El ‘brutal y traumático’ aumento de precios de los carburantes, como califican los empresarios bolivianos al reciente ajuste gubernamental, reavivó la discusión en torno a la nacionalización de los hidrocarburos. Hoy más que nunca, explican los sectores populares golpeados por el aumento de precios en cadena, es necesario retomar el debate sobre la propiedad de las reservas de gas y petróleo, y el destino de la renta petrolera, un debate proscrito por el gobierno
En la década de los 90 se convenció a Bolivia y a otros países de la región de que el petróleo y el gas, bienes estratégicos que podían dedicarse al desarrollo industrial, más bien debían ser exportados para financiar el desarrollo interno. Estados Unidos necesitaba mantener sus reservas intactas y consolidar fuentes productoras alternativas, y los más cercanos y fáciles de controlar fueron los países latinoamericanos.
La idea de la exportación fue paralela a la consigna de la privatización. Fue así que el Estado entregó sus recursos a las empresas transnacionales y aceptó la desregulación. Se transfirió la capacidad regulatoria al monopolio privado y así se permitió la convergencia entre el precio interno con el internacional, fenómeno clave para entender el proceso de desindustrialización de los países de la región.
Como consecuencia de esas políticas neoliberales, hoy las petroleras cobran en Bolivia más de 30 dólares por barril de petróleo, cuando el costo de producción no supera los cinco. El consumidor boliviano, cuyos salarios permanecen congelados, está obligado a comprar carburantes al mismo precio que pagan los consumidores del ‘primer’ mundo.
Mesa, simple neoliberal
El decreto gubernamental que autoriza la subida de los carburantes explica que es necesario establecer nuevos precios de los productos tomando en cuenta la evolución de los precios internacionales del petróleo crudo a fin de evitar distorsiones en el mercado interno.
‘Esa es la demostración de que este gobierno no quiere tocar los beneficios exagerados de las transnacionales que operan en Bolivia’, opina Antonio Peredo, diputado del MAS. El gobierno, que criticó tanto a los partidos y gobiernos tradicionales ‘se porta como los gobiernos más tradicionales’, añade Erick Reyes Villa, diputado de NFR. El Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal) opina que el gobierno de Mesa es tan neoliberal como cualquier otro que pisó Palacio de Gobierno en los últimos 18 años.
Estos sectores coinciden en que el gobierno de Mesa, en la práctica, no ha dejado de gobernar aplicando las mismas recetas de su antecesor derrocado en octubre de 2003. Por ejemplo, se prevé que el gasolinazo permitirá al Tesoro General de la Nación recaudar más de 100 millones de dólares en 2005, monto cubrirá parte del déficit fiscal no financiado, así como posibles ‘contingencias’ que se presenten a lo largo de la próxima gestión, las cuales tienen que ver con el pago de salarios a la administración pública y con la creación de más ítems para salud y educación.
La medida también permitirá a las autoridades negociar en mejores condiciones el apoyo de la cooperación multilateral y bilateral para los proyectos de inversión pública, pues el Estado podrá contar con recursos de contraparte para su programa económico. Luego de dictar su medida, el gobierno adelantó que en la reunión del Grupo Consultivo de París en marzo pedirá el descongelamiento de una cartera de créditos por más de 2.000 millones de dólares.
Esa forma de gobernar confirma que el Presidente Carlos Mesa ‘es un hombre que realmente no hace nada por el país, es un hombre inútil ligado al FMI, al BM y a las petroleras’, piensa el líder de la COB, Jaime Solares, para quien la única forma de superar el déficit es nacionalizando e industrializando el gas y el petróleo.
Pero las autoridades rechazan esa posibilidad con el argumento de que una nacionalización ‘confiscatoria’ ahuyentaría a la inversión extranjera y limitaría el despegue de la industria energética boliviana a través de las exportaciones.
Es así que el gobierno no sólo insiste con el modelo exportador de los 90 sino que tampoco está dispuesto a revisar el funcionamiento del mercado de los hidrocarburos en Bolivia. Los dirigentes del transporte público plantearon reajustar los precios de los hidrocarburos revisando primero la estructura de costos de cadena de comercialización, el costo de refinación del diesel y la producción. El margen de los mayoristas, de transporte y almacenaje, también puede ser revisado, opinaron los transportistas. Actualmente, un grupo de empresarios vinculados a los partidos neoliberales que gobernaron el país en los últimos 18 años, controla la distribución de carburantes. Se denunció que estas empresas ganan millones de dólares al mes por el sólo hecho de asignar cupos a las estaciones de servicio. Los choferes sugirieron eliminar estas empresas con el objetivo de reducir el costo de los carburantes, pero las autoridades no toman en cuenta esas sugerencias.
Resignación suicida
El gobierno boliviano, al igual que su similar argentino, mantienen una resignación suicida frente al expolio petrolero. Al parecer, todavía no entiende que la energía, además de ser estratégica, es un bien social, un derecho humano, que debe democratizarse.
Como indica la tendencia de 2004, el mundo ha ingresado en la época del petróleo caro, pues las reservas mundiales se agotan aceleradamente. El crecimiento demográfico mundial y el aumento de consumo de Estados Unidos y China marcarán el próximo medio siglo hasta que se llegue a un mundo sin petróleo. Mientras que Estados Unidos sólo tiene el 6% de las reservas mundiales, consume más del 25% de la producción mundial.
Es por eso que la energía no es un recurso natural mas, en realidad el petróleo mueve el mundo. De estos recursos es la defensa de la vida y futuro de los Estados nacionales de América Latina, considerando que las tres grandes zonas petroleras del mundo son Medio Oriente, toda el área alrededor de Nigeria, en Africa, y América Latina.
En ese contexto, los países de la región deben asegurarse de la oferta de un bien estratégico y buscar el autoabastecimiento, pues la industrialización depende de la posibilidad de disponer de energía. Por eso, sugieren economistas varios, urge garantizar la apropiación social de la renta, en vez de asegurar la ganancia privada y oligopólica; que el Estado fije desde el precio en boca de pozo hasta el precio final de los combustibles, los impuestos y los márgenes de distribución.
Mesa se expone a una crisis social de magnitud
El gobierno de Mesa se rodeó de funcionarios que tuvieron responsabilidad en las privatizaciones de la década de los 90, no quiere anular los 75 contratos firmados con las petroleras que ocasionaron al país una pérdida de más de 5.000 millones de dólares, y ahora lanza una medida por demás impopular.
Mesa se convierte en el primer responsable de la desestabilización del país al lanzar esta clase de medidas antieconómicas que repercutirán negativamente en los próximos días; el Presidente juega con la estabilidad económica y social del país al dictar un gasolinazo que tendrá un efecto multiplicador, opina el diputado del MAS Iván Morales.
Morales no exagera, pues el actual gobierno boliviano, que ‘no es ni más ni menos que un paralelo del gobierno de Kirchner porque genera desmovilización mientras continúa el saqueo’, a decir del dirigente de la Coordinadora de Defensa del Gas, Oscar Olivera, está a punto de enfrentar una crisis social con una sola consigna: la nacionalización de los hidrocarburos.
Jaime Solares, líder de la COB, propone la huelga general indefinida para ‘lograr la nacionalización y la industrialización del gas’ como la única forma de revertir la medida que causa la ‘elevación del precio de la canasta familiar’. ‘La movilización es la única forma de revertir esta situación, no podemos soportar un garrotazo de esa naturaleza’, sugiere Olivera.
En tanto, los trabajadores petroleros amenazan con movilizaciones si el gobierno no recupera el gas, una medida más necesaria que nunca ahora que el precio de los carburantes se impone desde el exterior. El dirigente de la Federación de Trabajadores petroleros de Bolivia, Cristin Yucra, señalo que ya no se trata de recuperar sino de nacionalizar los hidrocarburos.
La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a todos los sectores sociales a formar ‘un bloque grande para exigirle al gobierno que nacionalice los hidrocarburos, y si no quiere nacionalizar que renuncie’ y convoque a elecciones generales, anunció Solares.
Ley de Hidrocarburos, la primera batalla
Si la convocatoria sindical logra apoyo, la primera batalla girará en torno a la Ley de Hidrocarburos que actualmente analiza el Congreso. Hay dos frentes claramente polarizados: uno que propugna la expropiación petrolera y otro que propone una ley tolerante con el capital transnacional.
Los cívicos de varios departamentos actúan como la punta de lanza de las petroleras. El presidente del Comité Cívico de La Paz, Jorge Flores; el vicepresidente de la misma institución en Tarija, Elton Lens, y su similar en Santa Cruz, Germán Antelo, coinciden en que la única alternativa al incremento de los carburantes era la aprobación de la Ley de Hidrocarburos. Según Antelo, la aprobación de una Ley ‘no confiscatoria’ hubiera evitado tomar una medida que afecta de manera directa a los bolsillos de los sectores más empobrecidos del país. El gobierno es parte de este grupo que defiende los intereses extranjeros.
Por el otro lado, los sectores sociales se organizan para exigir una ley nacionalista. Y los negocios energéticos emprendidos por Mesa cada vez les dan más argumentos para radicalizar sus posiciones.
Repsol YPF exporta a su subsidiaria en Chile recursos gasiferos extraídos en Argentina y un porcentaje de esos envíos se destina al mercado de California. Este esquema de intercambio intraempresa se profundizó con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Bolivia y Argentina. Bolivia se comprometió a enviar al primero 4,5 millones de metros cúbicos diarios de gas a precio preferencial, y hace poco los despachos aumentaron a 6,5 millones de metros cúbicos por día.
‘Estamos asistiendo al avance de un viejo proyecto regional de las grandes corporaciones energéticas en lo tocante al gas’, explica el equipo económico del MAS, que apunta a convertir a Bolivia en el nodo de distribución de gas para Latinoamérica. ‘La consigna de las petroleras para Bolivia es muy clara. Ni un solo metro cúbico de gas debe ser industrializado dentro de su territorio, ya que ellas (las petroleras) obtendrán grandes utilidades al industrializarlo en el exterior’, interpreta el analista Andrés Soliz Rada.
Entonces, los acuerdos firmados entre Bolivia y Argentina son parte de una estrategia de negocios formulada en la década pasada por Repsol YPF, British Petroleum y British Gas, empresas que conforman el consorcio Pacific LNG interesados en exportar gas a Estados Unidos, una estrategia que confirma que el gas que Bolivia exporta a Argentina tiene una ruta muy precisa: sale por Argentina rumbo al norte de México, y de ahí se traslada directamente al área industrial de California.
Nacionalizar e industrializar el gas
La exportación de energía como materia prima y el mínimo interés que el gobierno demuestra por la industrialización del energético se convierte en la chispa que podría hacer estallar a los sindicatos. ‘El actual gobierno de Mesa, de (José Antonio) Galindo y de Evo Morales se ha convertido en homicida porque ha matado la esperanza del pueblo’, protesta Roberto de la Cruz, concejal electo por la Alcaldía de El Alto. El movimiento social de octubre coordinará acciones con Fejuve y con la COB y ‘puede ser que el gobierno no pase del año 2005’, advierte el ex líder sindical.
‘Ahora está prohibido hablar en forma sectorial; él que lo haga traicionará al pueblo; ahora debemos ser un solo bloque y todos ir por una verdadera nacionalización de los hidrocarburos’, añade Solares.
Los sectores sociales creen que ha llegado la hora de que el gobierno decida si está o no a favor de recuperar la renta petrolera; de recuperar la propiedad de las reservas. Es indispensable avanzar sobre el control público de los bienes energéticos, que no deben ser mercancías sino bienes sociales; urge otro modelo energético y de desarrollo, es necesario buscar un modelo de gestión que reemplace a la fracasada privatización. Y para hacerlo se precisa decisión política.
No comprender estas premisas, añaden los dirigentes, no hará más que confirmar la ignorancia y complicidad militante de quienes gobiernan, su chatura intelectual y cultural, y su derrota cultural frente al Consenso de Washington.