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Entrevista a Yannick Vanderborght, coautor de La renta básica. Una medida eficaz para luchar contra la pobreza (Paidós, 2006)

Hacia la libertad real para todos

Fuentes: La Dinamo

La Renta Básica Universal (RBU) se suele definir como un ingreso que una comunidad política confiere a todos sus miembros sobre una base individual, sin tener en cuenta los recursos de los receptores ni exigirles contrapartidas. La propuesta ha ido más allá de la discusión sobre la reforma de los sistemas de ayudas sociales y […]

La Renta Básica Universal (RBU) se suele definir como un ingreso que una comunidad política confiere a todos sus miembros sobre una base individual, sin tener en cuenta los recursos de los receptores ni exigirles contrapartidas. La propuesta ha ido más allá de la discusión sobre la reforma de los sistemas de ayudas sociales y ha sido adoptada por una gran cantidad de movimientos políticos y sociales que han aportado otros tantos puntos de vista sobre el subsidio universal. El belga Philippe Van Parijs, pionero en la proposición y teorización de la RBU, la situó en el centro de una «vía capitalista al comunismo». Yannick Vanderborght, también belga, es su más estrecho colaborador. Editor de la revista de la Red Mundial por la Renta Básica (BIEN, en sus iniciales inglesas), es autor junto a Van Parijs de La renta básica. Una medida eficaz para luchar contra la pobreza (Paidós, 2006) que acaba de publicarse en castellano.

Ustedes defienden que la RBU no tiene como único objetivo aumentar el poder adquisitivo, sino, ante todo, el desarrollo de una libertad real para todos. ¿Cómo se consigue este objetivo?

En efecto, la idea de maximizar la libertad real para todos, especialmente para los más desfavorecidos, es central en nuestra defensa de la RBU. Este objetivo se consigue, al menos parcialmente, gracias a su carácter radicalmente incondicional (se otorga con independencia de la situación económica o familiar del receptor), que facilita la independencia financiera -mayor cuanto mayor sea la RBU- y debería permitir a las partes más débiles de un contrato (el trabajador en el contrato laboral o la mujer en el matrimonio) incrementar su autonomía.

Si la RBU es una síntesis pragmática de la protección de las libertades individuales propia de las tradiciones libertarias y liberales, y la crítica marxista de los sistemas formales de libertades desvinculados de sus fundamentos materiales, ¿por qué no pueden cumplir esta función los subsidios condicionales?

Los subsidios condicionales, como la Renta Mínima de Inserción francesa, son medios importantes en la lucha contra la pobreza, pero sin duda cualquier avance hacia una mayor incondicionalidad significa un mayor grado de libertad individual. Por ejemplo, si a diferencia de lo que suele suceder en los subsidios condicionales, no se toma en cuenta el hecho de vivir en pareja a la hora de determinar la cantidad asignada, se fomenta la libertad de elección de cada uno de los cónyuges. Por otro lado, la introducción de la RBU como derecho económico sería equivalente a lo que fue la introducción del derecho político al sufragio universal. Sin una garantía económica que permita la lucha contra la explotación, la libertad política es, efectivamente, tan sólo formal.

¿Se puede considerar la RBU como una condición para que la participación política vaya más allá del simple consumo? 
La propia concepción republicana de la propuesta (la renta de «la ciudadanía») da a entender que uno de sus efectos deseables sería permitir a los ciudadanos tomar parte más activamente en los asuntos públicos. Hay quien ha llegado a decir que los ciudadanos que se beneficien de esta renta tienen la obligación, al menos moral, de participar en los asuntos públicos. Van Parijs y yo creemos que este tipo de efectos son deseables, como también lo sería que la RBU diera nueva vida a las redes sociales. En resumen, creemos que la libertad política no puede ejercerse sin una seguridad económica relativa. No obstante, nuestra defensa de la RBU es ante todo una defensa liberal (en el sentido del liberalismo político de John Rawls): para demostrar la necesidad de una asignación universal no hace ninguna falta apelar a los valores de la ciudadanía republicana. Le corresponde a cada uno determinar por sí mismo lo que quiere hacer con la libertad real que confiere la RBU.

Me gustaría que me indicara qué piensa de las siguientes objeciones que con frecuencia se plantean a la adopción de la RBU:  

1- Sería demasiado cara

Todo depende del importe de la RBU, de las formas de financiación (supresión de los subsidios existentes, adaptación de la fiscalidad…) y de los efectos esperados sobre el mercado de trabajo.

2- Sería perjudicial para el mercado de trabajo

Al contrario, nosotros creemos que si se asegurara a todos una renta incondicional, se potenciaría el acceso al mercado de trabajo. Ahora mismo, se penaliza a los miembros de ciertos grupos desfavorecidos que consiguen un empleo, ya que si sus ingresos mejoran pierden los subsidios financieros y materiales, como el derecho a una vivienda social. Es lo que se conoce como «trampa del paro». En la medida en que la RBU se conserva después de conseguir un empleo, ayuda a desbloquear esta situación.

3- Su aplicación en un sólo país o región provocaría crisis migratorias y desequilibrios demográficos.

Los datos sobre migraciones internacionales no nos permiten deducir que una medida de este tipo fuera a tener grandes repercusiones demográficas. No obstante, nos parecería legítimo reservar el acceso a la RBU a las personas que lleven más de cinco años viviendo en un país y condicionar el acceso a esta ayuda al aprendizaje de la lengua del país de acogida. Por otro lado, lo ideal desde este punto de vista sería instituir una asignación universal europea.

4- Viola el principio de reciprocidad (da algo a cambio de nada)

El principio de reciprocidad es extraordinariamente ambiguo. ¿Cómo definir la contribución necesaria para que se considere respetada esta reciprocidad? ¿Sólo debemos tener en cuenta el trabajo asalariado o valen también otras actividades? ¿Cómo controlar el grado de cumplimiento de estas actividades para verificar que dan derecho a la asignación? Es imprescindible cuestionar la idea de que todo derecho genera necesariamente obligaciones. Esta idea de reciprocidad simple conlleva consecuencias absurdas en materia de libertades políticas. La libertad de expresión, un derecho fundamental en nuestras sociedades, no implica ninguna obligación de expresarse. En la mayor parte de los países, la libertad de voto no implica obligación de votar. ¿Qué nos hace pensar que un derecho fundamental, como es el derecho a la seguridad económica, implica obligaciones específicas?

¿Cree usted que una adopción de la RBU sin garantías de continuidad -por ejemplo, dentro de un programa político oportunista- sigue siendo preferible a su no adopción?

Es claramente preferible una RBU modesta, pero sostenible, a otra más alta pero con un periodo de vida incierto. Uno de los puntos fuertes de esta propuesta es que garantiza una seguridad económica que permite asumir riesgos. Si se introduce incertidumbre acerca de la duración de la medida, se eliminan algunas de sus propiedades más atractivas.

¿Qué es el fetichismo del trabajo?

El fetichismo del trabajo es la idea de que la realización personal pasa sólo y necesariamente por el trabajo asalariado. Sin duda, el trabajo sigue siendo extremadamente importante dentro de las sociedades desarrolladas como vector de reconocimiento público y de autoestima, pero esto no significa que las políticas públicas deban potenciar el trabajo a cualquier precio, sin tener en cuenta su calidad o sus aspectos formativos y valorizadores. Por otro lado, nos parece evidente que hay actividades que no son directamente productivas, como criar hijos, formarse o participar en la vida social en sentido amplio, que son preferibles a actividades productivas de dudoso valor social (piénsese en la innumerable cantidad de productos inútiles y contaminantes que se fabrican).

Van Parijs y usted hablan a menudo de la existencia de dos grandes modelos de políticas públicas frente a la exclusión y la pobreza: un modelo europeo de paro alto y baja pobreza y un modelo americano de paro bajo y pobreza alta. ¿Cómo puede contribuir la RBU a la superación de estos dos modelos?

Los defensores de la RBU creemos que esta iniciativa forma parte de la respuesta a la «nueva cuestión social»: ¿cómo luchar contra el paro sin que crezca la pobreza? Tanto por su capacidad para desbloquear la trampa del paro como por su condición de red de seguridad económica, la RBU permite luchar contra el subempleo sin abandonar el combate contra la pobreza. Por supuesto, la RBU no es una solución mágica, sin políticas familiares y de educación o sin políticas ambiciosas de vivienda y acceso a la sanidad, no se puede aspirar a resolver el problema de la pobreza.

Ustedes se han declarado partidarios de la construcción de un estado social activo a partir de las dinámicas sociales que generaría o reforzaría la RBU. ¿En qué se diferencia su concepción de las versiones dominantes del estado social activo, en concreto del workfare (básicamente, pago de subsidios sociales, normalmente al empleador, que tienen como condición el trabajo obligatorio)?

El workfare es la versión coercitiva y antiliberal -en el sentido del liberalismo político- del Estado social activo. En sus versiones más extremas, el workfare puede conducir a violaciones de las libertades fundamentales y de la dignidad humana. En sus versiones menos extremas, descansa sobre la idea, muy discutible, de que la obligación es suficiente para motivar a los trabajadores. Algunos empleadores son conscientes de los efectos perversos de este modelo porque saben que el trabajo forzoso rara vez es eficaz y motivador. El workfare debe ser rechazado por razones normativas (violación de las libertades) y pragmáticas (ineficacia). La RBU también implica un subsidio a los trabajos peor remunerados, pero la ventaja decisiva respecto a los demás subsidios de este tipo es que es el trabajador quien dispone de él. Si un trabajo no es lo suficientemente prometedor, el trabajador puede retirarse del mercado de trabajo con su subsidio (su renta básica). Este poder de negociación debería permitir a los trabajadores y a sus representantes sindicales obtener mejoras sustanciales de la calidad del empleo en la parte baja de la escala de ingresos. En su versión emancipadora, el estado social activo debe proporcionar los medios para ejercer una libertad real y, especialmente, la libertad de elección de la actividad que se desea ejercer. Nosotros no quitamos importancia a la actividad pero rechazamos su identificación simple con el trabajo asalariado y con su promoción a cualquier precio.