Uno a uno eran llamados a votar los 511 once diputados presentes. Los llamaba el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha. La sesión duró horas, cerca de siete. La cifra decisiva era 342, los dos tercios necesarios para aprobar la recomendación del impeachment, para enviar el caso al senado donde, también por dos […]
Uno a uno eran llamados a votar los 511 once diputados presentes. Los llamaba el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha.
La sesión duró horas, cerca de siete. La cifra decisiva era 342, los dos tercios necesarios para aprobar la recomendación del impeachment, para enviar el caso al senado donde, también por dos tercios de los votos, se deberá decidir la suerte de la presidente Dilma Rousseff.
Uno a uno salían los diputados a expresar públicamente su voto, transmitido en directo a todo el mundo. El que quisiera verlo, podría hacerlo por internet. Fue mi caso.
No vi, en todo caso, el voto al que me refiero: el de un diputado homenajeando al coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, muerto en octubre del año pasado, torturador de la ahora presidente cuando, en los años 70, durante la ola más represiva del golpe militar de 1964, dirigía el Destacamento de Operaciones de Información-Centro de Operaciones de Defensa Interna, conocido como DOI-CODI.
La intervención del diputado Jair Bolsonaro puede ser vista en internet. Está en Youtube. Militar retirado, como Ustra, diputado más votado del estado de Rio de Janeiro en las pasadas elecciones, del Partido Social Cristiano (PSC), Bolsonaro empezó hablando de «este día de gloria para el pueblo brasileño». Recordó el golpe militar cuando afirmó: «perdieron en 1964 y perderán ahora». Votó «contra el comunismo, por nuestra libertad, contra el Foro de Sao Paulo, por la memoria del coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, el pavor de Dilma Rousseff, y por dios por encima de todo».
El coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, a quien Bolsonaro trata como héroe de la patria, fue responsable de por lo menos 45 muertes y desapariciones en el período en que comandó el DOI-CODI, aparato de represión de la dictadura militar, de 1970 a 1974. Los sobrevivientes cargan en la piel y en la memoria las marcas de la violencia y del miedo.
Ustra torturó embarazadas. Violó decenas de mujeres. Ordenó o ejecutó torturas inimaginables contra varios presos políticos. Llevó los hijos pequeños de Maria Amélia de Almeida Teles, Amelinha, para que la vieran siendo torturada, en la silla del dragón». Ahí, el torturado, desnudo y con diversas partes del cuerpo conectados a la corriente eléctrica, era sometido a suplicio. El cardenal Paulo Evaristo Arns describió la silla del dragón en su libro «Brasil: nunca más».
Dos hijos de Bolsonaro son también diputados. El padre quiere ser presidente. Tiene 8% de las intenciones de voto. Entre el grupo más rico del país es el favorito. Entre los más escolarizados, está en segundo lugar.
Se puede leer, en un texto de Cremilda Aguiar, en Facebook (ella aparece también hablando en vivo, identificándose).
En su opinión, Bolsonaro «debe haber acumulado nuevos seguidores después del discurso de ayer (en realidad, del domingo 17). El giro a la derecha del electorado brasileño me parece un camino sin retorno. Por eso siento que un nudo en la garganta va a seguir molestándome mientras vea esas fuerzas reaccionarias y conservadoras, de las cuales Bolsonaro es el principal representante, ganaren terreno».
Y concluyó: «Bolsonaro, como Ustra, no tiene límites. Bolsonaro, como Ustra, es un canalla».
Pero Bolsonaro es también un diputado. En la mesa de la Cámara de diputados lo convocaba su presidente. Ocho de sus once miembros responden a juicios.
Si el impeachment se aprueba, como parece probable, Cunha asumirá como vicepresidente del país. Cunha votó también en nombre de dios. Es cristiano, de iglesia evangélica. Está acusado de corrupción ante el Supremo Tribunal Federal (STF), que debe juzgarlo, por tener foro parlamentario. Es el único acusado ante el STF por crimen y corrupción. En sus cuentas en Suiza encontraron millones de dólares. Su nombre aparece en las listas de los sobornados por las empresas constructoras brasileñas. En su caso, con casi 15 millones de dólares. Jovair Arantes, el diputado que presentó el informe solicitando la aprobación del impeachment, es hombre de Cunha.
El vicepresidente Michel Temer, que asumirá si Dilma es depuesta, tiene también un largo historial de corrupción.
El partido de Temer, el mismo de Cunha, el PMDB, mayoritario en el Congreso, tiene más acusados por corrupción en las investigaciones conocidas como Lava-Jato que el partido de los Trabajadores (PT), del expresidente Lula y Dilma.
¿Cómo fue posible?
Mientras Cunha llamaba uno a uno a los más de 500 diputados los brasileños los veían, transformados ahora en tribunal acusador, invocar a dios, a la patria, recordar a sus hijos, o a su pequeña ciudad tan querida para justificar su voto a favor del impeachment.
Pocos, muy pocos, hicieron referencia a las acusaciones con que el informe de Arantes justificaba la medida. No se trataba de actos de corrupción, sino de medidas administrativas para acomodar el manejo el presupuesto, inconvenientes pero habituales en todos los gobiernos recientes en Brasil.
¿Cómo fue posible entonces que una mayoría de diputados denunciados por delitos de corrupción, encabezados por un presidente con cuentas en Suiza llenas de millones de dólares de sobornos, pudieran dar el espectáculo del domingo pasado, con el apoyo de una parte importante de la población brasileña?
El tema es objeto de interminables especulaciones en Brasil.
Dos hechos aparecen citados con frecuencia. Uno es la investigación conocida como Lava-Jato que desde hace un par de años viene revelando la desviación de miles de millones de dólares de la petrolera brasileña Petrobrás para el financiamiento de campañas políticas, pero también para el enriquecimiento personal de centenares de dirigentes políticos.
Las investigaciones han llegado ya hasta el expresidente Lula, aunque este no ha sido acusado formalmente. Pero hay viejos e históricos líderes del PT, exministros de los gobiernos Lula y Rousseff, detenidos y condenados. Otros partidos, entre ellos el PMDB, están tanto o más involucrados en esos delitos. Como lo ha demostrado la investigación los sobornos se transformaron en una forma habitual de hacer política (en Brasil y en el resto del mundo).
No se trata, en todo caso, solo de Petrobrás, sino de las obras públicas que transformaron a algunas empresas brasileñas en grandes multinacionales y que hicieron del pago de «propinas» su forma habitual de ganar licitaciones.
Además de la corrupción, el otro gran tema, es el fracaso total de la presidente Rousseff, tanto en el manejo político como administrativo. Su estrecho triunfo en el segundo turno en octubre de 2014 dio como resultado un segundo mandato en el que la presidente envió una extraña señal al electorado y a sus partidarios. En las carteras claves de Hacienda y Agricultura puso, en el primer caso, a Joaquin Levy, un economista identificado con la banca más liberal, mientras entregaba la cartera de Agricultura a la líder del agronegocio, Katia Abreu, reconocida enemiga del Movimiento de los sin Tierra (MST), base de apoyo del PT.
Aislada políticamente, enfrentada a una crisis económica que tensionó la economía del país, sin criterio político para enfrentarla, sin formación económica, de espaldas a su electorado, revolcada por la ola de denuncias de corrupción en su entorno, Dilma quedó a merced de sus enemigos: los grupos conservadores de todo tipo que el PT había alejado del gobierno desde principios de siglo, cuando Lula asumió por primera vez, en 2003.
Como lo demostró la sesión de la cámara el pasado domingo 17, la eventual destitución de Dilma no se basa, en realidad, en problemas de corrupción. Parece más parte de una ofensiva generalizada en América Latina contra los gobiernos que, a principios de siglo, abandonaron el camino neoliberal que la región había transitado, como una tendencia mundial, en el último cuarto de siglo. Es una ingenuidad pensar que esas tendencias conservadoras se han resignado. Pese a la tragedia social a que han llevado el mundo con su rapacidad, a la enorme y creciente disparidad con que se reparten los recursos económicos, la voracidad de esos sectores no tiene límites. Sus intentos de volver al poder van a agravar las tensiones sociales. No es difícil ver que los intentos por apropiarse de lo que aun no ha sido privatizado, sumado a las lecciones aprendidas por la gente después de tres lustros de políticas alternativas son un coctel explosivo.
¿Con qué legitimidad?
Ahora que la cámara de Diputados aprobó enviar la solicitud de impechment al Senado, este deberá (se estima que a mediados de mayo), decidir por mayoría simples si inicia el proceso de destitución de la presidente. Si lo aprueba, como se considera casi seguro, Dilma Rousseff dejará de inmediato el cargo en manos de su vicepresidente, Michel Temer, a quien ahora considera un «traidor».
Figura sin carisma, acusado de corrupción, Temer tendrá hasta 180 días para amarrar en el senado los dos tercios de votos necesarios para la aprobación definitiva del impechment.
Como el mismo Lula reconocía en reunión con asesores cercanos -según informaciones de medios brasileños- el alejamiento provisional de Dilma de la presidencia será, en la práctica, una decisión definitiva. Ya en el poder, Temer tendrá recursos renovados para negociar con los senadores los votos necesarios para hacer definitiva esa destitución.
Se habla ya de su gabinete, con dos figuras claves mencionadas para el ministerio de Hacienda, ambos expresidentes del Banco Central: Arminio Fraga y Henrique Meirelles.
En discurso en el fin de semana, ya conocido el resultado de la votación en la cámara, Dilma Rousseff hizo una pregunta que podría dar la pauta para lo que sigue: ¿Con qué legitimidad van a gobernar?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.