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Familias cobran promesas de justicia por la «Matanza de Unaí» en Brasil

Fuentes: Agencia Noticias del Planalto

(1´53´´ / 441 Kb) – Ya van, en enero, tres meses de impunidad de la Matanza de Unaí, en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. La Justicia, a pesar de haber indiciado nueve personas comprometidas con la ejecución a tiros de tres auditores fiscales y un chofer de Ministerio del Trabajo […]

Imagehaga clic aqui (1´53´´ / 441 Kb) – Ya van, en enero, tres meses de impunidad de la Matanza de Unaí, en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. La Justicia, a pesar de haber indiciado nueve personas comprometidas con la ejecución a tiros de tres auditores fiscales y un chofer de Ministerio del Trabajo – que investigaban denuncias de trabajo esclavo – hasta ahora no llevó a nadie a juicio.

Indicado como uno de los mandantes del crimen, el hacendado Antério Mânica, que hoy es Intendente de Unaí, fue aun favorecido por la Justicia a través de «habeas corpus» y está en libertad.

Indicado como uno de los mandantes del crimen, el hacendado Antério Mânica, que hoy es Intendente de Unaí, fue aun favorecido por la Justicia a través de «habeas corpus» y está en libertad.

La familia Mânica, conocida por ser la más grande productora de frijoles del país y gran representante del agronegocio en la región, ha recibido diversas visitas del Ministerio de Trabajo por denuncias de trabajo esclavo. Para el fraile Gilvander Moreira, secretario de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en el estado, tantas acusaciones sin ninguna punición demuestran el poder de los latifundistas de la región.

«En Unaí está el baluarte del agronegocio. Es una complicidad muy fuerte de los latifundistas con el poder judicial. Hay una miseria muy grande en la periferia de Unaí, entonces los pobres que están en las regiones periféricas de Unaí dependen del trabajo que es ofrecido por muchos hacendados. La familia de los Mânica tiene un poder económico muy grande sostenido por la industria del agrotóxico».

El proceso judicial sobre el caso está en el Tribunal Regional Federal de la 1ª Región, en la capital brasileña, Brasilia, y la expectativa de las familias de las víctimas es que hasta comienzos de febrero sea definida la fecha del juicio.