Con 32 años y miembro del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil desde los quince, Charles Trocate es el coordinador nacional de esta organización en el Estado de Pará. Se encuentra en la clandestinidad desde que los jueces dictaron contra él orden de encarcelamiento y los sicarios de los latifundistas intentan asesinarlo. Usted procede […]
Con 32 años y miembro del Movimiento de los Sin Tierra de Brasil desde los quince, Charles Trocate es el coordinador nacional de esta organización en el Estado de Pará. Se encuentra en la clandestinidad desde que los jueces dictaron contra él orden de encarcelamiento y los sicarios de los latifundistas intentan asesinarlo.
Usted procede de un Estado donde los conflictos entre el Movimiento Sin Tierra por un lado y latifundistas y gobernantes por otro, son frecuentes, ¿qué razones hay para ello?
Vivimos en un Estado con muchas contradicciones: sociales, ambientales y agrarias. El modelo de desarrollo está centrado en el uso de la tierra. Hay un proceso de desterritorialización de las comunidades indígenas y quilombolas (comunidades afrodescendientes aisladas). Al mismo tiempo se produce un impedimento jurídico para la creación de nuevos asentamientos. Es evidente que tanto en el gobierno federal como los estaduales existe el claro objetivo de fundamentar lo que denominan desarrollo en un proceso de explotación agrícola y minera por la empresa VALI (antes pública pero hoy privada). Toda la lucha de los trabajadores están siendo atacada por diputados federales, estaduales y latifundistas. Por ello denunciamos públicamente la violencia del Estado y de milicias y sicarios contratados por los latifundistas. La realidad es que estamos volviendo a la represión de los años ochenta con la aparición de pistoleros y sicarios que amenazan de muerte y eliminación a los dirigentes populares.
¿Cuál es esa situación de violencia?
En los últimos veinte años fueron asesinados 826 trabajadores. El 25 de julio del año pasado 22 trabajadores fueron tiroteados en Pará, uno de ellos murió. Menos del 2 por ciento de estos crímenes fueron investigados y ningún caso terminó en condena.
¿Cuál es su opinión respecto a la gobernadora de Pará?
La gobernadora de Pará, Ana Julia, del Partido de los Trabajadores (PT) es más progresista que otros gobernadores que tuvo este Estado, pero en las cuestió agraria está siendo igual que todos.
¿Y qué acciones está adoptando ante la situación el MST?
El MST está enfrentando los intereses de grandes grupos empresariales como la minera VALI y las agropecuarias Quaguatos y Santa Bárbara, ésta última ligada a un banquero con larga trayectoria delincuente. El resultado de esta confrontación es que 38 dirigentes del MST estamos procesados en el Estado de Pará. En concreto a mí se me acusa judicialmente de incentivar la violencia y de sedición. Nuestra organización participó en una ocupación en una hacienda del grupo Santa Barbara. Se produjo un saqueo en la casa, pero eso no tuvo ninguna relación con el MST. El pasado mes de abril hubo una emboscada en esa hacienda y fueron tiroteados once campesinos, de eso no hay ni un solo acusado, en cambio a mí me acusan de incitar a la violencia por un discurso tras ese tiroteo. En él dije que la grave situación de Pará no se resolverá hasta que no se acaben los abusivos monopolios de esas empresas. A los campesinos sólo les queda una salida, con MST o sin MST: continuar con más ocupaciones. Por decir eso fui procesado. Pero quiero dejar claro que no tengo miedo de que me detengan, sino de que me asesinen.
¿Cómo se plantea su futuro, ahora en la clandestinidad?
La idea es reivindicar una reacción en defensa de la reforma agraria y del MST. Los abogados del MST trabajan para anular esa orden de prisión porque no tiene fundamento. Mientras tanto, yo estaré en cualquier parte de Brasil.
¿Qué le pide a Ana Julia, la gobernadora del Estado brasileño de Pará?
Nosotros estamos trabajando para que el gobierno cree programas de emergencia. Hoy hay diez mil familias acampadas esperando tierra, 3.200 de ellas son del MST. Debe haber también una efectiva participación del gobierno para condenar los asesinatos de dirigentes campesinos. Y, como tercer punto, que asuma la defensa del movimiento social, porque estamos haciendo algo que el Estado no hace, construir dignidad, porque sólo la lucha hace valer este derecho.
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