Más de treinta muertos; el comienzo y la extensión de saqueos generalizados; la palabra «paz» en la boca de los fusiles, y el crecimiento veloz de una dinámica de descontrol y hambre. Y en medio de este escenario, el anuncio de una Asamblea Constituyente sin partidos, ni clara participación ciudadana universal, sin que se respete […]
Más de treinta muertos; el comienzo y la extensión de saqueos generalizados; la palabra «paz» en la boca de los fusiles, y el crecimiento veloz de una dinámica de descontrol y hambre. Y en medio de este escenario, el anuncio de una Asamblea Constituyente sin partidos, ni clara participación ciudadana universal, sin que se respete la consulta al pueblo en un referéndum.
Esta iniciativa del gobierno, al contrario del proceso constituyente que llevo a la elaboración, debate y sanción de la Constitución del ’99, que contó con la participación activa y mayoritaria del soberano, un proceso que desde Marea Socialista reivindicamos como un método democrático, los anuncios hasta hoy conocidos, la propia Gaceta con la convocatoria hecha por Maduro, lo mismo que la declaración del integrante de la Comisión Presidencial por la constituyente Aristóbulo Istúriz que afirmó que «No hay que preguntarle nada al pueblo porque hoy la Constitución contempla la Constituyente», muestran una propuesta de características corporativas y antidemocráticas, con una participación arbitraria del 50% de instancias cooptadas al Estado y sin consulta, solo ha servido para agregarle más gasolina a un fuego alimentado por las cúpulas políticas, que nos pone frente a un horizonte que se presenta mucho más amenazador.
Por otra parte esa ANC no es necesaria ni útil para afrontar los problemas más urgentes e inmediatos que sufre nuestro pueblo. La emergencia en alimentos y medicinas, lo que necesita es de medidas concretas, contrarias a las que está aplicando el gobierno, como por ejemplo la suspensión de los pagos de la Deuda Externa para atender las necesidades populares.
Esa «Constituyente» que se pretende montar con el modelo del Congreso de la Patria, un Congreso hecho a imagen y semejanza de la cúpula del PSUV, del que no se conocen las medidas que de allí surgieron ni si el gobierno las está aplicando. En él se excluyó a gran parte del pueblo venezolano.
Así cómo acaba de señalar la Fiscal General, Luisa Ortega, no se puede pedir legalidad a la población si es el Estado quien viola la ley. En este punto hay que ser taxativos: La actual dinámica de represión violenta, de características desmedidas, excesivas y en algunos casos brutal, usada por las fuerzas del Estado, imprudentemente acompañadas de civiles armados, van mucho más allá de todo control o supervisión de la protesta social, para convertirse en una violación abierta a los derechos humanos esenciales. Entre otras cosas, es bueno recordar, que los delitos provocados por esta violación no prescriben en el tiempo.
Desde luego que rechazamos la acción de grupos foquistas, o posibles francotiradores entrenados, que actúan cubiertos por la cúpula de la MUD. Pero, sin coincidir en absoluto con la política de esa cúpula ni con sus convocatorias, hay que destacar que la mayoría de los muertos, civiles desarmados, jóvenes y mujeres, lo han sido en el marco de manifestaciones en ejercicio del legítimo derecho a la protesta. Lo mismo que los más de 700 heridos o contusos y los centenares de detenidos. En este caso: sin duda alguna, reivindicamos el derecho a la legítima defensa que están ejerciendo los manifestantes cuando el Estado viola el ejercicio de los derechos ciudadanos. Esa violación constante es la característica principal de los regímenes autoritarios que derivan al totalitarismo, y es uno de los principales factores que azuzan la violencia.
Hay que recordar, por otra parte, que el origen inmediato de la actual situación parte de una cadena de hechos incontestables en el marco de una prolongada crisis política, económica y social: la supresión reiterativa del derecho al sufragio, la ruptura del hilo constitucional, producida por las sentencias 155 y 156 del TSJ. La suspensión indefinida de las elecciones regionales y la violación de los derechos de los ciudadanos que firmaron para habilitar el Referendo Revocatorio, son evidencia suficiente para denunciar la manipulación del Ejecutivo a instituciones y derechos del pueblo y la sumisión al gobierno tanto del Tribunal Supremo como del CNE.
En este contexto de constante desconocimiento a la Constitución de Chávez y violación creciente de derechos humanos, el gobierno abre un «proceso constituyente» sospechado, desde su mismo anuncio de antidemocrático. Se convoca a una «Asamblea Nacional Constituyente», de características corporativas, con la división en dos tipos de constituyentes que la integrarían y poca o ninguna transparencia en sus objetivos. Son estos los elementos que provocan desconfianza y rechazo a la maniobra, cuyo propósito puede adivinarse como preparación de una contrarreforma retrograda en menoscabo de la Constitución del ’99.
Además hay en ella una nueva violación a la soberanía popular: al no convocar a un referéndum consultivo para validar la realización de la Constituyente ni tampoco para que luego de finalizada, sea el pueblo quien la apruebe o rechace, así la maniobra se vuelve clara y transparente. Ya que, como señala el artículo 71 de la misma, para las grandes decisiones debe realizarse esa consulta y de lo que se trata en este llamado «proceso constituyente», y el mismo gobierno lo afirma, son grandes decisiones las que se deben tomar. Así se desprecia por completo la experiencia y la tradición en cuanto a la metodología del proceso de convocatoria a la Constituyente del ’99.
Por si queda alguna duda por la forma en que hoy son manipulados desde el poder los artículos 347, 348 y 349 de la CRBV, es bueno revisar comparativamente como ejemplo, el artículo 71 con las constituciones de Bolivia y Ecuador, inspiradas en la nuestra:
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: artículo 71
Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referendo consultivo por iniciativa del Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; por acuerdo de la Asamblea Nacional, aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes; o a solicitud de un número no menor del diez por ciento de los electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral.
También podrán ser sometidas a referendo consultivo las materias de especial trascendencia parroquial, municipal y estadal. La iniciativa le corresponde a la Junta Parroquial, al Concejo Municipal o al Consejo Legislativo, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; al Alcalde o Alcaldesa, o al Gobernador o Gobernadora de Estado, o a un número no menor del diez por ciento del total de inscritos en la circunscripción correspondiente, que lo soliciten.
Constitución de Bolivia: artículo 411
I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio.
Constitución de Ecuador: artículo 444
La asamblea constituyente sólo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las dos terceras partes de la Asamblea Nacional, o por el doce por ciento de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos.
En la actual situación de crisis y violencia creciente, resulta imprescindible para hacer valer la voz del pueblo, que la convocatoria sea aprobada por el soberano en referéndum y que el resultado de ANC, de realizarse, debe ser aprobado de la misma manera. Por eso llamamos a conformar un gran frente para la exigencia y activación de esos referéndums consultivos. Y que mientras tanto exijamos desde ese espacio la plena vigencia de la Constitución del ’99.
La gravedad de la coyuntura actual hace que nos veamos obligados a alertar que si, por el contrario, el gobierno continua desoyendo el reclamo de una parte de la sociedad, reclamo que empieza a aparecer desde las propias filas del chavismo; si se continúa incrementando el nivel represivo y desconociendo los mandatos constitucionales, y se sigue cerrando todos los caminos a la participación democrática del pueblo, se estará procediendo desde el gobierno al asesinato de la Constitución de Chávez.
El resultado inmediato de la convocatoria hecha por Maduro, además de la confusión que generó en la mayoría de la población, contrasta con el incremento de la violencia represiva del Estado a las manifestaciones. Y un ejemplo de ello es la activación del Plan Zamora en el estado Carabobo, que debe ser entendido como experiencia piloto con la pretensión de llevarla luego a todo el país, con la activación de tribunales militares para los manifestantes detenidos y no a la justicia ordinaria, y la instalación de hecho de campos de detenidos en dependencias militares, lo que alarma y puede llevar a traspasar la delgada frontera que lleva al deslizamiento de establecer una gobierno abiertamente represivo y totalitario.
Este sólo ejemplo debe ser suficiente para que todos los que rechazamos la espiral de violencia creciente iniciada desde el poder del Estado, exijamos juntos al CNE que restablezca el funcionamiento de la Constitución del ’99 asuma su responsabilidad histórica y active las suspendidas elecciones regionales a gobernadores y alcaldes y que dé certeza de la realización de la elección presidencial del próximo año, instalando desde ahora un cronograma para las mismas. Todo ello con amplias garantías de participación democrática de todas las expresiones políticas del país.
La lucha que estamos proponiendo es de largo alcance y requiere de la construcción de una fuerza social y política de unidad de acción que sobre la base de la defensa de los derechos democráticos, deberá construirse sobre la marcha.
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