Los nudos entre el Parlamento Europeo y los gobiernos en relación con el cumplimiento del Estado de Derecho y el aumento de partidas presupuestarias siguen sin deshacerse mientras arrancan las negociaciones sobre el reglamento del fondo de recuperación y la Comisión Europea da por hecho que el dinero no llegará antes de la segunda mitad de 2021.
Europa entra en una nueva ola de contagios, fallecimientos, restricciones y confinamientos. Francia, Alemania, Reino Unido y Bélgica, entre otros, están limitando la apertura de comercios a aquellos considerados esenciales, y a reducir los contactos entre personas a lo mínimo imprescindible. El panorama en Europa se parece cada vez más al de marzo, si bien las cifras de fallecidos aún se encuentran muy por debajo en comparación con la primavera. Pero las restricciones económicas para frenar la crisis sanitaria cada vez se parecen más a las tomadas hace seis meses, lo que invariablemente llevará a un frenazo económico en el último cuatrimestre del año después de un fuerte repunte en el tercer repunte del año.
El producto interior bruto (PIB) de la eurozona subió un 12,7 % en el tercer trimestre tras la fuerte caída registrada entre abril y junio por la pandemia de COVID-19, pero el dato interanual registró una caída del 4,3 %, según la primera estimación de la oficina de estadística comunitaria Eurostat publicada este viernes. El aumento trimestral es el más importante desde que comenzaron a registrarse estos datos en 1995, y responde a la recuperación tras las caídas del 11,8 % en los países del euro y del 11,4 % en la UE durante el segundo trimestre. En España el PIB subió un 16,7 % entre julio y septiembre pero cayó un 8,7% interanual.
Entre los Estados miembros de los que se dispone de datos del tercer trimestre, Francia registró el mayor aumento del PIB (18,2%) en comparación con el trimestre anterior, seguido de España (16,7%) e Italia (16,1%). Pero lo que está viniendo ahora es un escenario completamente distinto.
«Claramente esperamos que el mes de noviembre sea muy negativo», explicaba la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde tras la reunión de la junta de gobierno de la entidad: «Y reflejará el lento proceso por el que van cayendo nuestras economías desde septiembre. Cuando miras todos los números, ya sea en la industria de servicios, sobre la confianza de los consumidores… claramente se agravará en el mes de noviembre, dadas las medidas que se están tomando. Así que lo más probable es que nuestro número del cuarto trimestre sea a la baja. Habrá que ver cuál será el resultado de las actuales medidas de contención, y el tipo de rebote dependerá claramente de la pandemia, el aumento del contagio, las medidas de contención, la eficacia, etcétera. Pero no esperamos buenos números para noviembre».
En medio de este panorama, el acuerdo político de julio entre los líderes de la UE que, tras cinco días y cuatro noches lograron pactar un fondo de recuperación de 750.000 millones para afrontar la crisis económica y sanitaria de la pandemia, sigue sin ponerse en práctica por el bloqueo en las negociaciones entre el Consejo (los 27 gobiernos), el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Ronda de negociación estancada
Las rondas de negociación, los trílogos, se encuentran estancadas por la mayor ambición del Parlamento Europeo en cuanto a la vinculación de los fondos europeos al cumplimiento del Estado de Derecho, que, en paralelo, cuenta con la amenaza de Hungría de vetar toda la arquitectura en la fase de ratificación nacional; y con la pelea de la Eurocámara por evitar el vaciado que hicieron los líderes en la cumbre de un buen puñado de partidas del marco financiero plurianual (MFF, presupuesto de la UE para 2021-2027) para traspasar dinero al fondo de recuperación: cultura, la cohesión, Erasmus, Horizonte, Invest EU… En este último caso, la pelea es por una decena de miles de millones en un marco de 1,074 billones, con lo que debería encontrarse una solución.
«Recomendamos encarecidamente que se llegue a un acuerdo entre las autoridades europeas para asegurar que haya una total eficiencia en el despliegue de los fondos, porque esto es lo que va a tener un impacto en la economía real», afirmaba Lagarde en relación con las negociaciones: «Reconocemos el papel clave del paquete y la importancia de que entre en funcionamiento sin demora. Contribuirá a una recuperación más rápida, sólida y uniforme y aumentará la capacidad de recuperación económica y el potencial de crecimiento de las economías de los Estados miembros».
Este martes se reúne el Eurogrupo, los ministros de Finanzas del euro, y el miércoles, el Ecofin, los ministros de Finanzas de los 27. «Esperaría que algún ministro haga algún un comentario y diga que es el momento de llegar a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el marco financiero plurianual para desbloquear todo el paquete», explica una fuente comunitaria, «y poner en marcha el fondo de recuperación para que comience el proceso de ratificación. Algunos ministros dirán que ahora es más urgente».
Además de la negociación abierta sobre la condicionalidad vinculada al cumplimiento del Estado de Derecho y sobre las partidas del marco financiero plurianual, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea abrirán en breve una nueva negociación, la del reglamento del fondo de recuperación. Los gobiernos acordaron su posición, que incluía una cláusula de suspensión en la entrega de los fondos si no se cumplían las normas fiscales de objetivos de deuda y de déficit que, por otro lado, están suspendidas durante 2020 y, al menos, 2021.
La posición del Parlamento Europeo, pactada por los principales grupos este viernes por la tarde –populares, socialistas, liberales y verdes–, es otra bien distinta. Ernest Urtasun, vicepresidente del Grupo de Los Verdes y eurodiputado de En Comú Podem, explica: “Nuestros objetivos principales, como por ejemplo dotar de más ambición climática al fondo, garantizar que las inversiones tendrán en cuenta su impacto en la igualdad de género, o desvincular el fondo de las normas fiscales europeas han quedado muy bien recogidas en el acuerdo final. También estamos satisfechos de haber logrado debilitar el vínculo del Fondo con las reformas del llamado “semestre europeo”, ya que el Parlamento propone por ejemplo que las reformas que deberán tenerse en cuenta deberán ser aquellas vinculadas con los objetivos del fondo (y no cualquier reforma recogida en las recomendaciones específicas por país)”.
El acuerdo del Parlamento Europeo establece un objetivo de gasto de al menos el 40% vinculado a la biodiversidad y a la lucha contra el cambio climático –el acuerdo de los Gobiernos lo fija en el 37%–, asegura que el 100% del dinero de todos los planes nacionales de recuperación y resiliencia se gaste en las prioridades identificadas en este reglamento por el Parlamento; que el Parlamento debería tener el derecho de aprobar los planes nacionales de recuperación y resiliencia; evaluación del impacto en la igualdad de género en los paquetes de recuperación completo; y que las recomendaciones específicas para cada país deberán ser aquellas que estén en línea con las prioridades del reglamento. Por último, el artículo 9 sobre el vínculo del fondo con la obligación del cumplimiento de las normas fiscales europeas se suprimió y se sustituyó por un mecanismo de revisión por el cual se encarga a la Comisión presentar una nueva propuesta legislativa sobre la forma de articular el Reglamento con las normas fiscales una vez que se suprima la cláusula de salvaguardia general del Pacto de Estabilidad.
«Hay que garantizar que el acuerdo sobre el reglamento sea antes de fin de año, de forma que se puedan presentar los planes de recuperación de los países de manera oficial lo antes posible», explican fuentes del Gobierno: «Hay un intercambio constante con la Comisión y reuniones en las que se va analizando las propuestas, pero es muy importante la recepción de fondos, éste es el principal elemento ahora mismo: conseguir que lo que ya se ha acordado se ponga en marcha».
«El estado de incertidumbre es extremo»
«El estado de incertidumbre es extremo», reconocen en el Gobierno. «Es fundamental que los fondos lleguen de forma acelerada», afirman en Economía, mientras reconocen que «en función de cómo evoluciona la situación sanitaria y económica» se podrá evaluar «si hacen falta medidas adicionales. Lo mismo que estamos haciendo a escala nacional, analizando como evoluciona la situación y tomando nuevas medidas, puede hacerse a escala europea, con agilidad y consenso que se consiguió en el mes de abril» cuando el Eurogrupo pactó el SURE (programa para financiar los ERTE), los 250.000 millones de, MEDE sanitario que no se han usado aún y los 200.000 del BEI para avalar empresas que están empezando a utilizarse ahora.
Pero para ver los primeros recursos del fondo de recuperación, por lo que avanzan las fuentes comunitarias, habrá que esperar a la segunda mitad de 2021, ya que la Comisión Europea prevé la primera emisión de bonos para el próximo verano. En el caso de España, el primer anticipo del 10% que llegaría a partir de entonces serían 7.200 millones en subvenciones y 6.800 en préstamos, si bien España de momento ha comunicado que no quiere recurrir a los préstamos –lo cual supondría a acceder a los 72.000 millones en trasferencias y no a los 68.000 en préstamos–. España, en todo caso, quiere incluir en sus presupuestos para 2021 27.000 millones de fondos europeos que confía llegarán, en todo caso, antes de que acabe el año.
La emisión de 900.000 millones de euros en los próximos seis años (800.000 del fondo de recuperación y 100.000 del SURE) convertirá a la UE en el mayor emisor supranacional de deuda del mundo y en uno de los principales emisores de bonos denominados en euros, según fuentes comunitarias.
Los retrasos
Además de las negociaciones que hay en marcha entre la Eurocámara, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, es necesaria la ulterior ratificación en los 27 parlamentos nacionales para aumentar el techo de gasto y emitir los 750.000 millones de deuda y la aprobación de los recursos propios –nuevos impuestos– para el repago de esa deuda. Como es imprescindible la ratificación en los 27, con uno solo que no lo haga, pone en jaque todo el mecanismo.
Hungría está amagando con esa posibilidad porque quiere vetar la cláusula de respeto del Estado de Derecho que, precisamente, está bastante aguada para seducir a Budapest y Varsovia. Cosa que, de momento, no está ocurriendo. Pero sí que está ocurriendo que lo están los llamados frugales, comandados por Holanda, y los grupos del Parlamento Europeo, siempre más ambiciosos que los gobiernos en lo que se refiere a la censura a Hungría y Polonia.
Una vez que se solventen estos obstáculos, comenzará la fase de evaluación de los proyectos, que podían ir presentándose desde este 15 de octubre, si bien ningún país ha presentado aún ninguno, y hasta el próximo mes de abril.
El problema es que la tramitación puede tardar hasta tres meses, si se tiene en cuenta que la evaluación de la Comisión Europea puede demorarse ocho semanas y otras cuatro la del Consejo de la UE. La Comisión ha prometido correr y ya está habiendo conversaciones con los países para adelantar trabajo, pero el retraso es evidente.
«España trabaja internamente y con la Comisión Europea para tener el plan de reformas cuanto antes», explican fuentes del Gobierno.
En todo caso, el dinero nunca podrá llegar antes de que se haya realizado la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea para captar los 750.000 millones del fondo, con lo que el horizonte se sitúa en la segunda mitad de 2021.
Andrés Gil. Corresponsal en Bruselas. @andresgil