Los poderosos grupos económicos de agroexportadores argentinos se oponen a cualquier cambio que el gobierno de la presidente Cristina Fernández intente introducir como las llamadas retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias y que según el proyecto oficial los dividendos obtenidos servirán para beneficio del desarrollo social, como construcción y reparación de hospitales, centros de salud, […]
Los poderosos grupos económicos de agroexportadores argentinos se oponen a cualquier cambio que el gobierno de la presidente Cristina Fernández intente introducir como las llamadas retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias y que según el proyecto oficial los dividendos obtenidos servirán para beneficio del desarrollo social, como construcción y reparación de hospitales, centros de salud, viviendas y caminos rurales.
La razón es que los adinerados productores no quieren ceder ni un ápice el poder económico y político que han ostentado en las últimas décadas y que les ha permitido, junto a otras fuerzas de la oligarquía, derrocar o desestabilizar gobiernos argentinos que no les eran afines, como lo hicieron con Juan Domingo Perón, Isabel Perón y Raúl Alfonsín.
La ley de retenciones móviles, aprobada en marzo pasado por el Congreso, gravó el alza de las retenciones a las exportaciones de soja y girasol, de 35 a 46% y desde entonces los propietarios rurales han escenificado protestas con bloqueos de unas 300 carreteras en todo el país, que ocasionan suspensión de miles de trabajadores de industrias afectadas por la falta de insumos, y provocaron desabastecimiento de carne, leche y harinas, además de alzas en los precios de los alimentos.
Como era de esperar, todos los paros han estado apoyados por los medios de comunicación controlados por el gran capital que alientan las campañas contra las medidas económicas que adopta la mandataria argentina. Mientras tanto, Cristina ha recibido el respaldo de las mayorías pobres cuyas organizaciones señalan que en el país existen 10 millones de personas sin alimentos en contraposición a unos miles de adinerados.
La soja es el principal cultivo de Argentina, que exporta el 95% de la cotizada cosecha, sobre la cual el gobierno espera recaudar 11.000 millones de dólares a través de impuestos. En general, las ventas externas de materias primas agrícolas y agroindustriales se elevan a 35.000 millones de dólares, más del 50% de las exportaciones argentinas, uno de los principales proveedores mundiales de alimentos.
Desde los años 90 se fue instalando en Argentina el modelo de agronegocio financiero con una lógica distinta al agrario y agroindustrial. Con anterioridad, toda la cadena agroindustrial (campesinos, cooperativas e industrias nacionales) participaba en el sistema agroalimentario con productos baratos para bajos salarios pues las producciones se destinaba indistintamente para el mercado interno y externo. Para equiparar los precios internacionales y que los internos no se dispararan había una serie de regulaciones, dos de las cuales era el tipo de cambio y las retenciones.
A fines de 1980 y sobre todo con la llegada al poder en 1989 de Carlos Menem, las empresas alimentarias comenzaron a pasar a manos extranjeras. El mandatario planteó que la agricultura debía ponerse a nivel internacional y en 1991 aprobó la desregulación de granos, carnes y azúcar. De esa forma, aparecieron los hipermercados o grupos de poder que deciden en la cadena industrial agraria, cómo, cuándo y qué producir.
Asimismo, aparecieron las transnacionales y se extranjerizó la parte industrial de la cadena.
Esta ofensiva de monopolización privativa fue y ha estado acompañada por los grandes medios de comunicación los que promueven que para llegar a la modernización absoluta hay que prescindir de la agricultura familiar, la soberanía alimentaria y del cuidado de la biodiversidad.
Norma Giarraca, profesora de Sociología Rural y coordinadora del Grupo de Estudios Rurales del Instituto Gino Germani (UBA), explicaba a un órgano de prensa alternativo que «el sistema financiero es el que adelanta el capital, las tierras se las alquila al pequeño productor y utiliza contratistas para labrar la tierra.
Giarraca, que también ha investigado sobre el Movimiento de Mujeres Agrarias, los movimientos campesinos y la biodiversidad puso el ejemplo de Gustavo Grobocapatel, quien afirma que es un sin tierra porque aunque tiene 20.000 hectáreas, es un hombre sin trabajo pues no cuenta con empleados y casi sin capital. Esta obligado a espera por el sistema financiero. Así funciona el modelo.
En 1996, el gobierno de Menem autorizó la entrada y utilización en el país de las semillas transgénicas que acabó por virar al revés el método agrícola argentino, uno de los cinco países en el mundo que permitieron su uso a gran escala.
El fuerte lobby de las transnacionales encabezado por la compañía Monsanto y con el beneplácito de Menem permitieron su inserción en la nación sudamericana a pesar de que aun se desconozcan sus consecuencias para la salud humana.
La producción se conoce como labranza cero pues la semilla modificada para resistir a los herbicidas, se siembra y luego se fumiga el campo un agroquímico especial producido por la firma (glifosato) que arrastra con todas las hierbas y también con toda la biodiversidad, menos con la soja.
De esa forma se necesitan muy pocos trabajadores y solo se contratan por corto tiempo lo que permite grandes ganancias. El control único y definitivo del suministro de semillas y agroquímicos queda en manos de la transnacional y la violación del contrato acarrea millonarias demandas.
Ante los llamados del gobierno, los huelguistas detuvieron sus acciones y desde hace varias semanas se lleva a cabo una gran batalla dentro del Congreso mientras en las afueras del edificio parlamentario, seis carpas de movimientos sociales y una de los agroexportadores explican sus diferentes puntos de vista.
En discursos de Cristina Fernández y en un documento emitido por la presidencia publicado en la prensa se denuncia que el paro agrario fue solo interno y no para las exportaciones
La protesta y su consecuente escasez de alimentos, la padecimos todos los argentinos, pero a la par, durante los primeros cinco meses del año se despacharon al exterior 28,8 millones de toneladas de granos y subproductos, lo que implica 893.000 toneladas más que en el mismo período de 2007, subraya escrito.
Agrega que mientras se han enriquecido aun más los agroexportadores, las huelgas solo ha tenido como efecto concreto desabastecer el mercado interno, impulsar el alza en los precios de los alimentos, impedir la llegada de combustibles e insumos a las fábricas y provocar la suspensión de trabajadores
En conclusiones, las deformaciones introducidas en el agro en los tiempos del llamado neoliberalismo salvajes y que llevaron a la Argentina a padecer una de las más profundas crisis económica de su historia, serán difíciles de desmontar pese a las buenas intenciones de la presidente Cristina Fernández. Las grandes soluciones estarán en su decisión para seguir adelante y en el apoyo que reciba de la mayoría de su pueblo.