La ministra de Medio ambiente, Marina Silva, y el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Reinhold Stephanes, divulgaron ayer (11) nota a la prensa, en la cual desmienten las informaciones difundidas en los medios de comunicación durante la última semana, que daban cuenta de que el gobierno federal está trabajando en una propuesta de amnistía […]
La ministra de Medio ambiente, Marina Silva, y el ministro de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento, Reinhold Stephanes, divulgaron ayer (11) nota a la prensa, en la cual desmienten las informaciones difundidas en los medios de comunicación durante la última semana, que daban cuenta de que el gobierno federal está trabajando en una propuesta de amnistía para deforestadores ilegales de la Amazonia o para la reducción de su reserva legal.
La nota fue motivada en respuesta a manifestaciones de los movimientos sociales ambientales que estaban preocupados con este asunto, después que algunos medios de comunicación divulgaron la intención del Gobierno de permitir que empresas y agricultores responsables de deforestación ilegal vuelvan a la legalidad y tengan derecho al crédito agrícola oficial. Para ello, deberían aceptar recuperar y reponer la mitad del área de floresta que deforestaron. La medida iba en contra inclusive del Código Forestal, que determina que el 80% del tamaño del inmueble es de reserva legal, sólo se puede deforestar y producir en el restante 20%.
«El Gobierno Federal defiende el mantenimiento de la Reserva Legal y la solución de los pasivos ambientales en el ámbito del Zoneamiento Ecológico Económico y está trabajando fuertemente para profundizar los mecanismos de penalización efectiva de los deforestadores ilegales, como por ejemplo la implementación del Decreto 6.321, de diciembre de 2007, que instituyó el embargo económico de áreas deforestadas ilegalmente y la responsabilización de la cadena de producción», dice la nota.
Según el Gobierno, no existe la hipótesis de que se elaboren propuestas para reducir la reserva legal en la Amazonia. En ese sentido, el Gobierno se posicionó en contra de las propuestas de alteración al Código previstas en el Proyecto de Ley (PL) 6424/2005, que fueron aprobadas por la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Con las alteraciones del PL, la deforestación no disminuiría, sólo sería legalizado el pasivo ambiental, lo que podría, inclusive, estimular nuevas deforestaciones.
En reunión realizada hoy, conforme lo divulgado por el Instituto Socioambiental, con organizaciones de la sociedad civil que defienden los derechos socio-ambientales, el secretario ejecutivo del Ministerio de Medio Ambiente, João Paulo Capobianco, dijo que la prioridad del gobierno es implementar las medidas para perfeccionar la gestión forestal y apoyar los planes en el desarrollo de procesos locales de prevención y control de la deforestación en la Amazonia.
El aumento de la deforestación de la Amazonia, observado en los meses de noviembre y diciembre del año pasado, está haciendo que el gobierno busque soluciones a ese problema. Entre las medidas para disminuir la deforestación, el presidente Luis Inácio Lula da Silva, en reunión con los bancos oficiales del país, acordó que las reglas de los préstamos para productores rurales y la cadena productiva serán más rígidas.
Así, no habrá concesión de financiamiento para áreas embargadas y se exigirá el nuevo registro en los 36 municipios considerados prioritarios para la vigilancia. La lista de los municipios prioritarios puede ser encontrada en: http://www.socioambiental.org/nsa/detalhe?id=2600. Capobianco dijo también que la emisión de nuevas autorizaciones de deforestación por los estados está suspendida.
Traducción: Daniel Barrantes – [email protected]