Introducción: El debate sobre el euro: Hace poco más de dos años el economista francés Michel Husson publicó un artículo en la revista de Socialist Resistance en el que planteaba las líneas generales de una posible estrategia de la izquierda europea frente a la crisis. El núcleo del artículo, sin embargo, estaba dedicado […]
Introducción: El debate sobre el euro:
Hace poco más de dos años el economista francés Michel Husson publicó un artículo en la revista de Socialist Resistance en el que planteaba las líneas generales de una posible estrategia de la izquierda europea frente a la crisis. El núcleo del artículo, sin embargo, estaba dedicado a cuestionar que la salida del euro fuese una solución a los problemas a los que las clases trabajadoras europeas se están enfrentando actualmente, una idea defendida por otros economistas como el griego afincado en Londres, Costas Lapavitsas. La respuesta de éste (cuya versión en castellano se puede encontrar aquí ), defendiendo dicha salida como elemento central de una estrategia de izquierdas radical y la posterior contestación ( aquí en castellano) de la economista turca, también afincada en Londres, Özlem Onaran provocó que el debate sobre el euro se convirtiese en trending topic de las discusiones entre los intelectuales y activistas de izquierdas europeos.
A pesar de que, como suele ser habitual, dicho debate llegó tarde a nuestras tierras, también aquí ha generado una gran controversia. Los argumentos a favor y en contra de la salida del euro han sido profundizados y matizados, de tal modo que ya no es posible dar una respuesta simple a la cuestión. Sin embargo, la cuestión de las propuestas alternativas a poner en marcha, ya sea dentro o fuera de la moneda única, sigue estando poco trabajada, más allá de lo que tiene que ver con propuestas de carácter más bien «defensivo», como puede ser la de la puesta en marcha de una auditoria de la deuda. En este artículo tratamos de dar las primeras pinceladas de lo que podría ser un mecanismo económico de integración alternativo, cuyas líneas generales podrían aplicarse tanto a la reforma radical del proceso de integración europeo a la que algunas posiciones aspiran, como a lo que podría ser la construcción de un proceso de integración alternativo fuera del marco de la Unión Europea (UE).
Las consecuencias de la entrada en el euro:
Tal y como se ha relatado ya, entre otros muchos sitios, en el libro Qué hacemos con el euro , la puesta en marcha de la moneda única supuso la renuncia a dos de los instrumentos más importantes de la política económica de los estados nacionales: por un lado, la política monetaria (la capacidad de crear dinero y fijar los tipos de interés del dinero) que fue traspasada al Banco Central Europeo (BCE); y, por el otro, la política cambiaria (la capacidad de fijar el tipo de cambio de la propia moneda respecto a otras), que desapareció al fijarse los tipos de cambio definitivos de cada moneda nacional de los países integrantes de la Unión Monetaria respecto al euro.
La primera renuncia, unida a la adopción en 1997 del Pacto de estabilidad y crecimiento que imponía límites a los niveles de déficit fiscal (3% sobre el PIB) y deuda pública (60%) de los países, y el establecimiento del control de la inflación como único objetivo de la labor del BCE, provocó la imposición de la austeridad como regla de política fiscal a seguir por los países miembros de aquélla. Esto se tradujo no sólo en procesos masivos de privatización, sino también en importantes recortes de gasto público y, con ellas, una paulatina pérdida de acceso a los servicios públicos anteriormente garantizados por los estados.
La segunda renuncia hizo imposible, a partir de entonces, que los países pudiesen corregir sus desequilibrios comerciales externos mediante devaluaciones del valor de su moneda, herramienta utilizada históricamente, aunque no siempre con éxito, como medio de mejorar la competitividad externa de las economías. Varios economistas, entre ellos el co-autor del libro Qué hacemos con el euro, Pedro Montes , argumentan que esa imposibilidad de realizar devaluaciones implicó que la puesta en marcha de la competencia salarial (y fiscal) a la baja se convirtiese en la herramienta que los gobiernos europeos comenzaron a utilizar para tratar de ganar competitividad. Esto provocó que las medidas de ajuste sobre el salario, entre otras las reformas del mercado de trabajo destructoras de los derechos laborales, fuesen impuestas a lo largo y ancho de Europa. De este modo, se generalizaron lo que los investigadores del grupo Research on Money and Finance (RMF) de Londres (dirigido por el citado Lapavitsas) denominan políticas de empobrecimiento del vecino (tomando prestado el término utilizado por Joan Robinson). Algo que ha llevado a que el Premio Nobel Paul Krugman argumente que las políticas de ajuste salarial, también llamadas de «devaluación interna», son las únicas que economías como la española pueden ahora poner en marcha para ganar competitividad y salir de la crisis.
Sin embargo, otros economistas, como Antonio Sanabria , niegan que la puesta en marcha del euro fuese la causa directa de la imposición del ajuste salarial. Sanabria argumenta acertadamente que la competitividad internacional no se determina únicamente vía precios y que, por lo tanto, los costes laborales no son los que explican la evolución de las cuotas exportadoras. Para ilustrarlo muestra como la negativa evolución de los costes laborales españoles en comparación con el resto de países europeos no ha impedido que la cuota exportadora española se mantuviese estable. Aunque utiliza erróneamente la cuota exportadora española en el total mundial, en vez de en el total europeo, como referencia, esto no invalidaría, en principio, su planteamiento general. La imposibilidad de devaluar provocada por la entrada en el euro no explicaría que el ajuste salarial fuese el medio utilizado por los países del sur de Europa para ganar competitividad.
Por el contrario, Sanabria señala, al igual que lo hace Gabriel Flores , hacia los contextos políticos concretos de cada uno de los países europeos como principales factores explicativos de la adopción de políticas de ajuste fiscal y recorte de derechos sociales y laborales. Según la explicación del primero de esos autores, la puesta en marcha de la zona euro habría dado lugar a «dos modelos de crecimiento con ajuste salarial». El primero, el de las economías «centrales» de la UE, como Alemania, se habría basado en el incremento de las exportaciones de mayor valor añadido que habría compensado la depresión de la demanda interna provocada por las citadas políticas. El segundo modelo de crecimiento sería el de las economías «periféricas», que crecieron a través del incremento de la demanda interna hecho posible gracias a que el endeudamiento compensó temporalmente la reducción de la capacidad adquisitiva de las familias.
Aunque ambas explicaciones difieren en la fundamental cuestión de cuál fue el motor de estos procesos, coinciden en el análisis de la dinámica macroeconómica fundamental que siguió a la puesta en marcha del euro: un desequilibrio creciente entre la posición comercial acreedora del centro y la deudora de la periferia, la cual financió sus déficits externos con los capitales provenientes de los países centrales. Gracias a ellos la banca y las grandes empresas autóctonas promovieron burbujas especulativas (en el caso español, en el sector inmobiliario) que les reportaron pingües beneficios. Esto tuvo dos consecuencias: por un lado, una degradación del tejido productivo de los países periféricos, que ha sufrido la pérdida de su anterior base industrial. Por el otro lado, un proceso de endeudamiento externo creciente, que, al menos en el caso español, ha tenido un carácter fundamentalmente privado. A su vez, la socialización de dicha deuda privada en forma de rescates financieros ha degenerado ahora en el estallido de crisis de deuda a lo largo y ancho de Europa, poniendo en duda la viabilidad del proyecto de la moneda única.
La regresiva respuesta de la Troika a la crisis:
Dado el carácter neoliberal que el proyecto económico europeo adoptó sino antes, desde los años 80, no debe extrañar en absoluto la respuesta dada por las instituciones europeas a dicha crisis de la deuda de las economías del sur. Las negociaciones entre gobiernos de los países centrales y de los periféricos de la UE y la falta de legitimidad con que la clase política acomete medidas de recorte sobre la población no son más que las formas que toma la estrategia del capital, cuyos objetivos principales son dos: por un lado, que sea respetada su posición acreedora y por otro, aprovechar la crisis para abrir nuevos espacios de negocio. No se trata de salvar el proyecto del euro, sino de consolidar un status-quo favorable.
Sin embargo, a raíz del desastre económico y social que están generando en los países periféricos las consecutivas medidas dictadas por la Troika, se ha llegado a plantear la necesidad, incluso por el interés de los mismos acreedores, de introducir algunas reformas que alivien, al menos coyunturalmente, el ahogo de aquéllos. Por esta razón, dentro de las propias instituciones y gobiernos europeos han surgido voces pidiendo algunas medidas consideradas heterodoxas en relación a la ortodoxia monetarista impuesta desde la creación del la moneda única. Así por ejemplo, el BCE puso en marcha hace meses «medidas extraordinarias» como la compra de deuda pública en los mercados secundarios para aliviar el alza de los intereses, aunque siempre respetando la máxima prioridad de su política anti-inflacionista.
No obstante, los débiles resultados logrados con esas compras de deuda para evitar el estancamiento del crecimiento han conducido a exigir una profundización en la integración monetaria, con el objetivo de convertir al euro en una zona monetaria óptima a la Mundell. Según esta postura, el desafío principal al que se enfrentaría la UE sería la puesta en marcha de una política fiscal europea de relevancia, por medio, primero, del establecimiento de un mecanismo de emisión de deuda a nivel europeo en forma de los denominados «eurobonos» e incluso la posibilidad de que el Banco Central comprara parte de esta deuda de manera directa. A esta medida podría seguir, además, la ampliación del presupuesto europeo con el objetivo de promover una transferencia solidaria recursos de un montante relevante entre regiones (no como hasta el momento) en función de sus niveles de desarrollo.
Aunque el eco de ésta serie de propuestas se haya multiplicado últimamente por su carácter anti-crisis, también resultarían centrales para promover, a largo plazo, una zona euro más preocupada en las variables reales que en la rentabilidad sostenida del capital. Sin embargo, la ejecución de tales medidas no parece, a día de hoy, algo factible dada la rígida institucionalidad construida a nivel estatal y europeo que respalda el modelo neoliberal y protege la pretendida «independencia» del Banco Central. Y, en todo caso, esas reformas no evitarían en ningún caso la generación de nuevos desequilibrios intra-regionales, ni la continuación de las políticas de empobrecimiento del vecino que denunciaba el RMF. Por no hablar del hecho, de que nadie en el establishment ha, ni siquiera, mencionado en ningún momento la posibilidad de renunciar al ajuste salarial como política frente a la crisis.
Euro no:
Tal rigidez del modelo de construcción europeo y el marcado carácter regresivo de sus políticas, así como la falta de voluntad institucional real de cambiarlo que, según economistas como Mark Weisbrot , han convertido a la eurozona en un proyecto de derechas, ha generado en la izquierda un movimiento de respuesta que discute en mayor profundad el modelo de Europa deseado frente a esas insuficientes alternativas planteadas desde el establishment. Es una discusión que trata de ser radical, en dos sentidos. Radical, en primer lugar, en sus propuestas de reforma total de los proyectos estatales y/o europeos. Y radical, además, porque tales propuestas parten de una revisión y juicio desde las raíces de la integración económica continental.
El objetivo inmediato identificado por la gran parte de las propuestas que aquí presentamos es acabar con lo que es comúnmente conocido como «La Europa del Capital», de modo que sea posible recuperar el control sobre los instrumentos económicos necesarios para dirigir de manera democrática nuestras economías. Una posibilidad que pasa, obligatoriamente, por alterar, si no romper, con las bases de la actual Unión Monetaria. La diferencia entre posiciones radica principalmente en si esa ruptura debe ser unilateral por parte del país o países que decidan o se vean obligados a salirse del euro e incluso de la misma UE; o si, por el contrario, es posible una respuesta colectiva de la izquierda europea que logre alterar los fundamentos de la integración europea desde dentro de la propia Unión.
La primera de las posiciones – la salida unilateral – ha sido propuesta o al menos insinuada, no sólo por la izquierda sino también por los miembros de la Troika o incluso por movimientos nacionalistas de ideología xenófoba. El tipo de alternativa de estos últimos, basada en diagnósticos diametralmente opuestos a los de la izquierda, provocaría escenarios de alta conflictividad internacional y social. Por su parte, si, ante la perspectiva inevitable de futuras quitas de deuda, la salida de la zona euro fuese decidida por la misma Troika, dicha salida degeneraría muy probablemente en una mayor intervención directa en la política económica del país en cuestión.
Por eso el equipo de RMF insiste en la importancia de que sea el país deudor el que lleve la iniciativa de hacer el doble movimiento de declarar un impago de la deuda y abandonar la zona euro de manera simultánea. Si este movimiento es comenzado y dirigido por el gobierno del país saliente en vez de por los representantes de los acreedores, argumentan, se podrán negociar mejores condiciones de rembolso de una deuda externa cuyo valor hay que tener en cuenta que aumentará, dada la necesaria devaluación de la moneda nacional respecto a la divisa europea. Lo deseable, como indica el equipo de CADTM (Comité por la Abolición de la Deuda Externa del Tercer Mundo), es que una negociación de este tipo se realice tras una previa auditoria ciudadana que evalúe el grado de ilegalidad e ilegitimidad de la deuda privada y pública exterior acumulada, un planteamiento que es compartido también por quienes cuestionan la estrategia de salida del euro.
Otro argumento citado ampliamente para apoyar tal salida por parte de los países periféricos (que algunos autores plantean como una salida de la zona euro sin dejar de utilizar el euro como moneda circulante) es la recuperación inmediata de los bancos centrales y todas las herramientas a su disposición como organismos públicos al servicio del interés general. Volverían al control del gobierno tanto la política de cambio externo, como la política monetaria interna, ambas estrechamente relacionadas. De este modo, según Alberto Montero , la devaluación antes citada permitiría pasar del ajuste «largo» actual a uno «rápido y corto», por medio de un ajuste relativo de precios. Esta caída del valor de la moneda nacional, junto al rol activo del banco central permitiría activar un proceso de industrialización y un alza de las exportaciones, lo que ayudaría a reactivar la economía incidiendo positivamente en las variables de tipo «real». Eso a su vez sería la base para un proceso de transformación económica más amplia. Además, en opinión de Jacques Sapir tal reacción expansiva no se limitaría a los países periféricos, sino que podría beneficiar a países centrales, como Francia.
Los mismos defensores de la salida unilateral reconocen, no obstante, que la devaluación trae consigo complicaciones o riesgos, aparte del automático aumento de la carga de la deuda que conllevaría dicha devaluación. Por un lado, un cierre del grifo del nuevo crédito exterior, por el miedo de las instituciones financieras internacionales. La ventaja es que ésta se supliría con la liquidez aportada por el Banco Central. Es más, el recuerdo de la experiencia argentina – que volvió a tener liquidez en el medio plazo podría hacer pensar que este tipo de dificultades no sería determinante.
Más inquietan, sin embargo, los posibles efectos en forma de inflación que provocaría el encarecimiento de las múltiples importaciones imprescindibles, dado el carácter transnacional de gran parte de los procesos productivos capitalistas. El elevado coste de la energía y los bienes de capital traídos del exterior pondrían en apuros a cualquier economía en su estrategia de reimpulso de la producción nacional. No sólo eso, sino que dicho incremento del precio de las importaciones podría anular, los efectos positivos sobre la balanza comercial del incremento de las exportaciones hecho supuestamente posible por la devaluación. Los autores del libro Qué hacemos con el euro res ponden que, si bien estos factores deben ser tomados en cuenta, se podría aprovechar la oportunidad para una reconversión de la economía nacional a través de unas políticas industrial y energética activas basadas que ayudasen a una expansión sostenible del aparato productivo interno.
Euro sí:
Aunque es tentador pensar que una política industrial acertada, unida al escenario cambiario más favorable permita a los países multiplicar su esfuerzo exportador, Miren Etxezarreta recuerda los límites de tal hipótesis para la economía española: la necesidad de una demanda exterior, la competencia en precios con otros países y otros elementos cualitativos a tener en cuenta dada la naturaleza de los productos potencialmente exportables. Estos análisis podrían ser perfectamente extrapolables a otros países periféricos. En este sentido, Joaquín Arriola que, al menos en el caso español, las últimas décadas no parecen demostrar una relación clara entre el tipo de cambio y la evolución de la balanza comercial.
Es más, aún si hubiera un tipo de cambio que pudiera alentar al despertar industrial del país saliente del euro, parece bastante arriesgado confiar al mercado la tarea de fijar valor. Sobre todo si recordamos la serie de crisis cambiarias de tipo especulativo sufridas por países en desarrollo durante las últimas décadas. La necesidad de una estabilidad cambiaria conllevaría, por lo tanto, necesarios controles de capital, herramienta que, aunque sean perfectamente viables, podrían generar dificultades añadidas en su gestión.
Por otro lado, nuestra condición de países periféricos de Europa se la debemos a más factores estructurales que a nuestra pertenencia al Euro. Por lo que es previsible, como ya citamos en un artículo anterior , que a largo plazo, cualquier país que saliera, buscaría de nuevo un anclaje al Euro o a la divisa de la cual dependiera su economía. O incluso peor: si la salida unilateral de la moneda única tuviera lugar en más de un país de manera descoordinada, podríamos asistir a una serie de devaluaciones competitivas en varios de ellos que anularían sus efectos positivos (que era lo que originalmente Robinson denominaba políticas de empobrecimiento del vecino). Ante su falta de efectividad, esta estrategia podría acabar dando lugar a una reproducción de las políticas de ajuste salarial que se tratan de evitar.
Por lo tanto, aunque una respuesta nacional unilateral a la crisis en Europa a través de una salida del euro le devolvería al país una serie de importantes instrumentos de política económica; sin embargo, lo haría a un precio elevado en cuanto a mantenimiento de dependencias productivas, financieras y comerciales externas con potenciales efectos desestabilizadores. Además, no impide a priori que la periferia siga sometida a una dependencia monetaria del euro, ni que las medidas de ajuste salarial se vuelvan a convertir en la solución dada por los gobiernos a los problemas de competencia externa. Tal y como argumentan quienes se posicionan en contra de esa posición, el Reino Unido es un ejemplo claro de estas dos realidades. Por un lado, mantiene un tipo de cambio bastante estable con respecto al Euro, a pesar de la fortaleza de la libra esterlina. Además, como recuerda Husson, éste país aplica severas medidas de ajuste a pesar de no pertenecer a la zona euro.
Es a partir de la crítica a la iniciativa de la retirada unilateral que autores de la izquierda como las ya citadas Onaran o Etxezarreta y otros como Alejandro Ramírez , Daniel Albarracín o los miembros de Syriza Christos Laskos, John Milios y Euclid Tsakalotos , también advierten del riesgo de que las acciones tomen carácter nacional. Detrás de los desequilibrios entre agentes del centro y la periferia están, para estos autores, las dinámicas y formas propias del capitalismo contemporáneo. Por lo tanto, la condición necesaria para una transformación económica es el cuestionamiento de la verdadera esencia de los problemas (la dinámica neoliberal europea impuesta en todos y cada uno de los países del la UE) y no la forma de éstos (el conflicto entre los países del centro y la periferia de la Unión Monetaria).
La unión de las mayorías sociales de toda Europa en torno a una propuesta de Europa post-capitalista, darían más fuerza a ciertas demandas inmediatas que ya se están dando y que servirían como inicio de una transición a otro paradigma económico. En este sentido, Onaran identifica cuatro ejes de posibles reformas que contarían ya con un amplio consenso dentro de la izquierda: resistencia contra las políticas de austeridad; reforma del sistema fiscal orientada a lograr un fuerte incremento de su progresividad, junto con la recuperación de los controles sobre los movimientos de capital; nacionalización y control democrático de los bancos; y, por último, auditoría ciudadana y, a través de ella, impago de la parte ilegítima de la deuda. Las reflexiones de Albarracín evidencian que estas exigencias suponen indirectamente la oposición frontal a la institucionalidad de la zona euro – las Memoranda de Entendimiento, Maastricht y los posteriores pactos por la austeridad, el BCE, órganos políticos europeos… – , por lo que la fortaleza de una posible alianza de clase internacional resultaría más conveniente que las iniciativas de carácter nacional para cuestionar los pilares de la UE.
Y viceversa:
Ciertamente, es muy sensato tratar de evitar que el debate sobre si euro sí, euro no nos despiste de lo que ahora mismo resulta más urgente: frenar en seco la ultra-regresiva estrategia de salida de la crisis que se está imponiendo en los países que nos encontramos encadenados por la injusta condena de la deuda. No obstante, renunciar a aprovechar las cada vez más importantes movilizaciones sociales para lograr un impulso a reivindicaciones de cambios institucionales de calado real que pongan las bases para un proceso de transformación más profundo puede acabar derivando en un error histórico.
Es decir, a pesar de no ser el euro el origen de todos los problemas, una posible salida de la moneda única podría convertirse en la bandera de un proceso de transformación más amplio. Esto permitiría a la izquierda dejar de evadir sus «deberes políticos» históricos respecto a la integración europea, como Montes cree que ha estado haciendo hasta el momento.
Por otro lado, es cierto que es muy difícil vislumbrar un escenario en el que una salida unilateral del euro pudiese convertirse en una alternativa viable, económica y políticamente, que, a su vez, sirviese de base para la puesta en marcha de un proceso de transformación social. Sin embargo, igual de difícil parece que la estrategia de transformación del euro pueda triunfar desde dentro de una institucionalidad tan blindada como la de la UE.
Y, en todo caso, una eventual salida de la moneda única provocada por la misma evolución de la crisis de la deuda, algo en absoluto descartable, impone la necesidad inmediata de pensar en alternativas de futuro. Si esta salida viniese inducida desde fuera, es decir, forzada por la Troika (a pesar de que parecen no existir mecanismos legales en los tratados de la UE para llevarla a cabo) las probabilidades de que acabase provocando una profundización en el abismo económico y social al que los «hombres de negro» están empujando ya a los países periféricos sería muy alta.
En ese contexto, la única manera de evitar la profundización en el abismo sería la puesta en marcha de una estrategia de respuesta de carácter internacionalista. En este sentido, Armando Fernández Steinko propone la creación de un frente europeo-mediterráneo que «podría sumar un peso político y económico suficiente para forzar un cambio de las políticas de austeridad, vincular el pago de la deuda al crecimiento económico y poner en marcha un plan de inversiones públicas con capacidad de generar empleo en el marco de la reconversión social y ambiental de todo el Continente».
Para ello, «[u]na política solidaria tendría que definir una nueva división europea del trabajo y revisar las grandes reglas que regulan hoy las relaciones económicas entre los países europeos». De acuerdo con Steinko, «[l]a cuestión central no es, por tanto, si salirse o no del euro o qué hacer con la deuda. Lo principal es cómo, con qué y con quién crear una estructura económica y laboral con capacidad de financiar de forma perdurable un orden político y social justo, democrático y sostenible».
Por su parte, aunque la Comisión de Economía de Izquierda Anticapitalista (IA) cree necesario comenzar por «[d]ecir no a las líneas políticas neoliberales de la UE», haciendo «virar las políticas país a país», «[a]ntes de plantearse una solución cualitativamente superior»; sin embargo, también plantea que «una vez que fuera posible (en un escenario menos desfavorable), los gobiernos desobedientes a la UE neoliberal deberían complementar las políticas internas de redistribución e inversión con políticas de cooperación internacional (..); pero a renglón seguido también de integración de los aparatos económicos institucionales, para conformar un área económica que, sin dejar de estar abierta al mundo, permita afianzar lazos y apoyos mutuos entre los países de orientación alternativa».
Una propuesta:
Como ya explicamos en su momento, para dar forma a un área económica de ese tipo sobre la base de unas reglas de integración alternativas, una posibilidad es tomar como referencia el denominado » Plan Keynes «, la propuesta del economista británico John Maynard Keynes que fue rechazada en la Conferencia de Bretton Woods celebrada en 1944. En dicha conferencia se establecieron los pilares del funcionamiento del sistema monetario y financiero internacional posterior a la II Guerra Mundial, basándose en la adopción del patrón monetario dólar oro y la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial como principales instituciones internacionales encargadas de la regulación de las relaciones financieras internacionales. Por el contrario, la propuesta de Keynes para reconstruir el sistema monetario que había estallado como consecuencia de la crisis de los años treinta (la cual presenta importantes paralelismos con la actual) se basaba en unos principios muy diferentes a los que han guiado la acción de dichas instituciones y posteriormente de la UE desde hace décadas.
El objetivo del Plan Keynes era la creación de un sistema monetario, comercial y financiero internacional que, a diferencia de lo que ha ocurrido tanto a nivel internacional, como europeo, promoviese unas relaciones económicas equilibradas entre los diversos países que fuesen a formar parte de él. Con esa meta, Keynes planteaba, en primer lugar, la creación de una moneda internacional, denominada «bancor» cuya oferta se pudiese ampliar o reducir para contrarrestar las tendencias a la baja o al alza de la demanda, promoviendo así el crecimiento; en segundo lugar, la puesta en marcha de una cámara internacional de pagos donde el resultado de las operaciones de exportación e importación de cada país se compensarían de manera multilateral (es decir, por el montante total de dichas operaciones y no por cada una de ellas); y, finalmente, el establecimiento de un «mecanismo estabilizador interno» (basado en el cobro de una tarifa sobre los saldos tanto deficitarios, como superavitarios que cada país mantuviese en la cámara por encima de una cuota máxima establecida previamente) para así asegurar que todos los países desarrollasen una balanza comercial equilibrada.
Tanto en el sistema económico internacional de postguerra gobernado por el FMI y el BM, como al interior de la UE, la única respuesta a las crisis provocadas por los desequilibrios comerciales y financieros de las economías deficitarias ha sido la imposición a éstas de planes de ajuste estructural. Como las décadas perdidas en África y América Latina y el actual drama de los países de la periferia de Europa demuestran, aquéllas sólo han servido para generar auténticas dislocaciones sociales, mientras que se ahonda en la recesión económica. Por el contrario, la puesta en marcha, como proponía Keynes, de un sistema internacional basado en el establecimiento de mecanismos correctores de los desequilibrios comerciales implicaría la corresponsabilización de las economías superavitarias en la corrección de los saldos comerciales negativos de las economías deficitarias, promoviendo la expansión, no la contracción, económica, productiva y comercial de éstas como solución a sus déficits.
Una propuesta de este tipo se podría encontrar con múltiples obstáculos. Entre ellos, hay que tener en cuenta que, al ponerse en marcha en un contexto regional y no mundial, como el que planteaba Keynes, sería necesaria la instauración de controles cambiarios y sobre los movimientos de capital con el objetivo de eludir tanto ataques especulativos externos, como posibles salidas de capital. Sin embargo, la propuesta presentada también podría dar respuesta a algunos de los problemas más importantes que una salida unilateral del euro plantearía a cualquiera de los países europeos periféricos.
En primer lugar, permitiría recuperar tanto el control sobre la política monetaria (algo a lo que debería acompañar una recuperación del control público sobre los bancos centrales de los países que formasen parte del acuerdo), como sobre los tipos de cambio externo (algo que a su vez haría necesaria la utilización de otros instrumentos de regulación de los intercambios exteriores, como los aranceles). Como vimos, el control sobre estos instrumentos también se lograría con una salida unilateral del euro. Sin embargo, en este caso se haría en el marco de un proceso de integración, evitando algunos de los contratiempos provocados por una salida unilateral. Entre ellos, sería posible evitar el desencadenamiento de un proceso de devaluaciones competitivas entre los países.
En segundo lugar, al comerciar en una moneda o unidad de cuenta común, la propuesta presentada permitiría eludir las restricciones ocasionadas por la falta de divisas externas, como el mismo euro. Para ello, cuanto más complementarias fuesen las estructuras productivas de los más países que pasasen a formar parte del sistema más independencia comercial y monetaria generarían, ya que una mayor cantidad de necesidades de importación se podrían satisfacer al interior del área. A esa mayor independencia también ayudaría la implantación de un sistema de compensación de pagos multilateral en el que, en vez de tener que realizar pagos por cada una de las operaciones de importación, los países pagarían únicamente el saldo final de su comercio exterior en un periodo de tiempo (tres o seis meses, por ejemplo).
Además, la utilización de mecanismos de reequilibrio como los planteados por Keynes, u otros complementarios (como, por ejemplo, la sobrevaluación y devaluación de los tipos de cambio en función del signo de los saldos comerciales de cada uno de los países), ayudaría a eludir los desequilibrios comerciales al interior del área. Pero no sólo eso sino que al mismo tiempo también obligarían a profundizar en el desarrollo productivo de las economías que formasen parte del acuerdo.
Como en otros lugares:
Ya sea sobre la base de una nueva moneda o sin la necesidad de ella; con nuevas instituciones que lo regulasen o con una reforma de las ya existentes; bajo nuevos acuerdos económicos internacionales o con lo que tendría que ser una profunda re-negociación de los ya firmados; un esquema como este podría adoptarse si existe voluntad política de ello. Así lo demuestran el experimento de la Unión Europea de Pagos puesta en marcha durante los años cincuenta y la creación en 2009 del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE) por parte de los países de la ALBA.
Tal y como se explica de manera divulgativa aquí y aquí y de manera más detallada aquí , el SUCRE se ha basado al igual que el Plan Keynes en, uno, la instauración de una unidad de cuenta, aún no moneda, común: el sucre; dos, el establecimiento de una cámara de compensación de pagos en la que compensar los saldos comerciales multilaterales cada seis meses; y, tres, la creación de un «Fondo de reservas y convergencia comercial» que captará los saldos superavitarios de los países que superen un nivel máximo con el objetivo de que sean reinvertidos en proyectos productivos en los deficitarios.
Esta última es una novedad fundamental introducida por los países que forman parte del Sistema para asegurar el logro de una convergencia económica real. Aunque lentamente (con unos montantes modestos de intercambio comercial y sin haber puesto a funcionar aún el fondo de convergencia), este sistema está avanzando en su puesta en marcha durante los últimos años, mostrando que es posible transformar la lógica de la competencia y el ajuste, en la de la cooperación, la complementariedad y la redistribución, asegurando el desarrollo económico equilibrado de los países.
La promoción de una propuesta similar por parte de los países periféricos de Europa haría posible que la inversión realizada canalizase con criterios de complementariedad productiva con las otras economías de la zona, incrementando así la independencia económica global de la misma. Con este objetivo sería necesario que los fondos provenientes de los mecanismos de compensación internos fuesen destinados a la expansión de un aparato productivo controlado democráticamente . Y para ello, sería imprescindible que la puesta en marcha de un proceso de integración de este tipo se viese acompañada de medidas de toma de control democrático sobre la economía: además de las ya citadas recuperación del control sobre los bancos centrales y la política cambiaria, también otras como la socialización del aparato financiero y la toma de control público sobre los sectores estratégicos de la economía.
De este modo un esquema como el explicado se convertiría en una herramienta para promover una transformación más profunda, tanto en la estructura productiva, como en los principios de organización económica de cada uno de esos países. Más aún, haría posible poner las bases sobre las que asentar procesos de autogestión democrática del proceso productivo por parte de los trabajadores.
Condiciones políticas para ponerla en marcha:
Está claro que para poder impulsar cambios tan profundos hace falta la formación de un sujeto o sujetos políticos transformadores suficientemente fuertes. En el contexto actual es algo que parece muy lejano. También sería necesaria una coordinación de las luchas y propuestas de las izquierdas europeas, coordinación que ahora mismo es prácticamente inexistente. Sin embargo, esto no invalida la necesidad dar forma a lo que serían la base económica de una alternativa política. No en vano, la enarbolación como bandera de un proceso de integración de este tipo permitiría superar la contradicción existente entre la percepción generalizada de que la entrada en el euro se encuentra en el origen de al menos una parte importante de los problemas a los que ahora nos estamos enfrentando y la falta de apoyo popular hacia la salida unilateral del euro como solución a dichos problemas.
Por otro lado, la respuesta a si un esquema como el presentado se debe poner en marcha dentro o fuera del marco de la UE la resolverán finalmente los mismos hechos, según la trayectoria que sigan y la resolución que se le acabe dando (por supuesto, con gran influencia en ella de lo que hagan los movimientos políticos, sindicales y sociales) a las crisis de la deuda actualmente en marcha en muchos países. De hecho, la necesidad de poner en marcha algún mecanismo como el explicado podría sobrevenir si algún país se enfrentase de manera abierta a las políticas de austeridad impuestas por la Troika en respuesta a dichas crisis y, en consecuencia, se viese obligado o decidiese abandonar el proyecto de la moneda única. De nuevo, tener una herramienta preparada para enfrentarse a esa situación que permitiese romper el aislamiento internacional, que los poderes fácticos promoverían activamente, resulta imprescindible.
En esa situación, sería además deseable que la utilización de dicha herramienta en forma de promoción de un proceso de integración alternativo traspase las fronteras europeas, dirigiendo la mirada a otras regiones. En relación con esta cuestión, la ya citada Comisión Económica de IA plantea certeramente que «[n]o hay que esperar a un cambio improbable de toda la UE (aunque tampoco despreciar esa posibilidad), ni que todos los países acuerden un viraje de forma simultánea». Por el contrario, «[e]n cuanto algún Estado, nacionalidad o región se atreviese a desarrollar una política solidaria, de cooperación y convergencia, no debería demorarse un proyecto de integración entre los que se comprometan con dicha iniciativa», iniciativa en la que «debería caber todo aquel país comprometido con los parámetros pactados, sin mirar el origen de su continente».
Conclusiones: Cooperación internacionalista para un proceso de transformación social:
A fin de cuentas, sólo sobre la base de un proyecto de carácter realmente internacionalista y cooperativo sería posible empezar a pensar en un proceso de transformación social perdurable en el tiempo. Un proceso como éste, somos conscientes, es de una gran complejidad política. Disponemos de las herramientas para su óptima ejecución técnica. Por lo que «sólo» hace falta construir la voluntad necesaria para ponerlo en marcha.
Publicado en ECCE y Novecento .
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.