«¡Hay que desobedecer a los acreedores y negarse a pagar las deudas ilegítimas!»

Eric Toussaint, presidente del CADTM Bélgica, ha subrayado que la alianza política que está naciendo se inscribe en la prosecución del combate emprendido por Thomas Sankara, presidente de Burkina Faso, asesinado el 15 de octubre de 1987, después de que llamara a los pueblos de Africa y del mundo a unirse en el combate por el no pago de la deuda ilegítima. El naciente movimiento prolonga también el combate emprendido por todos los mártires de la primavera árabe y por Chokry Belaid, portavoz del Frente Popular tunecino, asesinado el 6 de febrero de 2013. Sin olvidar a Ahmed Ben Bella, primer presidente de Argelia independiente muerto en abril de 2012  2 , que al final de su vida había hecho de la lucha por la anulación de la deuda ilegítima uno de sus combates prioritarios.

Las organizaciones políticas reunidas en Túnez por invitación del Frente Popular están confrontadas a un asunto muy importante. Demasiado a menudo, partidos de izquierda se limitan a una denuncia radical de la deuda a nivel retórico sin hacer de ella realmente una de sus prioridades para el trabajo cotidiano en dirección a los ciudadanos y las ciudadanas. Algunos de ellos, una vez que se han acercado al poder o al gobierno, abandonan su promesa de poner fin a la deuda ilegítima y acaban por acomodarse a su pago.

Eric Toussaint ha enunciado la definición inicial de la deuda odiosa, contratada por un régimen dictatorial como el régimen de Ben Ali. Según el derecho internacional, a la caída de un régimen dictatorial así, esta parte odiosa de la deuda es nula y no debe por tanto en ningún caso ser pagada. Cierto, a menudo hay que luchar para que el derecho internacional sea plenamente respetado. Con ese objetivo, solo una fuerte movilización popular puede convencer a un gobierno de que recurra a un acto de suspensión y de repudio de la deuda odiosa. Es por tanto fundamental constituir una correlación de fuerzas favorable para enfrentarse a los acreedores.

A nivel de derecho internacional, una deuda odiosa corresponde hoy a tres criterios  3 :
 la ausencia de consentimiento de la población del estado endeudado;
 la ausencia de beneficios para la población de este estado endeudado;
los acreedores sabían que los préstamos que concedían no servían a los intereses de la población y no habían sido objeto de una aprobación popular.

Las deudas de países como Grecia, Portugal e Irlanda con la Troika (BCE, CE, FMI), deben ser denunciadas porque corresponden a los tres criterios mencionados más arriba: 1. las poblaciones de los países afectados no han dado jamás su acuerdo y numerosos gobiernos elegidos sobre un programa anti-austeridad acaban por plegarse a los deseos de la Troika una vez en el poder; 2. esas deudas no benefician a las poblaciones, sino que al contrario, están ligadas a violaciones de sus derechos económicos, sociales, civiles y políticos (reducción de los presupuestos sociales y de los salarios, despidos masivos, degradación del acceso a la salud y a la educación, anulaciones de convenios colectivos, no respeto de la voluntad de los electores, sumisión del poder legislativo al poder ejecutivo, …); 3. los acreedores, entre ellos la Troika y los banqueros, saben perfectamente que los créditos que conceden no sirven a los intereses de las poblaciones puesto que esos créditos son concedidos a fin de devolver la deuda y a cambio de planes de austeridad drásticos. Es la propia Troika la que impone esas violaciones a los derechos humanos y quien dicta sus condiciones a los gobiernos y a los parlamentos de los estados endeudados.

Por su parte, desde 2011, los gobiernos que han sucedido a las dictaduras de Ben Ali y de Mubarak han contratado ellos también deudas que no sirven de ninguna forma a los intereses de la población, sino a los de los acreedores. Esos gobiernos endeudan a sus países para devolver las deudas odiosas de las dictaduras y para realizar políticas que aumentan la vulnerabilidad de sus países. Esas deudas son por tanto ilegítimas.

Túnez, igual que Egipto, negocia actualmente un préstamo del FMI  4 . No hay ninguna salida posible con tal planteamiento. Pero si esos préstamos son concedidos, serán ilegítimos por al menos dos razones: servirán para el pago de las antiguas deudas odiosas y han estado ligados a la prosecución de políticas contrarias a los intereses de las poblaciones.

Otros elementos entran en consideración para determinar el carácter ilegítimo de la deuda.

De una parte pueden ser consecuencias de políticas fiscales injustas. Concretamente, los estados conceden ventajas fiscales a las grandes empresas (nacionales o extranjeras) y a las familias más ricas, lo que tiene por efecto disminuir los ingresos de impuestos y aumentar el déficit. Esto provoca por tanto un aumento de la deuda pública pues los estados deben recurrir al préstamo para financiar su presupuesto. Deudas contratadas en estas condiciones están marcadas por la ilegitimidad pues son injustas socialmente.

De otra parte, pueden provenir del salvamento de bancos. Desde 2007, los gobiernos de los estados de los países más industrializados acuden a socorrer a bancos privados responsables de la crisis aportándoles millardos de euros bajo forma de inyecciones de capital o de diversas garantías  5 . Las deudas contratadas para financiar estos salvamentos son igualmente ilegítimas.

Los acreedores y los gobiernos afirman que hay que es preciso seguir pagando sus deudas sin poner en cuestión su origen, aunque sean ilegítimas, y utilizan el argumento de la búsqueda del equilibrio presupuestario para imponer políticas antisociales de austeridad. En este contexto, una parte creciente de la población de los países mediterráneos (y más allá) rechaza el pago de la deuda ilegítima. En algunos de esos países (Túnez, España, Portugal, Grecia, Francia, etc.), son puestas en pie auditorías ciudadanas a fin de determinar la parte ilegítima de las deudas públicas contratadas por los estados. Intentan determinar cómo, porqué, por quién la deuda ha sido contratada y si ha servido realmente a los intereses de la población. Esos comités de auditoría ciudadana intentan convencer lo más ampliamente posible de la necesidad de anular la deuda ilegítima.

Desobedecer frente a los acreedores

Es posible y necesario desobedecer a las instituciones financieras internacionales y a la Troika, rechazar las órdenes de los acreedores privados a fin de encontrar un margen de maniobra para mejorar la situación de los países y de su población. ¡La firmeza paga!
Varios ejemplos concretos de países que han osado desafiar a sus acreedores lo demuestran.

Argentina y la suspensión del pago de la deuda

Así, Argentina, después de tres años de recesión económica (1999-2001) y en el contexto de una rebelión popular masiva que hizo caer al presidente De la Rua, decidió suspender, a finales de diciembre de 2001, el pago de una gran parte de su deuda exterior pública por un montante de alrededor de 90 millardos de dólares (90 000 000 000 US$).

Una parte de las sumas así conseguidas fueron reinvertidas en los sectores sociales, en particular en los subsidios dados a los parados organizados en el movimiento piquetero (plan trabajo). Algunos afirman que en realidad la recuperación económica de Argentina a partir de 2003-2004 fue debida únicamente al aumento del precio de sus productos de exportación (soja, minerales, …). Es falso, pues si Argentina no hubiera suspendido el pago de su deuda a partir de finales de 2001, los ingresos públicos generados por las exportaciones habrían sido devorados por el pago de la deuda. El gobierno no habría tenido los medios para relanzar la actividad económica. Por otra parte, gracias a la suspensión del pago de los 90 millardos de deudas comerciales que ha durado hasta marzo de 2005, Argentina pudo imponer a sus acreedores una reducción de la mitad de ese montante.

El CADTM así como numerosos movimientos sociales y partidos de la izquierda argentina proponían entonces ir más lejos, hacia la anulación total de la deuda ilegítima no solo respecto a los acreedores privados sino también con el FMI y otros acreedores públicos. El gobierno argentino se negó a seguir ese camino.

Es importante añadir que Argentina está en suspensión total de pago de su deuda de 6,5 millardos de dólares con el Club de París desde 2001. Se puede entonces constatar que desde hace ya 12 años, ese país aguanta el tipo ante el Club de París. A pesar de los 44 procesos ante el Banco Mundial a los que Argentina debe hacer frente y a pesar de las recientes amenazas de ser expulsada del FMI, Buenos Aires va saliendo adelante. Desde 2001, Argentina no pide ya prestado en los mercados financieros ¡y sin embargo el país continúa funcionando!

Es importante no engañarse sobre la experiencia argentina, hay que evitar hacer de ella un modelo, es necesario adoptar un punto de vista claramente crítico. El gobierno argentino ha optado por mantener al país en un marco capitalista, ninguna reforma estructural ha sido emprendida, el crecimiento económico argentino está basado en gran medida en la exportación de productos primarios (soja transgénica además, y minerales). Se trata de un modelo extractivista-exportador. Sin embargo, lo que Argentina ha hecho demuestra que se puede perfectamente desobedecer a los acreedores. Bajo otros cielos, un auténtico gobierno de izquierdas podría apoyarse en este precedente para ir mucho más lejos.

Ecuador: auditoría y suspensión

Otro ejemplo: Ecuador. Siete meses después de haber sido elegido, el presidente ecuatoriano Rafael Correa decidió, en julio de 2007, proceder a una auditoria de la deuda del país, y de las condiciones en las que se había constituido. A este fin, una comisión de auditoría de la deuda compuesta de 18 expertos, entre ellos el CADTM, fue puesta en pie en julio de 2007. Tras 14 meses de trabajo, se elevó un informe. Mostraba en particular que numerosos préstamos habían sido concedidos violando reglas elementales. En noviembre de 2008, el nuevo poder, apoyándose en este informe, decidió suspender el pago de la deuda constituida de títulos de la deuda que vencían unos en 2012, otros en 2030. Finalmente, el gobierno de ese pequeño país salió vencedor de una prueba de fuerza con los banqueros norteamericanos detentadores de los títulos de la deuda ecuatoriana. Compró por menos de un millardo de dólares títulos que valían 3,2 millardos de dólares.

El tesoro público ecuatoriano ha economizado así alrededor de 2,2 millardos de dólares de stock de deuda a los que hay que añadir los 200 millones de dólares de intereses por año por el período 2008-2030. Esto ha permitido nuevos medios financieros que han hecho que el gobierno pudiera aumentar los gastos sociales en la salud, la educación, la ayuda social y en el desarrollo de infraestructuras de comunicación. Ha integrado igualmente en su constitución la prohibición de transformar la deudas privadas en deudas públicas y la prohibición de contratar deudas ilegítimas.  6

Hay que añadir que Ecuador no reconoce ya la competencia del tribunal del Banco Mundial. Se ha negado a firmar un tratado de libre cambio con la Unión Europea y con los Estados Unidos. El presidente ecuatoriano ha anunciado su intención de lanzar una auditoría sobre los tratados bilaterales de inversión. En fin, las autoridades de Quito han puesto fin a la presencia del ejército de los Estados Unidos en territorio ecuatoriano.

En el caso de Ecuador, hay también que guardarse de erigir en modelo la experiencia en curso. Una mirada crítica es indispensable. Sin embargo, no deja de ser cierto que la experiencia ecuatoriana en términos de auditoría y de suspensión unilateral del pago de la deuda demuestra que es perfectamente posible desobedecer a los acreedores y sacar de ello ventajas para mejorar los gastos públicos en terrenos como la educación y la salud pública.

Islandia: la negativa a pagar la deuda reclamada por el Reino Unido y los Países Bajos

En fin, como consecuencia del hundimiento del sistema bancario en 2008, Islandia se negó a indemnizar a los naturales de los Países Bajos y del Reino Unido que habían colocado fondos en bancos islandeses privados que acababan de hundirse, por un total de 3,9 millardos de euros. Las autoridades británicas y holandesas indemnizaron entonces a sus naturales y exigieron de Islandia que les pagara por ello. Bajo la presión popular (manifestaciones, ocupaciones de plazas, referéndums), las autoridades de Reikiavik se negaron a ello. Esto tuvo por consecuencia la inscripción de Islandia en la lista de las organizaciones terroristas, la congelación de los haberes islandeses en el Reino Unido y la interposición de una demanda de Londres y de La Haya contra Reikiavik ante la Corte de la Asociación Europea de Libre Cambio (AELE)  7 . Por otra parte, Islandia bloqueó totalmente las salidas de capitales del país. Finalmente Islandia va saliendo adelante mucho mejor que otros países de Europa que aceptaron las exigencias de los acreedores. Aquí también hay que evitar hacer de Islandia un modelo pero, no obstante, hay que sacar enseñanzas de su experiencia.

Estos ejemplos nos demuestran que desobedecer a los acreedores no es una catástrofe y no conlleva en ningún caso el hundimiento del país.

Subrayemos igualmente que estas experiencias han sido precedidas o realizadas en un contexto de movilizaciones populares que presionaban sobre el gobierno. De ahí la importancia, como ha recordado Eric Toussaint de llegar al conjunto de la población a través de los medios de vulgarización de esta cuestión a veces compleja. El trabajo de auditoría es por tanto un verdadero trabajo de toma de conciencia. Se trata de hacer visible la ilegitimidad de la deuda para la mayoría de la población.

En conclusión de este taller, Eric Toussaint ha repetido que los ejemplos citados no son modelos políticos a seguir, sino que son experiencias de las que es completamente pertinente sacar lecciones políticas importantes.

Traducción: Alberto Nadal