El gobierno de Venezuela ha adjudicado en los últimos tres años más de dos millones de hectáreas a 160.000 familias campesinas, en un esfuerzo de reforma agraria sobre el que pesa el fantasma de la improvisación, dicen expertos. En la zona de Aragua, al norte de las llanuras centrales, se entregaron tierras y galpones a […]
El gobierno de Venezuela ha adjudicado en los últimos tres años más de dos millones de hectáreas a 160.000 familias campesinas, en un esfuerzo de reforma agraria sobre el que pesa el fantasma de la improvisación, dicen expertos.
En la zona de Aragua, al norte de las llanuras centrales, se entregaron tierras y galpones a grupos de campesinos para producir cerdos y pollos, «pero no animales para la cría, y el dinero para financiarnos se demora, por lo que arreglamos con una empresa privada la entrega de ejemplares para engorde y trabajamos para ellos», dijeron varios de esos criadores a IPS.
Testimonios recogidos en la zona dan cuenta de dificultades como créditos que no llegan, falta de preparación para manejar maquinarias, o escasez de semillas. Más al sur, en los llanos centrales, cooperativas que han recibido créditos compran camionetas de transporte mucho antes de que crezca la primera planta sembrada en sus nuevas tierras.
El Estado canalizó 2.900 millones de dólares para financiar la producción agrícola, y el producto bruto del sector creció 2,6 por ciento, aseveró el Ministerio de Agricultura en su informe del año 2005, presentado al parlamento este mes.
«Se han asignado tierras y distribuido recursos, pero en un clima de improvisación, de incomprensión de las decisiones técnicas, sin integrar la inversión económica con las necesidades de los mercados», afirmó a IPS el agrónomo Jesús Salazar, docente en la Universidad Central de Venezuela, la principal del país.
El nuevo proceso de reforma agraria «se ha adelantado sin que exista la información básica, un catastro, estudios de suelos, proyectos socio-económicos y planes de desarrollo que hagan confluir al sector público, el privado y el académico», comentó a IPS el decano de la Facultad de Agronomía en esa universidad, Franklin Chacín.
La base de los cambios en el campo venezolano está en la Ley de Tierras que el presidente Hugo Chávez decretó en 2001, pero en verdad aplicó desde 2003, atribuyendo parcelas a cooperativas, grupos de productores y familias. Desde el año pasado, esa distribución afectó parcialmente a decenas de grandes propiedades rurales.
«O se acaba el latifundio o muero en el intento», proclamó repetidamente Chávez en 2005, y condujo en persona, según su estilo, la división de una hacienda privada de 8.490 hectáreas: dejó 1.500 a su propietario, conservó 2.700 como zona protectora de una represa y entregó el resto a una recién creada cooperativa agropecuaria.
Las tierras no se entregan a los campesinos o productores rurales como propiedad, ni individual ni colectiva, sino bajo la figura de una «carta agraria» que les da el derecho y a la vez el deber de trabajarlas, pero sin poder enajenarlas o transmitirlas en herencia.
La demorada entrega de financiamiento a los productores agropecuarios es atribuida a la tradicional lentitud de la burocracia.
Pero la noción de desarrollo rural «con mucho excede lo agrario y la disponibilidad o distribución de tierra, aunque es un insumo muy importante, pero se necesita crédito, acceso a servicios de calidad como educación, vivienda o cercanía de carreteras para traer insumos y despachar productos», dijo a IPS el economista Daniel Anido, del Centro de Investigaciones Agroalimentarias en la sudoccidental ciudad de Mérida.
Esta problemática estará sobre la mesa desde este martes hasta el viernes en Brasil, en la segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
Venezuela «tiene una situación de privilegio, porque posee talento, recursos financieros y recursos físicos, unos 36 millones de hectáreas de tierras aprovechables para el agro, incluidas unas 15 millones de hectáreas de bosques maderables», sostuvo Chacín.
Para el académico, coordinador de los decanos de agronomía en el país, «se necesita previamente la información básica, consistente en catastro y su diagnóstico, inventario de fundos, censo jurídico de las tierras, inventario de suelos, aguas e infraestructuras, uso y producción de la tierra».
La Universidad Central hizo un estudio de ese tipo sobre una muestra de 7.000 kilómetros cuadrados (700.000 hectáreas equivalentes a 0,5 por ciento de las tierras explotables) en la región de Aragua, durante un año y con más de 100 profesionales.
La investigación, realizada con apoyo de las autoridades regionales, estará disponible este año para un plan de desarrollo agrario en esa zona.
El gobierno central invoca tener un plan de desarrollo agrario, pero no lo ha divulgado. Algunos académicos consultados aseguraron que han discutido con autoridades algunos lineamientos.
«Sin buena información básica pueden tomarse decisiones erróneas, más aún si los ministros (siete desde que Chávez llegó al poder en 1999) tienen una alta rotación. Yo aún no veo un verdadero cambio productivo en el campo», dijo Chacín.
Según el Ministerio de Agricultura, la producción agrícola vegetal de 2004, último año con cifras accesibles, fue semejante a la de 1998, antes de que Chávez llegase al poder, excepto en cereales y caña de azúcar, cultivos éstos de gran escala o mecanizados.
La cosecha de hortalizas en 2004 fue de 997.000 toneladas (984.000 en 1998), la de café 65.000 toneladas (66.000), la de cacao 16.000 (18.000), la de frutales 2,7 millones de toneladas (2,9 millones), raíces y tubérculos 991.000 toneladas (1,053.000), textiles y oleaginosas 528.000 (569.000) y la de granos 46.000 toneladas (34.000 en 1998).
La cosecha de maíz, de dos millones de toneladas, duplicó la de 1998, y el conjunto de cereales alcanzó 3,7 millones de toneladas frente a 2,1 millones de unidades seis años atrás. De caña de azúcar se cosecharon casi 10 millones de toneladas (ocho millones en 1998), con una producción de azúcar refinada de entre 500.000 y 600.000 toneladas anuales.
Además «podemos producir más leche, carne y soja. La exportación agropecuaria venezolana es menguada a pesar de nuestro potencial en todos los cultivos tropicales, tradicionales como café y cacao, y nuevos como frutales y arroz», apuntó Chacín.
Venezuela, con 26,8 millones de habitantes según el estatal Instituto de Estadísticas, importa anualmente 4.000 millones de dólares en alimentos, según Chacín, dentro de importaciones totales de 17.300 millones de dólares en 2004 y 23.900 millones en 2005.
Según Anido, el examen de 155 tipos de alimentos muestra que es importado entre 40 y 65 por ciento de lo que los venezolanos comen. Según cifras oficiales se importan 6.000 toneladas mensuales de carne y otras tantas de leche.
Esas cifras se refieren a asuntos como abastecimiento, disponibilidad de alimentos esenciales y seguridad alimentaria, que acompañan el binomio de reforma en la tenencia de la tierra y desarrollo de la producción, y despiertan desconfianza en el sector privado de este país eminentemente petrolero.
Gremios de ganaderos y criadores de pollos han criticado las fuertes importaciones estatales de carnes, lácteos y grasas con destino a la red de mercados populares subsidiados donde hacen compras tres de cada cinco familias venezolanas.
«Estamos financiando el agro de países como Argentina y Brasil, y puede ser peor aún con nuestro ingreso al Mercosur (Mercado Común del Sur)», se quejó Genaro Méndez, de la federación de ganaderos.
Venezuela formalizó el año pasado su ingreso al Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países primordialmente agropecuarios.
Un escándalo de corrupción mostró que Venezuela sufre otros males, además de improvisación, en la ansiada búsqueda de justicia y desarrollo en el campo, por la debilidad en el seguimiento y control de proyectos.
Uno de los planes más promocionados por Chávez es un complejo azucarero en su estado natal, Barinas, en las llanuras del suroeste. El ingenio, bajo la batuta de técnicos cubanos, debió estar listo para este año, con molienda de 7.000 toneladas de caña por día y producción de 600 toneladas diarias de refino.
Pero la construcción no sólo se demoró. De los seis millones de dólares entregados a un regimiento de ingenieros del Ejército encargado de la obra, se esfumó un millón, determinó en febrero una comisión de la Asamblea Nacional, integrada exclusivamente por diputados oficialistas.
El 25 de febrero hubo un nuevo cambio en la conducción del Ministerio de Agricultura. Antonio Albarrán fue sustituido por Elías Jaua. No hubo explicaciones oficiales, pero opositores y la prensa vincularon la sustitución al caso de corrupción.
Al campo venezolano «se le está inyectando una fuerte dosis de populismo junto con la improvisación, que condenará a los campesinos a ser dependientes del Estado», opinó Salazar. «Se les da un pez, no se les enseña a pescar», sentenció.