En contra de lo que se está escribiendo en la mayoría de páginas económicas de la prensa diaria, el mayor problema hoy no es la falta de liquidez en los bancos. El que los bancos no presten dinero no se debe a que no tengan dinero. Tienen, y mucho. Lo que pasa es que no […]
En contra de lo que se está escribiendo en la mayoría de páginas económicas de la prensa diaria, el mayor problema hoy no es la falta de liquidez en los bancos. El que los bancos no presten dinero no se debe a que no tengan dinero. Tienen, y mucho. Lo que pasa es que no se fían. Tienen miedo de que si lo prestan no lo vean de nuevo pues tienen fuertes dudas de que el que pide el préstamo les devuelva el dinero. Y les preocupa también que si prestan tal dinero terminen perdiendo en lugar de ganar dinero, pues el valor del aval de los que piden préstamos (tales como las viviendas) bajará mucho más de lo que vale ahora con lo que están muy reacios a prestar dinero. En todos los países el número de familias que se declaran en bancarrota está subiendo rápidamente. Y también sube el número de familias que no pueden pagar tales préstamos. La mayoría de la población está profundamente endeudada y los bancos son plenamente conscientes de ello. Los bancos no prestan dinero, en general, a personas o instituciones que están ya superendeudadas. Y para complicar las cosas y hacerlas incluso más difíciles, el sistema financiero está fuertemente contaminado por los productos como derivativos de alto riesgo, promocionados por los famosos hedge funds. La situación es semejante a la de una persona sedienta que tiene enfrente de sí cinco botellas de agua. Sabe, sin embargo, que una de ellas contiene arsénico pero no sabe cuál. Está supersediento pero no puede beber. El problema no es que no tenga agua para beber. El problema es que no sabe qué botella está contaminada. Y así estamos. Hay dinero de sobras pero los bancos no se fían. Y de ahí que pidan ayuda a los Estados para atenuar el riesgo. La única manera de resolver este problema es que los Estados intervengan para averiguar qué está pasando y obtener información (sobre los contaminantes) de la que incluso carecen los propios bancos.
Pero el hecho de que la gente esté superendeudada tiene otro problema. No compran. Y la economía que llaman real padece, y las empresas corren al Estado a pedir ayuda también. Se habla ahora de las ayudas a las empresas automovilísticas y otras empresas. En EE.UU. la compra de coches ha disminuido un 40%. Como resultado, las acciones de General Motors bajaron esta última semana a valer sólo 3 dólares, haciendo exclamar al banco alemán Deutsche Bank que la novena compañía más importante del mundo (emplea 2.5 millones de personas) estaba al borde del colapso. En España. Las ventas de automóviles han caído un 25%, habiendo perdido 16.000 puestos de trabajo de los 72.000 que la industria automovilística emplea. Y dentro de poco veremos los gobiernos prestando más y más dinero a empresas de otros sectores que también estarán en peligro de quiebra. En todas ellas, la causa común es que la gente no compra. Y la razón es porque está superendeudada. Está con deudas hasta el cuello. Y la causa de ello es el mayor secreto guardado en los medios. La enorme redistribución de la renta que ha ocurrido en el mundo (entre países y dentro de cada país) en los últimos treinta años, como consecuencia de las políticas públicas neoliberales que han beneficiado enormemente las rentas del capital a costa de las rentas del trabajo.
La polarización de rentas como una causa del problema de la escasa demanda.
En la mayoría de los países de la OECD, comenzando por EE.UU., el porcentaje de las rentas derivadas del capital (sobre la renta total nacional) ha aumentado enormemente (rompiendo records sin precedentes históricos, como resultado de los exuberantes beneficios principalmente del capital financiero, la manera técnica de referirse a la banca) y ello a costa de las rentas del trabajo que están en unos porcentajes bajos, también sin precedentes. Y ahí está el problema. La gente, la mayoría de la cual adquiere su renta del trabajo, está perdiendo capacidad adquisitiva y ha estado pidiendo préstamos para poder mantenerse a flote. Están superendeudadas y más de la mitad de las familias tienen dificultades para llegar a fin de mes.
La solución pasa por dar dinero a la población para que aumente tal capacidad adquisitiva. Y las propuestas de reducir impuestos (la solución preferida por las derechas), es dramáticamente insuficiente. Y en España tenemos ejemplos de ello. El impacto estimulante de esta vía ha sido relativamente escaso. La otra vía es la de aumentar el gasto público y que éste se utilice para crear empleo a través de inversiones en infraestructuras y en servicios. Esto es lo que ha hecho la China que va a invertir 586.000 millones de dólares en inversiones, transferencias y servicios como medida de estimular su economía, uno de los motores de la economía mundial. Y hace unos días el próximo Presidente de EE.UU., el Sr. Obama, instruyó a su nuevo equipo económico a que prepare un plan de choque incluso mayor, de 700.000 millones de dólares, en transferencias, obras públicas y servicios. El objetivo de tales expansiones del gasto público es crear empleo y aumentar la demanda, sobre todo de las clases populares para estimular el crecimiento económico. Tales países han aprendido que la Gran Depresión de principios del siglo XX se resolvió mediante el gasto público que significó la II Guerra Mundial. El gasto de sostener tal guerra fue lo que sacó al mundo de la depresión. Es un indicador de salud mental el que varios países están alcanzando aquel nivel de gasto público sin necesidad de tener una nueva guerra mundial.
Lo que debiera ocurrir en España.
La respuesta en España ha sido lenta e insuficiente. Y el problema mayor es que el terreno económico lo ha definido durante muchos años la derecha española, una derecha dura que incluso ahora está pidiendo que se reduzca el gasto público, algo que prácticamente ninguna derecha europea o estadounidense está pidiendo. Merkel y Sarkozy (e incluso Bush) están ahora pidiendo un aumento del gasto público. Vimos ya durante las últimas elecciones que el PP pidió una disminución del gasto público, frente a la cual, el PSOE propuso mantenerlo cuando debiera haber propuesto aumentarlo. Treinta años después de que se estableciera la democracia, España continúa siendo uno de los países con un gasto público más bajo y un estado del bienestar menos desarrollado. El PSOE tenía que haberse comprometido a alcanzar en dos legislaturas el nivel de gasto público por habitante del promedio de la UE-15. No lo hizo así. Se comprometió a mantener el que teníamos. Y ahora, cuando se enfrenta a una de las crisis mayores que España se ha enfrentado, el Sr. Solbes es reacio a subir el déficit del estado a una cifra mayor que un 2% del PIB. Menos mal que el Sr. Zapatero ha apuntado que igual es un 4%. En realidad, si España hiciera lo que ha estado haciendo EE.UU. y lo que hará la Administración Obama, el déficit total sería un 7%. Pero además de la insuficiencia en el déficit considerado, existe otro problema con las propuestas del gobierno, y es limitar la inversión pública a obras públicas e investigación y desarrollo. Existe un enorme déficit social de España, que debiera corregirse, creándose, a través de ello, empleo en los servicios públicos como escuelas de infancia, servicios de dependencia, servicios sanitarios, servicios sociales, y muchos otros. La excelente Ley de Dependencia está paralizada por falta de fondos y las CC.AAs. están lamentándose, con razón, de que les faltan fondos para gestionar sus estados del bienestar. Durante años las CC.AAs. han estado batallando sobre la distribución de la tarta nacional, olvidándose que el problema mayor es que la tarta es muy pequeña. Y ahí está el problema. Se necesita una tarta mucho más grande que debe financiarse primordialmente por el estado central, bien a través de la corrección del fraude fiscal (que es 85.000 millones de euros, el mismo tamaño que el déficit social de España) y a través del crecimiento del déficit del Estado, alcanzando una cifra mucho mayor que la que se está considerando. Moderación, en este momento, no es una virtud.
Vicenç Navarro es Catedrático de Políticas Públicas. Universitat Pompeu Fabra