Sankt Gallen es una preciosa ciudad situada al pie de los Alpes suizos, famosa por su universidad y una abadía patrimonio de la humanidad. Esta localidad de 73.000 habitantes no suele aparecer en el mapa global de las finanzas. Sin embargo, a principios del año, San Galo -su nombre en castellano-se convirtió en el epicentro […]
Sankt Gallen es una preciosa ciudad situada al pie de los Alpes suizos, famosa por su universidad y una abadía patrimonio de la humanidad. Esta localidad de 73.000 habitantes no suele aparecer en el mapa global de las finanzas. Sin embargo, a principios del año, San Galo -su nombre en castellano-se convirtió en el epicentro de un terremoto que ha sacudido al sector bancario suizo.
Allí se encuentra la sede de Wegelin & Co, un pequeño y discreto banco privado cuya sede, con contraventanas de madera verde y macetas de flores, podría pasar perfectamente por la residencia veraniega de Clara y la Señorita Rottenmeier. Es la primera entidad helvética que ha admitido sin tapujos haber ayudado a ciudadanos norteamericanos a evadir impuestos en el marco de una investigación por parte de la Hacienda de Estados Unidos. Sus directivos contaron cómo se recomendaba a los clientes abrir empresas pantalla en otros paraísos fiscales para desviar la atención de los inspectores, así como no hacer llamadas telefónicas o mandar correos electrónicos desde EEUU. En casos urgentes bastaba con mandar un mensaje de texto críptico.
Este servicio para fomentar el fraude fiscal es «una práctica muy extendida en la banca suiza», reconocieron los directivos Konrad Hummler y Otto Bruderer ante las autoridades estadounidenses. A cambio de esta confesión, la entidad sólo tuvo que pagar una multa de 58 millones de dólares, obteniendo además el compromiso de que sus directivos no serán procesados. Aun así, el banco más antiguo de la República Helvética, fundado en 1741, se vio forzado a echar el cierre.
Las confesiones de los responsables de la pequeña entidad de San Galo cayeron como una bomba entre sus colegas en Zúrich y Ginebra, provocando un verdadero escándalo público en el país alpino. El líder cristianodemócrata, Christophe Darbellay, acusó a los dos directivos de «traidores» por haber «difamado el sector bancario suizo». El político recibió amplio apoyo de otros partidos y de gran parte de la prensa. Los otros bancos, entre ellos gigantes como UBS o Crédit Suisse, temen que sus colegas de Wegelin hayan complicado mucho su defensa ante las acusaciones del fisco de EEUU, que está persiguiendo ferozmente a las entidades helvéticas que dan cobijo al dinero evadido de estadounidenses pudientes.
Suiza sigue ocupando el puesto número uno en la lista de paraísos fiscales en todo el mundo, con fondos de no residentes por valor de más de dos billones de dólares, según algunos cálculos. Es también el destino predilecto para las grandes fortunas españolas que pretenden ocultar su patrimonio, como ha demostrado el descubrimiento de la cuenta suiza del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, o la «regularización» de un depósito antiguo por parte de la familia Botín del Banco Santander.
Unas 3.000 cuentas de propietarios españoles figuran en la lista de clientes del banco HSBC, extraída en secreto por un exempleado, Hervé Falciani. La Justicia suiza le acusa del robo de los datos personales de 130.000 cuentas de clientes de la filial en Ginebra de esta entidad británica, por lo cual emitió una orden de búsqueda y captura. En julio, Falciani fue detenido en Barcelona y pasó medio año en prisión. Ahora está en libertad condicional a la espera de que la Audiencia Nacional decida si concede o no la extradición que reclama Suiza*.
La dimensión del dinero negro en el medio centenar de países y territorios coloniales considerados como paraísos fiscales es galáctica, aunque difícil de cuantificar. Hay por lo menos 21 billones de dólares de capital fuera del alcance del fisco de sus respectivos países, el tamaño conjunto de las economías de EEUU y Japón, según un informe de Tax Justice Network, una de las ONG más potentes en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, elaborado por el ex economista jefe de la consultora McKinsey James Henry. Esta cifra sube hasta 32 billones si se aplican parámetros menos conservadores. Los expertos de Tax Justice Network, con sede en Londres, calculan que el fraude podría traducirse en la pérdida de entre 190.000 millones y 280.000 millones de dólares en recaudación fiscal.
Tradicionalmente son los países en desarrollo los que más acusan esta fuga de capitales, que tiene un impacto brutal sobre la pobreza en el llamado tercer mundo. Pero ahora la crisis económica también estrangula los presupuestos de los países ricos que básicamente han respondido imponiendo fuertes recortes al Estado de Bienestar y aumentos de los impuestos que más afectan al poder adquisitivo del ciudadano común.
No sorprende entonces que dirigentes políticos, como el presidente de EEUU Barack Obama o la canciller alemana Angela Merkel, hayan puesto en la agenda la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El primer ministro británico, David Cameron, quiere aprovechar la presidencia de turno de su país del G-8, el club de los países más ricos del planeta, para avanzar en la lucha contra las ovejas negras. «Tras años de abusos, los pueblos en todo el mundo exigen que se tomen medidas y, más importante, está creciendo la voluntad política de actuar», anunció el primer ministro en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite empresarial y política en el balneario suizo de Davos, en enero.
Los activistas que luchan contra el «casino global del capital», como lo llaman en la organización Attac, aplauden este giro de los grandes líderes pero con una dosis sana de escepticismo. Todavía resuenan las palabras, tan grandilocuentes como vacías, del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que en 2008 invitaba a sus colegas internacionales a «refundar el capitalismo». Incluso la revista The Economist, el gran referente de la comunidad financiera internacional, advirtió en un editorial del pasado 15 de febrero de que las recientes diatribas de los líderes políticos contra los paraísos fiscales eran «un ataque hipócrita y equivocado» porque deberían empezar por «limpiar su propio patio interior».
Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, está de acuerdo. «Hay mucho cinismo en esto porque los que propagan la lucha contra los paraísos fiscales son los países ricos, que albergan a los mayores paraísos fiscales. Es la doble moral. ¿Cómo pretenden luchar contra el blanqueo cuando la mayor lavadora de dinero negro es la City de Londres?», se pregunta el autor de Las cloacas de la economía (Editorial Catarata).
La capital británica, con sus leyes laxas para el capital extranjero, es uno de los principales destinos mundiales de dinero negro. En otoño, el Senado de EEUU, en un informe detallado, acusó formalmente a HSBC, uno de los gigantes de la banca británica y mundial, de haber ayudado activamente al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico e incluso de redes terroristas. Pero no es solo la City de Londres. El Reino Unido, como herencia de su pasado colonial, ostenta la soberanía formal sobre tres decenas de territorios que albergan los principales centros financieros offshore, empezando por las islas del Canal de La Mancha, Jersey y Guernsey, y especialmente los archipiélagos caribeños, que ofrecen los regímenes fiscales más sigilosos del planeta.
El rey de los piratas del Caribe son las Islas Caimán, que con 54.000 habitantes son el hogar de unas 90.000 sociedades registradas, de las cuales 18.000 tienen su dirección en el mismo edificio, Ugland House. Lo que más aprecian los inversores internacionales, aparte del secretismo de las islas, es el excelente funcionamiento de los tribunales de confección británica, que les inspiran mucha confianza.
También Obama debería reflexionar antes de señalar con el dedo a otros. El pequeño estado de Delaware, en la costa este de EEUU, alberga casi un millón de empresas, entre ellas los grandes nombres de Wall Street, gracias a sus leyes y jurisprudencia muy favorables a ciertos intereses económicos. Y Miami es, desde hace tiempo, el destino preferido de los ricos latinoamericanos que prefieren ocultar su patrimonio lejos de casa.
Sólo se dan datos cuando los pide un juez
Durante décadas, los paraísos fiscales florecieron sin llamar la atención de los gobernantes de los estados que veían con cierta indiferencia cómo el dinero de sus ciudadanos pudientes escapaba del fisco. Pero en 1989 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que elaboró una lista de países y territorios opacos a los que exigía mayor transparencia y colaboración.
El objetivo principal del GAFI era la lucha contra el blanqueo de dinero, en particular del procedente de redes terroristas. Casi todas las ovejas descarriadas han conseguido salir de la famosa lista negra a cambio de concesiones en materia de transparencia que dejan mucho que desear en opinión de muchos expertos. «Se ha hecho un paripé, pero los paraísos fiscales siguen funcionando como tales», comenta el profesor Velasco. También The Economist reconoce que estos países normalmente sólo liberan los datos de sus clientes cuando se lo pide un juez «con una sospecha bien fundada».
A Washington tampoco le basta el purgatorio montado por la OCDE. La nación más poderosa del mundo ha impuesto un acuerdo de intercambio de datos fiscales, llamado FATCA, a medio centenar de países, entre ellos Suiza. Hace unos años que los banqueros helvéticos sienten el acoso de los inspectores de Hacienda estadounidenses.
Algunos grandes bancos han pactado pagar multas sin admitir haber colaborado con el fraude de clientes norteamericanos. En agosto del año pasado, dos jóvenes suizos, a su llegada a un aeropuerto de EEUU, fueron interrogados por los agentes de aduana que se interesaban por las actividades de su padre, un gestor de patrimonios de Ginebra que estaba en el punto de mira de los inspectores norteamericanos. La noticia provocó pánico en el sector.
No sólo Washington está apretando las tuercas a la banca suiza. Varios empleados de entidades afincadas en la República Helvética, como el mencionado Falciani, han ofrecido datos de clientes extranjeros a las autoridades de los países de origen de los supuestos defraudadores. Algunos estados federados de Alemania compraron estos CD, que ayudaron a destapar grandes cantidades de dinero evadido. En Alemania se produjo un intenso debate sobre si era legítimo que el Estado se hiciera cómplice de un crimen -el robo de datos- para perseguir otros delitos como el fraude fiscal.
Al final, los gobiernos de los dos países vecinos llegaron a un acuerdo para que el capital escondido de ciudadanos alemanes en Suiza pagara de forma retroactiva una tasa entre el 21% y el 41% por los últimos diez años. A cambio, no se desvelaría la identidad de los defraudadores fiscales y no se enfrentarían a persecución judicial. Sin embargo, los socialdemócratas y los verdes tumbaron este pacto en la cámara alta del Parlamento alemán, donde tienen mayoría, porque lo consideraban injusto para el contribuyente honrado.
«Los bancos han vivido durante décadas del dinero negro, es decir, del capital de clientes privados extranjeros, que no querían declararlo en sus países. Sin gran esfuerzo, los bancos suizos recibían de esta manera miles de millones de capital, sólo porque los clientes conseguían así evadir impuestos», comenta por correo electrónico Lukas Hässig, un reputado periodista financiero de Zúrich. Hässig cree que el legendario secreto bancario suizo tiene los días contados, a pesar de los intentos de algunos partidos conservadores de salvarlo incorporándolo a la Constitución.
«El secreto bancario, cuya razón de ser por supuesto consiste en facilitar la evasión fiscal de contribuyentes extranjeros en beneficio de la industria financiera del país, está tan anclado en el alma popular de Suiza como un icono nacional que es imposible que se produzca conciencia de injusticia», escribió el catedrático alemán Ulrich Thielemann en el Wochenzeitung, un semanal progresista editado por una cooperativa de periodistas que colabora con La Marea. Hace tres años, cuando Thielemann era vicedirector del Institut für Wirtschaftsethik (Instituto de Ética Económica) de la Universidad de Sankt Gallen provocó un escándalo en Suiza que terminó con su abandono del centro. Ante una comisión parlamentaria del Bundestag en Berlín, el catedrático denunció esta falta de conciencia sobre la escasa ética de las actividades de la banca helvética. «Suiza solo ha hecho concesiones por la presión internacional», concluyó. Un traidor y encima alemán.
Varios imputados de la Gürtel tenían cuentas en Suiza
Debido a esta presión, Suiza ha firmado acuerdos con Reino Unido y Austria por los cuales los bancos helvéticos aplicarán un impuesto sobre los rendimientos de las cuentas de clientes de estos dos países que transferirán a las autoridades británicas y austríacas. A cambio, se guarda el anonimato del cliente. El Gobierno de Mariano Rajoy se interesó por este llamado Acuerdo Rubik pero aún no ha decidido firmarlo.
De momento, el ministerio del que es titular Cristóbal Montoro se conforma con la nueva norma que obliga a todos los contribuyentes en España a declarar sus bienes en el extranjero. Y eso que Suiza es el destino preferido por las grandes fortunas españolas, como han demostrado la lista de Falciani o el caso Bárcenas. Entre las 3.000 cuentas que figuran en los ficheros de Falciani, la Agencia Tributaria ha identificado 659 casos de fraude. Hasta hoy, los únicos nombres que se han hecho públicos son los del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su hija Patricia, que alegaron que se trataba de una cuenta antigua abierta por el padre del banquero durante la Guerra Civil.
En teoría, las autoridades españolas pueden pedir información sobre cuentas a sus colegas suizos, pero en la práctica es un proceso extremadamente lento. Salvo cuando se trata de un proceso judicial. La cuenta de los 22 millones de Bárcenas se descubrió porque el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el curso de la investigación de la trama Gürtel, había cursado una comisión rogatoria a Suiza, es decir, la solicitud de datos basada en una sospecha concreta. Ruz ha formulado más de 30 de estas comisiones rogatorias a varios países, lo cual le ha permitido destapar cuentas ocultas de cinco exaltos cargos del PP, incluyendo Bárcenas.
Ocultar dinero en los Alpes se ha hecho un poco más incómodo para los ricos españoles, aunque sigue ofreciendo bastantes garantías. «Ahora los bancos suizos se han puesto muy exquisitos con los clientes. Algunos incluso han cerrado sus departamentos para atender a españoles», asegura Pablo Alarcón, un abogado que representa a clientes con depósitos en Suiza, «todo legal», ya que efectivamente no es ningún delito tener fondos en Zúrich y Ginebra siempre y cuando se declare a Hacienda en España.
A partir de ahora, para abrir una cuenta en la República Helvética, los no residentes deben firmar una declaración en la que aseguran que el dinero depositado ha sido previamente declarado en su país de origen y autorizan a la entidad a comprobarlo si ésta lo estima necesario. «Si firmas esto y no es verdad, es tu problema», comenta Alarcón. Algunos expertos, sin embargo, no creen que los bancos suizos se vayan a tomar la molestia de molestar a sus apreciados clientes. «Se trata básicamente de autoprotección», explica el periodista financiero Hässig: «Con esta declaración, los bancos pasan la responsabilidad a sus clientes. Así tienen un certificado de su inocencia, que les ayudará para evitar litigios en el extranjero».
El abogado Alarcón, que también es profesor de Fiscalidad Internacional en el Instituto de Empresa de Madrid, asegura que ya no quedan muchos sitios donde se pueda refugiar el dinero negro amparado por un secreto bancario. «Ahora, el que quiere estar en el lado oscuro prefiere montar estructuras complejas, a través de varias empresas o trusts, para esconder el dinero».
Las artimañas fiscales de las multinacionales
Las multinacionales de todo el mundo aprovechan cada vez más estas estructuras complejas para minimizar su carga fiscal. Es una práctica habitualmente legal. Se transfieren ganancias y pérdidas entre filiales para aprovechar al máximo el régimen fiscal de cada país. Así, los impuestos no siempre se pagan en el Estado donde realmente se realiza la actividad económica. Los paraísos fiscales son un instrumento muy útil para montar este tipo de estructuras. Sorprende que Barbados, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe sumaran en 2010 más inversiones directas exteriores que Alemania, según la OCDE. A la vez, las Islas Vírgenes fueron el segundo inversor extranjero en China, después de Hong Kong y por delante de EEUU.
De las 35 empresas españolas que conforman el Ibex, 30 tienen filiales en paraísos fiscales. Asesorar a las multinacionales sobre cómo construir estos esquemas para minimizar la carga fiscal es un negocio redondo para las cuatro grandes consultoras mundiales, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC.
El comercio electrónico es otra baza que permite a las multinacionales pagar los impuestos sobre sus ingresos en países con una fiscalidad baja. Inditex, dueño de Zara, canaliza sus operaciones online a través de una filial en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es de sólo el 12,5%. Lo mismo hacen multinacionales como Google, Amazon, Ebay o Facebook.
Al igual que ocurre con los paraísos fiscales, muchos gobiernos pretenden ahora poner coto a esta práctica -básicamente legal pero poco ética- de eludir impuestos que supone una auténtica sangría para las arcas públicas. La OCDE acaba de publicar un informe con recomendaciones para los líderes del G20. «Cuando los gobiernos y sus ciudadanos tienen que luchar para llegar a fin de mes, es muy importante que todos los contribuyentes -tanto las personas físicas como las empresas- paguen una cantidad justa de impuestos y confíen en que el sistema fiscal internacional es transparente», declaró el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Aparte del aspecto ético, para la organización, la facilidad con que las grandes multinacionales pueden reducir su carga fiscal supone una distorsión de mercado ya que de esta forma obtienen una ventaja competitiva frente a empresas más pequeñas que no tienen capacidad para elaborar una creatividad contable tan sofisticada.
Pero en una economía globalizada los gobiernos nacionales no lo tienen fácil para gravar los beneficios de las multinacionales. David Cameron acaba de proponer que se excluyan de contratos públicos a aquellas empresas que usen filiales extranjeras para eludir pagar impuestos en el Reino Unido. De momento, funciona mejor la presión social. La cadena Starbucks rectificó su estrategia de elusión fiscal después de un exitoso boicot de los clientes de sus cafés en Gran Bretaña.
En España, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha presentado un plan que permitiría al Estado recaudar casi 64.000 millones de euros más al año. Para ello proponen aumentar el impuesto de sociedades y eliminar deducciones que permiten a las grandes empresas pagar muy por debajo del tipo nominal del 30%. Gestha también exige restricciones para las famosas Sicav, el vehículo preferido de los grandes patrimonios para eludir impuestos (ver página siguiente). Una de las propuestas de los inspectores de Hacienda acaba de entrar en vigor. Once países de la Unión Europea han aprobado una tasa sobre transacciones financieras que aportará al Tesoro español 5.000 millones de euros anuales.
Finalmente, y más importante, Gestha reclama al Gobierno que se tome más en serio la lucha contra la economía sumergida que, según el cálculo de los inspectores, podría aportar casi 30.000 millones de euros más a las arcas del Estado. En los últimos días, coincidiendo con el escándalo de la cuenta suiza de Bárcenas y la polémica alrededor de la amnistía fiscal, inspectores, fiscales y jueces han alzado la voz para denunciar la escasez de medios con los que cuentan para luchar de forma eficaz contra los defraudadores.
En España son mucho menos frecuentes que en países como Alemania las inspecciones físicas de empresas e individuos y más común el simple cruce de datos informáticos. En este sentido, exigen al ministerio de Montoro que los inspectores puedan investigar a las 31.000 personas que se acogieron a la amnistía del año pasado, «para comprobar que el origen de las rentas no procede de actividades delictivas». Varios imputados de la trama Gürtel han aprovechado la amnistía para «regularizar» su dinero negro, oculto tras complejos entramados societarios.
El catedrático Velasco está de acuerdo con que hacen falta más medios para luchar contra el fraude, pero cree que también debe cambiar la mentalidad de los ciudadanos. «Hay que empezar en la educación y enseñarle a los jóvenes qué significa pagar impuestos», dice el experto. Si algún efecto positivo tiene la interminable crisis económica es que parece mejorar la sensibilidad de los ciudadanos respecto al fraude. En 2007, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria, el 49% de los españoles justificaba el fraude fiscal, según el barómetro del Instituto de Estudios Fiscales. Tras cuatro años de recesión y recortes, este porcentaje bajó al 33% en 2011. Dada la indignación ciudadana por los nuevos episodios de sobresueldos en sobres, cajas ‘B’ y cuentas secretas en Suiza, es bastante probable que la aceptación social del fraude siga perdiendo adeptos.
* Este reportaje fue escrito y publicado en la revista de La Marea de marzo. El pasado 8 de mayo la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Hervé Falciani a Suiza.
http://www.lamarea.com/2013/06/16/evasion-fiscal/