El 18 de enero la movilización que exige la retirada de la contrarreforma de las pensiones ha entrado en su cuadragésimo sexto día de huelga en la RATP y en la SNCF y de múltiples movilizaciones a lo largo de todo el país. Cotidianamente, esta movilización sigue contando con el apoyo mayoritario de la […]
El 18 de enero la movilización que exige la retirada de la contrarreforma de las pensiones ha entrado en su cuadragésimo sexto día de huelga en la RATP y en la SNCF y de múltiples movilizaciones a lo largo de todo el país.
Cotidianamente, esta movilización sigue contando con el apoyo mayoritario de la población, un apoyo que se traduce en la recogida de donativos para las cajas de resistencia y a través de las diferentes manifestaciones de solidaridad provenientes de los sectores que sufren las inclemencias producidas por la huelga del; un apoyo que también constatan, semana tras semana, todas las encuestas, cifrándolo en dos tercios de la población. El mismo porcentaje que se muestra cada vez más preocupado por esta reforma y el porvenir de sus pensiones.
La mayoría social contra Macron
Macron esperaba poner fin a las huelgas con la carta enviada por el Primer ministro a los sindicatos el 11 de enero. Una carta en la que Edouard Philippe se comprometía a retirar (de forma provisional) la edad pivote de la reforma, que establece la obligación de trabajar hasta 64 años para obtener el derecho a una jubilación completa. En la misma, también accedía a la exigencia de la CFDT de organizar una conferencia sobre la financiación de las pensiones que, eventualmente, podría proponer alternativas para ahorrar los 12 mil millones de euros que plantea el gobierno.
Esta maniobra gubernamental llegó en un momento en el que el gobierno se encontraba a la defensiva, incapaz de atraer a la opinión pública y sin haber llegado a poner fin a la huelga durante las fiestas navideñas. La posición flexible de Edouard Philippe, que encontró la aquiescencia de la CFDT, fue criticada incluso en el seno de la mayoría presidencial.
Este retroceso fue aplaudido por la prensa, y los dirigentes de Les Républicans (derecha tradicional), contentos de recuperar un poco de espacio frente a Macron, denunciaron este paso atrás , tras las «múltiples concesiones realizadas a los regímenes especiales».
Del lado del movimiento sindical, sólo la CDFT y UNSA aplaudieron la propuesta, contentos, ellos también, de encontrar una puerta de salida a la situación.
Por el contrario, esta maniobra no tuvo ningún efecto entre las y los huelguistas, pero una vez más fue la ocasión para que los responsables gubernamentales, con el apoyo de los editorialistas de los principales medios de comunicación, denunciaran la cerrazón del movimiento huelguístico y de los sindicatos.
En ese contexto, hay que valorar en su justa medida la solidez del frente sindical compuesto por la CGT, CGC, FO, Solidaires et FSU, exigiendo la retirada de la contrarreforma. Estos sindicatos constituyen el 56% de la representación frente a la CFDT y UNSA que sólo representan al 31,2%. Ahora bien, de forma maliciosa, las fuentes oficiales y los medios de comunicación, presentan a la CFDT como el sindicato mayoritario, cuando apenas supera en 0,1% la representatividad de la CGT (24% frente al 23,9%). Incluso el principal sindicato de cuadros, la CGC, que la mayoría de las veces se alía con la CFDT en una política pro-patronal, se mantiene en el frente sindical.
Todos estos elementos reflejan el amplio rechazo a un proyecto de Ley que está orientado a desmantelar de arriba abajo el sistema de pensiones por repartición.
Finalmente, la publicación del proyecto de Ley -del que sólo se conocían informes preliminares- no ha hecho sino confirmar lo que se comentaba en relación al mismo por quienes la rechazan.
A lo largo de sus articulado, en este proyecto destacan dos elementos fundamentales:
· La preeminencia de la lógica financiera y presupuestaria en detrimento del nivel de las pensiones y de la edad de jubilación
· La lógica autoritaria de Macron, mediante la cual el Estado se hace con la gestión del sistema de pensiones en perjuicio del actual sistema paritario.
Nos encontramos frente a un proyecto que fija en un 14% del PIB el límite del gasto público de las pensiones como imperativo categórico. Además, en cinco años, el sistema deberá estar provisionalmente equilibrado. Y en 2025 se tendrá que equilibrar de forma obligatoria el presupuesto de prensiones para el período 2025-2029. Se prohíbe el más mínimo déficit en el sistema y dado que también se prohíbe el aumento de los recursos (mediante el incremento de las cotizaciones), la única variable sobre la que actuar para lograr el equilibrio presupuestario es la prolongación de la edad de jubilación o la reducción del montante de la pensión.
Por otra parte, en la formulaciones a menudo nada claras del proyecto [de cara a esta negociación], se comprende bien que para mantener el equilibrio financiero quien gestione el sistema deberá ajustar permanentemente los índices de incremente de los valores de adquisición y del servicio de puntos de las pensiones (siendo el valor del servicio el valor del punto para calcular el monto de la pensión a la hora de liquidarla). En caso de desacuerdo ente las partes , será el gobierno quien decida estos valores.
Contrariamente a la propaganda gubernamental, la edad de equilibrio no ha desaparecido del proyecto. En suma, en los próximos decenios, el organismo que gestione el Fondo de pensiones deberá prolongar progresivamente la edad de jubilación a fin de obtener una pensión sin reducción. Así, a medida que la esperanza de vida se incrementa, esta edad de jubilación se deslizaría hacia el equivalente de dos tercios de la misma.
Por otra parte, en lo que respecta a la fuente de financiación, a partir de 2020 el Estado dejará de contribuir a la caja de pensiones los fondos necesarios para contrarrestar el déficit originado por las exoneraciones concedidas a las cotizaciones patronales, lo que constituye una suma considerable.
En lo que respecta a la edad de jubilación, el estudio del impacto que acompaña al proyecto de Ley estima que ésta se deberá establecer en 65 años para la generación nacida en 1975 y en 67 años a partir del año 2050.
Por otra parte, los artículos 15 y 64 del proyecto detallan la puesta en pie de pensiones de capitalización suplementarias (el denominado Plan de ahorro de jubilación). El gobierno tendría la potestad de adoptar, mediante decreto-ley, las medidas sobre el régimen fiscal de estos fondos [privados] destinados a recaudar inicialmente pagos provenientes de las cuotas salariales entre 3 y 8 niveles (120.000 y 320.000 euros de los salarios anuales). Además, de forma explícita, se invita a la banca a establecer sistemas de pensiones que permitan recaudar pagos de los salarios más altos.
El grupo AXA (grupo asegurador y de gestión de activos, con un patrimonio de 102 mil millones en 2018) acaba de publicar un folleto promoviendo planes de pensión en el que explica, sin rodeos, que sus clientes deberán protegerse de los recortes programados de las pensiones por repartición…
Una reforma a marchas forzadas
Finalmente, con la esperanza de salir indemne de esta contienda, el gobierno quiere marchar a pasos forzados para aprobar esta contrarreforma. El próximo día 24 será presentada al Consejo de Ministros; el 3 de febrero deberá pasar por una comisión ad hoc, nombrada ex profeso por el ejecutivo, del Parlamento cuando lo habitual sería que pasase por la Comisiones de asuntos sociales. Por último, la ley será debatida y votada según un procedimiento de urgencia tras una sola lectura por el conjunto de las dos cámaras (la Asamblea y el Senado), con el fin de concluir el proceso antes de junio. Además, numerosos puntos de la ley quedarán en blanco y será el gobierno el encargado de redactarlos y aprobarlos mediante decreto-ley (es decir sin debate y resolución parlamentaria). Incluso contando con una amplia mayoría en la Asamblea, el gobierno quiere evitar la cristalización de los debates y la larga discusión de las enmiendas en el Senado, donde el partido gubernamental es ampliamente minoritario.
En paralelo, a uña de caballo, se deberá celebrar la conferencia sobre la financiación del sistema exigida por la CFDT. Este simulacro de diálogo social será constreñido por la obligación de encontrar una solución alternativa a la fijación de la edad de jubilación a los 64 años para lograr los 12.000 millones de ahorro necesarios para el 20220-27… sin poder optar ni por aumentar las cotizaciones, ni con la contribución de los Fondos de reserva de 32.000 millones creados en 2001 para amortiguar los desequilibrios demográficos, ni con los fondos de amortización de la deuda social , un fondo estafa de 17,6 mil millones.
Así pues no quedan mas que dos alternativas para determinar el peso de las cadenas que tendrán que soportar los trabajadores y trabajadoras: prolongar los años trabajados (hoy en día 43) o retrasar de la edad de jubilación a los 64 años como lo desean la MEDEF (patronal) y el gobierno. En cualquier caso seguro que asistiremos a una ¡gran victoria del diálogo social!
Así pues, el movimiento tiene suficientes argumentos para justificar la movilización.
El problema continúa siendo la incorporación de nuevos sectores a la huelga.
La semana del 13 al 18 ha marcado un punto de inflexión. Ni hay cansancio entre la gente en huelga ni entre quienes acuden a las manifestaciones, pero no es fácil gestionar un mes de huelga en torno a un núcleo duro de huelguistas; y estos comienzan a concentrar los días de huelga para economizar los esfuerzos. Así, el porcentaje global de huelguistas es menos que las semanas precedentes. También las manifestaciones del 16, muy combativas, fueron menos numerosas que las del día 9. Mucha gente habla de la necesidad de mantener la movilización, al tiempo que toman conciencia de la falta de relevo de un sector importante.
No obstante, la huelga se ha extendido en algunos sectores. Los trabajadores de puertos y los dockers organizan bloqueos, en las refinerías continúan los bloqueos, así como en el sector de la electricidad y del gas. En muchas universidades y liceos se dan movilizaciones junto a las acciones de profesores e investigadores movilizados contra los exámenes continuos para el bachillerato. Empresas como Cargill en Lille, en lucha contra los despidos, se unen a las manifestaciones contra la reforma. Las y los abogados continúan haciendo huelga ante la audiencia y desarrollan iniciativas espectaculares…
Esta semana pasada, muchas asambleas locales interprofesionales recurrieron a iniciativas de acción con ocupaciones y bloqueos espectaculares. Es una forma de ocupar el espacio político, de mantener la movilización, pero también refleja los límites de la extensión.
Así pues, el movimiento está cambiando de ritmo. La determinación y la profunda convicción de la necesidad de hacer retroceder a Macron sigue siendo muy fuerte. El sentimiento de contar con un amplio apoyo popular también, así como la convicción de que la cuestión de la contrarreforma de las pensiones es uno de los pilares a quebrar en una ofensiva de demolición social que afecta en particular a las y los docentes y a los trabajadores y trabajadoras de los hospitales que durante el año pasado han denunciado las míseras condiciones en las que se encuentran los hospitales. Además, las mujeres, los desempleados, las juventud y la gente precaria aparecen como los grandes perdedores de esta reforma.
Por tanto, lo que hierve en el crisol de esta movilización es la conciencia de una lucha global contra el sistema. Pero para ganar, tendremos que encontrar un segundo aliento, con la incorporación de nuevas fuerzas, de nuevos sectores en la huelga.
Porque, incluso si la victoria de Macron para llevar a cabo su proyecto fuera una victoria pírrica, conllevaría a un deterioro mayor en nuestras condiciones de vida, sobre todo, para las próximas generaciones.
Léon Crémieux, sindicalista y militante del NPA.