Filipinas: los campos de la muerte de Asia

Introducción

Debido a los vínculos existentes entre el ejército, el régimen y los escuadrones de la muerte, los asesinatos políticos se producen en medio de una atmósfera de completa impunidad. La gran mayoría de los ataques tienen lugar en el campo y en ciudades de las provincias. El reino del terror en Filipinas es comparable en amplitud y dimensiones al de Colombia. No obstante, a diferencia de Colombia, el rampante terrorismo de Estado en Filipinas no ha atraído suficiente atención por parte de la opinión pública internacional.

Entre los años 2001 y 2006 cientos de asesinatos, desapariciones, amenazas de muerte y casos de tortura han sido documentados por el centro independiente de derechos humanos KARAPATAN y por el Ecumenical Intitute for Labour Education and Research, vinculado a la Iglesia. Desde que Macapagal Arroyo accediera al poder en el 2001 se han producido en Filipinas 400 asesinatos extrajudiciales documentados. En el 2004 murieron 63 personas y en el 2005 fueron asesinadas 179 y desaparecieron, también presuntamente asesinadas, 46 personas más. En los primeros dos meses y medio del 2006 se han producido 26 asesinatos políticos documentados.

Un análisis de la clase y el espectro social al que pertenecen las víctimas de este sistemático terrorismo de Estado referido al año 2005 demuestra que la mayor parte de ellas -cerca de 70 personas- eran campesinos y líderes campesinos implicados en disputas por la tierra y por las condiciones de trabajo en el medio rural. Los militares han acusado invariablemente a los campesinos asesinados y desaparecidos de mantener relaciones con las guerrillas comunistas o con los independentistas musulmanes. Entre las víctimas se incluyen miembros de la asociación nacional de agricultores, Kilusang Magbubukid ng Pilipinas (KMP), así como líderes campesinos pertenecientes a las minorías indígenas Igorot, Agta y Moro que luchan por la defensa de sus tierras.

Una masacre nefanda tuvo lugar a finales de noviembre del 2005 cuando 47 campesinos y sus representantes legales celebraban una reunión abierta y pública con motivo de un conflicto de tierras en Palo, Leite, en las Visayas. Un nutrido contingente de soldados rodeó y atacó a los reunidos matando a 9 campesinos y arrestando a más de una docena. Otros 18 campesinos «desaparecieron» y se sospecha que están muertos. Al principio, el ejército presentó la «Masacre de Palo» de los miembros de la Cooperativa de Beneficiarios Campesinos de San Agustín y de la Asociación de Pequeños Agricultores Alang-Alang como un enfrentamiento militar con el Nuevo Ejército del Pueblo (New Peoples Army – NPA), para lo cual colocaron algunas armas de fabricación casera junto a los cadáveres de los campesinos. En esta caso, como en todos los demás, ningún ejecutor ha recibido castigo y no se ha iniciado ninguna investigación oficial.

Trabajadores y líderes sindicales integran el siguiente grupo mayoritario de víctimas de asesinato (al menos 18), excluyendo a desaparecidos y a presuntos asesinados. En el año 2005 fueron asesinados miembros de una federación nacional de sindicatos, Kilusan Mayo Uno (Movimiento Primero de Mayo), Nestle’s Worker’s Union, Central Azucarera de Tarlac, Negros Federation of Sugar Workers, un líder de la Asociación de Empleados del Departamento de Reforma Agraria, líderes sindicales de empleados de institutos regionales y varios militantes de los sindicatos de la compañía eléctrica y de la compañía de autobuses.

Con anterioridad a eso, en el año 2005 26 musulmanes desarmados que permanecían detenidos en una prisión militar de Manila fueron asesinados cuando protestaban en contra de su detención prolongada y de su arbitraria detención, contra la falta de fecha para su procesamiento y contra las horrorosas condiciones del presidio. Estas personas eran en su mayoría vendedores, campesinos y pescadores desplazados que vivían con sus familias en Manila. Fueron acusados -nunca condenados- de pertenecer a la banda de secuestradores ‘Abuy Sayaf’.

Siete escritores y periodistas de prensa y radio fueron asesinados en el 2005, así como siete abogados y jueces relacionados con actividades de defensa de los derechos humanos y con disputas laborales y de tierras. En la comunidad religiosa se produjeron tres asesinatos selectivos de curas y 7 de trabajadores religiosos, personas todas ellas comprometidas en actividades de defensa de pobres, campesinos, trabajadores y minorías nacionales.

La lista de los asesinatos producidos en el 2005 no incluye los intentos de asesinato, las detenciones ilegales, las torturas ni las desapariciones no reportadas. Las víctimas fueron asesinadas por escuadrones de la muerte controlados por los militares para proteger el poder de grandes terratenientes y acaparadores de tierras, de barones de la madera y la minería y de dueños de empresas compinchados con el régimen.

Otro importante grupo de víctimas, que se solapa con el de los campesinos y de las asociaciones de obreros, está formado por los 38 líderes y miembros del popular partido político de izquierdas Bayan Muna (El Pueblo Primero) y su lista de afiliados. La mayoría fueron asesinados sistemáticamente en las provincias fuera de Metro Manila entre los años 2001 y 2005 (sólo en el 2005 mataron a 67). Líderes y coordinadores de coaliciones de partidos tales como el partido de mujeres Gabriela y el partido urbano de gentes humildes Anakpawis (Toiling Mases / Masas Trabajadoras) han sido asesinados, heridos o desaparecidos. Cargos electos del Bayan Muna tales como un concejal de Tarlac City llamado Abelardo Ladera fueron asesinados a tiros a plena luz del día, lo que desencadenó marchas fúnebres desafiantes en toda la provincia. Su asesinato se produjo después de la notoria masacre de miembros de sindicatos de trabajadores de haciendas que se produjo en Tarlac en el 2004 y tras la sistemática eliminación de testigos que siguió a ella.

Un desglose de los 66 asesinatos cometidos por los escuadrones de la muerte de miembros y simpatizantes de partidos políticos progresistas en el 2005 incluye a 33 miembros del partido de pobres urbanos militantes Anakpawis y a 30 miembros del Bayan Muna. En el 2005 han «desaparecido» cinco miembros del Anakpawis y 3 del Bayan Muna, a los que se da por muertos. Hasta la fecha, tres cargos del Bayan Muna han sido asesinados en las primeras 10 semanas del 2006.

Desde el 2003 Filipinas se convirtió en el segundo país más peligroso para los periodistas después de Irak, debido al estremecedor número de reporteros asesinados y desaparecidos por los escuadrones de la muerte. Más recientemente, un periodista radiofónico que estaba sacando a la luz los abusos que se producían en una mina local fue secuestrado por escuadrones de la muerte al servicio de los dueños de la mina a finales de febrero del 2006. Se sospecha que está muerto.

El terror patrocinado hoy por el Estado recuerda los peores días de la ley marcial durante el mandato del dictador Ferdinand Marcos (1972-1986). Al igual que en tiempos de Marcos, todo el campo se encuentra virtualmente sometido a un control militar que limita estrictamente el papel de los administradores civiles. Un manual publicado por el régimen de Macapagal titulado «Conocer al Enemigo» es utilizado por las fuerzas armadas a lo largo y ancho del país para etiquetar como aliados del «terrorismo» a organizaciones legales de masas y a grupos de derechos civiles tales como la Asociación Filipina de Abogados Protestantes.

La campaña combinada de ejército/escuadrones de la muerte presenta todos los rasgos característicos de la guerra «de baja intensidad» contra la población civil auspiciada por USA. El ejército «proscribe» o etiqueta a individuos y a grupos como terroristas basándose en supuesta «inteligencia secreta» que le permite criminalizar el derecho de las personas a resistir la opresión y a luchar por su autodeterminación, justificando su eliminación. La creación de estas «listas» queda fuera del proceso de escrutinio judicial y limita la protección legal de las víctimas o de sus supervivientes. Utilizando la propaganda negra propia de una operación de guerra psicológica, las víctimas y sus asociaciones son descritas invariablemente como «terroristas».

Contexto

Una alianza civil-militar de facto ha estado gobernando Filipinas desde la declaración de la Ley Marcial por Marcos en 1972. En los años 60 la mayoría de los economistas consideraban a Filipinas como el país económicamente más progresista de todo el sudeste asiático. Con la llegada de la liberalización de la economía, Filipinas se ha convertido y sigue siendo uno de los países más pobres y socialmente más polarizados de todo Asia, con un PNB per cápita de 950 $/año, aproximadamente la mitad del de Tailandia.

Con más del 50% de los activos privados controlados por 15 familias extensas archimillonarias, Filipinas es una de las sociedades más desiguales del mundo. En marcado contraste con el resto de Asia, en Filipinas no se ha producido ningún progreso económico en las últimas dos décadas. Filipinas, con una población de más de 85 millones de personas, soporta uno de los índices de desempleo más elevados (20%), a lo que hay que sumar un 30% de personas subempleadas en el sector informal de la economía. Más del 40% de las familias no tienen garantizada ni su vivienda ni su alimentación: son los indigentes pobres. La antaño prestigiosa red pública de educación y sanidad ha sufrido un deterioro dramático a causa de recortes presupuestarios masivos en gastos sociales y por efecto de la privatización.

El país, cuyas instituciones de investigación fueron capaces de producir el ‘arroz milagroso’ de alto rendimiento, es hoy importador neto de arroz y de otros alimentos de primera necesidad. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la desnutrición es general. Más de ocho millones de filipinos, incapaces de encontrar un trabajo decente en su país, trabajan actualmente en el extranjero para mantener a sus familias. ‘Es mejor morir trabajando en Irak que quedarse en casa y ver a tu familia morirse de hambre» era el desdichado pero habitual eslogan que coreaban los trabajadores filipinos al reclamar visas de salida para desempeñar trabajos de baja categoría para el ejército de ocupación usamericano en Irak. Se cree que actualmente hay 4.000 trabajadores filipinos en Irak.

En los años siguientes al derrocamiento de la dictadura de Marcos (26 de febrero de 1986) como consecuencia de una revuelta apoyada por el ejército y la Iglesia, los presidentes elegidos posteriormente no han logrado detener el deterioro progresivo del país. Los nuevos dirigentes como Corazón Aquino (1986-1992) y el antiguo general Fidel Ramos (1992-1998) simplemente favorecieron a un nuevo grupo de oligarcas y sentaron las bases para el ascenso al poder de un populista corrupto, Joseph Estrada. Su retórica «antioligarquista» lo llevó hasta el palacio presidencial en 1998 con el apoyo generalizado de los pobres. Estrada se convirtió en un incordio para Washington y para la oligarquía tradicional al recibir al presidente venezolano Hugo Chávez en 1999, así como por sus políticas sociales populistas, tales como entregar miles de títulos de propiedad sobre la tierra a ocupantes de fincas urbanos.

Una serie de manifestaciones callejeras diseñadas por USA, apoyadas por las clases pudientes y respaldadas por sectores de la élite militar, culminaron con el derrocamiento de Estrada en enero del 2001. Las mismas fuerzas alzaron a la presidencia a su vicepresidenta, Gloria Macapagal Arroyo. Macapagal es una economista neoliberal educada en USA y una favorita de la embajada usamericana.

Este putsch trajo consigo un aumento de los derechos del ejército usamericano sobre bases en Filipinas y un nuevo acuerdo militar que fue rápidamente suscrito por Macapagal tras haber permanecido arrumbado dos años durante la presidencia de Estrada. Con el ascenso de Macapagal Arroyo Washington dispone de un cliente de confianza.

Del populismo al terror neoliberal

La recién «instalada» Macapagal Arroyo puso en marcha rápidamente un programa neoliberal de privatizaciones, drásticos recortes en la educación pública y en los hospitales públicos y onerosos impuestos sobre el valor añadido que repercutieron directamente sobre las clases pobres y medias-bajas. Para el año 2005 el total de la deuda externa e interna de Filipinas creció exponencialmente hasta superar los 100.000 millones de dólares, mientras que los intereses anuales de su deuda excedían el 30% de su presupuesto. Los 12,5 mil millones de dólares que enviaban a casa los 8 millones de trabajadores emigrantes filipinos que trabajaban en el extranjero (incluida una significativa porción de profesionales con estudios) no bastaban siquiera para comenzar a pagar los intereses de la deuda. Filipinas ostenta la dudosa distinción de ser el único país de Asia cuyo PNB ha caído durante y desde los vertiginosos años del boom del ‘Tigre Asiático’.

Los familiares y compinches de Macapagal han estado implicados en los mismos niveles de corrupción que se reprochaban al depuesto presidente Estrada. Mike Arroyo, el marido de la presidenta, continúa en un autoimpuesto exilio en USA para evitar tener que afrontar los cargos de apropiación y fraude. Macapagal Arroyo sigue contando con el apoyo de los militares gracias al expediente de conceder jugosas concesiones a generales favoritos y a funcionarios claves del ejército, lo cual ha provocado un profundo malestar en los escalafones más bajos del ejército, obligados a subsistir con sueldos bajos. A resultas de ello se han producido varios motines protagonizados por jóvenes oficiales, siendo el más grande el que tuvo lugar cuando 300 soldados de las fuerzas especiales tomaron un complejo de tiendas y apartamentos de lujo de Manila en julio del 2003. El último caso ha sido la sublevación de los marines de enero de este año.

La inteligencia militar ha estado implicada en una campaña de bombas en Manila y en la isla meridional de Mindanao dirigida contra mercados, autobuses, trenes de cercanías, aeropuertos y mezquitas. El régimen de Macapagal culpó de los atentados a un grupo musulmán de secuestradores, el grupo de Abu Sayaf, y utilizó los bombazos como pretexto para incrementar la militarización del país. El peculiar cronograma de los atentados -por ejemplo, la bomba que estalló en diciembre del 2004 en un centro comercial de Manila provocando 15 muertos vino inmediatamente después de un devastador corrimiento de tierras que enterró a cerca de 1.000 personas en una provincia próxima a Manila- dejaba en evidencia la incompetencia del régimen en materia de asistencia civil.

Periodistas locales con acceso a fuentes de información dentro del ejército opinan que la campaña de bombas ha sido ejecutada por el propio régimen para justificar demandas de más «ayuda» militar usamericana.

La conexión USA

En diciembre del 2002 los USA anunciaron un significativo aumento de los ejercicios militares conjuntos usamericano-filipinos. El primer contingente de tropas usamericanas desembarcado en la isla meridional de Mindanao llevó a cabo operaciones sobre el terreno contra los independentistas musulmanes. A principios del 2003 el entonces Asistente del Secretario Usamericano de Defensa, Paul Wolfowitz, llamó a Filipinas el «Segundo Frente en la Guerra contra el Terror». Desde entonces, decenas de miles de aldeanos musulmanes han sido desplazados por la fuerza y centenares han sido torturados, asesinados o desaparecidos. El resultado ha sido el incremento de la actividad de la guerrilla musulmana.

En octubre del 2003, durante una visita a Filipinas, Bush citó a Filipinas como modelo para la reconstrucción de Irak. Omitiendo mencionar la invasión usamericana de Filipinas de 1898 y la subsiguiente campaña de pacificación que duró 13 años y durante la que murieron más de un millón de filipinos, Bush describió a Filipinas como «modelo de democracia» -una genuina democracia de escuadrones de la muerte.

El apoyo de la Administración Bush al régimen de Macapagal Arroyo ha sido recíproco: un contingente de tropas filipinas fue enviado a Irak desoyendo las protestas de cientos de miles de filipinos. Estas tropas fueron retiradas solamente cuando los combatientes de la resistencia irakí amenazaron con ejecutar a trabajadores filipinos capturados en Irak: la economía filipina depende más de las remesas que envían sus ciudadanos que trabajan en Oriente Medio que de la ayuda usamericana. Los lucrativos contratos de reconstrucción que la élite filipina confiaba en obtener a cambio de sus servicios a la Administración Bush nunca se materializaron. Está previsto que durante el año 2006 otro contingente de 5.500 soldados usamericanos llegue a Mindanao y se ha doblado el número de ejercicios militares conjuntos.

Las tropas usamericanas no están confinadas en el bastión independentista del extremo sur del país. Cada vez se desarrollan más «operaciones conjuntas» en las islas centrales y en Luzón, donde durante los últimos 40 años el Nuevo Ejército Popular (NEP), de filiación comunista, ha venido desarrollando una campaña antigubernamental por cuestiones relacionadas con la reforma agraria y contra el control oligárquico-imperialista de la economía. Con un contingente estimado de 10.000 combatientes, el NEP está considerado como una clara amenaza para los intereses tanto de USA como de la clase dirigente local.

Protesta Popular Urbana y Decretos de Emergencia

En el 2004 Macapagal Arroyo derrotó por un escaso margen a su rival en las elecciones presidenciales tras una campaña marcada por la violencia y el fraude. En un vídeo que se hizo público en la primavera del 2005 se podía ver a la Presidente discutiendo con un alto funcionario electoral sobre la forma de manipular los resultados electorales. En medio de dimisiones de miembros de su gabinete y de llamamientos por parte del público exigiendo su renuncia, Macapagal Arroyo se escapó por los pelos de una votación para solicitar su impeachement en noviembre del 2005.

Las desastrosa políticas económicas neoliberales de Macapagal Arroyo, el creciente deterioro social y económico del país, los frenéticos intentos por parte de los profesionales para escapar mediante la emigración, los movimientos por parte de inquietos funcionarios de nivel medio y las manifestaciones llevadas a cabo por movimientos sociales populares de masas volvieron a atraer sobre Filipinas la atención de los medios de comunicación internacionales. A principios de febrero del 2006 un corrimiento de tierras aún más devastador provocado por las lluvias y por la deforestación enterró a cerca de 2.000 personas en la isla de Leite. La incapacidad del régimen para proporcionar a las víctimas la ayuda más básica desató la furia en todo el país.

El 23 de febrero del 2006, víspera del vigésimo aniversario del derrocamiento de la dictadura de Marcos, Macapagal Arroyo instauró el estado de emergencia, prohibió todas las concentraciones y cerró los medios de comunicación de la oposición. Dictó orden de detención contra 59 personas, entre las que se contaban miembros del Congreso, oficiales militares y críticos sociales, acusándolos de rebelión contra su régimen. Fueron convocadas manifestaciones para conmemorar el fin de la dictadura de Marcos y para protestar contra el fraude electoral, la corrupción, la incompetencia económica y las violaciones de derechos humanos del régimen de Macapagal Arroyo. Algunas manifestaciones desafiaron el decreto de la Presidente, se echaron a la calle y fueron reprimidas violentamente.

Entre las personas acusadas de rebelión se contaban 6 miembros del Congreso pertenecientes a partidos políticos de izquierda, un abogado especializado en la defensa de los derechos humanos, oficiales militares tanto retirados como en activo y activistas sociales. La mayoría de los cargos presentados carecen de sustancia y son totalmente arbitrarios. Por ejemplo, el congresista de Anakpawis (Masas Trabajadoras) Crispin Beltran, de 73 años, veterano líder sindical y activista contra Marcos, fue arrestado poco tiempo después de la declaración del estado de emergencia, inicialmente en base a una acusación de 25 años de antigüedad que databa de la dictadura de Marcos. Cuando se demostró que estos cargos habían prescrito hacía décadas, sustituyeron la acusación inicial por otra de rebelión.

Este es el último de una serie de ataques por parte del régimen de Macapagal Arroyo diseñados específicamente para destruir a los partidos políticos de clase y la actividad sindical, incluido el Bayan Muna y sus socios de coalición. La campaña de asesinatos y desapariciones de 80 miembros de esta alianza de partidos entre en el período 2001-2005, incluyendo a alcaldes y representantes electos provinciales ha alcanzado finalmente a altos cargos electos del Congreso de Filipinas. En el 2006, la represión se reorientó del campo a la capital, de los líderes campesinos a miembros del congreso radicados en Manila, y a líderes de los medios de comunicación, de la clase trabajadora y de partidos de izquierda. De los 26 asesinatos políticos ocurridos en las primeras 10 semanas del año 2006 3 han tenido como objetivos a funcionarios del Bayan Muna.

Las detenciones arbitrarias de miembros del Congreso envían una señal a la izquierda legal en el sentido de que el régimen no piensa tolerar disidencias o desafíos a sus políticas ni siquiera desde dentro del Congreso.

¿Quiénes son los ejecutores?

Según el KARAPATAN, la organización de derechos humanos independiente dedicada a documentar y proporcionar apoyo legal a las víctimas de abusos de derechos humanos, las desapariciones y asesinatos son perpetrados por escuadrones de la muerte en algunas de las áreas más militarizadas de Filipinas. Los escuadrones de la muerte serían incapaces de actuar con impunidad si no contaran con la complicidad del ejército. Han desaparecido incluso testigos de asesinatos y el sistema judicial filipino ha sido incapaz de procesar a los autores intelectuales y a los ejecutores. Tampoco el ejército ha realizado ningún esfuerzo para investigar y arrestar a líderes identificados de los escuadrones de la muerte.

Evidencias aportadas por grupos de derechos humanos demuestran que los escuadrones de la muerte operan bajo el paraguas protector de las comandancias militares regionales, especialmente de las Fuerzas Especiales entrenadas por USA. El hecho de que Macapagal haya promocionado al infame coronel Jovito Palparan (‘El carnicero de Mindoro’) al rango de general, a pesar de la abundante documentación y de los testimonios que prueban su implicación en gravísimos casos de abusos de derechos humanos, evidencia el apoyo que presta la Presidente al terrorismo de Estado respaldado por el ejército.

Cuando Palparan fue asignado a Luzón Central en septiembre del 2005, el número de asesinatos políticos sólo en esa región aumentó a 52 en cuatro meses. Antes de su promoción, las regiones que registraban el mayor número de ejecuciones sumarias, como Visayas Oriental o Luzón Central, eran precisamente las que se encontraban bajo el mando del entonces coronel Palparan.

El estado de la Resistencia

Ante la desintegración económica y social y ante el uso que hace el régimen de la fuerza para mantenerse en el poder, ante su descomunal incompetencia frente a desastres naturales y ecológicos, la resistencia popular se ha extendido desde el campo hasta las ciudades. Las organizaciones populares de masas, integradas por campesinos y agricultores de minorías indígenas, trabajadores industriales, maestros, periodistas, funcionarios públicos, estudiantes, mujeres, artistas, trabajadores pro derechos humanos, abogados y religiosos ha crecido a pesar de la campaña de terrorismo de Estado.

Durante el vigésimo aniversario del derrocamiento en 1986 del dictador Marcos, decenas de millares de personas desafiaron el estado de emergencia y desfilaron en Manila y en ciudades a lo largo y ancho del país. Más de 10.000 mujeres desafiaron la prohibición impuesta por la policía para marchar en el Día Internacional de la Mujer.

Estudiantes y profesores organizan campañas en las facultades de todo el país. Antiguos Presidentes, ejecutivos y religiosos están demandando la dimisión de Macapagal Arroyo y una ‘suave transición’ en el seno de la élite, mientras que los movimientos populares de masas y sus acosados representantes políticos exigen justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, el fin de la presencia militar usamericana, la eliminación de los impuestos sobre el valor añadido, el aumento del salario mínimo, reforma agraria, moratoria del pago de la deuda, renacionalización de sectores claves de la economía y negociaciones de paz efectivas entre el Estado y el NPA y los independentistas musulmanes.

Según algunos funcionarios, es probable que Macapagal Arroyo acabe siendo obligada a renunciar. La cuestión estriba en saber cuándo y cómo.

Traducido para La Haine por L.B