Esta denuncia es de la propia Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro. La investigación Licencia ambiental fue hecha desde el 2002, y en el año pasado fueron escuchadas 366 empresas de pequeño, medio y gran tamaño. El caso del rompimiento de un dique la empresa Minera Rio Pomba Cataguases Ltda. es […]
Esta denuncia es de la propia Federación de las Industrias del Estado de Río de Janeiro. La investigación Licencia ambiental fue hecha desde el 2002, y en el año pasado fueron escuchadas 366 empresas de pequeño, medio y gran tamaño.
El caso del rompimiento de un dique la empresa Minera Rio Pomba Cataguases Ltda. es un triste ejemplo de esta investigación. Fueron dos accidentes en menos de un año. El primero ocurrió en marzo 2006 y el otro apenas hace una semana.
Los números son trágicos: dos mil millones de litros de lodo mezclado con bauxita y sulfato de aluminio derramados en el Río Muriaé, uno de los afluentes del Paraíba do Sul. Además de este daño, mas de 150 mil personas quedaron sin agua en 6 municipios del Norte y Nordeste del Estado de Rio de Janeiro. Además de perjudicar el abastecimiento de agua en la región, la polución, pudo eliminar el oxigeno del agua y matar los peces. Según los ambientalistas, el mayor riesgo en este momento, es que la acumulación de sedimentos en el río Muriaé comprometa la cadena alimenticia.
En la época cuando ocurrió el primer accidente, el Ministerio Público de Minas Gerais determinó un Término de Ajustamiento de Conducto (TAC) a la empresa responsable para que fuesen construidas contenciones, pero nada fue hecho. A Cataguases debería pagar una multa diaria de dos mil reais, mas debido a la falta de un dictamen técnico caracterizando el daño, la multa no fue cobrada.
En esta vez la empresa fue suspendida por el gobierno de Minas y aún podrá recibir del Ibama (Instituto Brasilero del Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) multas que suman hasta 153 millones de reais por un conjunto de crímenes ambientales.
La triste conclusión a que llegamos a partir de estos episodios es que las medidas preventivas determinadas por los órganos responsables no funcionan sin una rígida fiscalización. Para que accidentes como el de la empresa de minerales no vuelvan a suceder, urge efectiva fiscalización. Aún cuando las multas sean aplicadas y pagadas, de hecho, no reparan los perjuicios ambientales y los trastornos concretos provocados a la población local.