Globalización: el día después

Europa enfrenta un dilema. Así, puede, probablemente, definirse mejor la situación del continente y, quizás, de una cultura que pretende encontrar un rumbo común en el entorno de la globalización. El dilema se presenta a la sociedad, los gobernantes y las elites como un conjunto de interrogantes respecto al futuro de las políticas económicas y sociales en la región.

Los síntomas se aprecian en los campos en los que hasta hace sólo poco tiempo se podían hallar consensos entre los miembros de la Unión Europea (UE). Este ya no es el caso, o por lo menos las dificultades para lograrlos son mayores. Un creciente número de observadores advierte que el espacio para el compromiso en el seno de la unión se estrecha cada vez más y las tensiones se agravan cuando se trata de definir una nueva estrategia.

Dos de las principales áreas de tensión fueron puestas en relieve durante la tercera semana de diciembre en dos diferentes encuentros. Los días 15 y 16 de ese mes los jefes de gobierno de los países de la UE se reunieron en Londres para llegar a un compromiso sobre el marco presupuestal de los años 2006 a 2013. Tres días antes (el 13) , se había abierto en Hong Kong la sexta reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Los dos encuentros tuvieron, desde el punto de vista de la UE, un común denominador: la oposición de los miembros con una fuerte presencia agrícola ­Francia y Polonia­ a hacer cualquier concesión que pudiera generar una caída en los ingresos de los productores. Esto llevó al borde de la crisis las negociaciones de la OMC, situación ampliamente descrita en pasados números de este suplemento. Llevó, también al seno de la Comisión Europea (CE) ­la burocracia que desde Bruselas administra la UE­ a temer que el mismo factor llevaría a una crisis presupuestaria.

El debate sobre el presupuesto se desarrolló en ese marco de conflicto, después de repetidos fracasos para llegar a un acuerdo en 2005. Para evitar una crisis política los líderes europeos llegaron a un compromiso semántico, paralelo en cierta manera al que se logró en Hong Kong. Reino Unido aceptó aumentar sus contribuciones al presupuesto, un menor recorte al gasto de lo que inicialmente demandaba y a la ayuda a los nuevos miembros de la unión.

Originalmente, el primer ministro Tony Blair había planteado un presupuesto multianual de 847 mil millones de euros, pero terminó aceptando una cantidad de 849 mil millones, lo que aun representa 22 mil millones menos de lo que solicitaba la CE. La necesidad de un compromiso obligó a Blair a aceptar un arreglo semántico. Francia aceptó «en principio» revisar los subsidios agrícolas hacia el fin de la década; sin embargo, ha insistido que tal revisión podría conducir a una reducción de esos subsidios sólo después que concluya el actual marco presupuestal en 2013. Casualmente, 2013 será también el año en el que los países industrializados deberán eliminar los subsidios a las exportaciones agrícolas. Lo que choca con el compromiso de Londres que se refiere a los subsidios a todo tipo de producción agrícola. De hecho, toda solución a ese problema ha sido postergado por lo menos siete años. No obstante, la necesidad de resolver el problema no va a desaparecer y, probablemente estará en la agenda global hasta aquella fecha y será necesario reformar los esquemas de subsidios para evitar un explosión del gasto en la UE.

Dos visiones de Europa

El conflicto en la UE no es sólo sobre presupuestos y subsidios agrícolas. Europa confronta dos visiones opuestas ante la globalización. La posición británica de una Europa integrada a los mercados mundiales, con mayor liberalización del comercio, reducido papel del «modelo social» y mayor juego de las fuerzas del mercado.

La alternativa se asocia comúnmente con Francia, pero sus ecos se escuchan en el resto de Europa. Esta posición es de una UE como fortaleza, capaz de defender no sólo la identidad cultural del continente, sino los ingresos y el empleo de sus ciudadanos. La propuesta del «modelo social» europeo incluye un estado de beneficencia universal, protección a los ingresos y al empleo, mayor gasto público y tasas de impuestos. Se basa, en última instancia, en la capacidad de la UE de mantener su insularidad económica y evitar una completa integración al proyecto globalista anglo-sajón.

Sin embargo, las condiciones económicas, en cuanto al crecimiento del producto y la gestión presupuestal, ponen en duda la viabilidad de esta visión en el largo plazo.

Barroso y la globalización regulada

La búsqueda de un terreno común a las dos opuestas visiones del futuro de la unión se plasma en el Informe sobre la economía de la UE, publicado el pasado noviembre por la CE. El informe expone las ideas del presidente de la comisión, José Manuel Barroso, y manifiesta lo que puede considerarse la crisis de la unión durante el último año.

El informe analiza la relación entre la coyuntura económica europea y la globalizacion, y adopta una posición de compromiso ante las distintas posturasnacionales. Contempla la desaceleración económica en Alemania, Italia y Francia, la necesidad de absorber 10 nuevos países en la unión y de definir una política comercial común y las crecientes tensiones ligadas a la competencia con Estados Unidos, por un lado, y China e India, por el otro.

Se afirma que mientras una quinta parte del aumento al ingreso se asocia con la integración, existen presiones derivadas del desplazamiento de empleos y la caída de ingresos en ciertos segmentos de la población.

Respecto de la necesidad de impulsar el crecimiento económico, el informe advierte que para competir, la UE debe aprovechar las oportunidades del mercado y las inversiones en los grandes y emergentes mercados fuera de Europa. Contempla la necesidad de crear nuevas líneas de producción, distintas de aquellas en las que la región ha disfrutado de una tradicional ventaja comparativa, eso exige reforzar las medidas para fortalecer las industrias dinámicas de alta tecnología, así como el gasto en investigación y desarrollo.

Lo que se propone es alcanzar «un mejor balance» entre el apoyo al ingreso de los grupos que quedan desocupados, la ayuda para encontrar un nuevo empleo y los incentivos al rempleo. En ese marco, la CE cree necesario promover «modernas políticas sociales y del mercado de trabajo» capaces de impulsar la eficiencia productiva y, al mismo tiempo, mantener la justicia distributiva.

Como parte integral de este compromiso, se propone crear un nuevo fondo de apoyo a poblaciones débiles, el Fondo de Ajuste a la Globalización. Este podría integrase al marco del presupuesto de la UE, añadiéndose a los fondos estructurales y a los de cohesión, que brindan ayuda a zonas pobres dentro de la región. El fondo sería, de hecho, una forma de resguardar parte de los módulos del «modelo social», haciendo más fácil legitimar el proyecto de integración en los mercados mundiales.

Una manera de describir lo que el reporte pretende lograr es el entendimiento sobre la necesidad de lo que puede ser llamado «globalización regulada». Esta serviría para conservar los beneficios de la integración, con los flujos de mercancías, servicios y capitales a escala global, y además incidir en la reducción de los costos sociales que la misma globalización exige.

Problemas de identidad

La pregunta es si tal propuesta puede ser la base de un nuevo consenso en la UE. La condición de ese acuerdo sería la voluntad política de los países miembros para encontrar un terreno común, reconociendo que no hay alternativa al proyecto de integración político, económico y social de Europa en el mercado mundial, pero que esto no puede alcanzarse en el marco de una crisis de ingresos o de una ampliación de las brechas entre los distintos grupos sociales.

Sin embargo, los obstáculos a tal entendimiento son todavía grandes y la oposición a las ideas de Barroso es visible. Si bien el Reino Unido y los nuevos miembros en Europa central y oriental pueden aceptar sin problema el esquema de la globalización regulada, para el gobierno de Francia, y posiblemente el de Alemania, es mucho más problemático. De hecho, juzgando por su reciente conducta, el presidente Jacques Chirac ­y la opinión pública de su país­ han llevado muy lejos su crítica de los temas de la globalización y el libre comercio, a tal grado que a veces pareciera que los límites de la fortaleza europea son aquellos de la antigua UE, excluyendo a los nuevos miembros.

En los meses recientes, Francia ha criticado las propuestas de acelerar el libre flujo de servicios entre países de la UE, sobre todo aquellos provenientes de Europa oriental. En ocasiones, la crítica toma la forma de abierta oposición y amenaza con bloquear iniciativas de la CE sobre la liberalización comercial en la UE. Francia y Alemania han expresado también su descontento con los bajos impuestos a las empresas en los nuevos países miembros en Europa oriental ­15 a 20 por ciento, comparado con casi 40 en Francia y Alemania­. Con empresas que emigran a la República Checa, Eslovoquia, Polonia y Hungría, las amenazas de cortar la ayuda presupuestaria a esos países es una forma de presión para que suban el impuesto a las corporaciones.

Pero detrás de todas estas cuestiones se puede ver claramente la patente debilidad de la posición antiglobalista. Los sistemas fiscales en Francia, Alemania e Italia son cada vez menos capaces de generar los recursos necesarios para ajustar los déficit presupuestarios, la economía no genera suficientes empleos y, así, el nivel de desempleo oficial en Francia y Alemania es superior a 9 por ciento, el doble del Reino Unido y mucho más alto que el promedio de 6.5 por ciento de las economías industrializadas. A eso debe añadirse el descontento en el margen de la sociedad ­evidenciado en las violentas manifestaciones originadas en los suburbios de emigrantes de París.

Desde el punto de vista de Barroso ­y de Blair­ el argumento que ha de ganar el debate es que Europa no se puede dar el lujo de no hacer nada. Citando las estadísticas de comercio internacional, el reporte de la CE muestra cómo entre 1992 y 2003 el peso de las exportaciones de alta tecnología en el total de las exportaciones mundiales, subió de 18 a 22 por ciento. Pero es en este rubro en que la UE está detrás de EU, China y el sureste de Asia. La ventaja comparativa de la unión esta en otro tipo de productos, por lo que es vulnerable a la pérdida de mercados e ingresos. Si no se toman medidas para recuperar los mercados, sobre todo, en el campo de alta tecnología, ningún modelo social podrá defender el ingreso de la población a largo plazo.

Barroso presentará la «globalización regulada» como el modelo del futuro, como la alternativa al actual malestar y como la única forma de consolidar los logros de la integración económica sin sacrificar los alcances sociales del estado benefactor.

El mejor ejemplo de cómo estos conceptos serán puestos en acción se advierte en la propuesta de la comisión de reformar los términos de la «Agenda de Lisboa», adoptada en 2000 en la cumbre de jefes de gobierno. La agenda estableció un ambicioso objetivo: llevar a la economía de la UE en 2010 a una posición más competitiva y dinámica en el mundo, con base en el conocimiento, la calificación de la fuerza laboral, el desarrollo sustentable y la cohesión social.

Cinco años más tarde, es claro que las metas están lejos de cumplirse y que, de hecho, Europa se aleja de ellas. Es por ello que la comisión ha propuesto un nuevo enfoque de la agenda, buscando priorizar el crecimiento y el empleo. La idea es crear una «sociedad para el crecimiento y el empleo» apoyada con acciones a escala nacional y del conjunto de la UE.

Para evitar confusiones, la CE expuso los ingredientes de tales planes: apoyo a la innovación; reforma de las políticas de subsidios industriales y de las estructuras regulatorias; libre comercio interno de servicios, liberalización de comercio internacional de acuerdo con el marco de Doha; libre movimiento de trabajadores; implementación de una política común de integración económica y limitación de los daños causados por la restructuración económica.

Es así que la Comisión Europea propone introducir los temas y los esquemas de la llamada «globalización regulada». La alternativa sería un creciente malestar que estaría acompañado de la pérdida de mercados, la disminución de los ingresos y más intensos conflictos distributivos dentro de la UE. Esa situación significaría una crisis que llevaría al colapso del modelo social, y no a su reforma.