Las millonarias inversiones en infraestructura decididas por el gobierno de Dilma Rousseff para ser traspasadas a la gestión privada, son la principal apuesta de Brasil para salir del estancamiento y retomar la senda del crecimiento. «¡Cayó la ficha!», exclamó el economista Antonio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la dictadura brasileña. «Cuando la incertidumbre […]
Las millonarias inversiones en infraestructura decididas por el gobierno de Dilma Rousseff para ser traspasadas a la gestión privada, son la principal apuesta de Brasil para salir del estancamiento y retomar la senda del crecimiento.
«¡Cayó la ficha!», exclamó el economista Antonio Delfim Netto, ex ministro de Hacienda de la dictadura brasileña. «Cuando la incertidumbre sobre el futuro es absoluta, cuando el pasado no contiene la información sobre el futuro, sólo una acción decidida y fuerte del Estado, como la que estamos viendo, puede poner en marcha al sector privado y a la economía. Esa acción, correcta y creíble, es capaz de anticipar la esperanza» (Valor, 21 de agosto de 2012).
De ese modo saludó el economista conservador el Programa de Inversiones en Logística anunciado por Dilma Rousseff el 15 de agosto ante decenas de empresarios que esperaban una señal del gobierno para colocar sus dineros en obras con retornos económicos asegurados por el Estado. El programa supone concesiones a las empresas privadas luego de invertir 40 mil millones de dólares en los próximos cinco años para construir 5.700 kilómetros de autopistas y 10.000 de vías férreas. Sólo en esos rubros el programa prevé 65 mil millones de dólares en 30 años.
En los próximos doce meses el gobierno se propuso concesionar a la esfera privada doce ferrovías y nueve autopistas y en un futuro cercano se dispone a extender la misma modalidad a puertos y aeropuertos. Las concesiones bajo el modelo de asociación público-privada implican que las empresas construyen y operan las nuevas obras.
La gran novedad fue la creación de la Empresa de Planificación en Logística que se encargará de la integración de los proyectos de infraestructura y de supervisar las obras. Dilma aseguró que se trata de disminuir los costos de transporte y energía para asegurar que Brasil crezca a una tasa elevada durante un largo período. «Eso es fundamental para garantizar el empleo», concluyó la presidenta (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
La crisis como trasfondo
Mientras el programa fue recibido con euforia por un amplio sector de empresarios, pero también por las dos mayores centrales sindicales, los intelectuales opositores y algunos núcleos sindicales consideraron las concesiones como un retorno a las privatizaciones. El Partido Socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso, el gran privatizador de la década de 1990, se permitió ironizar al «lamentar el retraso» del gobierno en seguir su ejemplo (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
Dilma modificó el proyecto político a comienzos de este año al comprobar que Brasil está siendo duramente afectado por la crisis mundial que se traduce en el estancamiento productivo. En 2011 el PIB creció un modesto 2,7 por ciento. El gobierno confiaba en una pronta recuperación ya que los ingresos de la población seguían creciendo y las tasas de interés bajaban. Nada de eso sucedió. En el primer semestre de 2012 el crecimiento fue nulo y 2012 cerrará con un PIB por debajo del 2 por ciento. Una potencia emergente como Brasil necesita un piso del 5 por ciento anual, como apuntó la presidenta.
En tres viajes realizados entre marzo y abril, Dilma pudo palpar el hondo pesimismo que recorre el mundo. En marzo durante su visita a Alemania conversó con Angela Merkel, quien le confirmó que la política de austeridad de la Unión Europea se extenderá por lo menos hasta fines de 2013 y que el euro no volverá a su situación «normal» antes de tres años (Valor, 17 de agosto de 2012).
A fines de ese mes en la cumbre de los BRICS realizada en Nueva Delhi, conversó con el presidente chino Hu Jintao, que le advirtió sobre la desaceleración de la economía de su país que comenzaba a la vez que un cambio en el modelo de crecimiento centrado en las exportaciones hacia otro volcado al mercado interno. Jintao anunció a Dilma que China comprará menos mineral de hierro y más soja y proteínas animales.
En abril la presidenta se entrevistó en Washington con Barack Obama quien le aseguró que la recuperación económica de Estados Unidos es mucho más frágil de lo previsto y que ese aspecto le está creando grandes dificultades para su reelección.
El mal humor global llevó al gobierno a estimular la economía con medidas para reducir la tasa de interés, estimular el consumo y proteger la industria ante la avalancha de productos chinos. El Banco Central dejó desvalorizar el real que pasó de un promedio de 1,70 por dólar a los dos reales actuales. Todas esas medidas estaban destinadas a hacer más competitivo al sector industrial.
Por otro lado, se constató que luego de seis años de aprobado el Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) no marcha al ritmo deseado, que hay un retraso de 150 mil millones de dólares en inversiones en infraestructura y que Brasil destina el 19 por ciento del PIB a inversiones cuando debería alcanzar el 25 por ciento, según Jorge Gerdau, uno de los más importantes empresarios de Brasil y coordinador de la Cámara de Políticas de Gestión del Gobierno Federal (Brasil Económico, 15 de agosto de 2012).
Convencida por el núcleo de empresarios y banqueros que la asesoran de que es imprescindible reducir los costos de producción y de que «sin el empresariado no hay dinero para infraestructura», como dijo Gerdau, Dilma cedió las inversiones de largo plazo al sector privado para que los dueños del dinero vuelvan a la economía real. Eso sí, el 80 por ciento de los desembolsos los realizará el estatal BNDES.
Cambio de modelo
Las concesiones/privatizaciones de autopistas y ferrovías van de la mano de otras medidas del mismo signo. Reducciones en las jubilaciones de los funcionarios, creación de un fondo de pensiones de los funcionarios federales, privatización de los tres mayores aeropuertos del país y congelación de los salarios públicos, son parte del mismo paquete.
Sorprende que el programa anunciado haya sido apoyado tanto por empresarios como por sindicalistas. Eike Batista, considerado por Forbes el hombre más rico de América del Sur con una fortuna del 30 mil millones de dólares, dijo que la propuesta «demoró» pero consideró que «es un modelo muy feliz». A la hora de detallar los efectos del plan, fue muy preciso: «Si se baja el costo de la energía, que es uno de los elementos del programa, porque Brasil tiene una de las emergías más caras del mundo, usted pasa a ser más competitivo» (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
Tanto la CUT como Força Sindical, ambas cercanas al gobierno, se mostraron satisfechas. La primera reclamó «contrapartidas sociales» y la segunda esbozó un discurso ideológico: «La presidenta está acompañando los cambios en el mundo. Está viendo que tiene necesidad de incluir al capital privado cada vez más en la economía», dijo Miguel Torres, presidente de Força Sindical (Agencia Brasil, 15 de agosto de 2012). El ex presidente Lula hizo gala de su pragmatismo para defender el programa de Dilma: «A fin de cuentas, el pueblo muchas veces no quiere saber si el que hace es el Estado o la iniciativa privada. Lo que quiere son beneficios» (Folha de São Paulo, 16 de agosto de 2012).
Cabe preguntarse dónde irán los «beneficios» de este viraje hacia el sector privado. Una pista puede darla la reciente privatización del 51 por ciento de los tres principales aeropuertos del país: Guarulhos, el mayor, fue adjudicado por 8 mil millones de dólares a un consorcio liderado por Invepar, integrado por los tres mayores fondos de pensiones (Previ, Petros y Funcef, de los empleados del Banco do Brasil, Petrobras y la Caja Federal). Viracopos, en Campinas, el segundo mayor, fue entregado a Engevix, donde Funcef tiene importante presencia.
Invepar ya administra seis autopistas y el metro de Rio de Janeiro. No es un secreto que los fondos de pensiones de las grandes estatales, que controlan varias multinacionales brasileñas y están dirigidos por sindicalistas, obtendrán una tajada en las concesiones de carreteras, ferrovías, puertos y aeropuertos. En sociedad con grandes empresarios como Gerdau, Odebrecht y otras constructores que forman la parte superior de esa peculiar pirámide llamada «lulismo».
Algunos analistas sostienen que Dilma tiene prisa por retomar el crecimiento. No se trata sólo de las elecciones municipales y estatales de octubre sino de su particular lectura del momento que atraviesa el mundo. Su principal preocupación sería «la capacidad de Brasil de competir en condiciones de igualdad, de aquí a unos años, con los países emergentes y también con los ricos, que en su opinión saldrán de la crisis actual más fuertes y competitivos» (Valor, 17 de agosto de 2012).
Sin embargo, la actual alianza sindical-empresarial es bien diferente a la que se gestó hace medio siglo bajo Getúlio Vargas, de la cual nacieron las grandes empresas estatales. Ahora se trata de una sociedad entre dos sectores empresariales, los dueños y los administradores del capital, bendecidos y protegidos por el Estado emergente. Un proceso no muy distinto al que viven los demás BRICS. Hasta el conservador Delfim Netto defiende un «Estado fuerte» para promover el crecimiento.
– Raúl Zibechi, periodista uruguayo, es docente e investigador en la Multiversidad Franciscana de América Latina, y asesor de varios colectivos sociales.
Fuente original: http://alainet.org/active/57529