La oposición no habló durante un tiempo de la posibilidad de fraude en las elecciones del próximo domingo. Mientras mantuvo la ilusión -por cierto, funesta ilusión- de que había obtenido una gran victoria en el referendo del 2D, y que ese resultado era extrapolable, se mantuvo en el plano cívico. Pero cuando debido a sus […]
La oposición no habló durante un tiempo de la posibilidad de fraude en las elecciones del próximo domingo. Mientras mantuvo la ilusión -por cierto, funesta ilusión- de que había obtenido una gran victoria en el referendo del 2D, y que ese resultado era extrapolable, se mantuvo en el plano cívico.
Pero cuando debido a sus propias fallas, divisiones internas, falta de liderazgo y de discurso, constató -a través de encuestas y otras formas de medición- que la situación no la favorecería en las urnas y que sus cálculos en cuanto al número de gobernadores y alcaldes se evaporaban, cobró fuerza el recurso clásico, ritual, repetitivo del derrotado: denunciar fraude. ¿De qué manera? Comenzando, primero, a disparar contra el árbitro, el CNE, catalogándolo de instrumento de Chávez; y, luego, esparciendo la especie del ventajismo oficial -¿cuál, se pregunta cualquiera observador, es la realidad? La del gobernador Rosales y otros mandatarios regionales opositores y alcaldes de la misma tendencia política-, sembrando sospechas sobre el resultado de los comicios. Pero hay algo más de fondo respecto al planteamiento de fraude.
Acaban de realizarse elecciones municipales en Nicaragua y el Frente Sandinista se impuso abrumadoramente -de 87 alcaldes pasó a 96-, incluso en la capital, Managua. Enseguida el candidato derrotado, el banquero Montealegre, denunció fraude sin siquiera concluir el escrutinio. Y lo que es aún más grave: esa misma noche, con pasmosa sincronización, un vocero del Departamento de Estado secundó la denuncia de la oposición y cuestionó al máximo organismo electoral nicaragüense, afirmando que el resultado no era confiable porque no había suficientes observadores internacionales. Para mí se trata del «efecto Managua», es decir, del cuestionamiento orquestado, no sólo de la elección en el municipio de un pequeño país centroamericano que, curiosamente, atrae la atención de una nación como EEUU con colosales problemas. Algo verdaderamente insólito, que trasciende el hecho puntual, como es la fijación de una política para la región. A mi juicio lo ocurrido con Nicaragua hay que conectarlo a la realización de las elecciones el próximo domingo, y a otros comicios que se celebrarán en la región.
En concreto: es la descalificación del sistema electoral regional debido al avance de las fuerzas progresistas que optaron por asumir la institución del sufragio. De ahí que los que aquí gritan ¡fraude! están en algo más…
El ciudadano Chávez
La intención es clara: hay que despojar a Hugo Chávez de todos sus derechos, y, por supuesto, de su vida. Lo del magnicidio no es cuento. Como tampoco el propósito de derrocarlo. Ambas fórmulas ya fueron ensayadas sin éxito. Pero estuvieron a punto de lograrlo.
El 11A y el golpe petrolero, acciones en las que estuvieron comprometidos, sin excepción, todos los partidos políticos de la oposición, al igual que la Iglesia católica, Fedecámaras, los medios y gremios profesionales, tenían como objetivo abolir la Constitución de 1999 y acabar con el Estado de derecho. También con la vida del Presidente, quien se salvó de milagro mientras estuvo prisionero.
Esos mismos factores han tratado de montar ahora una aventura similar que por razones obvias niegan. Mientras esos sectores hacen lo que les viene en gana y no disimulan su aviesa intención, avanza una campaña de deslegitimación del Gobierno constitucional y de cuestionamiento de la legalidad que representa el Presidente. No hay antecedentes en el mundo de ataques más feroces, de campañas más despiadadas y descalificadoras contra un Jefe de Estado, que los que se producen en Venezuela.
Aprovechando la permisividad legal existente, las garantías consagradas en la Constitución -hecha para preservar la libertad y no para reprimirla-, y el talante democrático de quienes gobiernan, se dan increíbles manifestaciones de irresponsabilidad y desprecio a la ley. Al extremo que la oposición traspasa todos los límites calificando como de facto al Gobierno e involucrándose en una confabulación antipatria con factores internacionales.
En este insólito contexto la oposición tiene plenos derechos, incluso el de conspirar y atentar contra la vida de Chávez, mientras que a éste se le niega todo. La oposición puede injuriar, agraviar, mentir, ofender, implicarse en aventuras desestabilizadoras y desprestigiar al país en el exterior, en tanto que al Presidente se le quiere negar lo más elemental: el derecho a defenderse; a responder los ataques despiadados de que es víctima y a difundir su obra de gobernante.
No pasa un día sin que alguien se querelle contra Chávez. Que se invoque cualquier motivo para promover acciones ante el Tribunal Supremo, el CNE, la Contraloría y la Fiscalía, al igual que ante la Cidh y cualquier otro organismo desde el cual sea posible escandalizar.
Si Chávez intenta defenderse como ciudadano, sin siquiera recurrir a los órganos jurisdiccionales competentes; si reclama el injusto tratamiento de que es objeto en los medios, enseguida se le acusa de autócrata. Si en una campaña electoral como la actual ejerce el derecho cívico de irse a la calle a debatir, a exponer planes, a polemizar y a llamar a votar por los candidatos de su partido -al igual que lo hacen gobernadores y alcaldes de la oposición- es acusado de ventajista. O sea, que Chávez no tiene derechos. Todos los confiscó la oposición. El ciudadano Chávez no existe.
Pero esta grotesca forma de hacer política y tan descarada manifestación de irracionalidad con la que se quiere confundir al pueblo, revierte negativamente contra la oposición como hasta ahora ha ocurrido. Lo veremos el próximo domingo. Eso sí, votando y, sobre todo, aceptando los resultados, como Chávez lo dijo mientras la oposición guarda sospechoso silencio. Y algunos de su voceros ya hablan de fraude.