En la Urbanización la Trinidad, en Caracas, los anaqueles casi vacíos de un supermercado frustraban las expectativas de los clientes. «¿Bajamos más cosas del almacén?» preguntaban al encargado los empleados. «No, dejen eso guardado,» era su respuesta. En la ciudad de Cagua, en el estado Aragua, eran incautadas 721 toneladas de azúcar. El azúcar había […]
En la Urbanización la Trinidad, en Caracas, los anaqueles casi vacíos de un supermercado frustraban las expectativas de los clientes. «¿Bajamos más cosas del almacén?» preguntaban al encargado los empleados. «No, dejen eso guardado,» era su respuesta. En la ciudad de Cagua, en el estado Aragua, eran incautadas 721 toneladas de azúcar. El azúcar había sido importada de Brasil para ser vendida al público en los establecimientos de Mercal. Pero estaba siendo reempaquetada y revendida, a mayor precio, a comerciantes particulares. El acaparamiento y la especulación siempre han marcado la actividad comercial en Venezuela. ¿Cuál es la lógica de este comportamiento?
Durante el 2005 la cantidad de dinero circulante (en efectivo y en depósitos a la vista) subió en 60%. Durante el 2006 subió en 88%. Cuando aumenta la cantidad de dinero en la calle, la demanda de productos aumenta y los distintos factores económicos actúan para incrementar su ingreso. El acaparamiento y la especulación permiten a comerciantes inescrupulosos aumentar sus ganancias. Pero causan un daño terrible a la sociedad.
El jueves 15 de este mes el Presidente anunció el Decreto Ley de «Defensa Popular contra el Acaparamiento, la Especulación, el Boicot y (conductas similares)». Este Decreto Ley «declara de utilidad pública e interés social todos los bienes necesarios para desarrollar, producir y comercializar los productos regulados, desde la tierra, las maquinarias, los mataderos, los equipos, los frigoríficos, los camiones, las cavas, hasta los locales donde se expenden estos productos.» Se imponen sanciones como prisión de 2 a 6 años, multas de 130 a 20.000 Unidades Tributarias e inhabilitación para ejercer el comercio.
Este decreto nos provee de un instrumento jurídico para enfrentar el acaparamiento y la especulación. La rapidez con la que fue producido es un ejemplo de como la Ley Habilitante permite actuar con la fexibilidad y prontitud que son necesarias en un momento de transformación profunda. También es ejemplo de como el liderazgo transformador puede utilizar su poder circunstancial para aumentar el poder político de las mayorías: los Consejos Comunales, por intermedio de los Comités de Contraloría Social asumirán la fiscalización de los comercios.
Según David Velásquez, ministro del Poder Popular para la Participación y Desarrollo Social, «los (Comités de Contraloría Social) tendrán poderes y capacidades concretas para funciones de supervisión, fiscalización y acompañamiento a los organismos del Estado venezolano, responsables de la supervisión del abastecimiento de alimentos.»
La tarea no será fácil. Las comunidades tendrán que organizarse y aprender sobre la marcha. Las instituciones del Estado tendrán que vencer su inercia y actuar en conformidad con su función. Pero, como dijo Rosa Luxemburgo: «la clase trabajadora moderna no lleva adelante su lucha de acuerdo a un plan expuesto en algún libro o teoría; la lucha de los trabajadores contemporáneos es parte de la historia, parte del progreso social; y es en el medio de la historia, en el medio del progreso, donde aprendemos como debemos luchar…»
Estamos construyendo el camino de los sueños.