Para Gonzalo Gómez, cofundador del sitio web Aporrea.org, es fundamental que los movimientos sociales y populares puedan adueñarse de medios de comunicación donde puedan expresar sus ideas y opiniones de forma propia e independiente de la burocracia estatal. Indicó que el tratamiento dado al comunicador Joaquín Pérez Becerra le costó al gobierno bolivariano parte de […]
Para Gonzalo Gómez, cofundador del sitio web Aporrea.org, es fundamental que los movimientos sociales y populares puedan adueñarse de medios de comunicación donde puedan expresar sus ideas y opiniones de forma propia e independiente de la burocracia estatal. Indicó que el tratamiento dado al comunicador Joaquín Pérez Becerra le costó al gobierno bolivariano parte de la solidaridad internacional, y propuso que movimientos sociales y populares se apropien de aquellas frecuencias radiales que el Estado ha recuperado del control de la derecha.
Sus opiniones fueron emitidas en el foro «Estado y Revolución: El caso Pérez Becerra«, organizado por el Foro Social Mundial en la sede de Cotraín, en Caracas, en donde se debatió en torno a la polémica extradición del periodista y editor de ANNCOL Joaquín Pérez Becerra, así como las órdenes de callar el tema en los medios del Estado y las represalias ocurridas en algunos de ellos por haber continuado el debate sobre la extradición. Entre dichas represalias estuvo la destitución de la presidenta de La Radio del Sur, Cristina González, quien también intervino en el foro.
Para Gómez, el costo político de la decisión tomada en el caso Pérez Becerra es muy grande, porque «ha destruido lo que hicimos en 11 años para construir la solidaridad internacional y el apoyo al proceso bolivariano». Indicó que dicha solidaridad no se va a perder por completo, «porque hay gente que entiende que, más allá de (Pérez Becerra), este proceso vale la pena y hay que defender a este gobierno» ante la actitud de la derecha internacional. Sin embargo, el conflicto «nos dejó vulnerables».
Aporrea, tribuna del debate cuando los medios del Estado callaron
El cofundador de Aporrea informó que el sitio web se convirtió en una tribuna de debate en torno al polémico caso. 70 por ciento de los artículos de opinión que llegaron a su redacción fueron «muy críticos con la posición que asumió el gobierno». Un 30 por ciento se ubicó en una postura comprensiva, analítica (…) que hay que comprender al gobierno, más bien que tratar de justificar la toma de la decisión como algo válido en sí mismo».
Otros articulistas han señalado que, sólo en la primera semana tras la extradición, se publicaron en Aporrea más de 150 artículos en torno al caso Pérez Becerra, y que hasta el 19 de mayo unas 180 organizaciones y movimientos se han pronunciado en torno al comunicador extraditado. En el foro web de Aporrea.org, el tema de discusión sobre la extradición de Pérez Becerra acumula unos 1.620 mensajes hasta el 22 de mayo, y el tema relacionado con la destitución de Cristina González tiene unos 270 mensajes. En el evento realizado el pasado sábado en Cotrain, unas 26 personas pidieron derecho de palabra para expresarse sobre el tema.
«En principio, la devolución de un comunicador comunitario y popular no cuadra con nuestra ética, con nuestra moral», indicó Gómez. «Si hay una trampa, un chantaje u otros factores, en principio se violó la moral revolucionaria, como también se violaron normas jurídicas internacionales de derechos humanos. Se violó un marco».
Continuó: «¿Había algo demasiado grande, que forzaba a violar (estos marcos y principios) porque las consecuencias iban a ser tan terribles, que no iba a haber otra alternativa? No lo veo. Todavía no lo veo». Recordando un artículo que escribió recientemente, explicó que habían varias salidas al asunto. «¿Por qué no se le deja ver al cónsul (sueco)? ¿Por qué no se asume que es un (ciudadano) sueco y se devuelve a Suecia? (…) ¿Quién obliga a un país a tener que determinar (la extradición) en 24 horas? ¿Un país no puede examinar la situación, ver las alternativas y las consideraciones?»
«Perdimos soberanía» y corremos el peligro de «perder nuestra identidad»
Gómez explica que «nosotros perdimos soberanía con lo que ocurrió, porque aplicamos las políticas de Colombia y del imperialismo. ¿Nos forzaron a ello? Si nos forzaron y lo hicimos, perdimos soberanía; hicimos las políticas de ellos y no las nuestras. ¡Tenemos que recuperar nuestra soberanía en política internacional! Porque hay situaciones que nos han forzado a hacer cosas que no estaban dentro de lo que nos corresponden. Y en todo caso disculparse y lamentarlo, pero no se puede defender esa política».
«Si nosotros nos desfiguramos y perdemos nuestra identidad, vamos a perder tanto como lo que podríamos tener si las amenazas contra nosotros se concretaran. A nosotros nos pueden destruir también desnaturalizándonos, inhibiéndonos y no sólamente invadiéndonos y destruyéndonos. Si dejamos de ser lo que somos porque tememos que nos destruyan, pues se acabó. Ya no necesitan la guerra. ¿Para qué nos van a invadir?» Para Gómez, todavía tenemos puestos nuestros pies en la revolución, pero hay indicios de que hemos puesto nuestros pies en otra parte.
Opina que hay que discutir el manejo de las relaciones con el Imperialismo y con nuestros vecinos, si el problema son las relaciones entre gobiernos y Estados o si es un problema de relaciones entre los pueblos. Por ejemplo, se preguntó si la negociación con Porfirio Lobos, presidente de Honduras, o con Manuel Zelaya contaba con la aprobación de los movimientos sociales hondureños.
Rechaza que se acalle la crítica en medios del Estado
Respecto a la controversia ocurrida en medios del Estado, que fueron obligados a no tratar el caso de Joaquín Pérez Becerra, Gómez dio su opinión. «El Estado calla, pero no tiene por qué callar la emisora. Si el Estado y sus funcionarios deciden mantener el silencio, ¡ese es su problema! El medio de comunicación del Estado no puede silenciar otras voces», dijo.
«Si la vision es monolítica, si las comunicaciones del Estado no pueden tener fisura y no pueden ser diversas, allí hay una concepción estalinista. Eso sería gravísimo. Tiene que haber diversidad, tienen que haber otras opiniones en el marco del proceso revolucionario, asumiendo el riesgo que tengan».
Gómez dijo que no tiene sentido que, desde el Estado y el gobierno, el debate quede secuestrado en una sola dirección, «que la crítica no se conozca, que las cosas no se sepan porque va a hacer daño a la imagen del gobierno». Recordó que estamos en una democracia participativa y protagónica, pero para ello el pueblo necesita derecho a opinar; «tenemos cosas importantes que decir, y (la gente) no tiene por qué decir lo mismo que el gobierno o el Estado; podemos tener otro enfoque u otro punto de vista, y eso debe ser valorado y tomado en cuenta».
«Nosotros necesitamos al Comandante Chávez; hoy por hoy es imprescindible. Pero el Presidente Chávez también nos necesita. Entonces, tenemos que tener voz en los medios de comunicación del Estado, y no sólo para hacer propaganda y decir las cosas bonitas que han funcionado muy bien, y lo que ha avanzado. Tenemos que decir cuales son las cosas que no nos gustan, qué nos parece que se está echando a perder, por donde hay que abrir trochas. Lo contrario es ser arreados».
Gómez planteó varias interrogantes para la discusión. «¿Debe el Estado informar? ¿De qué manera se informa? ¿Es bueno el silencio? ¿Cómo construye el gobierno su mensaje y su política comunicacional? ¿Qué papel juegan los movimientos y organizaciones sociales? En un gobierno popular, ¿no se puede llamar a las organizaciones de trabajadores, campesinos y populares porque eso empastela las cosas? ¿Sólo lo pueden decidir los altos estrategas del Estado? ¿Por qué el Estado tiene que manejar los instrumentos comunicacionales del Estado como sifueran algo exclusivo del Ejecutivo o del partido?», se preguntó al tiempo que aclaraba que él milita en el PSUV.
Hay que construir la comunicación popular
Recordó que fue el pueblo y los movimientos sociales los que pusieron el pecho en Puente Llaguno en abril de 2002 cuando el Estado quedó neutralizado en un golpe de Estado.
Pero también recordó que los movimientos populares también tienen responsabilidad. «Nosotros podemos exigir y criticar al Presidente Chávez lo que sea, pero si no construimos la fuerza que sea capaz de construir en la dirección que hay que empujar, el problema es nuestro; el problema lo tenemos nosotros. Hay que trabajar en la unidad de las organizaciones populares». Reconoció «la debilidad de la construcción de nuestra propia comunicación como movimientos sociales y populares».
«Tenemos que seguir expresando nuestras críticas fuertemente, desarrollándola de forma muy reflexiva y no sólo catárquica. Hay que hacérsela llegar como podamos al Presidente Chávez. Tenemos que estar en contra de todo tipo de retaliación, de medidas disciplinarias o cualquier clase de persecución de los indisciplinados, que no aceptan la unidad impusta, que quieren construir la unidad desde abajo». Pide instancias consultivas del movimiento popular, «que decidan las medidas con nosotros».
«Uno no saca beneficio material de la crítica. La crítica lo que hace es cerrarte puertas. Si no te puedes cooptar o si no te pueden comprar, te aplican el garrote. Entonces creo que tenemos que tenderle la mano al Presidente Chávez en ese sentido. Él tiene una oportunidad de templar junto a todos nosotros».
Propone pedir al Estado algunas de las frecuencias recuperadas
Recordó que en abril y en diciembre de 2002, y luego en fechas más recientes, los movimientos sociales han rodeado los medios de comunicación privados para tomarlos y apoderarse de ellos. «Rodeamos Venevisión, y con el Negro Villafania leímos el manifiesto contra el piscoterrorismo mediático, y el propio gobierno nos frenó. Es su criterio. No era para quemarlos; era para tomarlos para nuestro servicio, y eran golpistas flagrantes, incursos en violaciones de derechos humanos».
Recordó que, las veces que el gobierno ha tomado medios privados, lo ha hecho para establecer emisoras estatales bajo control del Estado. «Cuando se tomaron las 32 emisoras que recupera Minfra con Diosdado Cabello porque estaban en condiciones irregulares, ni una sola pasó a movimientos sociales. ¿Por qué? ¿Dónde está la lista de esas emisoras? ¿Cuántas han sido transferidas a las grandes organizaciones? ¿No han madurado esas organizaciones?»
«Queremos ver la lista de esas emisoras y que se evalúe la transferencia de algunas emisoras de gran potencia a escala regional, para que nos la pongan a todos juntos coaligados bajo nuestra responsabilidad». Planteó que organizaciones como la Unión Nacional de Trabajadores, el Frente Campesino Ezequiel Zamora, las organizaciones indígenas, el Movimiento de Pobladores, la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos, las comunas, consejos comunales y otras otras podrían asumir estos medios de comunicación, por lo que piden al Estado que se asignen algunos de ellos, que tengan potencia y alcance, a las organizaciones populares.
Gómez invitó a una asamblea el 26 de mayo con el movimiento campesino, medios comunitarios, trabajadores y pobladores en la Sala 2 de Parque Central a las 3 de la tarde, y recordó que el 7 de junio hará una marcha contra la criminalización de los movimientos populares.