Muchos trabajadores de clase media chilenos que contribuyeron regularmente a su fondo de pensión privada descubrieron que sus cuentas no generan los mismo beneficios que el antiguo sistema de jubilación pública.Dagoberto Sáez, técnico laboratorista de 66 años, tiene planeado, debido a un reciente ataque al corazón, jubilarse en marzo. Gana menos de 950 dólares al […]
Muchos trabajadores de clase media chilenos que contribuyeron regularmente a su fondo de pensión privada descubrieron que sus cuentas no generan los mismo beneficios que el antiguo sistema de jubilación pública.
Dagoberto Sáez, técnico laboratorista de 66 años, tiene planeado, debido a un reciente ataque al corazón, jubilarse en marzo. Gana menos de 950 dólares al mes y su fondo de pensión le informó que tras 24 años de contribuciones recibirá durante 20 años 315 dólares al mes.
La cuenta de su fondo de pensión privado está llena de comisiones ocultas que pudieron haber absorbido hasta una tercera parte de su inversión original.
‘Colegas y amigos con el mismo nivel de salario que se quedaron en el viejo sistema se retirarán con pensiones de casi 700 dólares mensuales hasta que mueran. Yo tengo un salario que me permite vivir con dignidad y repentinamente me voy a hundir en la pobreza porque cometí el error de creer las promesas que nos hicieron en 1981’, se quejó.
Con muchos chilenos en la misma situación, la gente sigue viendo hacia el Gobierno, no a los fondos de pensión privados, para tener una jubilación segura.
Más que financiar pensiones a través de un sistema al que han contribuido trabajadores, patrones y el gobierno, millones de personas empezaron a pagar el 10 por ciento de sus salarios a cuentas de inversión privadas que ellos controlaban.
Bajo el programa chileno -que el Presidente George W. Bush ha citado como modelo en sus planes para revisar la seguridad social- la promesa fue que dichas inversiones, al ayudar a impulsar el crecimiento económico y generar ganancias más elevadas, darían pensiones mensuales más grandes que las que podría ofrecer el sistema tradicional.
Pero ahora que la primera generación de trabajadores que dependerá del nuevo sistema se está empezando a jubilar, los chilenos se han dado cuenta de que lo que les ofrece el sistema es menos que lo anunciado durante la dictadura del General Augusto Pinochet (1973-1990).
Para que el programa sea un éxito en términos económicos, el Gobierno de dólares para aquellos cuyas contribuciones no fueron lo suficientemente grandes, a fin de asegurarles al menos un pensión mínima de 140 dólares al mes.
Muchos otros, debido a que ganaron buena parte de su dinero en la economía subterránea, siguen fuera del sistema. Sólo la mitad de los trabajadores están en el sistema privado.
‘Es evidente que el sistema necesita una reforma’, dijo el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ricardo Solari, para quien el actual enfoque de Chile basado en fondos de pensión privados tiene ‘importantes puntos fuertes’
‘Pero es absolutamente imposible pensar que un sistema de esta naturaleza va a resolver las necesidades de ingresos de los chilenos cuando lleguen a la edad de los adultos mayores’, aclaró el Ministro.
En la formulación de propuestas en Estados Unidos para cuentas individuales, los defensores de una privatización parcial de la seguridad social has buscado superar algunos de lo problemas en Chile.
Por ejemplo, han sugerido establecer límites bajos en las comisiones que las administradoras de fondos podrán cobrar y que se siga pagando una parte del ingreso de jubilación a través del sistema tradicional de pagos garantizados.
El programa en Chile difiere del modelo voluntario que considera el Presidente Bush. La participación aquí no ha sido voluntaria para la gente que entró a la fuerza laboral a partir de 1981.
Por otra parte, Chile tuvo la precaución de acumular varios años de excedentes presupuestales antes de iniciar el sistema privado, en contraste con los recientes grandes déficits en Estados Unidos.
Chile ha gastado más de 66 mil millones de dólares en prestaciones sociales desde que se introdujo la privatización. A pesar de las proyecciones iniciales de que para estos momentos el sistema sería autosostenible, el gasto en pensiones representa más de un 25 por ciento del presupuesto nacional, casi tanto como el gasto en educación y salud combinados.
Enfrentado con la probabilidad de que la derecha siga así, el Gobierno chileno contempla una nueva ronda de cambios en los fondos de pensión.
Las sugerencias incluyen muchas que también se consideran en Estados Unidos y Europa, como la reducción de las prestaciones sociales o una edad de jubilación más avanzada.
Los problemas han surgido pese a los que todos consideran el principal punto fuerte del sistema privatizado: un promedio del 10 por ciento anual en inversiones. Esos resultados han sido logrados por los fondos de pensión en gran medida a través de la compra de acciones y bonos corporativos y del Gobierno inversiones que ayudaron a impulsar una expansión económica que le dio a Chile la mayor tasa de crecimiento en Latinoamérica en los últimos 20 años. ‘El gran éxito del sistema es su alta tasa de rendimiento, más del doble de la inicialmente proyectada’, dijo Guillermo Arthur Errázuriz, director ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. ‘En total, los trabajadores has ahorrado casi 61 mil millones de dólares, que son invertidos en los sectores económicos de mayor potencial’, dijo el ejecutivo.
Entre los defensores del sistema chileno está Bush, quien en una visita dijo que el país era un ejemplo para otros y que Estados Unidos podría aprender algunas lecciones, en especial cuando se trata del manejo de los planes de pensiones.
El principal arquitecto del sistema chileno es José Piñera, ex Ministro de Trabajo y Seguridad Social de 1978 a 1980 y presidente del Centro Internacional para la Reforma de las Pensiones y copresidente del Proyecto sobre la Privatización de la Seguridad Social del Instituto Cato.
Piñera se negó a ser entrevistado para este artículo, pero en la página de opinión editorial del diario The New York Times del mes pasado, Piñera elogio al sistema chileno y dijo que estaba basado en la propiedad, opción y responsabilidad, y que es ampliamente popular porque les da a los trabajadores una participación en la economía.
Entre otros logros enfatizados aquí por los defensores de los fondos privatizados esta la creación de un moderno capital de mercado, crédito más barato para las empresas que antes podían recurrir sólo a los bancos cuando querían expandirse, y un freno al gasto deficitario del Gobierno.
Los críticos dicen que el sistema privatizado ha sido exitoso al asegurar una jubilación dignificada para los ancianos. ‘Lo que tenemos es un sistema que es bueno para Chile pero malo para los chilenos’, dijo un funcionario del Gobierno especializado en pensiones y que hablo bajo la condición del anonimato. ‘Si las personas realmente tuvieran libertad de elección, el 20 por ciento de ellas regresarían al sistema antiguo’, reconoció el funcionario.
De acuerdo al cálculo del Gobierno, sólo la mitad de la fuerza laboral contribuye a un fondo de pensión. ‘Sabemos que existe una inmensa laguna y que necesitamos aplicar medidas correctivas’, dijo Guillermo Larraín, director de Superintendencia de Fondos de Pensión, una agencia del Gobierno.
Debido a que muchas de las afirmaciones hechas inicialmente a favor del sistema privatizado resultaron exageradas o inexactas, el periodo de transición ha resultado ser más largo y más costoso que lo anticipado.
El consto anual para el Gobierno ha permanecido estable en 5 o 6 por ciento de la producción económica de la Nación. En comparación, en el 2003, los desembolsos de la seguridad social en Estados Unidos totalizaron el 4.2 por ciento del Producto Interno Bruto.
Chile gasta unos 2 mil millones de dólares al año en pagos a jubilados de sus Fuerzas Armadas, según Solari. Para los que siguen en el sistema original, el beneficio máximo de jubilación es de mil 250 dólares al mes.
Para obtener esa cantidad en un fondo de pensión, los trabajadores tendrían que aportar más de 250 mil dólares durante sus carreras, según el Centro Nacional para Estudios de Desarrollo Alternativo. Esa meta la han alcanzado sólo 500 de los 7 millones de contribuyentes.