El 1º de mayo de 2007 el Gobierno venezolano concretó la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, con el objeto de poner fin al proceso de privatización de la industria petrolera, iniciado durante la década de los años 90. Esta acción permitió […]
El 1º de mayo de 2007 el Gobierno venezolano concretó la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas, con el objeto de poner fin al proceso de privatización de la industria petrolera, iniciado durante la década de los años 90.
Esta acción permitió garantizar a la nación una mayoría accionaria de por lo menos 60% en la conformación de las empresas mixtas establecidas para llevar a cabo la exploración, extracción y procesamiento de crudo en esta área de 55 mil kilómetros cuadrados, que comprende los estados Anzoátegui, Monagas, Guárico y Bolívar, y que almacena la reserva más grande de crudo del planeta.
Este proceso comprendió la nacionalización de 33 convenios cooperativos, 11 proyectos de asociaciones y todas las operaciones acuáticas, taladros y actividades de compresión de gas y de agua desarrollas en la FPO.
Hace 5 años durante un acto con los trabajadores del Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, ubicado en el estado Anzoátegui, el Presidente de la República, Hugo Chávez, indicó que la nacionalización permitió enterrar el proceso de apertura petrolera, desarrollado por los gobiernos de la IV República, y que ofrecía a las transnacionales el control de las operaciones en la FPO.
En el régimen entreguista, que inició en 1987, las exploraciones en áreas petroleras del país estaban a cargo de consorcios extranjeros como Mobil, Nerón, Dupont Conoco, Amoco, LL&E y Benton de Estados Unidos; la British Petroleum, de Inglaterra y Repsol, de España, lo que originó que el ingreso fiscal por la actividad petrolera, en más de diez años, fuera apenas de 23 mil 400 millones de dólares.
«La apertura petrolera no fue sino el intento de quitarle, definitivamente a los venezolanos, su riqueza natural más poderosa y más grande, el intento del imperialismo de adueñarse para siempre de la reserva petrolera más grande del mundo», apuntó Chávez.
Proceso de nacionalización
El 26 de febrero de 2007, el Ejecutivo dictó el Decreto Nº 5.200, con rango, valor y fuerza de Ley, que estableció la migración a Empresas Mixtas de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así como de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias Compartidas.
De acuerdo con este instrumento legal las asociaciones, denominadas Petrolera Zuata, S.A., Sincrudos de Oriente, S.A., Petrolera Cerro Negro, S.A. y Petrolera Hamaca, C.A, debían migrar a la figura de empresas mixtas en las que la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP)-en representación del Estado-, mantuviera no menos de 60% de participación accionaria.
Las mismas pasarían a ser filiales de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y estarían facultadas para ejecutar actividades primarias, es decir a aquellas operaciones relativas a la exploración en busca de yacimientos de hidrocarburos, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, transporte, almacenamiento inicial, así como al mejoramiento y comercialización de los crudos.
Con el desarrollo de la política de soberanía petrolera se logró reajustar y reorganizar la recaudación de regalías e impuestos provenientes del sector hidrocarburos.
«Así se garantizó que el país tuviese ingresos justos como otras naciones del mundo, llevando la tasa de regalía del 1% de la Apertura Petrolera al 33,33%. Antes de esto, de cada 100 barriles producidos, ellos (las transnacionales) se llevaban 99 y al pueblo venezolano le quedaba 1. Esta tasa llegó a ser la más baja que jamás se hubiera cobrado en el mundo, por la explotación petrolera», destacó recientemente el ministro de Petróleo y Minería, Rafael Ramírez.
Añadió que también se logró ajustar el impuesto sobre la renta petrolera del 34% al 50%, y se implementó un impuesto de extracción que establece una tasa de 33,33%, así como un impuesto de registro de exportación de 0,1%; un impuesto superficial equivalente a 100 unidades tributarias (UT) por cada kilómetro cuadrado o fracción de extensión superficial otorgada que no estuviese en explotación; entre otros.
Señaló que entre 2001 y 2011 la recaudación por tributos petroleros se ubicó en 356 mil 760 millones de dólares frente a los 23 mil millones de dólares que se obtuvieron en la década anterior por el mismo concepto.
Certificación
La Faja Petrolífera del Orinoco fue considerada por la directiva de la antigua Pdvsa como una fuente de bitúmen, un hidrocarburo semi sólido y altamente viscoso, que se comercializaba en los mercados internacionales al precio del carbón (un cuarto del valor del crudo).
Sin embargo, gracias a la implementación del Proyecto Magna Reserva, que inició en 2005, fue posible cuantificar y certificar las reservas de crudo presentes en su territorio, que en la actualidad se ubican en 297.570 millones de barriles -las más altas del planeta-.
«Ahora podemos aprovechar estas reservas en función de los planes de desarrollo de la nación, y no de ningún plan transnacional, en los últimos 10 años se han logrado captar más de 354 mil millones de dólares de renta petrolera para beneficio de todos los venezolanos que, de otra manera, se los hubieran llevado, como se los llevaron las empresas transnacionales», destacó Ramírez.
El también presidente de Pdvsa indicó que entre 2001 y 2011, esta empresa destinó 123.499 millones de dólares al desarrollo de programas sociales, mientras que antes de 1999 el promedio de aportes por este concepto era de 30.000 millones de dólares.
En el caso de 2011, informó que la estatal, aportó 30.079 millones de dólares destinados a cubrir proyectos de desarrollo social.
De esta manera, durante el año pasado los aportes de la industria petrolera a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) fueron de 4.010 millones de dólares; mientras que los recursos destinados para el desarrollo social (programas varios del Estado) fueron de 11.594 y las contribuciones al Fondo Nacional de Desarrollo (Fonden), alcanzaron los 14.475 millones de dólares.