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Ha muerto Carlos Andrés Pérez, el verdugo del pueblo

Fuentes: Agencias / Rebelión

Datos recopilados por Patricia Rivas para Rebelión.

Carlos Andrés Pérez pasa a la historia como el primer y único presidente venezolano destituido por el Parlamento para presentarlo ante la justicia en un proceso por malversación de fondos públicos. En 1996 la Corte Suprema de Justicia lo condenó por malversación genérica agravada a 2 años y 4 meses de arresto domiciliario. Posteriormente viajó a Miami.

CAP, también conocido en el país como «El Gocho» (así se denomina a los venezolanos de procedencia andina) fue ministro de Interior en el Gobierno de Rómulo Betancourt, (1959-1963) en el que la tortura, los bombardeos, masacres y desapariciones tocaron techo en la historia reciente venezolana. Roberto Hernández Montoya lo recrea así, en su artículo «Elogio de Carlos Andrés Pérez»:

«Desde el comienzo de su carrera pública conocida, como Ministro del Interior, enfrentó esa mezcla de recreo con tragedia que fue la lucha armada, en el período presidencial de Rómulo Betancourt, su mentor y patrocinante. Pérez se empleó con todas las consecuencias de la situación trágica, arrostrando odios, muchos justificados por una violencia que es hoy una leyenda contemporánea olvidada, especialmente por quienes la padecieron. Pocas veces el país presenció aquella manera de conducir la represión. Los agentes de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, dicen mis mayores, eran caballeros comparados con los digepoles (hoy disips), que llegaban sacando bebés de su cuna para despedazar colchones buscando metralletas castrocomunistas. Se lanzaba gente desde helicópteros en vuelo. Se instauró una crueldad creativa.

Después presidió un gobierno signado por la bancarrota de los ideales de 1936. Como para que no los tumbasen no era posible atender las añoranzas de la gente buena que «ama, sufre y espera», que había líricamente declamado Rómulo Gallegos, entonces se instauró «el cuánto hay pa eso», el «vamos a dejarnos de vainas» y «el que venga atrás que arree», que se quería resumir en el lema de «La Gran Venezuela». Los realazos dañaron todo lo que era dañabley empeoraron todo lo que era empeaorable en un hallazgo tal vez venezolano: la democratización de la corrupción. Todo eso lo presidió Carlos Andrés con un entusiasmo digno de Rimbaud, sin enfrentar el proceso sino más bien arrebatado por él.

En su segundo mandato le tocó administrar los escombros que dejó su primer impulso, y que continuó sin variaciones dignas de historiar durante los gobiernos (los llamo así por pereza mental) de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi».

El compañero José Muñoz hizo llegar a mi correo una reseña en la que hacía memoria de los acontecimientos que sufrío en primera persona, y que constituye un buen resumen de lo que había detrás del Caracazo: el plan del FMI para Venezuela.

«Carlos Andrés Pérez toma posesión el 2 de febrero de 1989. Catorce días después, el 16 de febrero, acompañado de Miguel Rodríguez, para ese entonces Ministerio de Desarrollo y Planificación (Cordiplan), anuncia medidas de ajuste económico para refinanciar la deuda externa y solicitar 4,7 millardos de US$ en los próximos 3 años con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional FMI, conocidas como «el paquetazo», el cual incluía:

  • Liberación de los precios de todos los productos a excepción de 18 renglones de la cesta básica.
  • Anuncio del incremento inmediato de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico.
  • Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina.
  • Aumento inicial de las tarifas del transporte público en un 30%, que al final subieron un 100%.
  • Eliminación progresiva de los aranceles a la importación, es decir, abrir el mercado nacional a los intereses trasnacionales en detrimento de la producción nacional.
  • Reducción del déficit fiscal a no más del 4% del producto territorial bruto, lo cual no se cumplió, es más, el déficit del producto interno bruto en lugar de disminuir aumentó.
  • Congelación de cargos en la administración pública (esto sirvió para la creación de la figura de contratados en la administración pública).
  • Aumento de 30 % a los empleados públicos.

Pero no es hasta el 25 de febrero de 1989 cuando el gobierno venezolano dicta el incremento de los precios del crudo y sus derivados a nivel interno; decisión en la cual participan el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. En ese momento los precios de la comida ya venían incrementándose gradualmente, pero el del transporte se duplicó en menos de veinticuatro horas, cuando el aumento publicado en gaceta era de 30 %, dándole al pueblo venezolano la última razón para comenzar las protestas.

El día 26 de febrero de 1989, cuando se hace efectiva la medida de aumento de la gasolina, por la mañana, en la plaza Tres Gracias de la UCV, se comienzan a reunir pueblo y estudiantes para protestar y ser escuchados. Esta protesta fue brutalmente reprimida.

Los saqueos se recrudecen al ver en algunos depósitos de abastos y supermercados productos que no se encontraban en el mercado (leche, azúcar, café, harina y aceite entre otros) lo que molestó aún más al pueblo y generó el efecto dominó en toda Caracas.

Debido a la protesta popular, Carlos Andrés Pérez convoca a los ministros, que concluyen la reunión con el conocido «Plan Ávila». Este plan ordena directamente a la Guardia Nacional acabar con cualquier revuelta, permitiéndoles el uso de armas de fuego. Al frente de este plan represivo estaba el ministro de la Defensa, Italo del Valle Alliegro.

El 28 de febrero de 1989 al mediodía Carlos Andrés Pérez, en consejo de ministros, decreta el toque de queda y la suspensión de las garantías mediante el Decreto Nº 49, el cual ordenó la suspensión de las siguientes garantías establecidas en la Constitución venezolana de ese entonces: libertad individual (artículo 60.1, 2, 6 y 10); inviolabilidad de domicilio (artículo 62); libertad de tránsito (artículo 64); libertad de expresión (artículo 66); derecho a reunión (artículo 71) y derecho a la manifestación pacífica (artículo 115). Las garantías constitucionales fueron restablecidas el 22 de marzo de 1989.

Con la suspensión de las garantías que comienza a las seis de la tarde de 1989 arrecia la represión y el ajusticiamiento por parte de la Guardia Nacional PM, PTJ, DISIP a las cuales se les une el ejército con nueve mil efectivos.

Estas fuerzas militares estaban integradas en un número importante por jóvenes de 17 y 18 años reclutados en febrero de ese mismo año (1989). No estaban preparadas para asumir el control del orden público y los jóvenes que se enviaron, por su juventud e inexperiencia, constituían un peligro para la vida e integridad física de la colectividad; además no estaban equipadas con los equipos antimotines; por el contrario, el Fusil Automático Liviano FAL, las pistolas 9 mm y las escopetas aliñadas eran las armas utilizadas en la represión, lo que agravó aun más la masacre de miles de venezolanos. Los allanamientos en muchos casos culminaban con el robo de todo articulo electrodoméstico que oliera a nuevo.

Las muertes que más recuerdo del Caracazo fueron las ocurridas en la escalera de la muerte en el sector Maca de Petare, donde varias docenas de venezolanos perdieron la vida. También en Petare, el 3 de marzo, en la casa del poeta Crisanto Mederos una comisión de la Policía Política, luego de preguntar por él, le fusila en su cuarto. Su cadáver no lo querían entregar pero con la ayuda de varios diputados de izquierda accedieron a entregarlo, pero se olvidaron de quitarle una etiqueta que decía no entregar. La lista oficial de muertos es de sólo 276 fallecidos, pero la verdad es que el número real de fallecidos fue superior a 1500.

Creo que al hablar de las víctimas no se debe mencionar solo el 27 y 28 de febrero, ya que durante los días siguientes del mes de marzo hasta el día 22 de marzo, miles de personas fueron ajusticiadas, como ejemplo el caso de Crisanto Mederos.

También recuerdo que el 26 de noviembre de 1990 se encontró en el sector norte 6 la peste una fosa común, la cual estaba escondida debajo de los cuerpos de ancianos muertos en extrañas circunstancias en el Inager de Caricuao. También recuerdo la guardia que monté en ese sitio las noches del 23 y 31 de diciembre de 1990, acompañado por el profesor Joel Alfonzo Peraza, El artista plástico Hansel Cordero, el cura jesuita Jean Pier Wisembach y mi persona Edgar García, en ese sitio se montaban guardias para evitar que los cadáveres fueran robados, es decir, movidos de ese sitio por los cuerpos represivos del estado. Aallí se encontraron 68 cuerpos, de los que sólo se identificaron 3. En el año 1991 se paralizó la identificación de los cuerpos. Pero decenas de fosas comunes nunca se encontraron».

Por si alguno tiene tiempo y curiosidad en estos días de asueto, pongo a vuestra disposición algunos enlaces a materiales que, yo creo, deberían ser obligatorios en este momento en el que el «paquetazo» del FMI nos lo están imponiendo a nosotros [europeos], y en el que, tampoco en nuestro caso, hay cauces institucionales ni liderazgo político que los abra, para luchar por los derechos que están siendo aplastados por la artillería pesada del sistema capitalista.

Cuando se habla de «populismo» y gobiernos corruptos en Venezuela, hace falta haber visto esto: http://www.youtube.com/watch?v=eeekaEWgSiY&NR=1&feature=fvwp

Imágenes sin editar del 27 de febrero de 1989: sin desperdicio la comparecencia de CAPjustificando el paquetazo del FMI y preparando la masacre http://www.youtube.com/watch?v=yNwrTv93DT4&feature=related

¿Nacionalización petrolera o entrega a las multinacionales?

Hasta el año 1976, los materiales energéticos y mineros fueron explotados en Venezuela bajo régimen de concesiones. Ese mismo año fueron «nacionalizados» los recursos petroleros, una maniobra que tuvo por objeto adelantarse a la reversión de las concesiones que vencerían en 1985.

En realidad, el petróleo no llegó a los venezolanos. Sucede que en la década de los setenta, durante la crisis petrolera, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos comprobaron su extrema dependencia del petróleo para sostener su desarrollo económico. Un posible bloqueo en el suministro de hidrocarburos les colocaría en situación de debilidad estratégica. No hay que olvidar que fueron los años del despertar del nacionalismo político árabe y que tenía mucha fortaleza la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual Venezuela era parte activa.

Las transnacionales petroleras decidieron actuar para resguardar sus intereses. Estas empresas sólo poseían concesiones para operar los yacimientos de hidrocarburos. Por lo tanto, hábilmente, decidieron asegurarse la explotación del petróleo, a través de un cóctel nacionalizador hecho a medida y conveniencia. Ofrecieron a Venezuela cambiar las condiciones en que 4 de ellas operaban desde hacía medio siglo.

¿Cómo se hizo? La industria petrolera «nacionalizada» no se entregó a la Corporación Venezolana del Petróleo. En ese momento se crearon cuatro operadoras nacionales, que a su vez contrataron asesoría de empresas transnacionales. Maraven contrató a la Shell, Llanoven a Mobil, Meneven a Gulf y Lagoven a la Exxon. Esto significó que el negocio petrolero, que supuestamente pasaba directamente a ser «operado» por Venezuela en el mismo instante de la firma del traspaso a la Nación, se repartió entre las cuatro antiguas concesionarias. El mismo musiú con diferente cachimbo.

Tenemos entonces que los verdaderos beneficiarios de la nacionalización petrolera de Carlos Andrés Pérez (primera presidencia, 1975) fueron las transnacionales. Al poco tiempo, el fundador de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonso, declaró que había sido «una nacionalización chucuta».

Las transnacionales se aseguraron el control de la producción y los negocios petroleros mediante el artículo 5 de la Ley de Nacionalización Petrolera, que les garantizó el regreso en el futuro para operar bajo la figura de empresas mixtas.

Las transnacionales se reservaron los derechos de la «asesoría técnica» de las nuevas operadoras nacionales, todas creadas a imagen y semejanza de las antiguas concesionarias operadoras, ahora «asesoras». Como pago a su «asesoría técnica» exigieron un porcentaje de cada barril extraído, refinado y exportado por la Nación, por espacio de 8 años, adquiriendo así el control de todo el negocio petrolero venezolano.

Sus modelos gerenciales se trasladaron a las nuevas operadoras nacionales, imponiendo criterios antinacionalistas. Desde 1975 hasta el año 2002, el manejo de PDVSA por los «meritocráticos», puestos allí como los «caballos de Troya» de las transnacionales, dejó como saldo la reversión total de los resultados del negocio petrolero en contra del Estado venezolano.

Las operadoras nacionales utilizaron los recursos petroleros en beneficio propio y de las multinacionales extranjeras. En Venezuela, no se vio nunca el beneficio de tener petróleo, entre otras razones, porque los inversionistas no eran obligados a pagar regalías por explotar las tierras venezolanas.

La Ley de Hidrocarburos de 1943 rezaba que la mínima regalía petrolera debía ser de un sexto, es decir, de 16,6% de la producción, la cual se calculaba en el campo y podría pagarse en especie o efectivo al Estado. Pero en caso de que se presentaran dificultades de producción, el Gobierno podía disminuir la cuota o devolverla al valor inicial. En la mayoría de los casos, sin ninguna justificación, se rebajó la regalía a 1% en los contratos con empresas privadas.

Dicha rebaja aplicaba legalmente si se demostraba que los proyectos tenían problemas de producción y, para no amenazar su continuidad, se rebajaban las tasas de regalía. Pero tanto entonces como hoy, las inversoras tienen a su favor todos los factores y no tienen por qué eximirse de pagar las regalías exigidas por la Ley.

(Fte: «Al Pueblo lo que es del pueblo: plena soberanía petrolera» http://www.google.es/url?sa=t&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CBcQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.gobiernoenlinea.ve%2Fmisc-view%2Fsharedfiles%2FAl_pueblo_lo_que_es_del_pueblo.pdf&rct=j&q=y%20a%20nacionalizaci%C3%B3n%20chucuta&ei=PYAXTYDyLIOv8QPB2s2HBw&usg=AFQjCNGP3CL_kTj8Psssoy0BQ-8bQMHe3A&cad=rja)

Artículo de Humberto Gómez sobre la pseudo-nacionalización petrolera de CAP

La grotesca mueca de nacionalización, concertada por Carlos Andrés Pérez y el partido Acción Democrática con las transnacionales petroleras, el cártel de las 7 hermanas norteamericanas-inglesas- holandesas, para que el Estado asumiera la parte más riesgosa del proceso y ellas, a través de aquel nefasto Artículo 5º que consagraba las ‘alianzas estratégicas’, percibieran los mayores beneficios.

Naturalmente, no sólo fue esa parte de lo que un digno venezolano, el recordado Dr. Juan Pablo Pérez Alfonso, llamó aquel año de 1975: la ‘nacionalización Chucuta’, sino el control total que de la empresa hicieron muchos de aquellos técnicos y gerentes que se formaron al calor de la gerencia y estrategia anti venezolana de la Cróele Petroleum Corporation, Esso, la Royal Duch Shell, la Mobil Oil Company, la Estándar Oil Company, y otras más.

Cambió la forma de la dominación y la explotación, pero no la mentalidad neo colonial, entreguista y vende patria de no pocos de esos funcionarios, muchos de los cuales forman lo que en el lenguaje y la nomenclatura de PDVSA se denomina: Nómina Mayor, quinta columna metida en el espinazo de la empresa petrolera estatal que, bajo las directrices de las transnacionales petroleras, de traidores a la patria como Luis Guiusti -asesor petrolero del presidente norteamericano Bush- se trazaron, desde el triunfo mismo del Presidente Chávez en diciembre de 1998, su derrocamiento, empleando para ello su poder dentro de la industria petrolera venezolana.

Todos los gobiernos, desde el mismo Carlos Andrés Pérez, que seudo nacionalizó la industria petrolera, pasando por el gobierno social cristiano de Luis Herrera Campin, Jaime Lusinchi que le impuso a la nación aquel nefasto ‘viernes negro’, de nuevo CAP con su paquete neoliberal y, finalmente, Rafael Caldera en su nefasto segundo mandato; todos, absolutamente todos continuaron manteniendo a la empresa petrolera, PDVSA y sus filiales, subordinada en buena medida a los intereses de la oligarquía venezolana, del imperialismo yanqui, de esa clase o nobleza super priviávilegiada que era -y aún lo es- de la Nómina Mayor, monstruoso concentrado de traidores y vende patria, socios o testaferros de los grandes grupos transnacionales petroleros, que hicieron de PDVSA un super Estado corporativo dentro del Estado nacional.

rJV

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