Para muchos especialistas los desastres ocurridos por el paso del huracán Katrina en septiembre de 2005 han sido solo una pequeña parte del iceberg del sistema de seguridad social en Estados Unidos que pese a fungir como la potencia mundial hegemónica demuestra sobrada incapacidad para resolver las grandes diferencias sociales y la creciente pobreza entre […]
Para muchos especialistas los desastres ocurridos por el paso del huracán Katrina en septiembre de 2005 han sido solo una pequeña parte del iceberg del sistema de seguridad social en Estados Unidos que pese a fungir como la potencia mundial hegemónica demuestra sobrada incapacidad para resolver las grandes diferencias sociales y la creciente pobreza entre su población.
Katrina afectó cinco estados del sur y sobre todo devastó Nueva Orleans en septiembre de 2005. Pese a la gravedad del asunto por el que murieron más de 1 300 personas, la población estuvo abandonada durante largo tiempo hasta que la administración logró liberar con gran retraso recursos federales y el presidente George W. Bush aseguraba que se reconstruirían las ciudades dañadas.
Pero lo dicho nada tiene que ver con el hecho y 11 meses después la situación de tragedia se mantiene en la región sureña, principalmente en Nueva Orleans donde la mayoría de sus pobladores duermen en albergues provisionales, otros han emigrado hacia diferentes regiones y muy pocas escuelas han iniciado las clases.
La Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA) encargada de la ayuda para la reconstrucción cerró recientemente su oficina en esa ciudad porque según sus funcionarios, no pueden preparar los expedientes administrativos necesarios para obtener el envío de fondos y estos van a parar hacia otras actividades.
El Departamento de Seguridad Interna indicó que al carecer de un sistema computadorizado para supervisar los gastos, se han repartido millones de dólares en contratos no controlados.
Según los auditores de Seguridad Interna, de esa forma se han emitido numerosas informaciones falsas como el de la Oficina de Adquisición, la cual reportó 6,8 millones de dólares en transacciones de tarjetas de compra y la cifra real fue de 25,9 millones Otros contratos resultaron más identificados y 780 millones en gastos se contaron dos veces.
Reportes de auditores gubernamentales e investigadores del Comité de Reforma del Gobierno hallaron 32 contratos de la agencia valorados en 34 300 millones que se evaluaron como abuso, fraude y mala administración.
Para que se tenga una leve idea del descontrol económico existente, el Departamento de Seguridad Territorial había concedido hasta el 31 de marzo, 3 457 contratos por valor de 5 400 millones, pero la situación de desastre persiste en la zona.
Un ejemplo fue el del complejo habitacional Watersmark el cual anunció su gran reapertura cinco meses después de Katrina, y muchos inquilinos que vivían en esos apartamentos afectados quedaron asombrados. Semanas antes, la gerencia había ordenado desalojar el edificio porque adujeron que estaba inhabitable.
Después de esa acción, los dueños remodelaron el inmueble y aumentaron la renta entre 150 y 200 dólares más. Hasta ahora, solo algunos inquilinos han podido regresar y evitar el desalojo tras nombrar a abogados querellantes. Estos han tenido que luchar contra una gran ola de desalojo que afecta a las personas de bajos ingresos, en su mayoría negros y latinos.
Rick Glassman, de la Agencia Harvard de Ayuda Legal, afirmó que «el panorama es muy desalentador porque las personas estan siendo re-victimizadas, pues las desalojan o extorsionan meses después de Katrina y en términos muy duros».
A todo esto se une la falta de medios legales para contrarrestar esas medidas ya que los funcionarios estatales no han podido presentar cargos contra los arrendadores porque las leyes de extorsión sobre precios del estado no tratan los casos de alquiler.
Una investigación realizada por el Congreso de Estados Unidos dictaminó que el Gobierno entregó más de 1 400 millones de dólares en asistencia falsa que no fueron a parar a las víctimas de los huracanes Katrina y Rita.
El documento asegura que la FEMA fue engañada y los errores llevaron a que se cometieran cientos de fraudes.
Este desalentador panorama se acrecentará con las propuestas de la administración Bush de reducir los fondos que destina a las organizaciones sin fines de lucro, en las cuales se delega buena parte de las tareas vinculadas a la atención social. El Centro Sobre Prioridades Presupuestadas y Políticas estima que los nuevos recortes impositivos costarán a los Estados 38.000 millones de dólares en los próximos 10 años y si se aprueba la reducción en el presupuesto quinquenal 2007-2012, los sectores más pobres del país quedarán mucho más abandonados a su suerte.
Cifras oficiales reconocen que millones de ciudadanos en hogares de ancianos, albergues o comedores para personas sin hogares dependen de los servicios que aportan 880 000 organizaciones sin fines de lucro en la nación económicamente más poderosa del mundo.
Una denominada Comisión de la Verdad para los derechos económicos, sociales y culturales en Estados Unidos, que aglutina a alrededor de cien organizaciones e integrada por instituciones sociales, sindicales, civiles, de sectores eclesiásticos, juristas y defensores de derechos humanos
señaló en un informe la existencia de más de 31 millones de ciudadanos estadounidenses bajo el nivel de pobreza, y de alrededor de 45 millones sin acceso a la salud, de un total aproximado de 280 millones de habitantes.
El último estudio de la Reserva Federal, difundido en mayo, indicó que el uno por ciento de los ciudadanos más ricos del país ahora posee 33,4% de la riqueza, mientras que 90% solo 30,4%.
Esa ha sido la política seguida por las últimas administraciones norteamericanas, que se ha catapultado a la cima por el gobierno de Bush: lo mejor para los ricos, las migajas para los pobres. Por eso, las consecuencias sociales de los afectados por el Katrina, solo es la punta del gran iceberg que permanece sumergido.