Horas antes de la visita de Bush a Brasil, se lanzó la primera iniciativa del presidente Lula hacia los trabajadores en su segundo mandato: restringir el derecho de huelga conquistado en la lucha contra la dictadura y por la restauración democrática y establecido en la constitución de 1988. Las declaraciones de Lula y el Ministro […]
Horas antes de la visita de Bush a Brasil, se lanzó la primera iniciativa del presidente Lula hacia los trabajadores en su segundo mandato: restringir el derecho de huelga conquistado en la lucha contra la dictadura y por la restauración democrática y establecido en la constitución de 1988.
Las declaraciones de Lula y el Ministro Pablo Bernardo indican que el objetivo aparente es anular este derecho en los servicios esenciales dentro del funcionariado público. Los argumentos para defender este ataque a las libertades democráticas de los trabajadores son las mismas patrañas que utilizaban las dictaduras o los gobiernos de la oligarquía latinoamericana: «Una huelga en una planta generadora de energía eléctrica puede dejar sin corriente una sala de operaciones de un hospital o un centro de terapia intensiva (UTI)» Como si esto fuera un hecho habitual, los hospitales no tuvieran generadores eléctricos por los apagones y los huelguistas no tomaran en cuenta todas esas providencias.
El embuste de que sólo estará limitado a los servicios esenciales está desmentido por las experiencia de los trabajadores de todo el mundo donde se impuso este ataque al derecho de huelga. La trampa es la siguiente: en la reglamentación que se aprueba se especifica que la restricción está dirigida a los servicios esenciales, pero para aplicarlo a cualquier huelga sólo alcanza con que el gobierno decrete servicio esencial la actividad que se le ocurra. En varios países latinoamericanos donde regía esta reglamentación se decretó servicio esencial a los bancos, a la recolección de residuos, a la enseñanza, etc., etc.
El propio Lula, burlándose de su clase, declaró que sólo un gobierno de ex sindicalistas podía hacer el planteo de recortar el derecho de huelga. Es importante comprender que no estamos frente a «dirigentes traidores» o personalidades con «concepciones equivocadas» sino que se trata de la única posibilidad actual de aquellos que integran las instituciones de dominación en esta «nueva época histórica».
Gobiernos de ‘izquierda’ para atenuar las crisis
En Latinoamérica la experiencia de gobiernos de «izquierda» administradores del capitalismo demuestra su total incapacidad para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población. Y menos aún para ampliar la libertades democráticas. Cuando mucho, se ocupan de atenuar los conflictos a través de las políticas compensatorias hacia los más pobres. Tienden a subordinar las centrales sindicales para contener la rebeldía social y se esfuerzan para absorber en la institucionalidad a los nuevos movimientos sociales o bloquearlos con la amenaza y las medidas de criminalización de los reclamos.
Estos gobiernos de «izquierda» o «progresistas» son hijos de la crisis de las instituciones de dominación burguesa que se arrastra por todo el continente con su degeneración de la clase política enfrentada a la radicalización social.
La descomposición moral del sistema político brasileño, el copamiento por los paramilitares del Congreso colombiano y los fraudes generalizados en el sistema electoral mexicano son ejemplarizantes de ese proceso.
En el actual momento histórico de crisis crónica estructural y endémica del sistema capitalista, los parlamentos, los gobiernos y la justicia del sistema de dominación transitan por un único camino: dirigen una ofensiva contra los derechos y beneficios conquistados por los trabajadores del mundo, proveen la cobertura legal para los saqueos imperialistas y los grandes desastres ambientales producidos por la depredación de riquezas naturales y sostienen o colaboran con un agresivo militarismo global que pone en riesgo la propia existencia de la humanidad. La «izquierda institucional» es parte inalienable -y en muchos casos como en Brasil, protagónica- de la crisis y degeneración de la clase política del continente.
El gobierno Lula ha decidido que la restricción del derecho de huelga es un paso ineludible en el camino hacia la reglamentación sindical. Esto es el anuncio de nuevos y peores ataques a los derechos y conquistas democráticos. Los movimientos de trabajadores sólo con la lucha detendrán esta ofensiva que amenaza rasgar el tejido social y desmantelar las conquistas de los trabajadores.