Los gobiernos de Colombia y Perú, a pesar del fracaso económico y social generado por el modelo neoliberal, insisten en la aplicación de la receta, y adoptaron como estrategia de «desarrollo» para sus naciones la suscripción de Tratados de Libre Comercio con países más desarrollados. Estos nuevos TLC, como los que se están negociando con […]
Los gobiernos de Colombia y Perú, a pesar del fracaso económico y social generado por el modelo neoliberal, insisten en la aplicación de la receta, y adoptaron como estrategia de «desarrollo» para sus naciones la suscripción de Tratados de Libre Comercio con países más desarrollados. Estos nuevos TLC, como los que se están negociando con la Unión Europea, la Asociación Económica de Libre Comercio-AELC y Canadá, profundizan lo que ya entregaron las dos naciones en el suscrito con Estados Unidos.
Canadá aceptó la solicitud de Alvaro Uribe y Alan García y el 16 de julio de 2007 comenzó el proceso de la firma de un TLC. Después de tres rondas de iniciada la negociación, las pretensiones canadienses son inocultables: no quedarse rezagado de la dinámica impuesta por Estados Unidos y la Unión Europea. El gobierno de Stephen Harper afirma que su país ha sido espectador por largo tiempo mientras el mercado es tomado por competidores con estrategias comerciales más agresivas. Para Canadá, un TLC con Colombia y Perú representa «significativos beneficios comerciales para muchos sectores de la economía canadiense. Estos dos países simbolizan «mercados establecidos y crecientes para los exportadores e inversionistas canadienses». Este último es precisamente el tema que representa mayor interés en las actuales negociaciones.
Canadá ha apoyado y promovido las políticas de «Libre Comercio» en todo el hemisferio americano, con la excusa de ayudar a las naciones en el fortalecimiento de la democracia, los derechos humanos, el desarrollo sostenible y el desarrollo humano, escondiendo que su propósito es fortalecer la presencia de sus trasnacionales en la región. Después de los ataques a Estados Unidos en 2001, la política internacional canadiense se plegó a la de Bush, la cual que ha fracasado estruendosamente a nivel global.
Lejos de mejorar el clima de seguridad mundial, la política económica y los TLC impulsados por Estados Unidos en la región, que ahora quiere copiar Canadá, son los responsables de que Latinoamérica y el Caribe sean hoy una de las regiones con mayor pobreza, inequidad, violencia y migración en el mundo. El gobierno canadiense deberá enfrentarse a la responsabilidad de profundizar el atraso en esta región, mediante un tratado que solo beneficiará a sus trasnacionales, y dejará sin ninguna oportunidad y relegado de la dinámica económica a millones de ciudadanos, que se verán obligados a engrosar los cordones de miseria y violencia en las ciudades colombianas y peruanas, o a dedicarse a la producción de sustancias ilícitas o a inmigrar hacia los países del norte como es el caso de los tres millones de millones de colombianos que huyen de sus tierras, de los cuales 30.000 van a parar todos los años a Canadá.
Aún así, al gobierno canadiense pareciera no importarle estar negociando un TLC con Alvaro Uribe Vélez, un presidente que tiene a 15 de sus más cercanos aliados, incluido a su jefe de inteligencia en la cárcel por sus vínculos con los grupos ilegales de autodefensas y narcotraficantes, y a 28 más, contando a su primo y a su Ministro de Hacienda, investigados o llamados a declarar. Por suerte esta inquietud está en la agenda de las organizaciones sociales tanto colombianas como canadienses y en la del Nuevo Partido Demócrata Canadiense quien ha expresado que el TLC Canadá-Colombia «ignora las serias preocupaciones sobre derechos humanos» y el «inestable ambiente de seguridad en Colombia y de indiferencia del gobierno frente a los derechos de las comunidades indígenas, incluyendo los conflictos regulares sobre los derechos de los recursos naturales». Jack Leyton, líder del partido, advierte que el gobierno canadiense requerirá el apoyo del parlamento antes de firmar otro «acuerdo de libre comercio estilo Bush», y ellos no apoyarán este TLC porque «agravará la crisis de empleo en el sector manufacturero canadiense».
Y es que de este modelo globalizador no se salvan ni siquiera los países que lo impulsan. Su impacto es especialmente grave por la pérdida de ingresos, desplazamiento de trabajo y desprotección de los trabajadores en dichas naciones. De esta forma, las naciones que siguen el ejemplo de Estados Unidos se están convirtiendo en países ricos con gente pobre.
Reconocemos la importancia de que nuestros países y pueblos se relacionen en las mejores condiciones, pero exigimos el respeto de nuestra soberanía y autonomía. Este TLC está hecho a la medida de las trasnacionales, para que se les reconozcan más garantías que a las personas, legalizando la violación a los derechos humanos, económicos, culturales, ambientales y laborales de los ciudadanos.
Por eso nuestros gobiernos restringen la participación de las organizaciones sociales y los movimientos populares, pues es obvio que si ellas conocieran lo que de manera truculenta se está imponiendo, no darían su respaldo. El gobierno canadiense pidió confidencialidad en los textos laborales, para que sus organizaciones no conocieran lo que se está discutiendo, y los gobiernos de Colombia y Perú mantienen un celoso secreto sobre las negociaciones, impidiendo la participación de la sociedad civil.
Manifestamos explícitamente que estas negociaciones son ilegítimas, pues ni Alvaro Uribe, ni Alan García, ni Stephen Harper representan el sentimiento y las necesidades de nuestros pueblos, sino de los grandes conglomerados económicos. El TLC que negocian Colombia y Perú con Canadá será una copia del suscrito con Estados Unidos, en las peores condiciones posibles para nuestras comunidades. Es evidente -entonces- que Canadá no aceptará concesiones menores a las ya otorgadas a la superpotencia. El libreto ya está escrito y en las nuevas negociaciones no se debe esperar nada diferente.
Con la negociación de este TLC, Harper se está labrando el mismo camino de rechazo internacional que ha trazado el gobierno de Bush. Por eso llamamos a todas las organizaciones sociales de Colombia, Perú y Canadá a movilizarnos para detener esta nueva agresión, e invitamos a la sociedad canadiense a detener un modelo económico que también perjudica a sus gentes.