos, el canciller Gerhard Schroeder señaló que la prioridad es ajustar los sistemas de seguridad social y, en ese sentido, el alemán está avanzando hacia una fórmula mixta, sobre todo en lo que respecta a las pensiones.
Desde esa perspectiva, y de acuerdo con cifras de Naciones Unidas, uno de los problemas centrales en Europa es la proporción de población en edad productiva respecto de los jubilados, que es de tres a uno, comparado con 5-1 en Estados Unidos. Para 2050, conforme a la misma fuente, esta proporción en Europa será de 2-1, lo que ya es realidad en Austria y Bélgica y que indica la tensión financiera de los programas de pensiones.El escenario demográfico es un factor de peso en el caso alemán. De hecho, hasta inicios de los 90 la política de pensiones descansaba en un frágil consenso de los partidos políticos. Se consideraba que las reformas necesarias deberían efectuarse mediante ahorros en el mismo sistema, como fue la reforma a las pensiones de 1992. Sin embargo, conforme la presión demográfica se agrava, aumenta la escasez de recursos públicos en un entorno de lento dinamismo económico, y las presiones aumentan para la reforma del sistema.
La Comisión Rurup, encabezada por el profesor de economía Bernard Rurup, cuyo objetivo es proponer reformas a los sistemas de salud y de pensiones germanos, ha sugerido que entre 2011 y 2035 la edad elegible para las pensiones sea 67 años en lugar de los actuales 65.
Esta propuesta expone una tendencia a escala europea, ya que Noruega, Islandia y Dinamarca han incrementado la edad de retiro a 67 años. Italia (18 millones de pensionados) piensa hacerlo en 2007 y esa línea sigue Francia (12 millones) y ahora Alemania (20 millones).
Otro aspecto de la reforma del sistema de pensiones es el papel del sector privado. En enero de 2002 entró en vigor la legislación Riester, diseñada para fomentar los fondos de pensión corporativa, de compañías de seguros y de la industria de fondos mutuos, lo que implica generar ahorro privado para el retiro en lugar de la transferencia directa de recursos de trabajadores activos a pensionados. En sus primeros dos años de vida, sin embargo, solamente 5 millones empleados se han incorporado al sistema Riester de pensiones.
En este esquema, la creación de empleos tiene efecto directo sobre el financiamiento del sistema de seguridad social. De acuerdo con la firma de servicios profesionales Deliotte, Alemania se mantiene como el país más caro para los empleadores en Europa, sobre todo por el pago de impuestos y seguridad social, con un costo promedio de 51 mil euros, considerando incluso las reformas a los mercados laborales, en tanto que en Irlanda es de 33 mil.
Ciertamente, la existencia de 4.5 millones de alemanes desempleados impone un peso extra al pago del seguro social y recae sobre los impuestos que pagan las empresas y las personas.
El punto nodal en materia de seguro de desempleo ha sido la entrada en vigor de la reforma Hartz IV en enero pasado. Esta legislación se basa en las recomendaciones de una comisión encabezada por Peter Hartz, ex director de personal de Volkswagen. Bajo del concepto de «sanciones y apoyo», ahora el seguro de desempleo reduce los beneficios a quienes rechazan ofertas de trabajo, a la vez que apoya a los que encuentran trabajo rápidamente.
Esta medida responde a la evidencia de que los generosos seguros de desempleo han propiciado que las vacantes de empleo, con bajos salarios, no sean aceptadas por personas sin trabajo. Por otra parte, antes de la reforma, los desempleados de largo plazo (más de un año) recibían por periodos ilimitados de 40 a 50 por ciento del salario que percibían en su último empleo. Ahora, los 3.2 millones de desempleados de largo plazo reciben una tasa fija de 345 euros en lo que era Alemania Occidental y 331 en lo que fue el este.
Las reformas a la seguridad social en Alemania han provocado una tormenta política. La molestia de los ciudadanos se expresa en derrotas electorales de los socialdemócratas en los últimos dos años. Sin embargo, y contra las previsiones, en enero de 2005 la coalición Socialdemócrata-Verde, de Schroeder, superó en los sondeos a la oposición por primera vez desde las elecciones generales de 2002.
La explicación se puede hallar en dos cuestiones. Por una parte, la hasta ahora pacífica entrada en vigor de Hartz IV es sorprendente si se consideran las multitudinarias protestas contra dicha legislación en 2004. Por la otra, la prontitud del canciller para responder a los daños de los tsunamis en Asia a finales del mismo año
El escenario más factible en torno a la seguridad social germana es que no se lleven a cabo más reformas en los próximos dos años, considerando las elecciones generales de 2006 y el desgaste socialdemócrata por dichas reformas. Queda por ver si será posible que la economía alemana recupere el crecimiento que aminore al menos en el corto plazo el efecto de las reformas puestas en marcha (se estima que el PIB crezca alrededor de 2 por ciento en 2005 y 2006.) La interrogante que surge es respecto al la4go plazo. ¿Qué pasará si más allá de 2006 estas reformas son insuficientes? ¿Hasta dónde llegará el espíritu bismarckiano en aras de un estado de bienestar financieramente sustentable?