A través de un comunicado dirigido a la prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó las declaraciones emitidas por el Secretario General de la OEA.
A continuación el texto del comunicado:
«El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente las declaraciones emitidas por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Dr. José Miguel Insulza, mediante las cuales falsea la realidad con respecto a la legitimidad de la decisión de no renovar la concesión a la emisora Radio Caracas Televisión (RCTV).
La declaración del Secretario General no hace otra cosa que atender a requerimientos y presiones de sectores nacionales e internacionales que, recurrentemente, han intentado desprestigiar a un gobierno, como el del presidente Hugo Chávez Frías, que ha respetado -como ningún otro en la historia nacional- los derechos humanos y las libertades democráticas.
El Secretario General critica indebidamente que un país miembro de la Organización de Estados Americanos ejerza plenamente sus atribuciones y se niegue a ceder ante el chantaje de los verdaderos enemigos de la libertad de expresión, del derecho del pueblo a estar verazmente informado y de la propia democracia, entre los cuales se encuentran los propietarios de esa empresa , que han sido promotores de los vanos intentos por derrocar a un gobierno legítimo, instigando al odio y a la violencia y promoviendo el sabotaje económico.
La República Bolivariana de Venezuela cuenta con una avanzada legislación que, con un sólido anclaje constitucional, vela por el absoluto respeto a la libertad de expresión e información, en el marco de un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia y con las responsabilidades que acarrea el ejercicio de dicha libertad.
En consecuencia, es absolutamente falaz el señalamiento del Secretario General de la OEA, según el cual el Ejecutivo Nacional estaría cerrando un medio de comunicación. Podemos asegurar que la actuación del gobierno no constituye ninguna forma de censura contra la libertad de expresión, sino que, por el contrario, está destinada a garantizarla verdaderamente, ya que a partir de la decisión adoptada comunidades organizadas podrán convertirse en protagonistas del hecho informativo y comunicacional, como debe ser en una auténtica democracia.
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela observa con preocupación que el Secretario General de la OEA incurra en una flagrante violación de la Carta de la Organización, en su artículo segundo, que le impone promover y defender la democracia dentro del principio de la no intervención. El Secretario General se inmiscuye indebidamente en un asunto que es de la estricta competencia de las legítimas autoridades de la nación. El Gobierno Nacional, por lo tanto, lo exhorta a retractarse de un conjunto de expresiones que están reñidas con la verdad y contrastan con el equilibrio que debe caracterizar a quien ejerce tan delicada responsabilidad.
El pueblo venezolano ha demostrado su clara vocación democrática y pacífica, no sólo en los recientes comicios presidenciales del pasado mes de diciembre, sino también en anteriores procesos electorales y en circunstancias tan difíciles como el golpe de estado de abril de 2002, cuando los directivos de RCTV lo celebraban jubilosamente, imponían la censura y el silencio informativo, estimulaban, al peor estilo fascista, la persecución contra funcionarios gubernamentales y respaldaban el cierre arbitrario del canal estatal Venezolana de Televisión.
El Secretario General de la OEA, demostrando un lamentable desconocimiento de la realidad de nuestro país, y haciendo uso indebido de la majestad de su cargo, pretende cuestionar las competencias del Estado venezolano, e ignora la exigencia de la absoluta mayoría de la población venezolana, que demanda la democratización y el uso responsable de los medios de comunicación audiovisuales, para construir una sociedad fundada en los valores de paz y democracia.
Preocupa que el Secretario General de la OEA, en vez de defender a un gobierno legítimo y democrático, como el de Venezuela, se haga eco de infundadas acusaciones provenientes de medios de comunicación, que a todas luces han desvirtuado su función social, quebrantado la ética periodística y han estado permanentemente atentando contra las instituciones democráticas venezolanas.
Finalmente, instamos al Secretario General a mantener una posición de respeto irrestricto ante las acciones legítimas y soberanas del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».
