El 15 de diciembre de 2003, los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Unión Europea (UE) acordaron en Roma dar mayor amplitud y equilibrio al Acuerdo Marco de Cooperación que comenzaron a negociar en 1993, incorporando en las negociaciones nuevos componentes como el diálogo político, acceso a mercados y diálogo […]
El 15 de diciembre de 2003, los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de la Unión Europea (UE) acordaron en Roma dar mayor amplitud y equilibrio al Acuerdo Marco de Cooperación que comenzaron a negociar en 1993, incorporando en las negociaciones nuevos componentes como el diálogo político, acceso a mercados y diálogo especializado en materia de lucha contra las drogas. Se buscaba un instrumento de integración que equilibre el comercio y la cooperación y que, al menos retóricamente, se diferencie de los tratados de libre comercio y el ALCA de Estados Unidos. Y a pesar de todo ello, el comercio ocupa otra vez el centro de la relación CAN-UE, según el formato de acuerdo propuesto por la UE hace menos de dos meses. El 24 de abril, el Consejo de Ministros de la UE de Asuntos Generales y relaciones exteriores aprobó en Luxemburgo el mandato de la Comisión Europea para negociar cinco tratados de libre comercio (TLCs) con India, Corea del Sur, países del ASEAN, América Central y los Países Andinos. El documento plantea como prioridades la liberalización «progresiva» de los intercambios comerciales» y la negociación de una zona de libre comercio (ZLC) con los andinos. Los europeos quieren negociar un acuerdo comercial «único e indivisible que vaya más allá de las obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y que establezca, después de un periodo de transición compatible con los criterios de la OMC, una ZLC que, sin excluir ningún sector, tenga en cuenta, de la manera menos restrictiva posible, la dimensión de desarrollo y la sensibilidad específica de determinados productos». Según sus directrices de negociación, los objetivos de Europa serían «profundizar el proceso de integración regional, ayudando a crear las condiciones para reducir la pobreza, promover empleo digno y un acceso más equitativo a los servicios sociales». Los europeos insisten en buscar una «asociación política basada en el respeto y la promoción de los derechos humanos, la democracia y la buena gobernabilidad». Pero esas declaraciones de buenas intenciones contradicen el espíritu neoliberal del sobredimensionado componente comercial del acuerdo. La UE dice explícitamente que busca ir más allá de los Acuerdos de la OMC, incluyendo temas como las Compras Estatales, Servicios y Políticas de Competencia (conocidos como los temas de Singapur), los cuales fueron rechazados por los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Cancún en 2003 por ser políticas contrarias al desarrollo. La Unión Europea reconoce las asimetrías (reglas diferentes para economías diferentes), lo que sin duda es un avance. Sin embargo, al mismo tiempo subraya que las asimetrías tienen que ser «reducidas al mínimo». En la concepción europea, el reconocimiento de reglas diferentes significa conceder un plazo de 10 años para desmantelar las tarifas y otras formas de protección de la industria nacional, como si dentro de una década los países andinos estarían listos para competir en igualdad de condiciones con un bloque que tiene una economía 1000 veces más grande que la de Bolivia. Los europeos también aclaran que las excepciones por productos o por sectores sensibles tienen que ser «reducidas al mínimo». La Unión Europea desea una liberalización en las compras estatales de los sectores de agua, energía, transporte y comunicación, que son muy sensibles después de la férrea lucha popular por la recuperación de los recursos naturales y las empresas privatizadas. Lo peor de todo es que si un país andino ha firmado un acuerdo de libre comercio con un tercer país, como por ejemplo Estados Unidos, «los inversores de la UE deberán recibir al menos un trato paritario como aquel brindado a los inversores y proveedores de servicios de este tercer país». Esta exigencia es especialmente peligrosa para Ecuador y Bolivia, que estarían obligados a entregar a Europa lo que Colombia y Perú sirvieron en bandeja de plata a los norteamericanos. Se había pedido que no haya desequilibrios. «Dada la asimetría entre las partes, Europa debía hacer más esfuerzos en las inversiones, en la ayuda económica al desarrollo que en el comercio en sentido estricto», dijo el eurodiputado socialista Yañez-Barnuevo, quien negoció con todos los grupos políticos enmiendas que permitieran «disminuir el acento neoliberal del informe». Consiguió de alguna manera «matizar algunos párrafos», pero sin lograr el suficiente equilibrio entre los tres componentes: el diálogo político, la cooperación y el comercio. En el informe del Parlamento se declara el respeto y defensa de los derechos humanos y la justicia económica, pero todo esto suena a retórica. «Se ha perdido una buena ocasión para alentar unas relaciones bi regionales con visión multidimensional que garanticen un desarrollo humano sostenible de los pueblos andino y centroamericano», declaró el eurodiputado Raúl Romera del Grupo Verde. La política comercial de la UE en América Latina debe entenderse en su real dimensión. Sudamérica es de importancia estratégica tanto para Estados Unidos como para la UE. EE.UU. busca afianzar su hegemonía en la región y los mercados de ALC son importantísimos para las transnacionales europeas. Los crecientes vínculos de América Latina con Asia, en especial con China, la convierten en un mercado de aún mayor importancia estratégica para la UE. La Comisión Mixta de la CAN – UE, un mecanismo establecido en 1993 en virtud del Acuerdo de Cooperación- se reunió en su IX sesión en La Paz el 29 y 30 de mayo para avanzar en las negociaciones. Hasta ahora se han realizado ocho Comisiones Mixtas en diferentes países de la subregión y de la UE, la última en Lima en 2004, oportunidad en la cual se dio inicio al «Proceso de Valoración Conjunta» de ambos bloques. El documento de valoración fue aprobado en julio pasado en Bruselas, y tiene por objetivo hacer un análisis fotográfico del proceso de integración andino en los ámbitos de comercio de bienes y servicios, asuntos aduaneros, transporte y arancel externo común andino. La UE exige que los países andinos armonicen sus procesos, pero no hay ni una sola recomendación de los andinos a los europeos. Los países andinos presentaron un documento explicando las bases de negociación que desearían: El reconocimiento de las asimetrías entre los dos bloques (CAN-UE) y al interior de la CAN, el respeto de los diferentes enfoques y modelos económicos de los países de la CAN y mayor flexibilidad y trato especial para Bolivia, permitiéndole dejar fuera de la negociación comercial los servicios públicos, las inversiones, las compras públicas y la propiedad intelectual. Antes de esa reunión, el 5 y 6 de marzo de 2007, se llevó a cabo en Lima una reunión informativa sobre los avances internos en cada uno de los bloques. En esa oportunidad, los países miembros expresaron la importancia de adelantar un proceso de negociación que contemple la protección y utilización sustentable de los recursos naturales y la consideración del cambio climático y disposiciones laborales. Los andinos reclamaron que se parta de la consolidación de las preferencias arancelarias otorgadas en el marco del SGP Plus. Ecuador solicitó un tratamiento especial en lo referente a la cooperación. A pesar del marcado sesgo neoliberal de las directrices de negociación de la UE, las redes europeas que monitorean las negociaciones CAN-UE identifican algunas recomendaciones importantes que se mantienen en el Informe del Parlamento que son fruto del trabajo de los grupos ALOP y 11.11.11. Según estas redes, en las directrices de negociación de Europa se observan señales claras de apoyo al proceso de integración en todos los ámbitos, privilegiando el Acuerdo entre bloques, sin dejar de lado el tratamiento diferenciado al interior de la CAN. También destacan el deseo manifiesto de promover la participación estructurada de la sociedad civil y la inclusión de la Cláusula Democrática y otras de carácter social como el Convenio 169 de la OIT, incorporando una referencia expresa a los mecanismos que aseguren su operatividad. Los activistas europeos destacan también la búsqueda del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas a favor del desarrollo y el reconocimiento de que el objetivo prioritario de un acuerdo de asociación es la erradicación de la pobreza. Las organizaciones sociales de la región andina son más bien pesimistas en cuanto al desarrollo de las negociaciones CAN – Europa. Para ellos, es un mito que los europeos son más «civilizados» y «humanistas» que los norteamericanos, pues en realidad están buscando un tratado de libre comercio cuyo centro es el lucro y la ganancia. El Movimiento Boliviano por la Integración y contra el TLC denunció que el acuerdo planteado por Europa no le conviene a Bolivia porque reproduce la ideología neoliberal de los tratados comerciales propuestos por Estados Unidos. Los gremios nacionales recuerdan que la liberalización comercial y el achicamiento del Estado aplicados en Bolivia en los últimos 20 años han ocasionado la pérdida de ingresos y de fuentes de empleo, y el aumento de las desigualdades sociales. El proyectado Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos fue rechazado por casi todos los movimientos sociales, en el entendido de que profundiza este modelo que beneficia a reducidos sectores privilegiados. Esta mala experiencia ha permitido clarificar que el «libre comercio», tal y como lo entienden las potencias occidentales, buscan ante todo proteger sobredimensionadamente las inversiones extranjeras, supuesto motor del desarrollo, aún a costa de perjudicar a la gran mayoría de la gente. «Vemos con mucha preocupación la resolución del Parlamento Europeo en la que se pide el establecimiento de una Zona de Libre Comercio porque sabemos exactamente a lo que se refieren. Se leen bonitas palabras y expresiones sobre derechos humanos, reconocimiento de asimetrías, etc., pero el lenguaje es una cosa y la presión de las transnacionales en Europa para conseguir ventajas máximas durante las negociaciones es otra. Por experiencia propia sabemos que estos acuerdos basados en una visión de desarrollo liberal se constituyen en una maquinaria que luego es difícil parar. La inclusión de temas como servicios públicos, propiedad intelectual y otros bajo una zona de libre comercio seguiría, entonces, una lógica neoliberal, y eso es preocupante», indica una declaración del Movimiento Boliviano. El movimiento popular boliviano es enfático al afirmar que no aceptará un Acuerdo basado en principios de «libre comercio» que restrinja la capacidad de los Estados para defender los servicios públicos, regular las inversiones y proteger la biodiversidad. Las organizaciones sociales esperan un acuerdo solidario entre los pueblos europeos y andinos, basado en principios de complementaridad y más que todo «con reglas desiguales para realidades desiguales». La propuesta comercial europea acentúa la división en la CAN La IX Comimisión Mixta UE-CAN, de la que hablábamos antes, terminó sin conclusiones y con la CAN partida en dos. Los gobiernos de Perú y Colombia están dispuestos a firmar el acuerdo propuesto por Europa de inmediato, en tanto que Bolivia y Ecuador manifiestan sus reparos. Diversas organizaciones sociales de los dos países alertan que la UE ofrece esencialmente un tratado de libre comercio aún más peligroso que los pactos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), e instan a sus gobiernos a no negociar apresuradamente y sin consultar a la gente. Aunque la Cancillería boliviana no ha dado un informe oficial, se sabe por los diplomáticos europeos que existen «desacuerdos fuertes» entre los andinos que firmaron tlcs con Estados Unidos y los gobiernos populares de Bolivia y Ecuador que anticiparon que no negociarán instrumentos de libre comercio de corte neoliberal. Se suponía que la CAN y la UE estaban buscando un acuerdo de asociación diferente a los tlcs norteamericanos al incluir en sus charlas, además del comercio, componentes de diálogo político, cooperación y debate antidroga. Sin embargo, en el formato presentado por la UE el comercio ocupa otra vez el centro de la discusión. Europa considera prioritario liberalizar «progresivamente» los intercambios comerciales» y negociar una zona de libre comercio (ZLC). Sugiere explícitamente ir más allá de los Acuerdos de la OMC, liberalizando las Compras Estatales y los Servicios (agua, energía, transporte y comunicación), una política que ya fue rechazada por los países en desarrollo en la reunión de la OMC en Cancún en 2003 por considerarla contraria al desarrollo. La UE desea un acuerdo comercial «único e indivisible que vaya más allá de las obligaciones presentes y futuras de las partes con respecto a la OMC y que establezca, después de un periodo de transición compatible con los criterios de la OMC, una ZLC que, sin excluir ningún sector, tenga en cuenta, de la manera menos restrictiva posible, la dimensión de desarrollo y la sensibilidad específica de determinados productos», los cuales «se reducirían al mínimo». La izquierda europea consiguió «disminuir el acento neoliberal» de las directrices de negociación «matizando» algunos párrafos, pero sin lograr el suficiente equilibrio entre los tres componentes: diálogo político, cooperación y comercio. Esto ha dado lugar a un planteamiento europeo con abundante retórica. [1] Preocupa a Bolivia la aplicación de lo que en la jerga comercial se denomina cláusula «nación más favorecida», la cual obliga a los andinos que han firmado tlcs con un tercer país a conceder a los inversores de la UE los mismos beneficios entregados a los inversores y proveedores de servicios de ese tercer país. Esta exigencia es especialmente peligrosa para Ecuador y Bolivia, que estarían obligados a entregar a Europa lo que Colombia y Perú comprometieron a los norteamericanos. Al mando de Bolivia en la secretaría pro témpore, los andinos presentaron algunos principios de negociación: Reconocimiento de las asimetrías entre los dos bloques (CAN-UE) y al interior de la CAN; respeto de los diferentes enfoques y modelos económicos de los países andinos y mayor flexibilidad y trato especial para Bolivia, permitiéndole dejar fuera de las conversaciones los servicios públicos, las inversiones, las compras públicas y la propiedad intelectual. La Unión Europea reconoce las asimetrías (reglas diferentes para economías diferentes) y concede un plazo de 10 años para el desmantelamiento de las tarifas y otras formas de protección de la industria nacional, previendo que en una década los países andinos estarían listos para competir en igualdad de condiciones con el gigante europeo. Muchos activistas de América y Europa opinan que es inútil esperar un acuerdo beneficioso para los pueblos andinos, ya que la política comercial de la UE en América Latina tiene un solo norte: conquistar mercados y fuentes de recursos naturales para provecho de las empresas europeas, y disputar la hegemonía a Estados Unidos y China. Es un mito eso de que los europeos son más «civilizados» y «humanistas» que los norteamericanos, pues en realidad están buscando un tratado de libre comercio cuyo centro es el lucro y la ganancia, advierten. La oposición de derecha cree que Evo Morales sigue una política exterior «errática y aislacionista» que pone en riesgo los mercados de Estados Unidos y Europa. Un ex funcionario negociador de TLCs criticó la «ambigua» posición del gobierno. Los movimientos y organizaciones sociales de Bolivia están preocupados porque Europa está intentando imponer un acuerdo de corte neoliberal, muy parecido a los TLCs de Estados Unidos y su proyecto hegemónico del Área de Libre Comercio en las Américas (ALCA). En su propuesta, los europeos siguen apostando por la privatización de la salud, la educación, los servicios públicos, la agricultura, el conocimiento, la cultura y tradiciones de las comunidades indígenas. Muchos líderes se sienten contrariados no solo porque Europa demuestra haber aprendido muy poco del proceso de cambio que vive Latinoamérica, donde amplios sectores sociales e incluso algunos gobiernos han rechazado de manera categórica la avanzada comercial neoliberal, sino también porque los analistas de la derecha siguen pregonando que el libre comercio es sinónimo de desarrollo. Este viernes (en referencia al 1 de junio), las organizaciones nucleadas en el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración de los Pueblos – Contra el TLC y ALCA concluyeron en un seminario internacional que los acuerdos con los países desarrollados, ya sea Europa o Estados Unidos, favorecen más a las corporaciones que a las personas. La prueba es que tras 14 años de TLC con Estados Unidos, lo único que ha obtenido México es un enorme muro en su frontera para impedir que millones de campesinos arruinados por la competencia de las transnacionales escapen al norte. El neoliberalismo hace aguas en toda la región andina. La liberalización comercial y el achicamiento del Estado de las últimas dos décadas han ocasionado la pérdida de ingresos y de fuentes de empleo, y aumentaron las desigualdades sociales. El «libre comercio», tal y como lo entienden las potencias occidentales, busca proteger sobredimensionadamente las inversiones extranjeras, supuesto motor del desarrollo, perjudicando a la gran mayoría de la gente. Los gremios recordaron que el libre flujo de mercancías no necesariamente mejora la vida de las personas, porque ese tráfico generalmente se da en un solo sentido: desde el norte rico hacia el sur pobre y no a la inversa. Para estas organizaciones, el TLC está diseñado para profundizar, consolidar e institucionalizar el modelo neoliberal en la esferas económica, social y política. Más que una política económica comercial, los TLCs pretenden «contractualizar» la convivencia social en función a las reglas del mercado. «Para nosotros, nuevas propuestas que plantean profundizar el libre comercio solamente pueden provocar un retroceso en países que se han propuesto cambiar las reglas y el modelo para asegurar la dignidad de nuestros pueblos y el derecho a la soberanía. Esto puede provocar profundos impactos negativos tal como lo hicieron en la aplicación de un modelo que está pensado para beneficiar a las transnacionales. En la región andina, amplios sectores sociales han rechazado de manera categórica el ALCA, el TLC y toda propuesta que otorgue beneficios para las grandes transnacionales e implique enormes perjuicios para los pueblos. Esas recetas ya las hemos vivido y sabemos de sus consecuencias. No las queremos más», indica el manifiesto emitido por organizaciones de la región andina y de Europa a la conclusión del seminario. El Movimiento Boliviano declaró que no está en contra de entablar relaciones comerciales con Europa, «siempre y cuando sea sobre la base del equilibrio y la reciprocidad. Exigimos que las voces y las propuestas de nuestros pueblos sean consideradas a la hora de establecer las nuevas reglas de la integración y del comercio. Creemos firmemente que un acuerdo tiene que estar inspirado en principios de solidaridad, justicia, complementariedad y armonía con la Pachamama, la Naturaleza». —————————
Nueva etapa de negociación
Optimismo en el norte, pesimismo en el sur
Para los movimientos sociales de los andes, las formulaciones sobre diálogo político y cooperación pueden convertirse en un instrumento de interferencia en los asuntos internos. En esos términos, no hay posibilidades de un Acuerdo de Asociación «más humano y equitativo».
Por qué rechazan el libre comercio
[1] Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, garantizar la coherencia de las políticas a favor del desarrollo, reconocimiento de que el objetivo prioritario de un acuerdo de asociación es la erradicación de la pobreza, promover la participación estructurada de la sociedad civil y la inclusión de la Cláusula Democrática y otras de carácter social como el Convenio 169 de la OIT, con mecanismos que aseguren su operatividad.