Eurostat ha constatado que España ha reducido en el año 2016, 4 décimas su presión fiscal (la suma de impuestos y cotizaciones sociales dividido por el PIB), hasta llegar al 34,1% de proporción del mismo, encontrándose 7,2 puntos por debajo de la presión fiscal de la eurozona. Esto ha ocurrido por dos razones: un crecimiento […]
Eurostat ha constatado que España ha reducido en el año 2016, 4 décimas su presión fiscal (la suma de impuestos y cotizaciones sociales dividido por el PIB), hasta llegar al 34,1% de proporción del mismo, encontrándose 7,2 puntos por debajo de la presión fiscal de la eurozona.
Esto ha ocurrido por dos razones: un crecimiento del 3,3 % del Producto Interior Bruto, que actúa de denominador, y unos cambios normativos fiscales que han reducido la potencialidad del crecimiento de ingresos más de 6.000 millones según cálculos del propio Ministerio de Hacienda. Esto, sin entrar en el fraude fiscal. Las decisiones de reducir la potencialidad de ingresos fiscales se produce cuando todavía España sigue teniendo un déficit estructural (ingresos menos gastos descontando los intereses del pago de la deuda) no corregido. Eliminarlo es el camino imprescindible para reducir el tamaño de la deuda pública. Es necesario para tener margen de maniobra para cuando se produzca un cambio de ciclo o cambien algunos aspectos de la coyuntura beatífica exterior, tipos de interés bajo, política monetaria laxa, tipo de cambio euro-dólar reducido y precio del petróleo relativamente soportable o una excelente demanda turística.
El Gobierno y sus aliados parlamentarios confían en la inercia del crecimiento económico para acompasar la reducción del déficit excesivo por el que nuestro país está en la lista de países europeos bajo especial observación de la Comisión Europea. Y, aún, tener margen para realizar alguna de sus prioridades, como la de bajar impuestos. Pero dado que la reducción del déficit público tiene que realizarse junto al pago de unos intereses de una deuda pública que alcanza casi el mismo valor que el PIB y que representa más del 2% del PIB, el margen que queda es atemperar el crecimiento de gasto en otras partidas presupuestarias. También mantener unos criterios normativos restrictivos de gastos que afectan a muchos ciudadanos, por ejemplo, las reglas de acceso a las prestaciones de desempleo o la revalorización de pensiones.
Nos encontramos, pues, en una situación de recuperación parcial de datos macroeconómicos. Tenemos un PIB o unos ingresos públicos nominales similares a los anteriores a la crisis, pero hay otros datos que muestran que la crisis no está superada.
Todos somos conscientes del déficit de la Seguridad Social y como las listas de espera quirúrgica no se reducen. O la falta de refuerzos en educación para reducir el fracaso escolar.
Hay una necesidad de facilitar de forma sostenible gastos públicos no cubiertos. Ciertas partidas presupuestarias tienen un significado claro de calidad y esperanza de vida. Este sería el caso de la dependencia. El Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales ha reconocido que desde 2012 hasta este año habrán muerto unas 200.000 personas dependientes, estando en listas de espera, sin disfrutar de una atención que según la ley tendrían derecho.
Por todo esto, desde un planteamiento querido por la ideología de la estabilidad estrecha europea, hasta un planteamiento más social y contrario a la creciente desigualdad, la reducción del déficit no debe ir sólo por el crecimiento económico, o que aquel provenga de un limitado crecimiento de gasto social por el mantenimiento de restricciones o por el sacrificio de listas de espera o desatenciones corregibles.
La política de cohesión europea debe construirse bajo un prisma de cooperación, armonización y fortalecimiento de tejido productivo donde la distribución del gasto público esté en función de pertenecer a la ciudadanía europea y no del lugar de nacimiento. España tiene un diferencial de presión fiscal, con respecto a los países de la eurozona, de siete puntos. Pero, hasta ahora, la política de estabilidad sólo ha priorizado la reducción del déficit y la ralentización del gasto público para alcanzarlo. Ahora, parece que se quiere incluir un Pilar Social en la concepción de estabilidad. La estabilidad debe incluir la seguridad de cumplimentar las prestaciones sociales. Por eso, el que la senda de ingresos públicos sea estable y acorde al crecimiento de las rentas o riqueza es tan importante. Una lectura de si es coherente la política de estabilidad europea es su persecución efectiva de la elusión fiscal de las multinacionales y si se dota de unos mínimos impositivos en las rentas y riquezas de su ciudadanía, aspectos en los cuales los rectores de la actual construcción europea no han sido muy eficientes.
Pero, volviendo al plano nacional, teniendo en cuenta la falta de coberturas sociales o de inversión y el diferencial contra la ciudadanía española de presión fiscal no entendemos que se quiera aprovechar el crecimiento económico para reducir normativamente los impuestos, quitando progresividad fiscal (véase la carrera de ciertos gobiernos autonómicos y partidos políticos con el impuesto sobre el patrimonio, sucesiones o IRPF) y sobrecargando las rentas procedentes del trabajo (ya sea vía cotizaciones o IRPF) frente a las rentas de capital y riqueza sean en el IRPF, en el Impuesto sobre Sociedades y otros.
Eurostat ha dejado desnudo al rey. Sin alcanzar la reducción del déficit público al que se ofrecían todos los recortes, independientemente de cómo se conseguía, sin lograr alcanzar coberturas sociales en personas vulnerables, con carencias inversoras, se ha reducido la presión y progresividad fiscal, contrariando una política de estabilidad y la mejora de cohesión y equidad social.
Santiago González Vallejo, economista USO.
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