La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco. Por ejemplo, en 2010, los estados de […]
La cantinela diaria de que hay que ajustar los gastos del sector público a los ingresos debiera reformularse afirmando que, más bien, habría que acercar los ingresos a los gastos. Porque el problema del sector público en España no es que gaste mucho, sino que ingresa poco.
Por ejemplo, en 2010, los estados de la Unión Europea obtuvieron un promedio de ingresos públicos que representaban el 44.1% del PIB. Sin embargo, en España los ingresos del Estado representaron únicamente el 36.3% del PIB, es decir, 7.8 puntos de PIB menos que sus socios europeos. Esto quiere decir que, si España hubiera estado en la media de ingresos públicos de la Unión Europea, su déficit habría estado por debajo del 3% del PIB y, por lo tanto, no habría tenido que efectuar recortes y habría dispuesto de recursos para estimular la economía.
España recaudó menos porque tolera un gran nivel de fraude fiscal, redujo los tipos del Impuesto de Sociedades y del IRPF, suprimió el Impuesto de Patrimonio y, además, según la Comisión Europea, durante la etapa expansiva 1995-2006, hasta el 75% del incremento de los ingresos fiscales era de naturaleza transitoria al estar vinculados a la burbuja inmobiliaria. En suma, el acervo de irresponsabilidad fiscal de los sucesivos gobiernos, la irrupción de la crisis, el marco normativo de la Unión Europea y la enorme deuda privada existente se apuntalaron mutuamente a la hora de dinamitar el incompleto estado del bienestar español.
Mientras que el PIB español, a precios de mercado, se redujo un 0.2%, entre 2007 y 2010, el PIB de la Unión Europea (UE) cayó un 1.3%. Sin embargo, en España los ingresos fiscales cayeron ocho veces más que en la UE: 4.8 puntos del PIB, frente a 0.6 puntos. Nuestros socios europeos preservaron su capacidad fiscal mientras la de España sufrió un serio revés.
Mientras que el PIB pasaba de 1.053.161 millones de euros, en 2007, a 1.051.342 millones, en 2010, el IRPF incrementaba un 9.5% la recaudación proveniente de los asalariados (de 52.282 millones de euros a 57.000 millones), pese al fuerte aumento del desempleo. Sin embargo, la recaudación proveniente del Impuesto de Sociedades se reducía de 44.823 millones de euros a 16.198 millones y, si a ello se añade la caída de la parte empresarial del IRPF, tenemos que, entre 2007 y 2010, las empresas dejaron de aportar 39.000 millones de euros a las arcas públicas, una cantidad equivalente a unas seis veces el presupuesto de Canarias.
En 2010 el fraude fiscal de las grandes fortunas y las grandes empresas ascendió a 42.711 millones de euros. Y, para garantizar que las cosas no cambien significativamente, este año Hacienda espera recaudar un 13% menos que en 2011 en la lucha contra el fraude fiscal. Es más, se ha decidido impulsar una amnistía fiscal a cambio de que los defraudadores tributen un 10% de las sumas evadidas al fisco. Como afirmó la secretaria general del Partido Popular, en junio de 2010, ante otra propuesta de amnistía fiscal del gobierno de entonces, se trata de algo «impresentable», «injusto» y «antisocial».
Quienes dicen que no hay dinero para afrontar ciertos gastos de los servicios públicos ocultan que, simplemente, carecen de la voluntad de recaudar ese dinero. Eliminar el fraude fiscal de los más adinerados supondría unos cuatro puntos del PIB. Recuperar la mitad de lo que dejaron de tributar las empresas durante los tres primeros años de crisis, a través del IRPF y del Impuesto de Sociedades, supondría recaudar otros dos puntos de PIB. Y, este año, seis puntos de PIB de ingresos fiscales adicionales evitarían los recortes al bienestar que está llevando a cabo el Gobierno y, al mismo tiempo, permitiría cierta expansión del gasto público. Está claro que hay alternativas al desmantelamiento del estado del bienestar que estamos sufriendo.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.
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