El pasado martes 30 de julio, el centro de Caracas fue tomado por los trabajadores de Industrias Diana, quienes manifestaron a favor de la aprobación del Reglamento de los Consejos de Trabajadores, previsto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que protestaron la «designación sorpresiva e inconsulta» del presidente y la junta […]
El pasado martes 30 de julio, el centro de Caracas fue tomado por los trabajadores de Industrias Diana, quienes manifestaron a favor de la aprobación del Reglamento de los Consejos de Trabajadores, previsto en la nueva Ley Orgánica del Trabajo, a la vez que protestaron la «designación sorpresiva e inconsulta» del presidente y la junta directiva de la empresa, sin tomar en cuenta la opinión de los trabajadores.
Industrias Diana es una empresa estatal productora del aceite y margarina y, aunque sigue funcionando, está en conflicto por la resistencia de los trabajadores a aceptar lo que consideran «imposiciones» que amenazan con liquidar el control obrero como concreción de la democracia participativa y protagónica que plantea la Constitución. Este conflicto nos lleva a recordar una vez más las causas que provocaron el colapso del Socialismo del Siglo XX (SSXX), el cual se basó en la propiedad estatal total y absoluta de la inmensa mayoría de los medios de producción, distribución y comercialización.
Desplazamiento de los trabajadores por el burocratismo
Si bien, en un principio los medios de producción fueron controlados por los obreros, con el paso del tiempo estos fueron desplazados por la burocracia, la cual liquidó la participación democrática del pueblo y los trabajadores en la toma de las decisiones fundamentales en las empresas. Así, los productores de la riqueza social fueron marginados del control real de la economía, dando origen al pernicioso fenómeno del burocratismo, entendido éste como la entronización de poderosas élites que administran los bienes públicos en función de su propio beneficio, aunque a nombre del interés social que supuestamente dicen representar. El burocratismo secuestra la propiedad estatal y arrebata a los trabajadores el control de los procesos productivos. De esta forma se prolongan las condiciones de explotación, toda vez que las nuevas élites dominantes logran apropiarse de buena parte del plusvalor generado por el esfuerzo productivo de los trabajadores.
En el SSXX, la propiedad estatal desplazó a la propiedad privada, pero se mantuvo la explotación del trabajo asalariado. Las clases propietarias de los medios de producción fueron desplazadas por las castas del burocratismo y la nomenclatura, las cuales operaron como una especie de burguesía funcional. Los intentos tardíos que se hicieron para superar el estancamiento de las fuerzas productivas y reiniciar el tránsito hacia relaciones solidarias de producción, se intentaron tardíamente, cuando ya las contradicciones internas habían minado la base social de apoyo y resultaba inevitable el descalabro de la URSS y del bloque de países socialistas de Europa oriental.
Socializar no es estatizar
El SSXX, tras el ideal humanista de derrotar la pobreza y la exclusión social, estatizó prácticamente todos los medios de producción. En nombre de eliminar la explotación del trabajo ajeno y asegurar la inversión social de las ganancias, procedió a expropiar desde una bodega, hasta una siderúrgica, pasando por talleres mecánicos, peluquerías, farmacias, empresas de refinación de petróleo, redes de clínicas y consultorios privados, cadenas de hoteles, restaurantes y cines, líneas de aviación, etc. A la larga, esta práctica derivó en un férreo mecanismo de dominación caracterizado por:
La implantación de un capitalismo de Estado que ahogó el espíritu emprendedor y las capacidades creadoras del pueblo, criminalizó la iniciativa empresarial de las personas, familias y colectivos sociales y frenó el desarrollo de las fuerzas productivas, generando una permanente escasez, racionamiento y especulación de los productos que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y esenciales de la gente.
La entronización de poderosas élites de la burocracia estatal y la nomenclatura partidista que, en la práctica, derivaron en castas explotadoras que se apropiaron de parte importante del plustrabajo social, a través de los privilegios asociados a los altos cargos que disfrutaban en la estructura del Estado.
El agotamiento de la identificación y compromiso del ciudadano de a pié con un modelo organizativo y funcional del Estado y la sociedad, mediatizado por un ineficaz burocratismo y creciente control del partido que se extendió de forma cada vez más intrusiva a todos los campos de la vida social.
Decepción y pérdida de la confianza de las grandes mayorías explotadas y oprimidas con su dirigencia política y sus gobernantes, así como una creciente crítica y rechazo al Estado burocrático y al Partido.
Para evitar que esta historia se repita en Venezuela, el socialismo bolivariano debe ser construido a través de nuevas formas de propiedad social, que permitan la participación de los trabajadores directos y de la comunidad organizada en los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios que resultan imprescindibles para satisfacer sus necesidades básicas y esenciales. De allí la necesidad de ampliar las opciones más allá de la propiedad privada o estatal. Es en las nuevas formas de propiedad social, popular y comunitaria donde la sociedad encontrará la posibilidad real de avanzar en la construcción de un sistema socio-económico alternativo al capitalismo y al modo de producción soviético, evitando repetir errores que han costado muy caro al ideal humanista de construir una sociedad libre de desempleo, pobreza y exclusión social.