1 – El aumento de la violencia y de todas las formas de intolerancia El asesinato de Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, llevó a las calles a miles de personas en luto y lucha. La conmoción fue de tal magnitud que las manifestaciones que siguieron a su muerte pueden ser comparadas a […]
1 – El aumento de la violencia y de todas las formas de intolerancia
El asesinato de Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, llevó a las calles a miles de personas en luto y lucha. La conmoción fue de tal magnitud que las manifestaciones que siguieron a su muerte pueden ser comparadas a las del primer semestre de 2017. A pesar de ello, la violencia y las expresiones de intolerancia de todos los tipos parecen haber recrudecido, como si la muerte de Marielle consistiera un momento de inflexión, de un punto sin retorno, cuando fueron retirados los últimos velos que mantenían el odio no totalmente revelado. Los ejemplos de este recrudecimiento no faltan: las ejecuciones que ocurren en las periferias, en las favelas, donde el conflicto por la tierra es más agudo, resultando en la muerte de trabajadores e indígenas; los ataques a la caravana de Lula en el sur del país, que no se restringieron a huevos y piedras, pues los protofascistas hicieron uso de explosivos para bloquear su paso y dirigieron balas a sus vehículos; los actos de intolerancia manifestados en las calles, antes dirigidos a LGBT y negros, ahora alcanzan también a inmigrantes. Podríamos seguir la lista. En el ejercicio de esta violencia, se encuentran grupos de individuos, milicias y fuerzas policiales regulares, haciendo más complejo el entendimiento de lo que es el aparato represivo actual del Estado en el país, de su extensión y transfiguración.
2 – Una condena por razones políticas y la falta de democracia en Brasil
Desde el juicio de Lula por Moro, pasando por el examen de su apelación ante la 8ª Clase del Tribunal Regional Federal de la 4ª Región, el 24/01; por el juicio de su petición de habeas corpus ante el Superior Tribunal Federal, en 04/04; y por el despacho de Moro, el 05/04, determinando su presentación para el cumplimiento de la pena, fueron innumerables los artículos, testimonios y notas que denunciaron el aceleramiento de los plazos de los trámites (frente a la normalidad corriente), el incumplimiento de los trámites el juicio del STF y el despacho emitido por Moro), el hecho de que el juicio haya sido conducido sin pruebas y de haber sido le negado el habeas corpus, elemento básico de los derechos civiles.
Brasil nunca fue una sociedad democrática plena. La realidad vivenciada por los segmentos más pobres de la población, formada mayoritariamente por negros, lo atestigua. Para ellos, siempre les fue (y es) prohibido el usufructo de las libertades civiles más fundamentales. No por casualidad, las cárceles brasileñas registran altos índices de prisioneros sin condena y de prisioneros que allí permanecen aun habiendo cumplido sus penas.
La diferencia es que ahora las libertades democráticas son negadas a un ex-presidente que, aunque de origen obrero, forma parte de la élite política de ese país. Y no cualquier ex-presidente: un pre-candidato a la presidencia de la República que registra una intención de votos superior al 30% en la primera vuelta y que todas las encuestas indican como vencedor de los comicios de 2018. Por eso, además del cercenamiento a su libertad, su juicio sin pruebas y encarcelamiento sin que todas las etapas de apelación hayan sido cumplidas constituyen también cercenamiento de la libertad de parte del pueblo brasileño, que no podrá votarlo, si continúa preso. Si entendemos que es derecho del pueblo brasileño elegir libremente a su próximo presidente (a), la retirada de Lula de las urnas significa que parte del pueblo se verá impedido de expresar su voluntad.
3 – Lula preso e impedido de ser candidato es una necesidad del gran capital
Los gobiernos Lula y Dilma adoptaron una política de conciliación de clases, lo que significó servir a los intereses globales de la burguesía y, al mismo tiempo, hacer algunas acciones para mejorar la situación de vida de la población de bajos ingresos, especialmente el desarrollo del Programa Bolsa Familia y la política de valorización del salario mínimo. Actuaron para desmovilizar a los movimientos sociales y para integrarlos en el orden. Así, durante varios años, contaron con el apoyo del gran capital. Sin embargo, dos factores llevaron al agotamiento de esta política. De un lado, su base objetiva -el ciclo de expansión de las commodities- se ha agotado. De otro, las movilizaciones de junio de 2013 mostraron que las pocas medidas hechas para mejorar la vida de la población ya no garantizaban su pasividad. Aunque Dilma Rousseff, al inicio de su segundo mandato, aún haya realizado una política más antipopular en la línea de lo que la burguesía reclamaba, y aunque desde el final de su primer mandato haya aumentado la represión a las movilizaciones sociales (incluso con la aprobación de la «Ley Antiterrorista»), el gran capital exigía más: los gobiernos del PT habían perdido su funcionalidad económica para él.
Sin la posibilidad material de que la experiencia «neo-dessarrollista» adoptada por Lula y Dilma sea retomada, y aprovechándose de la desmovilización de la base popular de apoyo a los gobiernos del PT que ellos mismos habían incentivado, el gran capital desprendió el golpe que llevó al impeachement de Dilma y pasó a actuar más brutalmente en la defensa de sus intereses. El eventual retorno de Lula al gobierno se volvió inaceptable: además de alimentar la esperanza vana de que es posible volver a los tiempos del «neodessarrollismo a la moda del PT», animaría a sectores amplios de la población a reivindicar mejores condiciones de trabajo y vida, cuando lo que gran capital quiere hoy es exactamente lo contrario.
4 – El proyecto del gran capital en curso en Brasil
En el corto tiempo de existencia del famoso Gobierno Temer, asistimos a ser implantados en el país cambios institucionales que alteraron radicalmente el papel y el lugar del Estado en la sociedad brasileña y la relación entre empleado y empleador. Este fue el caso de la inscripción, en el texto de la Constitución, de la congelación de los gastos a nivel federal por veinte años; del permiso del uso de la tercerización en cualquier actividad; y de la aprobación de la reforma laboral, que alteró 117 artículos y 200 dispositivos de la CLT (Consolidación de las Leyes Laborales)..
Al mismo tiempo, avanza la privatización y la participación de empresas extranjeras en lo que aún no había sido privatizado en ese país, con destaque para la modificación de la regla de explotación del Pre-Sal, para permitir que otras empresas (distintas a Petrobras) explotan los pozos de petróleo en esa capa de la tierra, y para la puesta a la venta de Eletrobrás, responsable del 38% de la generación energética del país y por la transmisión de energía eléctrica a más de la mitad de la población brasileña. Y eso sin mencionar la intención evidente del gobierno – traducida en la participación de Temer, en enero de ese año, en Davos – de privatizar el Acuífero Guaraní, reserva de agua dulce con más de 1,2 millón de km². En standby, la reforma de la Previdencia, que, entre otros aspectos, resultaría en la ampliación de mercado para los Fondos de Pensión, una de las formas más agresivas del capital especulativo/ficticio internacional.
Reducción significativa del tamaño y de las funciones del Estado (pero no de sus funciones represivas); aumento de la privatización y de la presencia de capital extranjero en las actividades desarrolladas en el país; ampliación acelerada de la flexibilización y de la precarización del mercado de trabajo: estos son los resultados esperados y ya percibibles de los cambios institucionales realizados en esos tiempos de Temer. Es innecesario resaltar aquí las consecuencias de todo esto para los/las trabajadores(as) brasileños(as), principalmente para los más desfavorecidos. La realidad del desempleo, de los despidos masivos y de la ampliación del trabajo informal y precarizado, después de la aprobación de la reforma laboral, así como el descalabro que afecta a la salud y la educación en el país, carente de recursos, es conocida por todos.
Frente a eso, se puede decir que el proyecto para el país, defendido por el gran capital y adoptado por el Gobierno Temer, está formado por tres objetivos. El primero consiste en desnacionalizar lo que aún hay de nacional en el país, particularmente la tierra, lo que queda de las estatales, la plena explotación del petróleo, pero también sectores de actividades que, aunque se están desnacionalizando desde los años 1990, están en la mira del capital extranjero, al igual que la industria de autopartes. El segundo objetivo, es disminuir el tamaño del Estado para algo en torno al 10% del PIB, para el cual la Enmienda Constitucional 95 es su expresión acabada. El tercer objetivo es el de flexibilizar totalmente el mercado de trabajo brasileño.
5 – El gran capital y su representación en las elecciones de Octubre
Al parecer, el gran capital tiene dificultades para encontrar un candidato que represente este proyecto en las elecciones para la presidencia de la República de octubre de 2018. Ninguno de los precandidatos aventados hasta ahora ocupó el espacio de ser la «alternativa legítima del establishment» en ese proceso. La reciente filiación de Joaquim Barbosa al PSB puede alterar un poco este escenario, ya que el ex ministro del STF cuenta con algunas características que pueden destacarse en el proceso («combatió la corrupción», «no es político de profesión», etc.). Por ahora, en el vacío creado se mantiene significativa el porcentaje de intención de votos en Bolsonaro, como fruto de la desesperanza que asola buena parte de las y de los brasileños. En medio de un escenario de crisis económica, pérdida de derechos, crisis de representatividad y legitimidad política, y crisis social, con violencia creciente, el pánico, el miedo y la desesperanza -que no son buenos consejeros- fomentan la pre-candidatura de Bolsonaro, que flirte en muchos momentos con una ideología de cuño marcadamente fascista.
Por más que Bolsonaro no sea la opción prioritaria del gran capital, todo el contexto del Brasil contemporáneo- marcado por el agravamiento de la polarización política, especialmente post prisión de Lula- puede generar un contexto en que esos sectores consideren esa candidatura la «menos peor». Esta posibilidad, en un contexto de avance de la pauta antidemocrática, nos plantea ante perspectivas muy graves. Es un momento en que los ataques a la izquierda e incluso al progresismo en general tenderán a crecer, y que no se puede descartar ninguna hipótesis, ni siquiera la de la no realización de elecciones.
6 – Un frente de lucha por las libertades democráticas
En este escenario, debemos defender la construcción de un Frente Único de luchadores en defensa de las libertades democráticas, contra el cierre y la militarización del régimen democrático-burgués y contra el ascenso y diseminación de una ideología neofascista (que aunque todavía parezca incipiente, ha crecido). El PSOL tiene un papel fundamental en este proceso, porque es el único partido capaz de, incluso en una política de frente único con diversos otros partidos, comprender profundamente -y verbalizar- las razones que crearon las condiciones para toda la escalada de retrocesos que vivimos desde 2016. Esa comprensión pasa, obviamente, por el balance crítico de los años anteriores al golpe parlamentario-empresarial mediático de 2016. La construcción de un frente único en defensa de la democracia es tan necesaria como el diagnóstico de lo que nos trajo hasta ese escenario, para que no repitamos los mismos errores.
Así como una lucha consecuente contra las contrarreformas neoliberales, esta tarea sólo puede ser cumplida con éxito por el conjunto de la clase trabajadora y de los sectores oprimidos. Debemos buscar, por tanto, un Frente Único de los partidos (PSOL, PCB, PT, PCdoB, PSTU), organizaciones, sindicatos y movimientos de los trabajadores(as) y de los sectores oprimidos. Este frente debe actuar centralmente por la movilización de los trabajadores(as) y de los oprimidos. Manifestaciones, huelgas, bloqueos, ocupaciones y piquetes son sus principales instrumentos, ya que la extrema derecha y la burguesía no pueden ser derrotadas solamente a partir de palancas electorales o de bravatas sin mayores consecuencias. Es necesario recuperar la energía militante que construyó un amplio proceso de luchas en el primer semestre de 2017, culminando en la huelga general del 28 de abril, y que reapareció en las movilizaciones contra el asesinato de Marielle y Anderson.
Entre los objetivos de este frente, deben estar el combate a la extrema derecha y a las tendencias fascistas; el fin de la intervención militar en Río de Janeiro, la desmilitarización de la PM y el fin del genocidio de la juventud negra y favelada; el completo escrutinio de los asesinatos de Marielle, Anderson, así como de todos los otros asesinatos, como el de los cinco jóvenes de Maricá; la inmediata condena de los asesinos y de los mandantes; la libertad de Lula y la garantía de que pueda ser candidato.
No es fácil la construcción de tal frente. El PT- partido que sigue siendo el que tiene más bases populares y más influencia sobre los movimientos sociales- se orienta por una «defensa de la democracia» limitada, con actuación básicamente en el plano parlamentario, en los tribunales, a través de declaraciones o manifestaciones, o en manifestaciones controladas por él, además de, por otro lado, mantener y ampliar alianzas electorales con partidos de la derecha golpista, como el MDB de Temer.
Nosotros, de la Comuna, buscaremos incidir en esos procesos. Apoyemos la construcción de manifestaciones y actividades comunes, contribuiremos con las formulaciones acerca del momento actual, y siempre que sea necesario seguiremos haciendo el balance del proceso de adecuación al orden encabezado por el PT que terminó por crear las condiciones para el golpe. Defenderemos siempre que quede nítida la independencia política del PSOL.
Reafirmamos lo que habíamos dicho en nota de enero de 2018: la defensa de la democracia para nosotros exige más que palabras de orden en momentos convenientes. Por este motivo, estuvimos en las luchas contra la Ley Antiterrorista de Dilma y las contrarreformas electorales de Eduardo Cunha. Además de combatir la ofensiva contra las frágiles garantías que poseemos en la democracia limitada del capitalismo, reivindicamos la construcción de otra democracia: «la de la producción de bienes y de la cultura, generalizando la autogestión y el control de los/las representantes por los/las representados/as».. Una democracia que no es posible sin la superación del sistema vigente.
La única manera de construir un Frente Único es garantizar que la conducción de todos los procesos sea democrática y compartida, para que pautas e intereses de uno de los grupos componentes del frente no corran el riesgo de superponerse a las cuestiones más urgentes y consensuadas. En este sentido, es muy importante que el PSOL construya de forma compartida cada uno de esos momentos.
La construcción de un Frente Único en defensa de la lucha por libertades democráticas no significa una unidad electoral. Tenemos un diagnóstico muy diferente de los porqués del golpe y tenemos – encima y a partir de esos diagnósticos – proyectos de país distintos, que deben presentarse de esta forma en el proceso electoral.
Si el momento es confuso y de pocas certezas, lo que consideramos fundamental es fortalecer la lucha por libertades democráticas y la reversión de las reformas aprobadas por este gobierno ilegítimo. Para ello, no podemos ni caer en el sectarismo que lleva al aislamiento, ni olvidar el balance de lo que nos trajo hasta esa situación, que nos llevaría a la construcción de falsas alternativas. Es bajo ese filo de la navaja que debemos actuar.