Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
El Libro V de La Política de Aristóteles describe la eterna transición de oligarquías que se convierten en aristocracias hereditarias y que terminan derrocadas por tiranos o desarrrollando rivalidades internas mientras algunas familias deciden «conducir a la multitud a su campo» e introducir la democracia, dentro de la cual vuelve a emerger una oligarquía, seguida por la aristocracia, la democracia, y así sigue toda la historia.
La deuda ha sido la principal dinámica que impulsa esos cambios, siempre con nuevos altibajos. Polariza la riqueza para crear una clase acreedora, cuyo régimen oligárquico termina mientras nuevos dirigentes («tiranos» según Aristóteles) conquistan el apoyo popular anulando las deudas y redistribuyendo la propiedad o llevando su usufructo al Estado.
Desde el Renacimiento, sin embargo, los banqueros han transferido su apoyo político a las democracias. Eso no reflejó convicciones políticas igualitarias o liberales como tales, sino más bien el deseo de lograr más seguridad para sus préstamos. Como explicó James Steuart en 1767, los préstamos reales siguieron siendo asuntos privados en lugar de constituir verdaderas deudas públicas. Para que las deudas de un soberano fueran vinculantes para toda la nación, los representantes elegidos tuvieron que estatuir los impuestos para pagar sus cobros por interés.
Al dar a los contribuyentes esta voz en el gobierno, las democracias holandesa y británica facilitaron a los acreedores demandas mucho más seguras para su pago que lo que hicieron reyes y príncipes cuyas deudas murieron con ellos. Pero las recientes protestas por la deuda desde Islandia a Grecia y España, sugieren que los acreedores están retirando su apoyo a las democracias. Exigen austeridad fiscal e incluso privatizaciones.
Las finanzas internacionales se están convirtiendo en un nuevo modo de guerra. Su objetivo es el mismo que el de la conquista militar en el pasado: apropiación de tierras y recursos minerales, también de infraestructura comunal y extracción de tributo. Como reacción, las democracias demandan referendos sobre si pagar a los acreedores, venden el dominio público y aumentan los impuestos para imponer el desempleo, la caída de los salarios y la depresión económica. La alternativa es condonar deudas o incluso anularlas, y restablecer el control regulador sobre el sector financiero.
Gobernantes en Medio Oriente proclamaron cuentas limpias de deudores para preservar el equilibrio económico
El cobro de intereses por adelantos de bienes o dinero no tenía originalmente la intención de polarizar la economía. Administrado a principios del tercer mileno a. C. como un acuerdo contractual por los templos y palacios con mercaderes y empresarios que trabajaban habitualmente en la burocracia real, el interés de un 20% (duplicando la inversión en cinco años) se aproximaba supuestamente a una parte justa de la rentabilidad del comercio a larga distancia o del arrendamiento de tierras y otros activos públicos, como talleres, embarcaciones y cervecerías.
A medida que la práctica era privatizada por recaudadores reales de tarifas y rentas de usuarios, la «monarquía real» protegía a los deudores agrarios; las leyes de Hammurabi (c. 1750 a.C.) cancelaban sus deudas en tiempos de inundaciones o sequías. Todos los gobernantes de la dinastía babilonia comenzaron su primer año completo en el trono anulando las deudas agrarias para eliminar las deudas atrasadas proclamando una pizarra limpia. Los esclavos por deudas, derechos sobre tierras o cosechas y otros compromisos se devolvían a los deudores para «restaurar» el orden a una condición «original» idealizada de equilibrio. Esta práctica sobrevivió en el Año del Jubileo de la Ley de Moisés en Levítico 25.
La lógica era bastante clara. Las sociedades antiguas necesitaban preparar al ejército para defender sus países, y eso requería liberar a ciudadanos endeudados de la esclavitud. Las leyes de Hammurabi protegían a los conductores de cuadrigas y a otros combatientes contra la esclavitud por deudas, e impedían que los acreedores se apoderaran de las cosechas de inquilinos en tierras reales y públicas y en tierras comunales que debían servicio laboral y militar al palacio.
En Egipto, el faraón Bakenrenef (c. 720-715 a.C., «Bojjoris» en griego), proclamó una amnistía de la deuda y abolió la esclavitud por deuda cuando se vio enfrentado a una amenaza militar de Etiopía. Diodoro de Sicilia (I, 79, que escribió en 40-30 a.C.), dictaminó que si un deudor cuestionaba la pretensión, la deuda era anulada si el acreedor no podía respaldarla presentando un contrato escrito. (Parece que los acreedores siempre han tendido a exagerar lo que les deben). El faraón razonó que «los cuerpos de los ciudadanos debían pertenecer al Estado, con el fin de que pueda disponer de los servicios que sus ciudadanos le deben, en tiempo de guerra y de paz. Porque pensaba que sería absurdo que un soldado… fuera arrastrado a la prisión por su acreedor por un préstamo impagado, y que la codicia de ciudadanos privados pusiera de esa manera en peligro la seguridad de todos».
El hecho de que los principales acreedores en Medio Oriente fueran el palacio, los templos y sus recaudadores, hacía que fuera políticamente fácil anular las deudas. Siempre es fácil anular deudas debidas a uno mismo. Incluso los emperadores romanos quemaban los registros de impuestos para impedir una crisis. Pero se hizo mucho más difícil cancelar deudas debidas a acreedores privados a medida que la práctica de cobrar intereses se propagó hacia occidente a comarcas mediterráneas después de cerca 750 a.C. En lugar de posibilitar que las familias paliaran las diferencias entre ingresos y gastos, la deuda se convirtió en la mayor palanca de expropiaciones de tierras, polarizando a las comunidades entre oligarquías acreedoras y clientes endeudados. En Judá, el profeta Isaías f: 8-9) denunció a acreedores embargadores quienes «agregan una casa a la otra y suman un campo a otro hasta que no queda espacio y se vive solo en la tierra».
El poder de los acreedores y el crecimiento de los establos pocas veces van juntos. La mayoría de las deudas personales en este período clásico fueron el producto de pequeñas sumas de dinero prestadas a individuos que vivían al borde de la subsistencia y que no podían mantenerse con sus ingresos. El decomiso de tierras y activos -y de la libertad personal- forzó a los deudores a la esclavitud por deudas que se hacía irreversibles. Al llegar el siglo VII a.C., emergieron «tiranos» (dirigentes populares) para derrocar a las aristocracias en Corintio y otras ciudades griegas acaudaladas, obteniendo apoyo mediante la cancelación de deudas. De una manera menos tiránica, Solón fundó la democracia ateniense en el 594 a.C. prohibiendo la esclavitud por deudas.
Pero las oligarquías resurgieron y llamaron a Roma cuando los reyes de Esparta Agis, Cleómenes y su sucesor Nabis trataron de anular deudas a finales del siglo III a.C. Los mataron y expulsaron a sus partidarios. Ha sido una constante política de la historia desde la antigüedad que los intereses de los acreedores se oponen a la democracia popular y al poder real capaces de limitar la conquista financiera de la sociedad, una conquista con el propósito de imponer reclamos de deudas con intereses a ser pagados por la mayor parte posible del excedente económico.
Cuando los hermanos Gracchi y sus seguidores trataron de reformar las leyes crediticias en el 133 a.C., la clase senatorial dominante actuó violentamente, los mató e inauguró un siglo de Guerra Social, resuelto por el ascenso de Augusto como emperador en el año 29 a.C.
La oligarquía crediticia de Roma gana la Guerra Social, esclaviza a la población e introduce la Edad Oscura
Las cosas eran más sangrientas en el extranjero. Aristóteles no mencionó la construcción del imperio como parte de su esquema político, pero la conquista exterior siempre ha sido un factor importante en la imposición de deudas, y las deudas de guerra siempre han sido una causa importante de la deuda pública en tiempos modernos. El gravamen más duro de la deuda fue el de Roma, cuyos acreedores se extendieron para plagar Asia Menor, su provincia más próspera. El vigor de la ley prácticamente desapareció cuando llegaron «caballeros» acreedores republicanos. Mitridates del Ponto encabezó tres revueltas populares, y las poblaciones locales en Efeso y otras ciudades se levantaron y mataron, según la historia, a 80.000 romanos en el año 88 a.C. El ejército romano tomó represalias, y Sulla impuso un tributo de guerra de 20.000 talentos en el 84 a.C. Las cargas por intereses atrasados multiplicaron por seis esta suma en el 70 a.C.
Entre los principales historiadores de Roma, Livio, Plutarco y Diodoro culparon de caída de la República a la intransigencia de los acreedores en la conducción de la Guerra Social centenaria marcada por asesinatos políticos del año 133 al 29 a.C. Los dirigentes populistas trataron de lograr apoyo propugnando cancelaciones de deudas (por ejemplo la conjuración de Catilina en 63-62 a.C.). Los mataron. Al llegar el siglo II casi un cuarto de la población estaba reducido a la esclavitud por deudas. En el siglo V la economía de Roma colapsó por falta de dinero. La subsistencia volvió al campo.
Los acreedores encuentran una razón legal para apoyar la democracia parlamentaria
Cuando la banca se recuperó después de que las Cruzadas saquearon Bizancio e implantaron la plata y el oro para revisar el comercio europeo occidental, la oposición cristiana al cobro de intereses fue superada por la combinación de prestigiosos prestamistas (los Caballeros Templarios y Hospitalarios suministraron crédito durante las Cruzadas) y sus principales clientes: los reyes, primero para pagar a la Iglesia y cada vez más para librar guerras. Pero las deudas reales se derrumbaron con la muerte de los reyes. Los Bardi y Peruzzi fueron a la bancarrota en 1345 cuando Eduardo III repudió sus deudas de guerra. Las familias bancarias perdieron más en préstamos a los déspotas Habsburgo y Borbones en los tronos de España, Austria y Francia.
Las cosas cambiaron con la democracia holandesa, que trató de lograr y asegurar su libertad de la España de los Habsburgo. El hecho de que su parlamento debía contratar deudas públicas permanentes por cuenta del Estado posibilitó que los Países Bajos obtuvieran préstamos para emplear mercenarios en una época en la cual el dinero y el crédito eran los recursos para la guerra. El acceso al crédito «fue por lo tanto su arma más poderosa en la lucha por su libertad», escribió Richard Ehrenberg en su Capital y Finanzas en la Era del Renacimiento (1928): «Cualquiera que otorgaba crédito a un príncipe sabía que el pago de la deuda dependía solo de la capacidad y la voluntad de pagar del deudor. El caso era muy diferente en las ciudades, que tenían poder como jefes supremos, pero también eran corporaciones, asociaciones de individuos que compartían la garantía. Según la ley generalmente aceptada cada burgués individual tomaba la responsabilidad de las deudas de la ciudad con su persona y su propiedad».
Por lo tanto el logro financiero del gobierno parlamentario fue el establecimiento de deudas que no eran solo obligaciones personales de los príncipes, sino que eran verdaderamente públicas y vinculantes no importa quién ocupara el trono. Por eso las dos primeras naciones democráticas, Holanda y Gran Bretaña después de su revolución de 1688, desarrollaron los mercados de capital más activos y procedieron a convertirse en las principales potencias militares. Lo irónico es que fue la necesidad de financiamiento de la guerra lo que promovió la democracia, formando una trinidad simbiótica entre la guerra, el crédito y la democracia parlamentaria que ha durado hasta nuestros días.
Todo este tiempo «la posición legal del Rey como prestamista era oscura, y todavía era dudoso si sus acreedores tenían algún remedio en caso de default«. (Charles Wilson, England’s Apprenticeship: 1603-1763, 1965.) Mientras más despóticas se hacían España, Austria y Francia, más dificultades enfrentaban para financiar sus aventuras militares. A finales del siglo XVIII Austria se quedó «sin crédito, y en consecuencia sin mucha deuda», el país menos digno de crédito y peor armado de Europa, totalmente dependiente de subsidios británicos y garantías de préstamos en la época de las Guerras Napoleónicas.
Las finanzas se acomodan con la democracia, pero luego presionan a favor de la oligarquía
Mientras las reformas democráticas del siglo XIX reducían el poder de las aristocracias terratenientes de controlar a los parlamentos, los banqueros se movieron con flexibilidad para lograr una relación simbiótica con casi cualquier forma de gobierno. En Francia, los seguidores de Saint-Simon promovieron la idea de que los bancos que actuaban como fondos mutuos, extendieran crédito contra acciones de participación en los beneficios. El Estado alemán hizo una alianza con grandes bancos y la industria pesada. Marx escribió con optimismo que el socialismo haría que las finanzas fueran productivas en lugar de parasíticas. En EE.UU., la regulación de los servicios públicos fue al unísono con la garantía de rendimiento. En China, Sun-Yat-Sen escribió en1922: «Me propongo convertir todas las industrias nacionales de China en un Gran Trust de propiedad del pueblo chino, y financiado por el capital internacional por el beneficio mutuo».
La Primera Guerra Mundial produjo el reemplazo de Gran Bretaña por EE.UU. como la principal nación acreedora, y hacia el final de la Segunda Guerra Mundial había acaparado cerca de un 80% del oro monetario del mundo. Sus diplomáticos crearon el FMI y el Banco Mundial junto a las líneas orientadas a favor del acreedor que financiaban la dependencia del comercio, sobre todo de EE.UU. Los préstamos para financiar el comercio y los déficit de pagos se sometieron a «condiciones» que transfirieron la planificación económica a oligarquías clientes y dictaduras militares. La reacción democrática a los planes de austeridad resultantes que extraen el servicio de la deuda no pudo llegar mucho más allá de «disturbios contra el FMI» hasta que Argentina rechazó su deuda externa.
Una austeridad semejante orientada a favor de los acreedores están imponiendo en Europa el Banco Central Europeo (BCE) y la burocracia de la UE. Ostensiblemente, los gobiernos socialdemócratas se han dirigido más a salvar a los bancos que a reanimar el crecimiento económico y el empleo. Las pérdidas por los préstamos bancarios tóxicos y las especulaciones han pasado al estado financiero público mientras se reducen los gastos públicos e incluso se venden las infraestructuras. La reacción de los contribuyentes que tienen que cargar con la deuda resultante ha sido montar protestas populares a partir de Islandia y Letonia en enero de 2009, y manifestaciones más generalizadas en Grecia y España este otoño para protestar contra la negativa de sus gobiernos a realizar referendos respecto a esos aciagos rescates de dueños extranjeros de bonos.
Transferencia de la planificación de los representantes públicos elegidos a los banqueros
Toda economía está planificada. Ha sido tradicionalmente la función del gobierno. La renuncia a ese papel bajo la consigna de los «libres mercados» la deja en manos de los bancos. Sin embargo resulta que el privilegio de planificación, de la creación y asignación dee crédito está aún más centralizado que el de los cargos públicos elegidos. Y para empeorar las cosas, el marco del tiempo financiero es de golpes sorpresivos a corto plazo, que termina en la liquidación de activos. Al buscar sus propios beneficios, los bancos tienden a destruir la economía. El excedente termina consumido por los intereses y otras cargas financieras, lo que no deja ingresos para nuevas inversiones de capitales o gastos sociales básicos.
Por eso la abdicación del control de la política en favor de una clase acreedora pocas veces se ha combinado con el crecimiento económico y el aumento de los niveles de vida. La tendencia de que las deudas crezcan más rápido que la capacidad de pago de la población ha sido una constante básica a través de toda la historia escrita. Las deudas aumentan exponencialmente, absorbiendo el excedente y reduciendo a gran parte de la población al equivalente de la esclavitud por deudas. Restaurar el equilibrio económico, el grito de la antigüedad de la cancelación de la deuda buscó lo que el Medio Oriente de la Edad de Bronce logró mediante decreto real: la anulación del crecimiento excesivo de las deudas.
En tiempos más modernos las democracias han estimulado un Estado fuerte que grave el ingreso y la riqueza rentista, y cuando era necesario, que condone las deudas. Esto se hace con más facilidad cuando el propio Estado crea dinero y crédito. Es más difícil cuando los bancos traducen sus beneficios en poder político. Cuando se permite que los bancos se autorregulen y tengan poder de veto sobre los reguladores gubernamentales, la economía se deformada para permitir que los acreedores se dediquen a los juegos especulativos y fraudes irrestrictos que han marcado la última década. La caída del Imperio Romano demuestra lo que pasa cuando no se limitan las demandas de los acreedores. Bajo esas condiciones la alternativa a la planificación gubernamental y a la regulación del sector financiero se convierte en un camino a la esclavitud de la deuda.
Finanzas contra gobiernos: oligarquía contra democracia
La democracia implica subordinación de la dinámica financiera al equilibrio y el crecimiento económico, y el gravamen del ingreso rentista o el mantenimiento de monopolios básicos en el dominio público. La liberación de impuestos o la privatización de ingresos de la propiedad los «libera» para que se pongan como garantías en los bancos, para capitalizarlos en préstamos mayores. Financiados mediante el apalancamiento de la deuda, la inflación de los precios de los activos aumenta la riqueza rentista mientras endeuda a la economía en general. La economía se encoge y cae a un valor negativo.
El sector financiero ha obtenido suficiente influencia para aprovechar semejantes emergencias como una oportunidad para convencer a los gobiernos de que la economía se colapsará si no «salvan a los bancos». En la práctica esto significa la consolidación de su control sobre la política, que utiliza de maneras que polarizan aún más las economías. El modelo básico es lo que ocurrió en la antigua Roma, que pasó de la democracia a la oligarquía. En los hechos, dar la prioridad a los banqueros y dejar que la planificación económica la dicten la UE, el BCE y el FMI amenaza con despojar a la nación-Estado del poder de acuñar o imprimir dinero y cobrar impuestos.
El conflicto resultante enfrenta los intereses financieros con la autodeterminación nacional. La idea de que un banco central independiente sea «la marca de la democracia» es un eufemismo de la abdicación de la decisión política más importante -la capacidad de crear dinero y crédito- a favor del sector financiero. En lugar de dejar la elección de políticas a referendos populares, el rescate de bancos organizado por la UE y el BCE representa ahora la mayor categoría del aumento de la deuda nacional. Las deudas de los bancos privados incorporadas a los balances en Irlanda y Grecia se han convertido en obligaciones de los contribuyentes. Lo mismo vale para los 13 billones de dólares agregados desde septiembre de 2008 (incluidos 5,3 billones de dólares de hipotecas tóxicas en Fannie Mae y Freddie Mac incorporadas al balance del gobierno, y 2 billones de dólares de swaps de «dinero por basura»).
Esto lo dictan testaferros financieros denominados tecnócratas. Designados por lobistas de los acreedores, su papel es calcular exactamente cuánto desempleo y depresión hacen falta para exprimir un excedente para pagar a los acreedores por deudas que tienen en cartera. Lo que hace que el cálculo sea contraproducente es el hecho de que la contracción económica -deflación de la deuda- hace que el peso de la deuda sea aún más impagable.
Ni los bancos ni las autoridades públicas (o los académicos de la línea dominante, en realidad) calcularon la capacidad económica realista de pagar, es decir, pagar sin contraer la economía. Mediante sus medios noticiosos y think-tanks, convencieron a las poblaciones de que la manera de enriquecerse más rápido es pedir prestado para comprar bienes raíces, acciones y bonos que aumenten de precio -inflados por el crédito bancario- y revertir la tributación progresiva de la riqueza del siglo pasado.
Para decir las cosas de modo terminante, el resultado ha sido una economía chatarra. Su objetivo es inhabilitar los controles y balances públicos, transfiriendo el poder planificador a manos de las altas finanzas basándose en la afirmación de que es más eficiente que la regulación pública. La planificación gubernamental y la tributación son acusadas de constituir el «camino a la servidumbre», como si los «libres mercados» controlados por banqueros con carta blanca para actuar de forma temeraria no estuvieran planificados por intereses especiales de manera que son oligárquicos, no democráticos. A los gobiernos les dicen que paguen el rescate de deudas tomadas no para defender países en guerra como en el pasado, sino para beneficiar a la capa más rica de la población transfiriendo sus pérdidas a los contribuyentes.
El hecho de que no se tengan en cuenta los deseos de los votantes deja las deudas nacionales resultantes en un terreno peligroso, política e incluso legalmente. Las deudas impuestas por decreto, por gobiernos o agencias financieras extranjeras pese a la fuerte oposición popular pueden ser tan endebles como las de los Habsburgo y otros déspotas del pasado. A falta de validación popular, pueden morir con el régimen que las contrajo. Nuevos gobiernos pueden actuar democráticamente para subordinar el sector bancario y financiero a fin de que sirva a la economía, no al revés.
Por lo menos, pueden tratar de pagar volviendo a introducir la tributación progresiva de la riqueza y la renta, transfiriendo la carga fiscal a la riqueza y la propiedad rentista. La «re-regulación» de la banca y el suministro de una opción pública para el crédito y los servicios bancarios renovarían el programa socialdemócrata, que parecía estar bien encaminado hace un siglo.
Islandia y Argentina son los ejemplos más recientes, pero se puede ver retrospectivamente la moratoria de las deudas de armas entre los Aliados y las reparaciones alemanas en 1931. Un principio matemático y político básico entra en acción: Las deudas que no se pueden pagar no se pagarán.
Este artículo aparece en Frankfurter Algemeine Zeitung el 5 de diciembre de 2011.
Michael Hudson es ex economista de Wall Street, distinguido profesor investigador de la Universidad de Missouri, en Kansas City, y autor de numerosos libros, entre ellos: «Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire» (nueva edición, Pluto Press, 2002) y «Trade, Development and Foreign Debt: A History of Theories of Polarization v. Convergence in the World Economy«. Puede contactarse con él en: [email protected]
rCR