El Wall Street Journal del 1º de mayo de 2003 deslizó un artículo basado en documentos confidenciales del gobierno de Bush que delineó los planes para rehacer la economía de Irak a imagen y semejanza de la de EEUU Esperanzado en establecer rápido una economía neoliberal de mercado en Irak, EEUU anunció un plan de […]
El Wall Street Journal del 1º de mayo de 2003 deslizó un artículo basado en documentos confidenciales del gobierno de Bush que delineó los planes para rehacer la economía de Irak a imagen y semejanza de la de EEUU Esperanzado en establecer rápido una economía neoliberal de mercado en Irak, EEUU anunció un plan de tres etapas para la privatización de las industrias del Estado, comenzando por el área petrolera. En la primera fase, las corporaciones que establecieran sus negocios en Irak también podían apropiarse de los recursos naturales del país, incluyendo los dos más preciados: petróleo y agua. En la segunda etapa, todos los recursos naturales iraquíes se volcarían a propiedad privada. La fase final incluía establecer ‘un área de libre comercio’ en el Oriente Medio que pavimentaría el camino a la dominación de EEUU en toda la región.
El comienzo de la invasión corporativa fue señalado por numerosos contratos multi-millonarios en dólares otorgados por el gobierno de Bush a las corporaciones. La Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID, en inglés) envió ofertas secretas para estos contratos, pero de los destinatarios excluyó a los iraquíes, a las organizaciones humanitarias, a Naciones Unidas y a cualesquiera otra entidad ajena al ámbito de los negocios estadounidenses. Aunque Halliburton y Bechtel son algunas de las corporaciones más conocidas que han recibido estos contratos, varias más recibieron también estas ofertas secretas:
MCI/WorldCom DynCorp/Computer Sciences Corp Flour Intercontinental Creative Associates International Inc. Research Triangle Institute
Ahora que Halliburton es responsable de la extracción y re-distribución del petróleo, Bechtel consiguió un contrato para supervisar la gestión de los sistemas de agua potable y de aguas servidas. Siendo la compañía privada más grande del mundo en el negocio del agua (está involucrada en más de 200 explotaciones de agua y plantas de tratamiento de aguas inútiles alrededor del planeta) el contrato de Bechtel se extendió para incluir la distribución del agua en cuanto Halliburton le echara mano al petróleo. Con esto en mente, la apropiación privada de los abastecimientos de agua podría tener consecuencias devastadoras para la población iraquí.
Además de privatizar los recursos naturales iraquíes, la autoridad provisional de la ocupación de EEUU y de sus ‘aliados’ en Irak (Coalition Provisional Authority, CPA) repuso casi todas las prácticas anti sindicales de Saddam Hussein. En 1977, Hussein purgó los sindicatos y convirtió en ilegales a los partidos radicales. Muchos líderes sindicales fueron ejecutados o huyeron del país para vivir en el exilio. Diez años después, Hussein reclasificó a los trabajadores de las grandes empresas del Estado como funcionarios civiles del gobierno. Eso significó que los trabajadores iraquíes del sector productivo pasaron a integrar el 70% de los empleados del gobierno y fueron adscritos -o’contratados’- de manera ilegal para impedir que formaran uniones de sindicatos y lucharan por mejores condiciones de trabajo.
Desde que cayó el régimen de Hussein, en abril de 2003, se produjo una explosión de actividad de los trabajadores por organizarse sindicalmente en su lugar de laboreo. Rápidamente, con gran impulso, emergieron organizaciones sindicales para conducir reclamos por mejores salarios. En Basra, dos días después de la llegada de las tropas británicas, estalló una huelga de trabajadores. Los trabajadores exigieron su derecho a organizarse y protestaron por la designación de un funcionario del partido Ba’ath como nuevo alcalde, mientras se encendían demostraciones similares por el resto del país. Unos 400 activistas sindicales se reunieron en junio de 2003, en Bagdad, para formar la Federación Democrática de Sindicato de Trabajadores y planearon reorganizar las uniones obreras en muchas de las industrias importantes de Irak.
Pero la CPA, que derogó casi todos las demás leyes de Hussein, mantuvo la interdicción de las uniones sindicales y, para colmo, conservó las altas tasas desempleo, de cerca del 70% de la fuerza de trabajo, mientras privatizaba las empresas del Estado que emplean a la mayoría de los trabajadores. Hacia diciembre de 2003, 138 de las 600 empresas públicas de Irak estaban en oferta para su venta.
El 19 de septiembre de 2003, la CPA publicó la Orden No. 37, que suspendió los impuestos a la renta y las contribuciones territoriales por un año y estableció un límite de 15% para los futuros impuestos. Más adelante, publicaron la Orden No. 39, permitiendo la propiedad extranjera en el 100% por ciento de los negocios (excepto el petróleo) y permitiendo la repatriación de beneficios. La propiedad absoluta y el acceso y los beneficios de los yacimientos de petróleo iraquíes sigue estando bajo conflicto, aunque lo más probable es que prevalezcan los intereses de Estados Unidos.
La CPA fijó una escala salarial de emergencia para los emolumentos de los trabajadores iraquíes, en la mayoría de los casos de 60 dólares por mes, es decir, la misma escala de sueldos que tuvieron los trabajadores bajo el régimen de Hussein. Los beneficios otorgados durante Hussein incluyeron frecuentes primas, distribución de beneficios, cobertura médica y subsidios para alimentos, pero bajo la CPA no existe ninguna de esas ventajas. Tampoco hay pago de tiempo de trabajo extraordinario, mientras el aumento de la tasa de cambio hace más costosos los artículos importados, que son esenciales. Los trabajadores han tenido un drástico corte en sus ingresos salariales desde abril de 2003, como resultado de las decisiones de la CPA.
Los salarios bajos no son el único problemas que las uniones sindicales esperan combatir. Las condiciones de trabajo son agotadoras y peligrosas. Bajo el régimen de Hussein, el día laborable duraba siete horas. Hoy un turno diario es de 11 horas y un turno de noche alcanza a 13 horas. Las gafas y otros equipos de seguridad son virtualmente desconocidos en la mayoría de las industrias. Si los trabajadores llegan a enfermarse o se lastiman, deben pagar su propia asistencia médica y también pierden el salario por el tiempo que faltan al trabajo. ‘La vida ha conseguido ser mucho peor’, dijo un trabajador. ‘Todo es controlado por la Coalición. No controlamos nada’.
Los trabajadores de las empresas que se privatizarán podrían hacer frente aún a más problemas en el futuro. Si no tienen ninguna unión legal, ningún derecho que invocar y ningún contrato, no pueden oponerse a la privatización de sus plantas y a pérdidas potencialmente enormes de sus fuentes de trabajo. Un gerente de planta en una industria se mostró dispuesto a hablar con el sindicato de trabajadores de su fábrica, pero puesto que las finanzas y los salarios son controlados por la CPA, el ejecutivo no pudo firmar ninguna clase de contrato con el grupo.
El gerente de la fábrica precisó que bajo el régimen de Hussein, los 3.000 trabajadores tenían el empleo garantizado de por vida. El mismo no se permitió despedir a ninguna persona. Pero si su empresa fuera privatizada, tendría que eliminar a cerca de 1.500 personas para garantizar beneficios a sus dueños. Como en Irak no existe ningún subsidio de desempleo, significaría la muerte para esos trabajadores y sus familias.
El subsecretario de trabajo iraquí Nuri Jafer dice que quisiera comenzar un programa de subsidios de desempleo, pero hasta ahora no hay ningún país dispuesto a ayudar a financiarlo. Mientras tanto, ningunos de los 87.000 millones de dólares que el Congreso asignó para Irak irá a aumentar los salarios o a poner en marcha algún programa que genere empleo importante.
Una delegación de ‘US Labor Against War’ (Trabajadores de EEUU Contra la Guerra) — un grupo de uniones y consejos del trabajo estadounidenses– visitó Irak en octubre para investigar las condiciones laborales. Varias veces le consultaron a Jafer si sería derogada la ley de 1987 que prohíbe los sindicatos pero el funcionario no respondió a la pregunta. El representante británico de la CPA en el ministerio de Trabajo también rehusó contestar y se quejó de que las delegaciones extranjeras de sindicatos que visitan el ministerio le hacían perder su tiempo al ministro.
Actualización de David Bacon
El desastre que es la ocupación de Irak es mucho más que los juegos de guerra que muestran cada noche las pantallas de la televisión de Estados Unidos. La invasión de Estados Unidos profundizó la violencia demoledora de la pobreza, exacerbada por las sanciones económicas posteriores a la primera guerra del Golfo. En la desesperación por obtener trabajos a casi cualquier precio, las políticas económicas de las autoridades de ocupación crean cada día más hambre entre la gente trabajadora de Irak, sumergiéndola en una piscina de bajos salarios y obligándolas a aceptar trabajos de sub empleo.
Los grandes medios de noticias de Estados Unidos ignoran largamente los efectos de la política económica de Estados Unidos en la vida cotidiana de cada día, especialmente la situación económica de la mayoría de los iraquíes, aunque cualquier persona que camine por las calles de Bagdad no puede dejar de percibirla. Los niños duermen en las aceras, las aguas residuales todavía se vierten en el Tigris y las personas que dependen de ese río para beber o cocinar continúan cayendo enfermas. La violencia de la pobreza no se considera una violación de los derechos humanos en Estados Unidos, sino apenas una manifestación de la gran división en el mundo entre el norte rico, industrializado, y el sur ‘en desarrollo’. Estados Unidos no reconoce que los derechos humanos incluyen los derechos económicos y sociales, en parte porque son derechos colectivos, de grupos, de clases sociales o aún de otras naciones.
La historia del trabajo en Irak describe esas violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los decretos específicos de la CPA mencionados en esta historia, que suprimen el derecho a sindicalizarse y fijan las etapas para la privatización, son indiscutibles violaciones de los estándares internacionales de derechos humanos.
Las Convenciones 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) garantizan la libertad de asociación y desde 1987 hace continuos esfuerzos por eliminar la interdicción que ilegaliza a las organizaciones. La Convención 135, previniendo la venganza contra los trabajadores por su actividad sindical, convierte también en ilegales las detenciones de líderes de uniones obreras y la expulsión de sus trabajos.
La historia periodística expuso no sólo la pobreza cada vez mayor de los trabajadores iraquíes, sino también el esfuerzo consciente de utilizar un bajo estándar de vida como atracción para la inversión extranjera. Después de que apareciera esta historia periodistica en The Progressive (El Progresista), empeoró la situación para los trabajadores y las uniones sindicales. En diciembre arrestaron a los miembros del consejo de dirección nacional de la Federación Iraquí de Sindicatos, junto con los líderes de la Unión de Desempleados de Irak. En enero y febrero, una ola de huelgas y confrontaciones laborales golpeó a las industrias clave, petroleras y generadoras de energía, del sur de Irak. La resistencia de los trabajadores creció tanto que las autoridades de ocupación fueron forzadas incluso a retirar los decretos que habrían permitido reducir los salarios en el futuro.
En un momento especialmente orwelliano, George Bush incluso declaró en enero, en su discurso a los Estados de la Unión, que la intervención de Estados Unidos en Irak promovería la formación de sindicatos libres en el Oriente Medio. Sin embargo, tan pronto como en abril, la autoridad de ocupación continuó haciendo cumplir la interdicción, que data de los tiempos de Saddam, contra las uniones sindicales en la mayoría de los lugares de trabajo.
Pocos otros grandes medios -aparte del Wall Street Journal- se ocuparon de la historia de la violación de las derechos del trabajo en Irak. Una excepción notable fue la prensa sindical, especialmente The Dispatcher (El Despachador), de la International Longshore and Warehouse Union, y el Guild Reporter (Reportero Gremial), del gremio de periódicos (Newspaper Guild). Esta atención del mundo del trabajo refleja la antipatía y la oposición a la guerra y a la ocupación cada vez mayores entre las uniones sindicales de Estados Unidos. Por sí misma, ésta es otra historia periodística.
Hubo una cierta atención en la radio, debida en parte a los esfuerzos del Institute for Public Accuracy (Instituto para la Transparencia Pública). Sin embargo, ningunos de los grandes diarios nacionales de Estados Unidos y ninguna de las redes de televisión, han acogido en sus noticias historia alguna sobre el trabajo y los trabajadores de Irak. Quizás esto no es más que una extensión de su renuencia a informar sobre uniones sindicales y trabajadores en Estados Unidos, pero dado la necesidad de desarrollar en Irak a las instituciones de la sociedad civil que lleguen a ser capaces de gobernar el país, no hacer caso de las uniones sindicales y de sus organizaciones populares aliadas parece una clase de ceguera voluntariosa, generalmente típica de las ocupaciones.
La mejor fuente para la información continua y actualizada sobre trabajadores y uniones iraquíes se puede encontrar en el sitio web de U.S. Labor Against the War, la red nacional de las uniones sindicales opuestas a la política de guerra de Bush: www.uslaboragainstwar.org.