Pocas cosas existen que puedan superar en patetismo el cínico asombro de que hacen gala los poderosos. Especialmente cuando «descubren» que más allá de su mezquino horizonte se abre un piélago inmenso de miseria e injusticia en cuya génesis, juran ellos, nada tienen que ver. Semejante estupor repugna más si quienes lo exhiben integran las […]
Pocas cosas existen que puedan superar en patetismo el cínico asombro de que hacen gala los poderosos. Especialmente cuando «descubren» que más allá de su mezquino horizonte se abre un piélago inmenso de miseria e injusticia en cuya génesis, juran ellos, nada tienen que ver.
Semejante estupor repugna más si quienes lo exhiben integran las burguesías locales del tercer mundo. Unas elites que son, en esencia, expertas saqueadoras, falsamente cultas, verídicamente antidemocráticas, y servilmente genuflexas a los intereses transnacionales.
Un ejemplo de lo dicho tuvo lugar el pasado 18 de agosto. En la emisión nocturna de Citynoticias (1), dicho informativo reveló al país su último «hallazgo»: una familia del sur bogotano que para poder engañar al hambre consume papel periódico con agua de panela (2).
Raudamente, todo el aparto mediático se dio a la tarea de instrumentalizar esa noticia en aras de incrementar la sintonía de sus televidentes, organizar recolectas (bastante publicitadas, por cierto) para auxiliar a la familia afectada, y versar superficialmente sobre la problemática del hambre en Colombia.
Al final la «opinión pública» quedó convencida de que el hambre es un fenómeno minoritario, circunstancial y superable con la caridad de unos pocos.
Empero, la realidad de esta calamidad en Colombia es un opaco sol que no puede ocultar el establecimiento ni con todos sus dedos juntos. Lo dicho por los medios es un pálido reflejo de la situación de pobreza del país y, especialmente, del hambre que cual incansable sombra persigue, asedia y aniquila, a gran parte de sus pobladores.
En ese sentido el hambre de Colombia, obviamente, se circunscribe dentro de un entorno multifacético de miseria que nos es necesario comentar.
CONTEXTO
Si alguien quisiera reconstruir la historia de la pobreza en la Colombia republicana, tendría que comenzar por remontarse al propio surgimiento de ella; justo al momento en que tras el triunfo de la gesta libertaria, el poder y el control del Estado quedaron en manos de una reducida minoría.
En efecto, usurpado el sueño de Bolívar, el común de la gente tuvo que asimilar el hecho de que semejante lucha diera apenas por resultado un cambio en los detentadores de la propiedad y la riqueza. Los excluidos de aquel tiempo fueron precisamente aquellos que como carne de cañón combatieron por una causa de la que se les despojó sin casi darse cuenta.
Luego, de colonia a neocolonia, nuestro país no pudo escapar del lugar periférico que le correspondió en un mundo donde el capitalismo se consolidaba día a día. Destino trágico compartido por la América Latina entera y la mayoría de la humanidad.
Desde entonces las elites de siempre se han encargado con relativo éxito de que ése sino continúe inalterable; como lo desearon y lo desean los poderes imperiales de ayer y de hoy.
En tiempo más reciente, por ejemplo, la oligarquía local se empeñó en arrojar al país a la vorágine neoliberal. Tal propósito que no cesa y que por el contrario se acelera desde hace dos años, profundizó las ya vergonzosas condiciones de pobreza y de inequidad de la nación colombiana.
Apoyado en el falaz argumento postmoderno (como mendaz es todo lo suyo) de un supuesto fin de la historia, al pueblo colombiano le fue «recetado» humillarse al dios del mercado. Una deidad que ni siquiera es autónoma, como quieren hacernos creer, sino que por el contrario es manipulada a través de finos hilos por unos poderes que trascienden nuestras fronteras.
¿Y cuál es el resultado de ese paraíso recuperado (que me perdone John Milton)?; veamos:
Si en 1991 el 10% de los colombianos más ricos se adueñaba del 52% de los ingresos, en el 2000 y tras una década de ofensiva neoliberal lo hacían con el 78.4% de los mismos. La concentración se ha dado de tal forma que el Coeficiente de Gini por personas pasó de 0.54 a 0.57 en los años referenciados (3).
Si procesamos algunos datos de la Contraloría General de la República (4), eso se traduce en que el número de pobres aumentó en forma dramática desde un 53.8% de la población total en 1991 (19.2 millones de personas) a un 64.3% en el 2003 (28 millones); es decir, casi 9 millones de nuevos colombianos depauperados.
Obviamente el impacto de semejante situación sobrepasa la frialdad de las cifras y afecta todas las esferas vitales que, en teoría, deberían otorgarle a cada persona la posibilidad de vivir dignamente.
Así, por ejemplo, el 16% de los colombianos y las colombianas entre los 5 y 17 años se les viola hoy el derecho a la educación. Por si fuera poco, aquellos que sí pueden acudir a un centro educativo (especialmente si proceden de los estratos bajos) están expuestos a recibir una formación mediocre dado el deliberado abandono y persecución estatal en contra de los maestros e instituciones del sector público (5).
De otra parte, 18.5 millones de colombianos (42% de la población) no están afiliados al Sistema General de Seguridad Social y, por ende, carecen de cualquier oportunidad de atención en salud (6). La población pobre que puede hacerlo a través del régimen subsidiado es implacablemente discriminada por el sistema médico-institucional, alejados de tratamientos y tecnologías «costosos y no rentables», y constantemente víctima de iatrogenia.
Lo descrito en gran parte es consecuencia tanto de los preceptos neoliberales «sugeridos» por el FMI orientados a la privatización del sector público (educación, salud, telecomunicaciones, energético, etc.) y la disminución del gasto social, como del interés del actual gobierno (7) por desviar los recursos del país hacia el conflicto bélico al tiempo que prohija sospechosamente una «negociaciones de paz» con el narcoparamilitarismo que, desde hace tres años, se ha hecho con el control del 40% (aproximadamente 400 millones de USD) de los recursos destinados a las Administradoras del Régimen Subsidiado (8).
Respecto al problema de la vivienda, los modestos cálculos de Planeación Nacional señalan que existe un déficit superior a los 2.3 millones de techos. Fenómeno agravado últimamente por el desplazamiento forzoso de que son víctimas cientos de miles de colombianos.
La respuesta gubernamental a esa carencia no deja de ser vergonzosa. Mientras que por un lado se ha disparado la construcción de vivienda para las clases altas (gracias a la ampliación y benevolencia de los créditos para tales estratos) al tiempo que se sobrecondicionan y restringen los dados al resto de la población; por el otro, se propicia mediante un decreto de agosto del 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo, una política de hacinamiento legalizado de los colombianos con menores recursos. En efecto, desde esa entidad fue ordenada la reducción del área mínima para la construcción de «viviendas de interés social» a 35 m².
Entretanto, los puentes, parques y alcantarillas siguen siendo la única alternativa de abrigo de los que ni siquiera pueden soñar con estos reclusorios.
Frente a toda esta emergencia social ¿es posible que el ciudadano empobrecido sobreviva honradamente? La respuesta es bastante pesimista.
De hecho, gracias al modelo neoliberal Colombia perdió un millón de puestos de trabajo en el periodo 1998-2000, lo que acrecentó la tasa de desempleo abierto a un 21% y de trabajo informal a un 60% (9). Estos números desnudan la hipócrita soflama que el presidente lanza a los colombianos: «hay que trabajar, trabajar y trabajar».
Por obvias razones los sectores sindicales han tratado, infructuosamente, de sostener la lucha en aras de conservar los derechos que los asisten recibiendo, en contraprestación, todo el rigor del terrorismo de estado. Así las cosas, entre 1995 y el 2002, 1925 sindicalistas fueron asesinados (aproximadamente uno cada dos días) principalmente por las fuerzas paraestatales (10).
Terrible futuro el de este pueblo lanzado así a la miseria. Y deleznables, por tanto, las demostraciones de asombro de los gobernantes en relación al hambre de la nación; otra carencia más que merece un mejor análisis.
LA VORAZ HAMBRE
Resultado necesario del contexto de pobreza ya descrito, Colombia se halla en una crítica situación de inseguridad alimentaria. Como ocurre con aquélla, hay irrebatibles determinantes estructurales en el hambre del país que impiden su erradicación con las publicitadas recolectas de los medios y, mucho menos, con papel periódico y agua de panela.
Tal despojo de los mínimos vitales para la sobrevivencia de la mayoría en favor de la oligarquía de siempre, fue acelerado, como ya se dijo, por la subordinación del país al modelo neoliberal.
La imposibilidad de tanta gente para acceder a alimentos suficientes y dignos, se ve agravada aún más por el problema del narcotráfico y la violencia generalizada. Una violencia que no sólo es política sino, también, social, cultural y económica.
Así las cosas, se calcula que en este momento el narcoparamilitarismo se ha apropiado de 6 millones de hectáreas de las mejores tierras del país (11), en un continuum que supera con creces los 4 y 5 millones que se calcula ya poseían hacia 1997 y 1998, respectivamente (12).
Dicho pillaje se explica por la necesidad de ampliar las áreas de cultivos ilícitos, reinvertir las ganancias producto del tráfico de estupefacientes, y saciar la vieja pretensión de «prestigio y poder asociada con la gran propiedad» (13) que tipifica la conducta de la tradicional oligarquía terrateniente y los barones de la droga.
Por supuesto, el saqueo ocurre a costa, principalmente, del pequeño campesino al que además de despojársele de la posibilidad de acceder a los alimentos que cultivaba, también le es sustraído los propios medios de producción (tierra, herramientas, simientes, animales). Eso sin contar que gracias a ese robo masivo, al trabajador agrícola se le hace prácticamente imposible hacer uso legal de lo único que le queda y puede vender para alimentarse: su fuerza de trabajo.
El mecanismo idóneo utilizado por el narcoparamilitarismo para cumplimentar sus propósitos es la masacre, la amenaza y el desplazamiento del campesinado en verdaderos ríos humanos (14). Aquellos que se salvan de la muerte, la mutilación o la defenestración, son absorbidos como mano de obra barata por lo grandes hacendados o como cultivadores de coca, amapola y marihuana.
Cabe resaltar que ante el abandono estatal del campo y la subestimación de la producción local de alimentos, el emplearse como recolector de coca por 25000 pesos/día (aproximadamente 10 USD) le brinda mayores posibilidades de sobrevivencia al trabajador rural y a su familia.
Esta situación, en términos generales, contrasta con aquella de los territorios donde la guerrilla tiene presencia; allí, al contrario de los controlados por el paramilitarismo, los cultivadores de plantas ilícitas son perseguidos con mayor crueldad y condenados, en ocasiones, a verdaderos regimenes de hambre (15).
Hay que resaltar, además, que el narcotráfico y la lucha contra él, han alterado los equilibrios ambientales que le daban sustento al sueño estratégico de una autosuficiencia nacional alimentaria. Valga como ejemplo de lo expresado que a pesar de los millones de litros de glifosato esparcidos, los cultivos ilícitos no cesan y, por el contrario, buscan nuevas zonas de ubicación a expensas de la destrucción de las selvas y territorios vírgenes del país.
Nadie debe extrañarse, entonces, que ante la conjunción de inequidad estructural, violencia política, represión estatal, latrocinio neoliberal y narcoparamilitarismo, Colombia sufra de hambre.
Las cifras y hechos por contundentes son escalofriantes. Y más graves de lo que la estulticia folicularia quiere hacer ver.
Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) (16), en el periodo 1981-2000 murieron anualmente por desnutrición un promedio de 1830 personas. Más del 70% de los decesos (año 2000) fueron en la población más vulnerable (menores de 4 y mayores de 70 años).
Ahora bien, al cotejar, procesar y analizar los últimos datos de la FAO (17), encontramos que el número de hambrientos en Colombia viene en franco ascenso: alrededor de 5.7 millones para el año 2000; es decir, 700000 más que en 1996 y a razón de un incremento en la desnutrición del 14% para igual periodo.
Teniendo en cuenta los mismos parámetros y variables se devela que el crecimiento del hambre colombiana es mayor de lo que ese fenómeno se ha manifestado en toda Suramérica, Asia y el Pacífico, …… y ¡la propia África Subsahariana! (1.9%, 1.7%, 2.9%; respectivamente). Es más, supera el promedio de todos los países subdesarrollados (2.3%).
Del total de nuevos hambrientos en el mundo atrasado entre 1996 y el 2000 (18.2 millones de personas), Colombia contribuyó con el 3.8% de ellos (¡!) o, lo que es lo mismo, 21 veces más que el incremento promedio general.
Ya en el ámbito local, el pueblo colombiano es otra oveja negra en el concierto suramericano. Mientras que el continente reducía, en igual lapso, el número total de hambrientos en casi 2 millones de personas, aquí lo incrementábamos a una media de 175000 por año. Esto quiere decir que de haberse mantenido esa tendencia, al día de hoy habría en el país no menos de 6.4 millones de hambrientos; cifra que infravalora la realidad presente en la medida que los dos últimos años han significado para Colombia, una catástrofe social sin parangón histórico alguno.
El problema se manifiesta con mayor agudeza en sus zonas más lejanas y marginadas, aun cuando los grandes centros urbanos no escapan al hambre. Tal es el caso, por solo citar uno, de la capital. Allí, el programa de la Alcaldía «Bogotá sin Hambre» intenta llevar alimentos a más de 860000 personas que son el 24% de la población pobre estimada para la ciudad, y el 15% de todos los colombianos hambrientos reportados por la FAO.
Este esfuerzo contrasta con la desidia del gobierno nacional. Más empeñado en la guerra, la profundización del modelo neoliberal, la integración al Tratado de Libre Comercio y sus propias ambiciones de poder, Uribe Vélez nunca ha considerado el combate del hambre como un objetivo fundamental de su gestión. A lo sumo, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), promociona como proyecto bandera un programa denominado «Desayunos Escolares» que cuenta con pocos recursos y cobertura aunque lucra a una compañía de alimentos (Cooperativa Colanta Ltda.) que, al igual que la directora del ICBF, el presidente de la república y la mayoría de sus colaboradores, es de la región colombiana de Antioquia. Valga acotar que en varias zonas del territorio nacional dicho programa es controlado por los grupos narcoparamilitares, quienes administran a su conveniencia la distribución de esa «ayuda» al tiempo que, como ocurriera durante la campaña presidencial del 2000, hacen proselitismo político a favor del actual presidente (18).
Si según cálculos de la alcaldía de Bogotá el apoyo nutricional a cada niño le significa un promedio de 520 USD/año (cifra similar a lo que le costaba al jefe paramilitar Carlos Castaño la manutención de cada uno de sus hombres en el 2002) (19), ¿por qué no se acomete desde el Estado una suficiente ayuda alimentaria a los hambrientos del país? Supóngase que los 5.7 millones de colombianos desnutridos requirieran, para escapar de las garras del hambre, 1000 USD/persona/año. ¿No se podría con los 7558 millones de USD, inicialmente estimados para el Plan Colombia, haber alimentado a casi una vez y media aquella población?
¿Acaso con los 40 millones de dólares que costará el nuevo avión del presidente no se nutrirían 77000 de los niños peor afectados por el hambre?
¿Cuántos más deben morir para que la elite gobernante continúe impasible e impune en este malhadado país?
Tras haber descrito tan lúgubre, verídico y cotidiano panorama, no deja, repetimos, de repugnar el asombro de la oligarquía local ante la situación de hambre en Colombia. Todavía más la manipulación mediática de semejante «descubrimiento».
No sobra recordarles (y la historia está llena de ejemplos) que por más cinismo y fingida ceguera, que por más políticas represivas sean adoptadas, que por más se entregue la soberanía y las riquezas nacionales a intereses y poderes extranjeros, el pueblo hambriento tiene un límite a su angustia. De cuando en cuando los famélicos del mundo convulsionan la historia.
Rememoren la Francia de finales del S. XVIII, la América Latina de principios del XIX, la Cuba de 1959, la Venezuela de hoy.
Mientras el tiempo siempre va hacia delante, su reloj, señores, no deja de marchar hacia atrás…..y la cuenta regresiva continúa.
* Investigador independiente
NOTAS Y FUENTES
(1) Pertenece al canal privado de televisión City T.V. que, junto con la Casa Editorial El Tiempo, son patrimonio de la acaudalada familia Santos. Dueña del periódico colombiano de mayor tiraje (El Tiempo), el clan de los Santos nunca ha sido ajeno al poder; de hecho, varios de sus miembros han sido o son «padres de la patria»: Eduardo Santos (presidente, 1938-1942); Juan Manuel Santos (ex ministro de hacienda), enemigo público número uno del proceso bolivariano en Venezuela; y Francisco Santos (actual vicepresidente de la república).
(2) Extracto de melaza solidificado en bloques y fácilmente diluible en agua. El agua de panela es una bebida de alto aporte energético pero poco valor nutricional muy consumida por las clases menos favorecidas.
(3) Fenómeno terriblemente escandaloso en el área rural (de 0.504 en 1991 a 0.552 en el 2000) si se le compara con las ya desapacibles cifras de las zonas urbanas (0.527 a 0.539). La desproporción se explica por el continuo despojo de que ha sido víctima el pequeño campesino por parte del narcoparamilitarismo y la oligarquía agraria tradicional, la cual, tiene fuertes nexos con la ultraderecha armada y un inveterado control sobre el poder del Estado. Para las cifras ver: Sarmiento Anzola, Libardo. Conflicto, intervención y economía política de la guerra. En: Estrada Álvarez, Jairo (editor). Plan Colombia. Ensayos críticos. Editorial Unibiblos. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. 2001. pp: 67-69.
(4) Citados por: Guevara Gil, Jacqueline; Hernández, Amilkar. Los grandes costos de la pobreza. En: El Tiempo. Bogotá. 8/VIII/04. Sección: 1, p: 8.
(5) La privatización de la enseñanza en Colombia es tan grave, que el 30% de los cupos de primaria, el 45% de secundaria y el 75% de los de educación superior, están en manos privadas. Ver: Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. El embrujo autoritario. Primer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Editorial Antropos Ltda. Bogotá. 2003. pp: 50, 55.
(6) Ibid. p: 64.
(7) Álvaro Uribe Vélez fue uno de los adalides de la Ley 100 de 1993; verdadero engendro que puso en manos privadas nacionales y transnacionales, la seguridad social de los colombianos. Hoy día y con desparpajo, el gobierno nacional «da de baja» hospitales, centros de salud y demás instituciones hospitalarias como si de «terroristas» se tratase.
(8) Cálculos realizados con base en datos suministrados por: El expediente secreto de las ARS. En: El Tiempo. Bogotá.27/VII/04. Sección: 1, p: 7.
(9) Ver: Sarmiento Anzola, Libardo. Op. cit. No. 3. p: 67; y, del mismo libro, Libreros Caicedo, Daniel. Nuevo modelo de dominación global. p: 98.
(10) Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Op. cit. No. 5. p: 154.
(11) Dato suministrado por el representante Gustavo Petro (28/VII/04) inmediatamente después de la comparecencia que, ante el Congreso Nacional y a instancias del gobierno, hicieran tres de los máximos jefes del narcoparamilitarismo.
(12) Romero, Marco Alberto. La nueva internacionalización del conflicto y los procesos de paz. En: Estrada Álvarez, Jairo. Op. cit. No. 3. p: 255 (infra).
(13) Reyes P., Alejandro. La compra de tierras por narcotraficantes. En: Análisis Político. Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá. No. 22, mayo/agosto 1994. p: 5; y, del mismo autor, El narcofeudalismo armado. En: Estrategia Económica y Financiera. Bogotá. No. 242, agosto 31 1996. pp: 36-38.
(14) El desplazamiento forzoso por cuenta de la amenaza estatal y paraestatal se da sobre las poblaciones campesinas que habitan territorios considerados bajo dominio guerrillero. En términos globales, durante los últimos 13 años han sido arrojados de su tierra 3 millones de colombianos, lo cual, presupone el 12% del total de desplazados en el mundo (¡!). De aquellos, más de un 80% no asiste a un centro educativo y no tiene acceso a servicios de salud. En: Morales, Juan Carlos. Colombia: desplazamiento forzoso y refugiados de guerra. Atisbos a una calamidad. La Habana. Febrero 2003. (Inédito); y, Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Op. cit. No. 5. p: 126.
(15) En su desesperación por alimentar a su familia durante una semana, los campesinos llegan a cambiar 3 gramos de coca (de la que lograron esconder) por un par de botellas de leche y unos pocos plátanos. Ver: Bedoya Lima, Jineth. Hambre tras el «boom» de la coca. En: El Tiempo. Bogotá. 27/VIII/04. Sección: 1, p: 4.
(16) Citado en: 5.7 millones de colombianos se alimenta mal. En: El Tiempo. Bogotá. (Edición digital) 26/VIII/04.
(17) Los documentos base son los informes titulados El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo, de los años 1999 (editado en 1999; pp: 29-30), 2000 (2000; 27-28), 2001 (2001; 51-52), 2002 (2002; 31-33) y 2003 (2003; 31-35); todos, impresos en Roma.
Es importante aclarar que comparto el criterio de muchos expertos en el sentido de que las estadísticas de la FAO subestiman la magnitud de la desnutrición en el mundo. Ello debido a inconsistencias metodológicas prácticas en la forma de evaluar el problema, la poca fiabilidad en los sistemas estadísticos-epidemiológicos nacionales, y a la intencionalidad política tras las cifras reportadas por los distintos países. Además, estas cifras no cuantifican los otros millones de colombianos que, sin ser catalogados como hambrientos, sufren de todo un espectro de carencias nutricionales (malnutrición) que limitan sus desempeños vitales.
(18) Esta denuncia también fue hecha ante el Congreso por el representante Petro durante el debate parlamentario acerca de la irresponsable política social del gobierno. Las intervenciones ministeriales así como la de éste y otros congresistas, fueron transmitidas en vivo y en directo por el Canal Institucional de la televisión colombiana durante el final de la tarde y la noche del 1/IX/04.
(19) Ver: Sector «para» pide cumbre. En: El Tiempo. Bogotá. 2/VII/02. Sección: 1, p: 8.